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La recaudación tributaria en junio fue de $20 billones y el retroceso real fue de casi 8%

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La recaudación tributaria nacional volvió a mostrar señales de desaceleración en junio, luego del alivio transitorio registrado en mayo por el impacto del vencimiento del Impuesto a las Ganancias de las empresas. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó ingresos por $20,017 billones, un aumento nominal interanual del 23,7%, aunque ese incremento quedó muy por debajo de la inflación, lo que implica una caída real cercana al 8%, según estimaciones privadas.

El dato confirma que el proceso de reducción de impuestos impulsado por el Gobierno nacional, junto con modificaciones en el calendario fiscal y un menor dinamismo del comercio exterior, continúa impactando sobre los ingresos del Estado. Para el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), bajo el supuesto de una inflación mensual del 1,9%, la recaudación tributaria nacional registró una baja real interanual del 7,4%.

ARCA explicó que el principal factor detrás del resultado fue la fuerte caída de los recursos provenientes del comercio exterior. En particular, los derechos de exportación disminuyeron por dos motivos: la elevada base de comparación de junio de 2025, cuando los exportadores adelantaron liquidaciones por el vencimiento del esquema transitorio de retenciones, y la reducción de las alícuotas vigentes para los principales cultivos agrícolas durante este año. También incidió la desaceleración de las importaciones respecto del fuerte crecimiento registrado un año atrás.

A ello se sumó un factor administrativo. El organismo recordó que el vencimiento para la presentación y el pago del saldo de las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales de personas humanas fue prorrogado hacia julio de 2026, desplazando ingresos que el año pasado habían impactado en junio.

La mayor contracción se observó en los derechos de exportación. ARCA informó una recaudación de $881.128 millones, equivalente a una caída nominal interanual del 27,8%, mientras que el IARAF estima un desplome real del 45,9%. El organismo atribuyó el resultado tanto a la reducción de las retenciones sobre soja, trigo, maíz, cebada y girasol como a la comparación con un mes excepcionalmente elevado en 2025.

El Impuesto a las Ganancias también mostró un desempeño moderado. La recaudación alcanzó los $3,21 billones, con un incremento nominal del 11,3%, uno de los más bajos entre los principales tributos. Si bien el ingreso del primer anticipo correspondiente a sociedades con cierre diciembre impulsó parcialmente los recursos, el efecto fue compensado por la postergación del vencimiento para personas humanas y por un mayor uso de saldos a favor acumulados por los contribuyentes.

El IVA, principal fuente de recursos tributarios, recaudó $6,55 billones y creció 28,2% nominal interanual. Sin embargo, descontando la inflación, el IARAF calcula que registró una caída real del 4%, reflejando una actividad económica que continúa recuperándose de manera heterogénea y un consumo aún por debajo de los niveles necesarios para sostener una expansión de la base tributaria.

Los aportes y contribuciones a la Seguridad Social alcanzaron $4,59 billones, con una suba nominal del 29,6%. Según ARCA, el incremento respondió al crecimiento de la remuneración bruta promedio, aunque fue parcialmente compensado por una mayor adhesión a planes de facilidades de pago. El IARAF estima que, en términos reales, este rubro cayó 2,9%, influido por la evolución del empleo registrado y de los salarios reales.

Entre los pocos tributos que exhibieron mejoras reales sobresalen el Impuesto a los Combustibles y Bienes Personales. El primero recaudó $674.831 millones, con un incremento nominal del 70,4%, explicado principalmente por las actualizaciones del gravamen. Bienes Personales, por su parte, alcanzó $1,71 billones y creció 46,2% interanual, favorecido por el vencimiento correspondiente a acciones y participaciones societarias, aunque también afectado parcialmente por la prórroga para personas humanas.

El desempeño de junio refleja, además, uno de los principales desafíos del programa económico. La estrategia oficial de reducir la presión tributaria sobre el sector exportador y estimular la actividad productiva tiene un costo inmediato sobre la caja fiscal, mientras el Gobierno apuesta a compensarlo mediante un mayor crecimiento económico, mejoras en la formalización y un incremento de la base imponible.

Con ingresos acumulados por $109,57 billones durante el primer semestre, equivalentes a un crecimiento nominal del 25,9% respecto del mismo período del año pasado, la evolución de la recaudación durante la segunda mitad del año será un indicador clave para evaluar si la expansión de la actividad logra reemplazar el efecto de la reducción de impuestos sin comprometer el objetivo oficial de equilibrio fiscal.

Informe Recaudación Argentina Junio ARCA by CristianMilciades

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Las provincias cerraron 2025 con déficit fiscal y se profundiza la tensión entre los gobernadores y la Nación

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La situación fiscal de las provincias dio un giro durante 2025. Tras haber registrado superávit en 2024, el consolidado de los distritos subnacionales finalizó el año con déficit, producto de una combinación de menor crecimiento de los ingresos y una expansión del gasto que superó ampliamente la evolución de la recaudación. El deterioro de las cuentas públicas provinciales ayuda a explicar el creciente conflicto entre los gobernadores y el Gobierno nacional por la distribución de recursos y el financiamiento de las administraciones locales.

De acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), elaborado sobre datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) y del INDEC, las 23 jurisdicciones analizadas —con excepción de La Pampa, por falta de información completa— pasaron de un superávit primario de $4,8 billones en 2024 a un déficit de $380.000 millones en 2025, medido a valores constantes de mayo de 2026.

El deterioro fue aún más marcado en el resultado financiero. Una vez computado el pago de intereses de deuda, las provincias cerraron el ejercicio con un déficit de $3,6 billones, en contraste con el superávit de $2 billones alcanzado el año anterior. En términos agregados, el rojo fiscal representó el 2,1% de los ingresos totales provinciales y el equivalente al 0,33% del Producto Bruto Interno (PBI).

Menor actividad y caída de la recaudación

El informe atribuye el cambio de escenario principalmente al impacto de la desaceleración económica sobre los ingresos provinciales. Mientras la recaudación perdió dinamismo, el gasto continuó creciendo en términos reales.

Los ingresos totales aumentaron apenas un 3,4% interanual en términos reales, mientras que el gasto primario avanzó un 6,8%, ampliando el desequilibrio fiscal.

Entre los recursos, el crecimiento estuvo impulsado principalmente por la mejora de la recaudación tributaria propia y de las contribuciones a los sistemas previsionales provinciales. Los ingresos tributarios locales crecieron un 3,6% real, con desempeños destacados del Impuesto de Sellos, que aumentó un 28,7%, y del impuesto Automotor, con una suba del 21,8%.

Sin embargo, esa mejora no alcanzó para compensar la menor dinámica de otros ingresos vinculados al nivel de actividad económica y a la coparticipación federal.

El gasto en personal volvió a ser el principal motor

Del lado de las erogaciones, el IARAF identifica al gasto en personal como el componente que más incidió en el aumento del gasto primario.

Según el estudio, las remuneraciones explicaron el 43% del incremento total del gasto provincial consolidado, consolidándose nuevamente como el principal factor de presión sobre las cuentas públicas.

También crecieron otros componentes relevantes del presupuesto provincial. La inversión real directa aumentó un 23,1% en términos reales, mientras que las prestaciones de la seguridad social registraron una expansión del 11%.

El deterioro de las finanzas provinciales también ayuda a comprender el endurecimiento de la relación entre los gobernadores y la administración nacional durante los últimos meses.

Frente a la caída de los recursos, el Gobierno nacional debió implementar en marzo un mecanismo excepcional que permitió adelantar fondos de coparticipación para aliviar las tensiones financieras de varias jurisdicciones.

El escenario fiscal de las provincias se convirtió así en uno de los principales focos de negociación entre las administraciones provinciales y la Casa Rosada, en un contexto donde la política de equilibrio fiscal del Gobierno nacional convive con crecientes dificultades financieras en los estados subnacionales.

La evolución de la actividad económica durante 2026 y el comportamiento de la recaudación serán variables determinantes para evaluar si las provincias logran recomponer sus cuentas o si el déficit observado en 2025 marca el inicio de un nuevo ciclo de restricciones fiscales.

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El consumo sigue sin reaccionar: el IVA confirma estancamiento y caída de la actividad

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La recaudación del IVA vinculada al mercado interno volvió a mostrar señales de debilidad en el inicio de 2026 y refuerza el diagnóstico de una economía que no logra recuperar el consumo. De acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el componente impositivo del Impuesto al Valor Agregado registró una caída real del 2% en el primer cuatrimestre del año, mientras que el IVA aduanero se desplomó 23%, reflejando además la fuerte retracción de las importaciones.

El dato resulta especialmente relevante porque el IVA es uno de los principales termómetros del nivel de actividad y del consumo masivo. Según el análisis elaborado por el economista Nadín Argañaraz, el IVA Neto acumuló una baja real del 8,5% interanual respecto del mismo período de 2025, incluso contemplando una desaceleración inflacionaria durante abril.

La dinámica confirma que la recuperación económica continúa mostrando fuertes desequilibrios sectoriales. Mientras algunos rubros ligados al agro, la minería y la intermediación financiera exhiben mejoras, el comercio y la industria siguen sin encontrar piso. La caída de la recaudación asociada al consumo interno deja en evidencia que el deterioro del poder adquisitivo todavía impacta sobre las ventas y la actividad cotidiana.

El cuadro se completa con otros indicadores tributarios que también reflejan enfriamiento económico. El impuesto sobre Créditos y Débitos Bancarios -considerado un indicador casi instantáneo de la actividad- cayó 0,5% real en el primer cuatrimestre, marcando al menos un escenario de estancamiento.

A nivel general, el IARAF estimó que la recaudación tributaria nacional total retrocedió 6,7% real interanual entre enero y abril. Incluso excluyendo los tributos vinculados al comercio exterior, la caída fue de 5,3%, lo que evidencia que la debilidad económica trasciende el impacto de las importaciones.

Entre los tributos con peor desempeño aparecen los derechos de exportación (-37,5%), los impuestos internos coparticipados (-17,6%) y los derechos de importación (-16,1%). En contrapartida, el único impuesto con crecimiento real fue el de los combustibles, con una suba de 20,9%, impulsada por actualizaciones impositivas y aumentos de precios en surtidores.

El deterioro de la actividad también comienza a impactar sobre los recursos asociados al empleo formal. Los aportes y contribuciones a la seguridad social mostraron una baja real de 4,1% interanual, en línea con el enfriamiento del mercado laboral y la pérdida de poder salarial.

Los últimos indicadores privados y oficiales refuerzan ese escenario. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC registró una caída de 2,6% en febrero, mientras que el Centro de Estudios Orlando Ferreres calculó un retroceso de 2,9%, asociado principalmente a la debilidad industrial y comercial.

Aunque para marzo algunas consultoras proyectan un rebote moderado, los analistas coinciden en que todavía no alcanza para compensar las caídas acumuladas en los primeros meses del año. El resultado es una economía que exhibe estabilidad financiera y desaceleración inflacionaria, pero todavía sin una recuperación sólida del consumo y la actividad real.

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Transferencias en caída: por el ajuste nacional Misiones perdió 164 millones de dólares de Coparticipación

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El recorte de transferencias del Gobierno nacional a provincias acumuló una caída equivalente a US$18.000 millones en los últimos 26 meses, según un informe que analiza el período entre enero de 2024 y febrero de 2026. El dato no es solo fiscal: revela una redefinición del vínculo entre Nación y jurisdicciones subnacionales en un contexto de ajuste sostenido. La pregunta que sobrevuela es si este movimiento consolida un nuevo equilibrio de poder o si abre un frente de tensión política con impacto en el Congreso y las finanzas provinciales.

En el caso de Misiones el informe muestra que en 26 meses la provincia dejó de percibir 164 millones de dólares de Transferencias Automáticas (Coparticipación). Además, el IARAF estima que si sumamos las transferencias no automáticas la perdida crece a 500 millones de dólares.

Un ajuste con doble vía: discrecional y automático

El informe distingue dos canales clave: las transferencias no automáticas —definidas por decisión del Gobierno— y las automáticas, atadas a la recaudación de impuestos coparticipables.

En el primer caso, la caída acumulada para el conjunto de las 23 provincias alcanzó $20,5 billones a valores constantes de febrero de 2026, mientras que en el segundo se sumaron $15,6 billones adicionales de pérdida. La combinación arroja un recorte total de $36 billones, donde el 57% responde a decisiones discrecionales y el 43% a la dinámica de ingresos tributarios.

Ese desdoblamiento no es menor. Mientras el ajuste en transferencias no automáticas refleja una estrategia directa del Ejecutivo para reducir gasto, la contracción en las automáticas responde a cambios en la recaudación, atravesados por modificaciones tributarias y decisiones de administración fiscal, como la restitución de certificados de exclusión del IVA en 2025 o reducciones impositivas en Ganancias y Bienes Personales.

En paralelo, aparece una excepción que altera el mapa: CABA registró un incremento acumulado de $550.000 millones, impulsado por una medida cautelar de la Corte Suprema que elevó su coeficiente de coparticipación del 1,4% al 2,95%. Esa asimetría introduce un componente institucional que reconfigura la distribución.

Pérdidas generalizadas y brechas por habitante

El ajuste no fue homogéneo. En términos absolutos, Buenos Aires encabezó la pérdida con $14.117.000 millones, seguida por Santa Fe ($2.531.000 millones) y Córdoba ($2.115.000 millones). En el extremo opuesto, Chubut, Tierra del Fuego y La Pampa registraron caídas menores en volumen total.

Pero la foto cambia cuando se mide por habitante. Allí, el impacto se vuelve más profundo en provincias de menor escala: La Rioja lidera con una caída de $3.086.000 por habitante, seguida por Tierra del Fuego ($1.980.000) y Formosa ($1.776.000). En contraste, Córdoba ($533.000), Mendoza ($485.000) y Chubut ($463.000) muestran menores descensos relativos.

El dato per cápita revela una tensión estructural: el ajuste golpea con más fuerza a economías provinciales más chicas, donde el peso de las transferencias nacionales es mayor en la estructura de ingresos.

Menos discrecionalidad, más presión

El recorte en transferencias no automáticas reduce uno de los principales instrumentos históricos de negociación política entre Nación y provincias. Menos recursos discrecionales implican menor margen para acuerdos puntuales, pero también mayor presión sobre los gobernadores para sostener sus cuentas.

Al mismo tiempo, la caída en las transferencias automáticas —ligadas a la recaudación— limita la posibilidad de compensar ese ajuste por la vía institucional tradicional de la coparticipación. El resultado es un doble condicionamiento: menor asistencia directa y menor flujo estructural.

En ese esquema, la situación diferencial de CABA introduce un factor adicional. El cumplimiento de la cautelar de la Corte no solo mejora su posición relativa, sino que también puede convertirse en un antecedente de disputa para otras jurisdicciones que busquen revisar su participación.

Un nuevo equilibrio en construcción

El movimiento no parece aislado. La reducción sostenida del gasto nacional en transferencias redefine el federalismo fiscal en los hechos, aun sin cambios formales en la ley de coparticipación.

Queda por ver cómo se procesa este reordenamiento en el plano político. ¿Se traducirá en mayores demandas de las provincias en el Congreso? ¿Acelerará reclamos judiciales o negociaciones por nuevos esquemas de financiamiento? ¿O consolidará un modelo con menor dependencia de la Nación?

Por ahora, los números muestran una tendencia clara. Pero el impacto político todavía está en desarrollo.

Caída de Transferencias Nacionales en Las 23 Provincias by CristianMilciades

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Informe del IARAF: cuatro de seis sectores cerraron 2025 con ingresos reales negativos

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Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, la mayoría de los ingresos reales registrados en la Argentina perdió poder adquisitivo, en un período que coincide con el inicio de la gestión de Javier Milei. Así lo revela un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), difundido por el economista Nadin Argañaraz, que muestra caídas reales en cuatro de los seis sectores analizados. Solo dos grupos lograron ganarle a la inflación: los receptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los jubilados que cobran el haber mínimo sin bono.

El estudio cuantifica pérdidas y ganancias acumuladas en términos reales, expone diferencias significativas entre sectores públicos y privados y aporta un diagnóstico preciso sobre la evolución del poder adquisitivo en los primeros dos años del actual gobierno.

Pérdidas generalizadas: trabajadores y jubilados con bono, los más afectados

El informe de IARAF concluye que cuatro de los seis sectores con ingresos registrados terminaron 2025 con variaciones reales negativas respecto de noviembre de 2023. Entre los más golpeados aparecen los trabajadores públicos nacionales, los empleados del sector privado, los trabajadores públicos provinciales y los jubilados que perciben el haber mínimo más bono compensatorio.

En el caso de los asalariados del sector privado, el documento señala que “habrían finalizado el 2025 con una pérdida acumulada de poder adquisitivo equivalente al 80% del poder adquisitivo del mes de noviembre de 2023”. En términos concretos, esa merma equivale a 24 días del ingreso real de aquel mes.

Para los trabajadores públicos nacionales, la situación resulta aún más severa: la pérdida acumulada asciende a 7 ingresos reales de noviembre de 2023. El informe detalla que, aunque cobraron 25 salarios mensuales durante el período, esos ingresos equivalen en términos reales a 18 salarios de noviembre de 2023. En tanto, los trabajadores públicos provinciales cerraron 2025 con una pérdida acumulada de 2,8 salarios reales de referencia.

Los jubilados que cobran el haber mínimo más el bono tampoco lograron sostener su poder de compra. Según IARAF, este grupo perdió el equivalente a 1,4 ingresos reales de noviembre de 2023, reflejando el impacto de la inflación sobre una prestación que combina haber y refuerzos discrecionales.

En términos de pérdidas acumuladas, el informe subraya que los empleados públicos nacionales fueron el sector con mayor deterioro real, al resignar en 25 meses el equivalente a siete ingresos completos.

Los ganadores: AUH y jubilados sin bono le ganaron a la inflación

En contraste con el panorama general, el estudio identifica dos sectores con mejoras reales acumuladas. El primero es el de los receptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se consolidó como el principal ganador del período.

Según el informe, quienes perciben la AUH finalizaron 2025 con un mayor poder adquisitivo acumulado equivalente a 21,3 ingresos reales de noviembre de 2023. En términos prácticos, esto implica que, en 25 meses de ingresos, obtuvieron un ingreso extra equivalente a 21 ingresos reales de aquel mes base, lo que se tradujo en un aumento del 85% del ingreso real acumulado en dos años.

El segundo grupo con resultado positivo fue el de los jubilados que cobran únicamente el haber mínimo, sin bono. Para este segmento, el cierre de 2025 significó un aumento real acumulado de 0,8 haberes de noviembre de 2023, un desempeño que el propio informe destaca como exactamente opuesto al de los trabajadores privados registrados.

Poder adquisitivo y clase media: un deterioro persistente

El análisis de IARAF también aborda la evolución del poder adquisitivo al cierre de 2025, con resultados que refuerzan la tendencia observada en los ingresos acumulados. De acuerdo con lo explicado por Argañaraz, los trabajadores privados registrados llegaron a diciembre de 2025 con un poder de compra casi 1% por debajo del nivel de noviembre de 2023.

Para los trabajadores públicos nacionales, la pérdida fue mucho más profunda: 33% de poder adquisitivo, aproximadamente, respecto del mismo mes de referencia. Los empleados públicos provinciales, tras una fuerte caída inicial, cerraron el período con una pérdida real del 6,5%. En tanto, los jubilados que cobran haber mínimo más bono finalizaron 2025 con una merma del 7,5% en su poder de compra.

Del lado positivo, los jubilados que perciben solo el haber mínimo registraron una suba real del 9,3%, mientras que los beneficiarios de la AUH duplicaron su poder adquisitivo frente a noviembre de 2023, consolidándose como el sector poblacional con mayor mejora real en los últimos dos años.

El informe concluye que esta dinámica se traduce en una clase media más empobrecida, con fuertes asimetrías entre sectores y con un esquema de ingresos donde las políticas de transferencias sociales explican buena parte de las mejoras relativas.

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