En un contexto de actividad económica contenida y expectativas en revisión, el empresario Alfredo Gruber hablo con Economis y puso en palabras una tensión creciente en el sector productivo de Misiones: reconoció que la estabilidad macroeconómicaes un dato positivo, pero advirtió que “está todo frenado” en términos de consumo y actividad. El planteo, realizado tras una jornada sectorial en Posadas, introduce una pregunta incómoda para el Gobierno nacional: ¿alcanza la estabilización para sostener el entramado productivo o se abre una nueva fase de presión por reformas más profundas?
El diagnóstico combina dos planos que hoy conviven en la economía real. Por un lado, la baja de la volatilidad y cierta previsibilidad. Por otro, una caída en la demanda que impacta tanto en el mercado interno como en el externo, con empresas que enfrentan menor volumen de ventas y mayores costos.
Impuestos, logística y regulaciones: el núcleo del reclamo
El eje más consistente del planteo empresario pasa por la estructura impositiva. Gruber insistió en que la presión fiscal sigue siendo elevada en los tres niveles del Estado —nacional, provincial y municipal— y que a dos años del gobierno “más reformista” como se autodenomina la gestión de La Libertad Avanza los avances en reducción de cargas aún son “muy pocos”.
En ese marco, apuntó a nivel provincial contra el impuesto a los ingresos brutos, al que definió como distorsivo por su efecto acumulativo a lo largo de la cadena productiva. También planteó la necesidad de una reducción del IVA del 21% al 10%, aunque reconoció que esa medida enfrenta límites estructurales vinculados a la informalidad y al peso del gasto público.
El análisis se completa con otro factor estructural: el costo logístico. Desde Misiones, la salida de producción hacia los puertos de Buenos Aires o Uruguay encarece la competitividad. En ese punto, el empresario vinculó la discusión con obras de infraestructura como la posibilidad de mejorar la navegabilidad mediante sistemas asociados a represas, lo que permitiría reducir costos de transporte. “Hay que pensar en aprovechar el río como dijo Scherer dándole navegabilidad con la construcción de Corpus, que además de energía nos permitiría usar puertos aguas arriba y enviar las cargas por el río”, describió el empresario
Actividad frenada y señales contradictorias del contexto global
El diagnóstico empresarial no se limita al plano local. Gruber advirtió que la falta de dinamismo atraviesa tanto el mercado interno como el externo. “La gente no compra” sintetiza una percepción que se repite en distintos sectores.
A esa situación se suma un escenario internacional inestable. Cambios en aranceles, tensiones comerciales y la incertidumbre global complican la planificación exportadora. En paralelo, la suba proyectada de los combustibles —asociada según Gruber solo al contexto internacional, no a la suba de impuestos nacionales— aparece como un nuevo factor de presión sobre costos y precios, con impacto directo en la inflación.
La ausencia de obra pública también aparece como un elemento que retrae la demanda, especialmente en sectores vinculados a la construcción y la industria.
Reformas en debate y falta de impacto concreto
En términos de política económica, el empresario marcó una distancia entre las reformas anunciadas y su impacto efectivo. Señaló que la reforma laboral aún no está reglamentada y que, por lo tanto, no genera cambios concretos en la operatoria diaria de las empresas.
Esa percepción refuerza la idea de una transición en curso, donde las medidas estructurales todavía no se traducen en mejoras palpables para el sector productivo. En ese contexto, la expectativa se mantiene, pero convive con incertidumbre.
A nivel provincial, también aparece en agenda la posible reforma de normativas nacionales y provinciales vinculadas al uso del suelo y la producción, con debates en ámbitos institucionales sobre cambios regulatorios que podrían ampliar la capacidad productiva. Allí, el planteo empresario apunta a flexibilizar restricciones que hoy limitan el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas.
Entre la espera y la presión por definiciones
El mensaje final combina cautela y presión. “La esperanza es lo último que se pierde”, planteó Gruber, aunque advirtió que sería “una lástima” que el esfuerzo de los últimos años no se traduzca en resultados concretos.
La economía, en esa mirada, aparece como “una moneda en el aire”, donde las decisiones de inversión se postergan hasta tener mayor claridad sobre el rumbo político y económico. Es un dato relevante: sin previsibilidad consolidada, el sector productivo tiende a esperar antes que arriesgar.
En las próximas semanas, el foco estará puesto en dos variables clave: si la estabilidad logra traducirse en reactivación del consumo y si las reformas —fiscales, laborales o regulatorias— avanzan con impacto real. Entre tanto, el reclamo empresario empieza a ordenarse en una agenda concreta que combina baja de impuestos, mejora logística y simplificación normativa.
Escriben Era Dabla-Norris y Rodrigo Vadés – La política fiscal siempre ha implicado compensaciones. ¿De quién se financiarán las prioridades? ¿De quién se apondrán las cargas? ¿Bajo qué condiciones? Hasta hace poco, los gobiernos podían posponer estas decisiones pidiendo prestado en condiciones convenientes. Pero ahora, niveles de deuda sin precedentes y mayores costes de endeudamiento han elevado la apuesta. Al mismo tiempo, la demanda de fondos públicos sigue creciendo incluso cuando los recursos están muy limitados. Las sociedades solo pueden reconciliar con éxito prioridades en competencia si dependen de algo que a menudo se pasa por alto y actualmente escasea: la confianza pública.
Incluso antes de la pandemia de COVID-19, la deuda pública seguía aumentando de forma constante. En muchas democracias, las plataformas políticas favorecían un mayor gasto y déficits, mientras posponían las reformas estructurales (Cao, Dabla-Norris y Di Grigorio 2024). El crecimiento económico modesto, el gasto para atender a una población mayor en crecimiento y la reticencia a subir los impuestos solo empeoraron las cosas. Se pospusieron decisiones difíciles y se acumuló deuda, sostenida por los tipos de interés inusualmente bajos de las dos últimas décadas.
Luego, en 2020, ante el peor colapso económico desde la Gran Depresión, los gobiernos comenzaron a endeudarse extensamente. La deuda de la economía avanzada aumentó decenas de puntos porcentuales del PIB; en algunos países superó el 120 por ciento (véase el Gráfico 1). Los países de mercados emergentes y de bajos ingresos, aunque más limitados, también se endeudaron en exceso. La respuesta evitó una catástrofe más profunda y, aunque los niveles de deuda se han estabilizado en muchos casos, los países ahora se enfrentan a un mundo en el que endeudarse ya no es barato.
Hoy en día, los responsables políticos se enfrentan a la versión fiscal del COVID prolongado: tipos de interés más altos y aumento del coste de la deuda. La deuda pública global subió al 93,9 por ciento del PIB en 2025 y está en camino de superar el 100 por ciento para 2028, niveles nunca vistos en tiempos de paz, marcando un punto de inflexión para la política económica y la política (Gráfico 2). Mientras tanto, las fuerzas estructurales a largo plazo —el envejecimiento de la población, el cambio climático, el aumento de las demandas sociales y, en el caso de los países de bajos ingresos, la disminución de los flujos de ayuda y los persistentes altos costes de endeudamiento— siguen afectando los presupuestos incluso cuando las tensiones geopolíticas emergentes ejercen presión para gastar en política de defensa e industrial.
Carga de la deuda
La era de los tipos de interés ultra bajos ha terminado, pero las tendencias de crecimiento económico no han cambiado de forma apreciable. En poco tiempo, los costes de préstamo se han duplicado o triplicado. Las facturas de intereses ahora afectan más los presupuestos, desplazando otras prioridades. En Estados Unidos, por ejemplo, los pagos netos de intereses subieron de aproximadamente el 2 por ciento del PIB antes de la pandemia al 4,2 por ciento en 2025, superando el gasto en defensa, y se espera que siga aumentando. En los países de bajos ingresos, los pagos de intereses consumen de media el 21 por ciento de los ingresos fiscales.
La deuda alta implica menos margen para responder a los shocks, interfiere en la economía en general al aumentar el coste del capital y complica la elaboración de la política monetaria mientras motiva la represión financiera. También puede amenazar la estabilidad financiera, especialmente en los mercados emergentes, si los rendimientos suben a medida que los inversores empiezan a dudar de la capacidad del gobierno para cumplir con sus obligaciones. A medida que las condiciones de financiación se endurecen, los ajustes pueden volverse más bruscos y repentinos—recordando la idea del economista alemán del siglo XX Rudi Dornbusch, que dice que “las crisis tardan mucho más en ocurrir de lo que crees, y luego ocurren más rápido de lo que pensabas.” Y una deuda elevada traslada la renta nacional hacia los acreedores a costa de otras necesidades.
En un mundo de baja deuda y tipos de interés bajos, los gobiernos podrían eludir decisiones difíciles pidiendo más préstamos y esperando que el crecimiento económico genere suficientes ingresos fiscales adicionales para cubrir y, eventualmente, reembolsar la deuda. Pero hoy, la era de las decisiones fáciles ha terminado. Cada dólar que un gobierno pide prestado sin ingresos equivalentes implica impuestos más altos o un gasto menor en el futuro, al menos para cubrir los intereses adicionales que genera la nueva deuda. A partir de cierto punto, más endeudamiento obliga a tomar decisiones dolorosas—mediante austeridad, inflación, represión financiera o incluso impago. La pregunta se vuelve inevitable: con un espacio fiscal limitado, ¿cuáles serán los sacrificios y quién asumirá el coste?
Situación fiscal
Un compromiso duradero se centra en el tamaño del gobierno. El aumento del nivel de vida ha llevado a los ciudadanos a esperar redes de seguridad social fiables, educación y sanidad asequibles, una inversión pública sólida y protección frente a una gama creciente de riesgos, incluidos fenómenos meteorológicos extremos y pandemias. Las economías avanzadas expandieron considerablemente sus estados de bienestar tras la Segunda Guerra Mundial; muchos lo hicieron de nuevo tras la crisis financiera global de 2008 y en respuesta al COVID-19. Las economías de mercados emergentes enfrentan una fuerte presión para reforzar sus redes de seguridad más modestas, ya que los ciudadanos exigen crecimiento con equidad. El problema es que el apetito por beneficios suele superar la disposición de las sociedades a movilizar ingresos. Y las decisiones para reducir los impuestos no siempre van acompañadas de contención del gasto. Los gobiernos no pueden proporcionar beneficios a nivel nórdico sin una tributación a nivel nórdico, y aun con tales impuestos, el envejecimiento y otras presiones desafían la aritmética.
Equilibrar credibilidad y flexibilidad plantea otro dilema. Los gobiernos necesitan espacio para responder a los shocks, pero también deben tranquilizar a los mercados y a los ciudadanos de que la deuda seguirá bajo control. Normas fiscales rígidas —como un techo de deuda excesivamente vinculante— o recortar gastos y subir impuestos demasiado rápido pueden profundizar las recesiones, y ignorar los déficits puede desencadenar una reacción en el mercado, como ocurrió durante la crisis de la deuda de la zona euro. El reto es un compromiso sólido con la sostenibilidad sin una política de camisas de fuerza. Esto requiere anclas fiscales creíbles a medio plazo con cláusulas de escape para sorpresas raras; planes transparentes que prioricen la inversión mientras protegen a los vulnerables; y marcos institucionales que generen confianza sin socavar la capacidad del gobierno para responder a recesiones severas. Conseguir este equilibrio adecuado nunca ha sido tan importante—ni tan difícil.
Un tercer dilema es si invertir ahora o conservar potencia de fuego para más adelante. Las necesidades urgentes —seguridad nacional, resiliencia ante los choques, transición climática, inclusión social y desarrollo— demandan recursos. Pero cada dólar gastado hoy significa un colchón más delgado para la próxima crisis. En un mundo de descargas frecuentes, el equilibrio es duro. Los países que agoten la capacidad de endeudamiento en tiempos favorables se verán peligrosamente expuestos cuando llegue la próxima recesión o desastre. No se trata de planificar en torno a los mejores escenarios, sino de diseñar estrategias fiscales viables cuando surjan sorpresas: conviene guardar algo cuando la próxima crisis puede estar a la vuelta de la esquina.
Cada decisión presupuestaria ahora tiene ganadores, perdedores y momentos explícitos, y la economía política de esas decisiones se ha vuelto más complicada. ¿Quién o qué tiene prioridad? ¿Qué impuestos la financiarán y qué programas deben ceder? Estas preguntas ya no pueden taparse con nuevas deudas. Deben responderse claramente, y eso está resultando ser un desafío formidable.
Desafíos intergeneracionales
Una deuda pública elevada es más que una preocupación macroeconómica; también es una cuestión de equidad entre generaciones. En palabras del estadista del siglo XVIII Edmund Burke, “La sociedad es una sociedad… entre los que están vivos, los que están muertos y los que están por nacer.” La deuda permite financiar proyectos que impulsan el crecimiento, amortiguar un choque o repartir los costes de forma más equitativa a lo largo del tiempo. Pero los déficits persistentes se financian con deuda que los trabajadores y contribuyentes del mañana deben cubrir. Cuando la deuda es grande y los tipos de interés suben, más recursos públicos fluyen hacia los tenedores de bonos que hacia los bienes públicos. Esa transferencia continúa mientras la deuda permanezca—y crece si continúa el endeudecimiento.
La demografía intensifica el desafío de dos maneras. A medida que las sociedades envejecen, el coste de proporcionar pensiones y atención sanitaria comienza a crecer más rápido que los ingresos fiscales. Y donde las tasas de natalidad se desploman, estos costes los asume una plantilla en declive. Las economías avanzadas ahora cuentan con unos tres trabajadores por jubilado, frente a unos cuatro en 2000, y la cifra se acerca a dos trabajadores para 2050 (OCDE 2025). Además, muchas obligaciones de pensiones y sanidad permanecen fuera del balance del gobierno y, a medida que la población envejece, estas obligaciones implícitas aparecen en los presupuestos, a menudo con fuerza desestabilizadora. Eso plantea decisiones difíciles: subir los impuestos, reducir las prestaciones o seguir pidiendo prestado y simplemente retrasar el ajuste de cuentas.
Cuanto más se pospongan las decisiones difíciles, más abrupto y gravoso será el ajuste cuando los acreedores o la realidad fiscal finalmente obliguen a actuar. Y peor aún, la factura recae en menos personas. Mientras tanto, las transferencias y otros gastos y servicios de la deuda actuales pueden desplazar la inversión en educación, tecnología e infraestructuras, erosionando la prosperidad de la próxima generación. La economía política magnifica el desafío. Los votantes actuales se resisten a los recortes a los beneficios ganados o prometidos, y los votantes mayores pueden formar un bloque electoral especialmente poderoso.
Los políticos, tentados a evitar medidas impopulares como subir la edad de jubilación, recortar prestaciones o ampliar la base impositiva, dejan que la deuda asuma la presión. Este sesgo hacia el presente plantea importantes cuestiones de equidad. Los jóvenes ven que los gobiernos acumulan deuda y sospechan que recibirán el cheque a través de impuestos más altos y servicios públicos más ajustados cuando se jubilen. La confianza se erosiona y el contrato social entre generaciones se deshilacha. Los mercados financieros también toman nota, exigiendo primas de riesgo más altas o retrocediendo cuando perciben que el ajuste fiscal se está posponiendo indefinidamente.
Pero pedir prestado no es inherentemente malo para los jóvenes. La deuda puede ayudar a construir un futuro mejor si impulsa el crecimiento o evita recesiones profundas. Las inversiones financiadas por deuda en infraestructuras, educación y resiliencia climática pueden aportar beneficios a los futuros ciudadanos. Lo preocupante es que demasiada deuda reciente ha financiado el consumo actual o la evitación de decisiones difíciles, transfiriendo efectivamente más carga a los futuros contribuyentes en lugar de a quienes se benefician hoy. La cuestión clave es si estamos dejando un mundo mejor y más próspero para la próxima generación, o simplemente dejándoles el proyecto de ley.
Si la política fiscal consiste en distribuir los costes a lo largo del tiempo y los grupos sociales, entonces la confianza es la moneda que hace que esta distribución sea políticamente viable. Sin confianza, incluso las reformas más sensatas y bien diseñadas pueden flaquear cuando los ciudadanos dudan de sus motivos y resultados. Con la confianza, las sociedades están más dispuestas a aceptar sacrificios difíciles y mantenerlos a lo largo del tiempo.
Miedos de los ciudadanos
La confianza es la creencia de que algo es seguro y fiable, o que una persona es buena y honesta. Cada uno de estos elementos tiene un equivalente fiscal: los acuerdos deben ser comprendidos, justos, transparentes y competentes; de lo contrario, no se les confiará.
Muchas sociedades sufren un déficit de confianza (Gráfico 3). Investigaciones recientes, basadas en una encuesta realizada a 27.000 personas en 13 países en 2024, arrojan luz sobre las lagunas de percepción que alimentan esta desconfianza (Bianchi, Dabla-Norris y Khalid 2025). Muchas personas —tanto de economías avanzadas como emergentes— no entienden cuestiones fiscales básicas. Por ejemplo, solo alrededor del 42 por ciento de los encuestados entendía que subir impuestos o recortar el gasto reduciría el déficit público. De manera similar, más del 60 por ciento subestimó el nivel deuda-PIB de su país, especialmente en países con alta deuda. Si la gente cree que la deuda no es tan alta o dañina, naturalmente verá las llamadas a la reforma fiscal como exageradas o políticamente motivadas. Estas percepciones erróneas atenuan la sensación de urgencia y dificultan la formación de apoyo para una acción correctiva oportuna.
Sin confianza, el pesimismo sobre las políticas gubernamentales aumenta. Los encuestados que reportan mayor confianza en su gobierno tienen un 20 por ciento más de probabilidades de creer que sus políticas ayudarán a estabilizar o reducir la deuda pública. Aunque los encuestados en general tienden a dudar de que las políticas actuales para reducir la deuda les vayan a beneficiar, quienes confían más en el gobierno tienen un 17 % más de probabilidades de esperar un impacto positivo en su propio bienestar.
La encuesta también reveló preocupaciones que atraviesan líneas de ingresos y demografías. Muchas personas temen perder pensiones o servicios esenciales de los que dependen. Y dudan de que la carga de resolver los problemas fiscales se reparta de forma justa. Estas ansiedades influyen en cómo votan y protestan los ciudadanos. Las personas que esperan verse perjudicadas por las reformas fiscales son mucho menos propensas a apoyarlas, independientemente de la razón económica. Por ejemplo, si los trabajadores de clase media asumen que la reducción del déficit significa una edad de jubilación más alta o una pensión más baja, se opondrán a ello. Si los contribuyentes ricos sospechan que la reforma significa un impuesto sobre la riqueza dirigido a ellos, ellos también se opondrán. Y si el público piensa que los nuevos impuestos se malgastarán por corrupción o mala gestión, verá pocas razones para pagarlos.
La experiencia también moldea la confianza. En países que han soportado repetidas rondas de austeridad sin mucho resultado, la gente se vuelve cínica respecto a cualquier nuevo plan fiscal. Si los recortes severos no logran reducir la deuda, los ciudadanos se preguntan comprensiblemente: “¿Por qué creer que esta próxima ronda de recortes de gasto o impuestos más altos solucionará algo?” De manera similar, la corrupción o el mal uso de fondos de estímulo socava la confianza pública en la competencia gubernamental. En este entorno, incluso las propuestas de reforma leves pueden provocar indignación, porque la gente asume motivos ocultos o efectos injustos. Si mencionas la reforma de las pensiones, estallan protestas cuando la gente teme que su seguridad ganada con esfuerzo desaparezca. Hablar de reforma fiscal hace que muchos sospechen inmediatamente que sus ingresos ganados con esfuerzo serán mal aprovechados. La experiencia con las reformas de las subvenciones al combustible es reveladora: los costes fiscales, la mala segmentación y las distorsiones económicas están bien comprendidos, pero la implementación ha demostrado repetidamente complejidad política y social.
La desconfianza puede desencadenar un círculo vicioso. Los líderes, temiendo represalias, posponen medidas duras; Los problemas de deuda empeoran, erosionando aún más la confianza. Pero cuando los ciudadanos creen que los sacrificios se comparten de forma justa y conducirán a un futuro mejor, han demostrado estar dispuestos a aceptar incluso reformas dolorosas, como ajustes en los sistemas de pensiones (FMI 2024, 2025). Solo la confianza convencerá a los votantes de aceptar sacrificios a corto plazo por una estabilidad a largo plazo.
Construyendo confianza
La alta deuda pública actual está poniendo a prueba a gobiernos y sociedades de formas sin precedentes, y la urgente necesidad de actuar es evidente. Cada año de deriva deja a los países más expuestos a choques en los tipos de interés y cambios en la confianza del mercado. Pero arreglar las finanzas públicas no se trata de austeridad indiscriminada. Se trata de dar pasos graduales y bien calibrados para poner la deuda en un camino sostenible mientras continúan invirtiendo en el futuro. Esto exige honestidad sobre los sacrificios y disposición a ceder: los responsables políticos deben ser sinceros con la gente sobre las decisiones difíciles, y la gente debe reconocer que algunos programas muy apreciados no pueden continuar sin recursos o reformas adicionales.
La confianza es central en esta ecuación. La gente debe creer que los sacrificios se compartirán con justicia y que las reformas conducirán a beneficios tangibles. La gente es más propensa a apoyar medidas difíciles si percibe la política fiscal como competente, transparente y justa. Pero la confianza no se invoca de la noche a la mañana. Debe ganarse y mantenerse.
No existe un único plan para construir confianza, pero ciertas instituciones y prácticas pueden ayudar. La transparencia presupuestaria y una gestión financiera pública bien estructurada sentan las bases. Los consejos fiscales independientes —con mandatos claros, autonomía real y sólida experiencia técnica, como en los Países Bajos— ofrecen evaluaciones imparciales y exigen responsabilidades a los gobiernos por sus planes fiscales. Las evaluaciones de gastos, los informes de gasto fiscal y las evaluaciones de impacto, elaboradas por gobiernos o organismos independientes, ayudan tanto a los responsables políticos como al público a entender hacia dónde va el dinero y qué aporta. Una gestión prudente de la masa salarial pública y una contratación eficiente pueden reducir la percepción de desperdicio. Reducir regímenes fiscales especiales y privilegios de pensiones mejora la equidad, mientras que una estricta supervisión de las empresas estatales señala responsabilidad y competencia. Estas medidas no son una solución para todo, pero ayudan a cerrar la brecha entre lo técnicamente posible y lo políticamente factible. Crean espacio para la reforma reforzando la credibilidad de la política fiscal y demostrando que los gobiernos se toman en serio ofrecer una relación calidad-precio.
Equilibrar el realismo sobre las limitaciones con las ambiciones de cambio es esencial. Si gestionamos sabiamente el desafío de la deuda, podemos asegurar una base estable para la prosperidad a largo plazo y preservar el contrato social entre generaciones. Si fracasamos o esperamos demasiado, corremos el riesgo de una crisis económica y una mayor erosión de la fe en las instituciones. El camino fiscal que elijamos hoy definirá la prosperidad y la justicia mañana.
ERA DABLA-NORRIS, es subdirector en el Departamento de Asuntos Fiscales del FMI.
RODRIGO VALDES, es el director del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI.
Cobrar en dólares o criptomonedas dejó de ser algo excepcional. Hoy es parte del día a día de miles de argentinos que trabajan para el mundo: programadores, diseñadores, marketers, creadores de contenido. Según datos de la plataforma de gestión de cobros de honorarios en criptomonedas, Bitwage, más del 40% de sus usuarios son argentinos, con una facturación mensual promedio superior a los USD 1.640, lo que refleja el crecimiento sostenido de profesionales y empresas argentinas que prestan servicios al exterior.
En ese contexto, fintechs, billeteras cripto y plataformas especializadas en cobros internacionales vienen ganando protagonismo al ofrecer alternativas más flexibles para recibir ingresos del exterior.
1. El “fee bajo” no siempre significa pagar menos
Uno de los errores más comunes es mirar solo la comisión.
Muchas plataformas promocionan “0% fee” o costos bajos, pero el impacto real puede estar en otros factores menos visibles.
“El usuario suele mirar la comisión, pero no el tipo de cambio al que recibe el dinero ni las condiciones de salida para retirar los fondos. Ahí es donde aparecen costos invisibles”, explica Fabiano Dias, international business developer de la plataforma de cobros en criptomonedas, Bitwage. “Un punto clave —y poco evidente— es que el saldo que ve el usuario no siempre es el dinero que finalmente puede usar”, agrega
En muchos casos, una persona puede ver acreditados USD 1.000 en su cuenta o billetera, incluso bajo la promesa de “0% de comisión” al recibir el dinero. Sin embargo, ese número es solo una referencia inicial.
Al momento de utilizar esos fondos —ya sea retirarlos, convertirlos o enviarlos— empiezan a aparecer costos que no siempre están explicitados en una única instancia. En un escenario desfavorable, pueden superar el 6% del total, lo que implica que de USD 1.000 iniciales el usuario termine recibiendo cerca de USD 935 netos.
“Por eso, el costo real de una operación no se ve en el ingreso, sino en el momento en que el usuario decide usar el dinero”, resume Dias.
2. Elegir mal la red puede salir caro
No todas las criptomonedas funcionan igual, incluso cuando se trata de la misma stablecoin. No es un dato menor: a nivel global, el 45% de los usuarios de Bitwage elige cobrar en stablecoins (criptomonedas estables como USDT o USDC), mientras que en Argentina ese porcentaje asciende al 75%, lo que evidencia una adopción significativamente mayor de estos activos atados al dólar.
USDT, por ejemplo, puede operar en distintas redes (Ethereum, Tron, Polygon), y cada una tiene costos completamente diferentes.
3. El horario en el que se opera también influye
Aunque el mercado cripto opera las 24 horas, no todos los momentos ofrecen las mismas condiciones.
“La liquidez cambia a lo largo del día. Cuando hay mayor volumen —por ejemplo, en horarios donde coinciden los mercados de Europa y Estados Unidos— las condiciones de ejecución suelen ser más eficientes”, explica Dias.
Operar en horarios de baja actividad —como la noche o fines de semana— puede implicar costos más altos sin que el usuario lo perciba.
4. Dónde cobrar también importa (y cada vez más)
Además de los costos operativos, otra variable empezó a ganar relevancia: dónde se recibe el dinero.
En Argentina, las plataformas locales o registración formal en el país tienen obligaciones de información ante organismos fiscales como ARCA. Esto implica que ciertos movimientos pueden quedar reportados y requerir su correspondiente facturación e impacto impositivo.
Distinto es el caso de plataformas internacionales sin estructura local o billeteras descentralizadas, donde no necesariamente existen los mismos mecanismos de reporte automático. Aunque los contribuyentes siguen estando obligados a declarar esos ingresos conforme a la normativa vigente.
“Es importante que el usuario entienda con qué tipo de plataforma opera. Una cosa es una billetera virtual local y otra una plataforma internacional de pagos. En nuestro caso, somos una compañía registrada en Estados Unidos, que opera bajo ese marco regulatorio y no como una entidad financiera argentina, por lo que no está alcanzada por los mismos regímenes informativos automáticos que aplican a proveedores locales”, explican desde Bitwage.
Esto no implica que los fondos queden fuera del marco legal: la obligación fiscal depende de la residencia del contribuyente y del origen de los ingresos, coinciden especialistas del sector.
5. No existe una opción “más barata”: depende de cómo se use el dinero
Otro error frecuente es buscar una única plataforma que resuelva todo. En la práctica, el costo final depende del uso.
“Muchos usuarios pierden eficiencia por no entender que cada decisión impacta en el resultado final. No existe una única solución más conveniente, sino una combinación de decisiones informadas. Incluso mantener fondos inmovilizados implica un costo de oportunidad: hoy existen alternativas dentro del ecosistema cripto, como herramientas de rendimiento —staking o provisión de liquidez— que permiten optimizar esos fondos según el perfil de cada usuario”, señala María Fernanda Juppet, CEO de la exchange Notbank by CryptoMarket.
El reclamo del forestal Nicolás Ocampo al Gobierno nacional de una rebaja de impuestos para impulsar la competitividad no es un planteo aislado. Pese a las promesas, Javier Milei mantiene prácticamente intacta la estructura impositiva de la Argentina, aunque ahora las empresas enfrentan un desafío mucho más duro, con mayores costos y una brutal caída de las ventas.
Las empresas argentinas enfrentan un escenario marcado por una demanda que se mantiene débil, una mayor competencia derivada de la apertura de las importaciones y una recuperación económica heterogénea entre sectores. El Gobierno de Javier Milei logró ordenar algunas variables macroeconómicas clave, pero ese proceso todavía no se tradujo en una cancha más nivelada para las empresas locales. En los hechos, la economía comenzó a moverse a dos velocidades: mientras algunos sectores avanzan con fuerza, otros -más ligados al mercado interno- continúan rezagados.
En ese contexto, la estructura impositiva que enfrentan las pymes permanece prácticamente inalterada, parte del denominado “costo argentino”, aun cuando el entorno en el que operan se volvió más exigente.
Es sobre ese telón de fondo que cobra relevancia un nuevo informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). El Vademécum tributario argentino de pymes 2025 corrió el foco de la discusión tradicional sobre presión fiscal y puso el acento en la cantidad y complejidad de las obligaciones que debe administrar una empresa promedio.
El relevamiento muestra que una pyme argentina enfrentó el año pasado al menos 67 impuestos y regímenes a lo largo de un año. El número surge de la combinación de 37 tributos -18 nacionales, 8 provinciales y 11 municipales- y 30 regímenes de retención, percepción e información. Desde el IARAF aclaran que el estudio no mide cuánto se paga, sino cuántas obligaciones deben gestionarse, y advierten que, pese a la eliminación del impuesto PAIS en 2025, el entramado general prácticamente no se modificó.
Para el análisis, el instituto construyó una pyme modelo, organizada como sociedad de responsabilidad limitada (SRL), con empleados en relación de dependencia, establecimiento propio, flota de vehículos, consumo de servicios públicos, uso del sistema financiero y operaciones tanto en el mercado interno como en el comercio exterior. A partir de ese perfil, el informe detalla cómo la operatoria cotidiana activa múltiples tributos y regímenes administrativos.
Así, por ejemplo, la compra de insumos, la venta de productos en el mercado local y el uso de servicios básicos como electricidad, gas, agua, internet o telefonía involucran combinaciones de IVA, Ingresos Brutos, tasas municipales, impuesto al cheque y distintos fondos fiduciarios. A su vez, la importación de insumos y la exportación de bienes finales incorporan derechos específicos y tasas estadísticas, mientras que la tenencia de inmuebles y vehículos suma gravámenes provinciales y municipales adicionales.
Uno de los puntos más sensibles del relevamiento es el peso de los regímenes de retención, percepción e información. El Iaraf identifica 30 regímenes distintos, que no solo implican pagos anticipados, sino también una carga administrativa significativa. Estos mecanismos convierten a las pymes en agentes de recaudación o las obligan a cumplir con presentaciones periódicas ante múltiples organismos, elevando los costos de gestión.
La relevancia de este entramado se amplifica por el peso del segmento pyme en la economía. Según datos de Ucema, en la Argentina existen más de 515.000 pymes, que representan el 98% de las firmas empleadoras del sector formal. Estas empresas generan el 50% del empleo asalariado registrado y explican alrededor del 35% de la masa salarial formal, lo que las convierte en el principal sostén del mercado laboral privado.
Sin embargo, el contexto en el que operan sigue siendo adverso. De acuerdo con un informe de Equilibra, entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo período de 2025 la actividad económica se mantuvo prácticamente estancada en términos agregados, aunque con fuertes diferencias sectoriales. Solo 19 de los 55 sectores productivos lograron expandirse, mientras que los restantes 36 se contrajeron. La recuperación estuvo liderada por sectores capital-intensivos y con bajo peso pyme, mientras que las actividades más dependientes del mercado interno continúan rezagadas.
Al mismo tiempo, la apertura comercial profundizó la competencia externa. Equilibra señala que, en 16 de los 20 sectores productores de bienes transables que redujeron su producción, las importaciones ganaron participación en el mercado interno. La mayor competencia externa impacta con más fuerza en empresas de menor tamaño, con estructuras de costos menos flexibles y mayor dependencia del consumo local.
El impacto sobre el empleo completa el cuadro. Según un informe de Econviews, entre octubre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 182.000 puestos de trabajo privados registrados. Los sectores que lideraron el crecimiento de la actividad no fueron los principales generadores de empleo, mientras que la industria y la construcción, más intensivas en mano de obra, concentraron buena parte de la destrucción de puestos. En ese contexto, el peso de los costos fijos —entre ellos los tributarios y administrativos— adquiere mayor relevancia para las pymes, que operan con menor escala y menor capacidad de absorber shocks.
Este contraste se vuelve más visible al observar el sesgo de las políticas de incentivo vigentes. El Gobierno impulsó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece beneficios fiscales, impositivos y cambiarios a proyectos de gran escala, concentrados casi exclusivamente en energía y minería. Se trata de sectores con alto potencial exportador, pero bajo peso relativo en empleo y entramado pyme. Mientras esos proyectos acceden a un esquema de estabilidad y alivio tributario, las pymes continúan operando bajo un sistema complejo y fragmentado, sin cambios estructurales en la carga administrativa que enfrentan.
En paralelo, el Gobierno decidió postergar la prometida reforma tributaria con la que planeaba reducir la carga impositiva sobre la economía. La iniciativa no fue incluida ni en las sesiones extraordinarias de diciembre ni en las de febrero. Según admitieron en el equipo del ministro de Economía, Luis Caputo, en conversaciones con empresarios, no se discutirá durante 2026, dado que no ven margen para eliminar más impuestos sin poner en riesgo el superávit fiscal, principal ancla del programa económico.
En contraste, el Ejecutivo sí tiene previsto avanzar con una reforma laboral, orientada a reducir el costo de contratación y el pasivo asociado a eventuales juicios. Dentro de ese paquete, el Gobierno analiza la creación de un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), aún en elaboración, que buscaría ofrecer beneficios fiscales acotados -como amortización acelerada y devolución de créditos fiscales de IVA- para inversiones productivas de empresas nacionales y extranjeras de menor escala, con montos mínimos diferenciados según el tamaño de la firma. Se trata, por ahora, de una herramienta en etapa de diseño, sin reglamentación ni impacto inmediato.
Para muchas pymes, sin embargo, incluso estos eventuales alivios resultan insuficientes frente a un sistema tributario que sigue siendo complejo y fragmentado, más aún cuando provincias y municipios reforzaron la recaudación vía Ingresos Brutos y tasas locales, profundizando la superposición de cargas.
Mientras la macro se ordena, la microeconomía aún opera con un sistema que no se simplifica. Para las pymes, que concentran la mayor parte de las empresas y del empleo del país, el desafío no es solo producir y competir en un mercado más abierto, sino también administrar un entramado de que suma 67, entre impuestos, tasas y regímenes que atraviesa todos los niveles del Estado.
El ingeniero forestal Nicolás Ocampo, impulsor del Grupo Jóvenes Ingenieros Forestales de Misiones y ex vicepresidente del Colegio de Ingenieros Forestales, respondió a las declaraciones del diputado nacional Diego Hartfield, quien había defendido las políticas del gobierno de Javier Milei y planteado la competencia como motor del crecimiento, comparándola con su experiencia como ex tenista profesional.
Ocampo valoró la trayectoria deportiva del legislador y el concepto de competencia, pero advirtió que no puede trasladarse de manera lineal al entramado productivo. “Sería bueno que le pregunte a los productores y a los dueños de las pymes forestales si quieren competir. Estoy seguro de que absolutamente todos le van a decir que sí”, sostuvo.
En ese marco, remarcó que la forestoindustria misionera —compuesta por más de 500 pymes— es uno de los sectores que más riqueza genera en la provincia, con producción de bienes y servicios, empleo directo e impacto social. Sin embargo, aseguró que hoy atraviesa “la mayor crisis de su historia”.
Según explicó, el problema no es la falta de voluntad para competir, sino las condiciones en las que se exige hacerlo. Entre los factores críticos mencionó el fuerte aumento de los costos: en los últimos dos años, el precio de la energía se incrementó más de un 617% —una decisión tomada a nivel nacional— y el gasoil cerca de un 250%, afectando de manera directa a la actividad forestal y a la logística.
Frente a este escenario, Ocampo planteó una reducción del IVA al 10% y del impuesto a las ganancias en niveles similares, como ocurre en Paraguay. “Misiones tiene el 90% de sus límites con Paraguay y Brasil. Si la Nación nos brinda herramientas de competitividad, podemos ser una potencia productiva e industrial y terminar con desventajas históricas. Eso sería verdadera libertad para competir”, afirmó.
También cuestionó la ausencia de una política energética nacional para el sector industrial y recordó que países como Alemania, Estados Unidos, Japón y los miembros de la Unión Europea subsidian la energía para sostener la producción. A eso sumó la necesidad de precios diferenciales para Misiones, considerando el impacto que tuvo la represa de Yacyretá en la provincia, medidas que dependen exclusivamente del Estado nacional.
Otro punto señalado fue el ingreso de productos forestales importados, como muebles provenientes de China, e incluso la posibilidad de importar viviendas industrializadas. “¿No les parece que así la competencia deja de ser justa?”, planteó.
Además, advirtió sobre la desventaja estructural que implica la falta de acceso al gas natural en Misiones y llamó a revisar la aplicación de la Ley Nacional de Promoción Forestal 25.080. Según indicó, los beneficios fiscales previstos en la norma estarían siendo aprovechados mayormente por grandes empresas, generando concentración y dejando en desventaja a las pymes y a los productores.
Finalmente, Ocampo cuestionó que, en medio de esta crisis, se impulse una reforma laboral “desde la urgencia”, enfrentando a trabajadores y pequeñas y medianas empresas sin resolver los problemas de fondo. “La competencia es buena, pero solo bajo condiciones justas. Hoy los productores no pueden competir no porque no quieran, sino porque las decisiones políticas nacionales los están ahogando”, concluyó.
