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La canasta de crianza subió 4% en julio y duplicó la inflación mensual

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El INDEC informó que el costo para mantener a un hijo osciló entre $427.889 y $536.830, tras dos meses de estabilidad. La suba responde principalmente al aumento de bienes y servicios, mientras que el costo de cuidado se mantuvo sin cambios.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este jueves el informe mensual de la Canasta de Crianza, que en julio registró un incremento del 4% respecto de junio, superando ampliamente la inflación del mes, que fue del 1,9%.

Según el organismo, el costo total para cubrir las necesidades de un niño varió entre $427.889 y $536.830 dependiendo de la edad, marcando un salto significativo luego de dos meses con valores prácticamente estables.

Cuánto cuesta criar a un niño en la Argentina

De acuerdo con el relevamiento oficial:

  • Menores de 1 año: $427.889
  • De 1 a 3 años: $508.333
  • De 4 a 5 años: $426.741
  • De 6 a 12 años: $536.830

El cálculo incluye tanto bienes y servicios esenciales (alimentación, vestimenta, vivienda, transporte, salud) como el costo de cuidado, que se basa en la remuneración de la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del Régimen de Casas Particulares. Este último ítem se mantuvo sin cambios en julio, por lo que la suba responde a la actualización de precios de bienes y servicios.

La Canasta de Crianza fue implementada por el INDEC en marzo de 2024 con el objetivo de poner en evidencia los costos económicos asociados a la crianza de niños y adolescentes hasta los 12 años.

Además de su uso estadístico, esta medición es referencia en procesos judiciales para la determinación de cuotas alimentarias, ya que permite estimar de manera objetiva el gasto mensual que demanda cada etapa de desarrollo.

El aumento de la canasta en julio duplica la inflación mensual, lo que refleja una presión adicional sobre el presupuesto de los hogares con hijos.

En un escenario de desaceleración general de precios, este indicador muestra que rubros clave para las familias —como alimentos, transporte y vestimenta— continúan ajustando por encima del promedio general, afectando en mayor medida a los sectores de ingresos medios y bajos.

Si la tendencia de julio se mantiene en los próximos meses, la brecha entre el costo de crianza y la inflación general podría ampliarse, lo que impactaría en la capacidad de pago de cuotas alimentarias y en la economía doméstica de los hogares monoparentales.

La evolución futura dependerá del comportamiento de los precios regulados, la dinámica salarial y la estabilidad macroeconómica en la previa al cierre del año.

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Corte Suprema obliga a Tabacalera Sarandí a pagar USD 1.400 millones por evasión

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El fallo pone fin a una batalla judicial de más de cinco años entre Tabacalera Sarandí y el Estado, y consolida el uso de herramientas fiscales para reducir el consumo de tabaco.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó este jueves un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que había declarado inconstitucional el impuesto interno mínimo al tabaco previsto en la Ley 27.430. La decisión obliga a Tabacalera Sarandí, propiedad de Pablo Otero —conocido como el “Señor del Tabaco”—, a cancelar una deuda que, según estimaciones de la AFIP, asciende a USD 1.400 millones por tributos impagos.

La resolución no solo zanja una disputa de larga data entre la empresa y el Estado, sino que también reafirma la potestad del Congreso para fijar políticas tributarias con fines extrafiscales, como el desaliento al consumo de cigarrillos, en línea con criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El conflicto comenzó tras la reforma impositiva impulsada durante el gobierno de Mauricio Macri en 2017, que elevó en un 70% los impuestos internos al tabaco e introdujo un monto mínimo por paquete. La medida buscó reducir la brecha de precios entre marcas premium y productos “ultrabaratos”, apuntando a disminuir el consumo.

Pablo Otero cuestionó el esquema alegando que afectaba de manera desproporcionada a sus marcas económicas —como Red Point, West, Master y Kiel— y que lo colocaba en desventaja frente a multinacionales como Massalin Particulares y Nobleza Piccardo.

En 2022, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal le dio la razón a Sarandí, declarando inconstitucional la norma. Tanto la AFIP como Massalin apelaron, y el caso llegó al máximo tribunal.

La sentencia, firmada por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Mariano Llorens, Patricia Moltini y Mario Boldú, subraya que la definición de impuestos y montos mínimos es una atribución del Congreso, salvo en casos de discriminación o arbitrariedad manifiesta, que —según la Corte— no se verificaron.

El fallo remarca que los impuestos al tabaco cumplen una función extrafiscal: “El aumento de precios de los productos de tabaco es la medida más efectiva para reducir su consumo”, citando lineamientos de la OMS.

Asimismo, cuestiona que el fallo de la Cámara se basara en consideraciones sobre “la realidad del mercado” o “el rol de las grandes tabacaleras” sin respaldo normativo suficiente, apartándose de la función judicial.

La Corte también desestimó una presentación reciente de Sarandí en la que la empresa anunciaba su intención de desistir del juicio, alegando acogerse a un régimen de regularización. El tribunal determinó que no se cumplieron los requisitos formales para ello, por lo que el proceso debía continuar hasta la sentencia definitiva.

Además, se rechazaron recusaciones contra el Procurador General, Eduardo Casal, y la Procuradora Fiscal, Laura Monti, así como nulidades planteadas por la defensa.

Con la decisión, el Estado podrá reclamar el pago del impuesto mínimo desde su entrada en vigencia, lo que, según estimaciones de la AFIP, representa más de USD 1.400 millones para Tabacalera Sarandí. El precedente también fortalece la posición de la administración tributaria frente a otros litigios similares en el sector.

Desde la perspectiva sanitaria, la sentencia consolida la utilización de políticas fiscales como herramienta para desincentivar el consumo de tabaco, alineando la legislación argentina con las estrategias recomendadas por la OMS y otros organismos internacionales de salud pública.

Un fallo con proyección internacional

La referencia a la causa “Nobleza Piccardo” de 2015, citada por Lorenzetti, refuerza la doctrina de que el derecho a la salud prima sobre los intereses comerciales de las tabacaleras. El máximo tribunal ratifica que el Estado no solo está habilitado, sino obligado, a adoptar medidas que reduzcan el consumo de productos nocivos.

En el plano internacional, la sentencia envía un mensaje claro sobre la solidez jurídica de las políticas impositivas con fines de salud pública, un punto que podría influir en litigios y regulaciones en otros países de la región.

Con el fallo firme, la AFIP podrá iniciar acciones para ejecutar el cobro de la deuda. En paralelo, se espera que el Congreso y el Poder Ejecutivo refuercen el esquema impositivo al tabaco como parte de las estrategias integrales de control del tabaquismo.

FALLO CORTE SUPREMA SOBRE TABACALERA SARANDI by CristianMilciades

El caso también deja en evidencia la necesidad de armonizar la política fiscal con objetivos de salud pública, un enfoque que, de mantenerse, podría replicarse en otros sectores vinculados a productos con impacto sanitario negativo.

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ARCA obliga a digitalizar el manifiesto desconsolidado en importaciones por vía acuática

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció que, a partir del quinto día hábil de su entrada en vigencia, los Agentes de Transporte Aduanero (ATA) desconsolidadores deberán presentar en formato digital, y de manera obligatoria, el manifiesto desconsolidado de importación para la vía acuática. La medida, oficializada mediante la Resolución General 5744/2025, publicada este 14 de agosto en el Boletín Oficial, busca agilizar los procedimientos, reducir tiempos y aumentar la certeza operativa en la cadena logística internacional.

La decisión reemplaza a la Resolución General 4.915, que desde su implementación permitía la presentación digital del manifiesto de manera optativa. Ahora, la digitalización y transmisión a través de los aplicativos web “Gestión de Manifiesto Acuático” y “Ratificación de Autoría de Manifiesto Acuático” será obligatoria para todo ingreso por vía acuática.
El documento desconsolidado, formulario OM 744/2, deberá ser cargado en el Sistema Informático MALVINA (SIM) y enviado al servicio aduanero del lugar operativo dentro de un plazo máximo de cinco días posteriores al arribo del buque.

Una de las principales novedades es la automatización del proceso de aprobación. Una vez cargada la documentación y ratificada la autoría, el SIM transmitirá el manifiesto al servicio aduanero, que dispondrá de tres horas para aprobarlo o rechazarlo.
En caso de no emitirse respuesta en ese lapso, la aprobación se producirá de forma automática. La notificación al ATA se realizará mediante el Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica (SICNEA).

La normativa asigna al ATA desconsolidador el carácter de depositario fiel de la documentación, obligándolo a conservarla por el tiempo establecido en la normativa vigente y a presentarla ante la ARCA en un plazo máximo de tres días hábiles si es requerida.
El incumplimiento puede implicar sanciones graves: desde sumarios disciplinarios hasta la aplicación de artículos del Código Penal y el Código Aduanero.

Modificaciones en procedimientos previos

La resolución también actualiza la Resolución General 5.110, precisando que el ATA deberá:

  1. Registrar el Manifiesto de Desconsolidación SIM con estado “REGISTRADO”.
  2. Cargar la documentación digitalizada en el aplicativo “Gestión de Manifiesto Acuático”.
  3. Ratificar la autoría mediante el aplicativo correspondiente, utilizando Clave Fiscal con el máximo nivel de seguridad y dispositivos como token u otros mecanismos determinados por la ARCA.
    Este proceso asegura que la autoría e integridad de la declaración aduanera quede confirmada por medios fehacientes.

En los considerandos, la ARCA destaca que la medida responde a un objetivo estructural: simplificar el comercio internacional y generar mayor certidumbre en las formalidades aduaneras, lo que a su vez facilita la operatoria de las empresas importadoras y operadores logísticos.
La presentación digital obligatoria reduce la dependencia de trámites presenciales, minimiza demoras y estandariza los tiempos de respuesta, algo especialmente relevante en un sector donde la sincronización es crítica para evitar costos por inmovilización de carga

Con la digitalización total y la automatización de la aprobación, el organismo proyecta una reducción significativa en los tiempos de liberación de carga, mayor trazabilidad documental y menor margen para errores formales.
El sector logístico y marítimo deberá ajustar sus procesos internos para cumplir con los plazos y formatos establecidos, dado que la aplicación será obligatoria a partir del quinto día hábil posterior a la publicación en el Boletín Oficial.

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La inflación de julio se desaceleró al 1,9% y acumula un 17,3% en lo que va de 2025

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en julio de 2025 un aumento del 1,9% respecto de junio, lo que marca una desaceleración respecto a meses anteriores y ubica la inflación acumulada en los primeros siete meses del año en 17,3%. En la medición interanual, el incremento alcanza el 23,7%, consolidando la tendencia a la baja en la variación de precios minoristas

La moderación del ritmo inflacionario ocurre en un contexto de política monetaria contractiva y acuerdos sectoriales que buscan contener subas en rubros clave. Desde comienzos de año, el Banco Central y el Ministerio de Economía han reforzado estrategias para anclar expectativas, combinando tasas de interés reales positivas, controles selectivos de precios y un monitoreo más estricto de cadenas de valor sensibles, como alimentos, combustibles y tarifas.

Este nivel mensual de inflación —el más bajo en los últimos 20 meses— se produce en la antesala de definiciones políticas y económicas que podrían marcar la agenda del segundo semestre.

Composición de la variación mensual

Según el informe técnico del INDEC, los aumentos más significativos en julio se concentraron en:

  • Alimentos y bebidas no alcohólicas: 2,5%, impulsados por frutas, verduras y productos lácteos.
  • Transporte: 2,3%, debido a ajustes en tarifas de transporte público y combustibles.
  • Equipamiento y mantenimiento del hogar: 2,1%, por alzas en artículos de limpieza y electrodomésticos.

En contrapartida, las menores variaciones se registraron en:

  • Comunicación: 0,8%.
  • Prendas de vestir y calzado: 1,1%.
  • Educación: 0,9%.

El Ministerio de Economía destacó que “los datos confirman una tendencia descendente de la inflación que es resultado del ordenamiento macroeconómico y el compromiso de diversos sectores productivos”. En paralelo, analistas privados advierten que la estabilidad cambiaria y la moderación de costos internacionales han sido factores determinantes para evitar saltos abruptos en precios.

El relevamiento abarca 39 aglomerados urbanos de todo el país y se realiza sobre una canasta de bienes y servicios que refleja el consumo de los hogares.

La desaceleración inflacionaria tiene efectos directos sobre:

  • Poder adquisitivo: una inflación más baja contribuye a una mejora real en salarios y jubilaciones, aunque aún condicionada por la recuperación del empleo.
  • Mercado financiero: la tendencia puede reforzar expectativas de estabilidad y favorecer la baja gradual de tasas.
  • Negociaciones paritarias: gremios y empresas podrían replantear cláusulas de ajuste en un escenario de menor inflación proyectada.

Para el resto de 2025, el Gobierno proyecta que el IPC se mantendrá en torno al 2% mensual, siempre que no haya shocks externos o internos que alteren el esquema actual. Sin embargo, la estacionalidad de algunos precios y la dinámica de tarifas reguladas serán determinantes.

Los próximos meses serán clave para definir si el descenso de la inflación se consolida como un fenómeno estructural o si responde a un ciclo coyuntural favorecido por medidas temporales.

IPC INDEC 13 AGOSTO 2025 by CristianMilciades

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Forestoindustria: avances con el Gobierno de Misiones, pero persisten los desafíos regulatorios y de costos

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En su reunión mensual, la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (APICOFOM) evaluó la coyuntura sectorial y definió nuevas líneas de gestión institucional. El presidente de la entidad, Guillermo Fachinello, informó avances parciales en las negociaciones con el Gobierno provincial, mejoras en la brecha de precios de combustibles y la continuidad del reclamo para postergar la prohibición del glifosato.

Fachinello detalló que en su reciente encuentro con el gobernador Hugo Passalacqua y el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, se lograron “algunos avances” en los planteos del sector, aunque remarcó que la gestión institucional debe continuar para alcanzar resultados más concretos.

Uno de los puntos tratados fue el precio de los combustibles, donde se consiguió reducir parcialmente la brecha respecto a Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. “El objetivo es lograr igualdad de costos, porque la diferencia actual sigue afectando la competitividad”, sostuvo el dirigente.

El presidente de APICOFOM informó que la entidad solicitó postergar la aplicación de la ley que prohíbe el uso de glifosato en Misiones, a la espera de una respuesta oficial.

Hemos aclarado que el glifosato no se utiliza en las forestaciones, pero la medida tiene un alcance más amplio y debe seguir siendo debatida”, advirtió Fachinello, anticipando que se seguirán realizando presentaciones formales para evitar impactos negativos sobre la actividad.

La mirada nacional: FAIMA alerta por la crisis sectorial

Ricardo García, representante de APICOFOM en la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA), compartió el documento emitido por la entidad nacional donde se advierte sobre la grave situación que atraviesa la forestoindustria argentina.

FAIMA también analiza los efectos potenciales de los aranceles que Estados Unidos aplicó a Brasil, medida que podría alterar el comercio internacional y generar impactos indirectos sobre el mercado local. “Se están llevando adelante gestiones para buscar soluciones a esta coyuntura”, afirmó García.

Reclamos en el INFOPRO y acceso a financiamiento

Mario Centurión, integrante del directorio del Instituto Forestal Provincial (INFOPRO) en representación del sector industrial, informó sobre la última reunión del organismo y los reclamos en torno a su funcionamiento y alcance operativo.

Por su parte, la gerenta de APICOFOM, Cristina Ryndycz, destacó el lanzamiento del Fondo de Garantía de Misiones (FOGAMI), herramienta financiera destinada a facilitar el acceso al crédito para emprendedores, profesionales y PyMEs.

Capacitación, certificaciones y promoción de la madera

Ryndycz también anunció la próxima visita de estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Matanza (25 de agosto), las auditorías internas para la certificación Cadena de Custodia PEFC y las capacitaciones previstas en el Espacio UNE.

Entre el 15 y el 24 de agosto se realizará la charla “Grandes estructuras con madera”, donde se exhibirán las maquetas de la Diplomatura Universitaria en Diseño y Construcción Eficiente en Madera, recientemente finalizada.

La reunión dejó en claro que la forestoindustria de Misiones enfrenta desafíos simultáneos: presión regulatoria, costos logísticos, incertidumbre de mercado y necesidad de financiamiento. La estrategia de APICOFOM se centra en negociaciones multilaterales, articulación con cámaras nacionales y acciones de formación y certificación para sostener la competitividad.

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