No prosperó el proyecto de los gobernadores que modificaba el reparto del impuesto a los combustibles
La iniciativa no consiguió la mayoría especial necesaria para su aprobación. Proponía modificar la Ley 23.966 para redefinir la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos y disolver dos fondos fiduciarios.
Cerca de las 3 de la madrugada de este jueves jueves, con más de 14 horas ya de sesión, el pleno se abocó al último de los temas puestos en consideración: el proyecto que disponía la eliminación de diversos fideicomisos y la modificación a la Ley 23.966 sobre el Impuesto a los Combustibles Líquidos y Gas Natural.
Antes de la votación, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem aclaró que el proyecto necesitaba una mayoría absoluta para su aprobación, lo que fue rechazado enfáticamente por Germán Martínez, quien expresó su desacuerdo, recordando que no se había votado así en el Senado y que “cuando uno le está sacando fondos a las provincias, ahí siempre en defensa de las provincias argentinas se necesita una mayoría especial; cuando lo que estamos haciendo es devolviéndoles recursos, no se necesita ni se necesitó mayoría especial”.
El secretario Parlamentario leyó entonces el artículo 75 inc. 3ro de la Constitución como argumento, señalando que se modificaban asignaciones específicas de recursos coparticipables.
Tras ello, Nicolás Massot también expresó su desacuerdo recordando cómo se votó la Ley de Bases, no exigiéndose mayoría especial a la hora de eliminar ahí fideicomisos.
No hubo caso con eso y a la hora de votar el resultado fue de 126 votos a favor, 7 en contra y 5 abstenciones, con lo que no se alcanzó esa mayoría absoluta necesaria.
Las abstenciones correspondieron a los diputados de la izquierda porque, según explicó Christian Castillo, el proyecto eliminaba fideicomisos como los destinados a Vialidad, destinándolos en cambio a los gobernadores.
“Este proyecto se reparten el botín Nación y gobernadores”, argumentó Castillo.
Ricardo López Murphy dijo por su parte que el sector público argentino lo componen tres secciones: una, los gobiernos locales, otra el Estado federal y la tercera la seguridad social. “Las medidas que se están tomando distraen recursos del Estado federal a los gobiernos provinciales -dijo-. El problema más serio es la seguridad social. Lo mejor hubiera sido afectar estos fondos a la seguridad social, que está profundamente desfinanciada. Por eso expresó su disidencia con la iniciativa”.
El proyecto de ley impulsado por los gobernadores proponía la eliminación de varios fideicomisos y fondos nacionales, entre ellos los de infraestructura hídrica, transporte y vivienda. Estos recursos, anteriormente administrados por el Gobierno Nacional, se iban a redistribuir entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según los criterios establecidos en la Ley 23.548. La iniciativa buscaba una asignación “más equitativa y directa de los fondos”, respetando los porcentajes de coparticipación ya vigentes.
Además, se modificaba la Ley 23.966 en lo referente al Impuesto a los Combustibles Líquidos, estableciendo nuevos porcentajes de distribución: 14,29% para el Tesoro Nacional, 57,02% para las provincias y 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social. También se redefinía cómo se reparten estos fondos entre las jurisdicciones, asignando un 25% en partes iguales y el 75% restante según los índices de coparticipación.
Los fundamentos del proyecto indicaban que la propuesta surgió de un acuerdo entre los gobernadores provinciales y el jefe de gobierno porteño. Señalaron, además, que los fondos eliminados “no afectan las finanzas nacionales”, ya que se trata de recursos con afectación específica que deben ser redistribuidos según las necesidades locales.
Finalmente, mencionaron que la eliminación de estos fideicomisos responde a la necesidad de simplificar el sistema financiero nacional y mejorar el control sobre los recursos públicos. La propuesta buscaba que tanto Nación como provincias puedan definir sus prioridades de gasto, especialmente en un contexto de crisis económica. Consideraron que esta redistribución permitirá “una mayor capacidad de respuesta ante las demandas sociales, sin comprometer la sustentabilidad fiscal del país”.
