Los gobernadores de la Región Litoral elevaron un reclamo formal al Poder Ejecutivo para que se reanude el proyecto de la Hidrovía Paraná-Paraguay y se garantice la participación de las provincias en las mesas de negociación.
A través de una carta firmada por Gildo Insfrán (Formosa), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco) y Hugo Passalacqua (Misiones), los mandatarios exigieron que se retome el proceso de licitación tras su reciente anulación y que se escuchen las necesidades de cada distrito involucrado.
La última reunión sobre el corredor fluvial se llevó a cabo a fines de 2024, cuando los gobernadores ya habían insistido en la importancia de incluir a todas las provincias del tramo norte, desde la confluencia de Corrientes hasta Misiones y Formosa. Según los funcionarios, esta ampliación es clave para potenciar la competitividad regional en el comercio internacional y asegurar un desarrollo equitativo.
“Es fundamental que nuestra visión sea escuchada para que la hidrovía se convierta en una verdadera herramienta de desarrollo para todas las provincias”, afirmaron en el documento, en el que también remarcaron la necesidad de garantizar el dragado, balizamiento, mantenimiento e inversiones para la totalidad del corredor fluvial.
Denuncias por irregularidades en la licitación
En paralelo, la licitación de la Vía Navegable Troncal quedó envuelta en una nueva controversia tras la denuncia de DEME, una de las compañías de dragado más importantes del mundo. La empresa cuestionó el “notorio direccionamiento” del pliego lanzado por el Gobierno argentino y advirtió que las irregularidades denunciadas ante la Justicia podrían generar sobrecostos innecesarios para productores y exportadores.
Según la compañía, el proceso licitatorio privilegia aspectos técnicos por encima de la oferta económica, otorgando un 60 % del puntaje a la propuesta financiera en tres etapas y solo un 40 % a la evaluación técnica final. “Esta fórmula permite que el actual operador pueda ofertar una tarifa más alta y, aun así, ganar la licitación”, señaló DEME en un comunicado.
La firma también cuestionó el tiempo establecido para la presentación de ofertas, que consideró insuficiente, y denunció que la documentación técnica proporcionada favorece al concesionario actual. Además, alertó sobre la exigencia de un calado máximo de 8 metros “sin justificación técnica” y la solicitud de una garantía de 10 millones de dólares en caso de impugnación.
La situación ha encendido las alarmas entre las provincias del Litoral, que reclaman mayor transparencia y participación en un proyecto clave para el desarrollo económico de la región.
Ante una comisión de Diputados, el director de Puertos, Iñaki Arreseygor, acusó al ex presidente Mauricio Macri por la caída de la licitación y defendió su transparencia. Dijo que la situación perjudica a los productores y habló de “traición a la Patria”
El titular de la Agencia de Puertos, Iñaki Miguel Arreseygor, denunció ante una comisión de Diputados que la licitación por la concesión de la Hidrovía, donde transita el 80% de las exportaciones argentinas, fue blanco de un sabotaje, y responsabilizó de la caída del proceso a Mauricio Macri y a su ex ministro Guillermo Dietrich.
La Comisión de Transportes de la Cámara baja abordó ayer por la tarde la situación del mantenimiento, modernización y ampliación de la Vía Navegable Troncal (Hidrovía Paraguay–Paraná), en un encuentro cargado de tensión, en el que expuso el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).
“Fuimos testigos de una operación sin precedentes orquestada, lamentablemente, desde equipos técnicos que supieron ser parte del gobierno (…) El ex ministro de Guillermo Dietrich, el ex presidente Mauricio Macri”, afirmó el funcionario, que también habló de medios y estudios de abogados.
“Hubo una mano misteriosa a último momento que presionó a todos los actores para que no se presenten. De parte de las empresas, eso constituye un delito que Defensa de la Competencia está investigando. De parte de actores políticos y no políticos, eso constituye el delito de traición a la Patria, que las vamos a denunciar”, afirmó.
“Acá perdió el productor por una mezquindad política de un grupo de vivos que decidió sabotear un procedimiento para ver si tenía forma de echar mano de esto más adelante. Se llenaron la boca hablando de que tenían pliegos fantásticos, pero nunca nadie nos contactó para traernos ninguna de las propuestas”, consideró el funcionario y resaltó: “Lo que terminamos viendo es un sabotaje que perjudica al productor”.
Las acusaciones se conocen poco después de la decisión del gobierno de Javier Milei de dar de baja la licitación debido a que solo se presentó una empresa. Se trata de DEME, una compañía de infraestructura de origen belga que durante todo el proceso había estado denunciado maniobras de direccionamiento.
Durante su exposición, Arreseygor resaltó “el procedimiento licitatorio transparente que hicimos en los últimos meses” y dijo que “este tipo de procedimientos son esenciales para la economía argentina y para el productor argentino”.
“Estamos defendiendo el bolsillo del productor, cada día que esto se retrasa es un día que el productor paga más en sus costos”, argumentó. Luego de que el gobierno nacional resolviera declarar la nulidad de la licitación de la Hidrovía Paraguay- Paraná, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación denunció “una orquesta de medios, de exfuncionarios y de miembros de la política, que se coordinaron entre todos para que este procedimiento licitatorio se cayera”.
En ese sentido, advirtió que existió “un trabajo de estos actores que no tenían ningún interés en que esto saliera adelante y que lo único que les interesaba era voltear el procedimiento”. Y por eso habló directamente de “sabotaje”.
“Lamentablemente vimos lo peor de la política, lo peor de la casta, lo peor de la rosca en la Argentina en los últimos meses. Hoy nos paramos al lado de los productores, de los que generan valor de verdad para defenderlos y para volver a intentar llevar un procedimiento transparente y justo que les baje los costos”, manifestó el funcionario.
Asimismo, Arreseygor explicó que “tuvimos una sola oferta, de una empresa que tenemos la presunción, y estamos llevando adelante las investigaciones, que presionó al resto de las empresas para que no se presenten, que venía tratando de boicotear el proceso desde el inicio”.
De igual modo, el funcionario reconoció que “hicimos un pliego exigente, a la altura del sistema fluvial que tenemos y que no dejaba a ningún actor afuera del procedimiento”.
“Vamos a volver a insistir porque no podemos rifar la columna vertebral del comercio exterior de la Argentina por un grupo de operaciones de dos o tres vivos”, concluyó.
Licitación anulada
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el 12 de febrero que el Gobierno había decidido dejar sin efecto la licitación, debido a que durante el procedimiento hubo “presiones” para modificar los requisitos técnicos del pliego y acusaciones contra el Gobierno por presunto direccionamiento a favor de Jan de Nul, actual concesionaria de la Hidrovía, que finalmente no presentó oferta.
El Gobierno respondió las impugnaciones de los potenciales oferentes y sostuvo que la Justicia validó en tres instancias la legalidad del proceso licitatorio. No obstante, insistió Adorni que la única oferta recibida fue la de DEME, empresa que había presentado denuncias previas sobre supuesta falta de transparencia y acusaciones que fueron desistidas antes de presentarse como único competidor.
Se trata del ente que administra el puerto de Buenos Aires y la Hidrovía. Justamente, este martes el Ejecutivo decidió dar de baja la licitación de la vía navegable del río Paraná
El Gobierno formalizó este jueves a través del Boletín oficial la estructura de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), el nuevo ente encargado de gestionar los puertos y vías navegables del país. La medida, oficializada mediante la Resolución 4/2025, establece el esquema organizativo de la agencia, que reemplaza a la disuelta Administración General de Puertos (AGP) y absorbe las funciones de la antigua Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.
En ese sentido, la reorganización fue anunciada poco después de que el Ejecutivo cancelara la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, citando irregularidades en el proceso y falta de competencia en las ofertas recibidas. La ANPyN asume, por el momento, la administración de esta estratégica vía de navegación, clave para las exportaciones del país.
La creación de la ANPyN fue dispuesta mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 3/2025, que la definió como un ente autárquico con personería jurídica propia, bajo la órbita del Ministerio de Economía. Según la normativa, la agencia es la única autoridad portuaria nacional, encargada de la regulación y supervisión de los puertos y vías navegables del país. El artículo 3° del decreto establece que la ANPyN es la “continuadora jurídica” de la AGP y de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, lo que implica la absorción de sus competencias, responsabilidades y funciones. Además, el organismo asume temporalmente la concesión de la Vía Navegable Troncal hasta que se adjudique una nueva licitación pública.
La Resolución 4/2025 detalla la estructura organizativa de segundo nivel de la ANPyN, definiendo una cadena de mando encabezada por un Director Ejecutivo, quien estará acompañado por un Subdirector Ejecutivo y una Unidad de Auditoría Interna. A nivel operativo, la agencia se organiza en dos grandes gerencias: la Gerencia de Coordinación Técnica, que abarca Ingeniería Portuaria y de Vías Navegables, Políticas Navieras y Operaciones y Servicios Portuarios, y la Gerencia de Coordinación Legal y Administrativa, con áreas como Control de Gestión, Administración y Finanzas, Comercial, Asuntos Jurídicos, Capital Humano y Tecnologías, Sistemas e Innovación. Esta estructura busca garantizar un funcionamiento eficiente del ente, centralizando la planificación estratégica, la regulación operativa y la gestión administrativa de los puertos y vías navegables.
Según el dictamen de la Gerencia de Coordinación Legal y Administrativa, la reorganización de la ANPyN no tendrá impacto presupuestario inmediato. La medida aclara que “hasta tanto no se realicen las adecuaciones presupuestarias pertinentes, la presente medida no genera erogación presupuestaria alguna”. Sin embargo, el documento también señala que se cuenta con el crédito necesario para hacer frente a los gastos cuando sea requerido.
Uno de los temas centrales dentro de la reestructuración portuaria es la administración de la Hidrovía Paraná-Paraguay, la principal ruta de exportación de Argentina. La ANPyN asumirá temporalmente su concesión tras la anulación del proceso licitatorio lanzado en 2024.
Dicho esto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó la decisión que fue anunciada este miércoles afirmando que la única oferta recibida, presentada por la empresa belga DEME, estuvo rodeada de denuncias de falta de transparencia. “Desde el inicio del proceso, el Ejecutivo se comprometió a realizar una licitación transparente y competitiva. La única oferta que se presentó fue la de DEME, empresa que había denunciado irregularidades y luego desistió”, sostuvo el funcionario.
Por su parte, el Director Ejecutivo de la ANPyN, Iñaki Arreseygor, defendió la transparencia del proceso y denunció maniobras para frustrar la licitación. “Un grupo de vivos operó el vaciamiento de oferta de esta licitación para frustrarla en desmedro de los productores argentinos”, declaró. Mientras el Gobierno define los próximos pasos, la ANPyN seguirá a cargo de la administración de la Hidrovía, con la posibilidad de convocar a una nueva licitación en los próximos meses.
Lo confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni y anticipó que se presentará ante la Comisión de Defensa de la Competencia para que se determine si hubo asociación ilícita. Apuntó contra DEME, la compañía belga que hizo denuncias y trató de frenar el proceso
El Gobierno declaró nula la licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná, acusó a una empresa de haber actuado de manera ilegal y anunció una serie de presentaciones ante sede judicial y administrativa para que se investigue el proceso.
“La única oferta presentada fue la de DEME, que se ocupó de teñir el proceso de denuncias de faltas de transparencia, demandas ante la Justicia y otras acciones, que desistieron pocos días antes” de la presentación de ofertas, dijo Manuel Adorni, vocero presidencial, en una conferencia de prensa en Casa Rosada.
Adorni destacó que la Hidrovía es “una de las reservas hídricas más importantes del mundo” y la principal vía de exportación del país, utilizada para transportar el 80% de los bienes exportados por Argentina. En este contexto, remarcó la necesidad de contar con un operador capacitado bajo “los más altos estándares internacionales y el mejor precio”.
El vocero sostuvo que, desde el inicio del proceso, el Ejecutivo se comprometió a realizar una licitación “transparente y competitiva”. Asimismo, recordó que se estableció como condición la cancelación del llamado si solo se presentaba un oferente. Según sus declaraciones, durante el procedimiento hubo “presiones” de sectores políticos, empresariales y mediáticos para modificar los requisitos técnicos del pliego y acusaciones contra el Gobierno por presunto direccionamiento a favor de Jan de Nul, actual concesionaria de la Hidrovía, que finalmente no presentó oferta.
El Gobierno respondió las impugnaciones de los potenciales oferentes y sostuvo que la justicia validó en tres instancias la legalidad del proceso licitatorio. No obstante, insistió Adorni que la única oferta recibida fue la de DEME, empresa que había presentado denuncias previas sobre supuesta falta de transparencia y desistió antes de presentarse como único competidor.
Adorni también subrayó que, pese a la inscripción de 11 empresas en el proceso y la existencia de consultas formales e informales sobre la participación de más compañías, ninguna otra presentó oferta. Ante esto, el Gobierno ordenó una investigación para determinar si DEME ejerció presiones sobre otros competidores o si hubo una posible asociación ilícita en perjuicio del Estado y los productores argentinos.
El vocero aseguró que la investigación buscará “aclarar los acontecimientos ocurridos en el marco de esta licitación” y establecer responsabilidades penales en caso de intento de fraude. Luego, cedió la palabra al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, para brindar detalles técnicos sobre la situación.
“El hecho de que se haya presentado DEME como única empresa demuestra que estuvimos ante un procedimiento administrativo transparente por parte del Estado Nacional, el cual fue avalado tres veces en la Justicia”, afirmó el titular de la agencia.
Y advirtió: “Un grupo de vivos operó el vaciamiento de oferta de esta licitación para frustrarla en desmedro de los productores argentinos, que son los principales perjudicados en que no podamos tener hoy una comparación de ofertas económicas en este procedimiento”.
“Desde que se lanzó la licitación, nos acusaron de que la misma estaba direccionada a favor de un operador puntual, con la clara intención de sabotear el proceso. Nos llama la atención que, en un supuesto direccionamiento, la única oferta que se haya presentado haya sido la de DEME, la cual fue la principal artífice de estas acusaciones”, consignó.
La apertura de sobres
La empresa de origen belga Dredging, Environmental & Marine Engineering (DEME) fue la única que este mediodía presentó una oferta concreta en la licitación de la Hidrovía de los ríos Paraguay y Paraná, por donde circula el 80% de las exportaciones argentinas. Como estaba previsto, a las 13 de hoy, el portal CONTRAT.AR cumplió con la previsión de confirmar el resultado del proceso.
Según informó el Gobierno, para la Concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT) -como se conoce popularmente la Hidrovía- hubo al menos 11 compañías que se mostraron interesadas, pero finalmente solo una elevó una propuesta, cumpliendo con las condiciones que establecieron los pliegos.
Pero que haya sido DEME la única que se presentó, derivó en sospechas y acusaciones que derivaron en la conferencia que hoy dio Adorni y que planteó intentos para complicar la licitación.
Anoche, desde la Casa Rosada habían anticipado que el objetivo era avanzar sin demoras con la conclusión de la licitación. “Que gane el mejor”, habían manifestado, dando por hecho que se iba a producir una compulsa entre más de una empresa.
Actualmente, las tareas de dragado, balizamiento y operación de la Hidrovía está a cargo del Estado, que subcontrató a Jan de Nul y Emepa, antiguos concesionarios de la vía fluvial. En el sector sorprendió que la primera de estas empresas no se hubiera presentado para competir con DEME. En 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner se lanzó una licitación internacional para el dragado, pero esta fue cancelada tras la impugnación de oferentes como la danesa Rodhe Nielsen y la china CCCC Shanghai Dredging.
La compañía oriental quedó al margen de esta nueva compulsa porque a fines de noviembre, el gobierno actual que puso en marcha un nuevo proceso licitatorio emitió una resolución que dejó fuera de carrera a todas las empresas estatales extranjeras. En su artículo 16° detallaron que quedan excluidas de participar las “personas jurídicas controladas, directa o indirectamente, por estados soberanos o agencias estatales”. Este punto resulta determinante para empresas como la filial de la China Communications Construction Company (CCCC).
Después del lanzamiento de la concesión, varias empresas plantearon cuestionamientos y recursos ante la Justicia y de manera administrativa y el propio Mauricio Macri se quejó en varias entrevistas que el gobierno de Javier Milei no hubiera tomado los pliegos que él había preparado para hacer la licitación internacional.
Entre los que impulsaron más cuestionamientos estuvo DEME, que por pedido del gobierno de Javier Milei ahora será investigada.
La licitación se había convocado para la “modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado, redragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal comprendida entre el kilómetro 1238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales, en el Río de la Plata exterior, hasta la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, por la vía del Canal Ingeniero Emilio Mitre y el Río Paraná de las Palmas, Río Paraná Bravo, Río Paraná Guazú, Río Talavera, Río Paraná–Océano Atlántico”.
En noviembre del año pasado, el Gobierno nacional anunció el llamado a licitación para la concesión privada, a riesgo empresario, y en el que el Estado ya no estará ligado a la gestión y el mantenimiento. Estaba previsto que se sumaran bases con radares y sistemas satelitales de seguimiento de los buques, además de la renovación total de la señalización —generando una navegación más segura—, y medidas de control para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
En ese momento, el gobierno informó que los pliegos fueron “el resultado del diálogo y trabajo conjunto con usuarios y provincias que utilizan la vía”, en la que se realizará una profundización a 39 pies en el tramo Timbúes-Océano, entre otras condiciones del contrato.
A solo 48 horas de abrir los sobres, la ANPYN defendió la transparencia del proceso y desestimó el reclamo, permitiendo que Dredging recurra a la Justicia si lo desea.
El Gobierno del presidente Javier Milei rechazó hoy la denuncia presentada por la empresa Dredging International NV Sucursal Argentina por un supuesto direccionamiento de la licitación de la Hidrovía en favor de la belga Jan de Nul, actual operadora.
A 48 horas de la apertura de los sobres de la licitación internacional para la Hidrovía, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) publicó en el Boletín Oficial un texto de carácter administrativo contra el reclamo de una de las empresas dispuestas a competir como Dredging.
El reclamo de la firma, presentado el 9 de diciembre de 2024, denunciaba un supuesto direccionamiento de la licitación a favor de la actual empresa de dragado y solicitaba la nulidad del pliego de bases y condiciones. Además, requería la suspensión de todos los efectos de la disposición impugnada y la celebración de un nuevo contrato interino mientras se sustanciara el proceso.
Según la resolución RESOL-2025-3-APN-ANPYN#MEC, la ANPYN desestimó la denuncia tras considerar que la impugnación no cumplía con los requisitos legales necesarios y que la licitación se ajusta a los principios de transparencia, igualdad entre oferentes y concurrencia.
El organismo basó su decisión en un informe técnico que concluye que los parámetros del pliego son “adecuados, necesarios y proporcionados” para garantizar el correcto aprovechamiento de la Vía Navegable Troncal.
Asimismo, la Justicia Federal ya había rechazado una medida cautelar solicitada por la empresa, al considerar que no se acreditaba la verosimilitud del derecho invocado ni la existencia de un perjuicio actual derivado del proceso licitatorio.
Con esta resolución, la ANPYN dejó agotada la vía administrativa, habilitando a Dredging International a recurrir a la Justicia si así lo considera.
