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Nueva pulseada: Nación quiere eliminar impuestos provinciales

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El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, prepara un proyecto de reforma tributaria que atacaría esencialmente a dos impuestos que considera “distorsivos”: los que se aplican sobre Ingresos Brutos y sobre los débitos y créditos bancarios, más conocido como éste último como impuesto al cheque. El objetivo del funcionario es eliminarlos pero reemplazarlos por otros que tengan un impacto menos nocivo en la economía.

El equipo de Dujovne presiona a las provincias con un acuerdo para eliminar Ingresos Brutos, al que consideran “el más distorsivo” de los impuestos en revisión. No es un tema sencillo, porque se estima que este tributo implica el 80% de la recaudación de los Estado provinciales.

La primera respuesta firme en contra del embate sobre Ingresos Brutos llegó desde Misiones. El presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, al igual que el Gobernador, sostuvo que Misiones va a defender el esquema tributario provincial “que es de vanguardia en materia económica”.

“Nada reemplaza los impuestos para atender todas estas finalidades, más aún en época de vacas flacas. El Boleto Estudiantil Gratuito de Misiones es el principal sostén del presentismo del alumno y significa más del 30 por ciento de los recursos de una familia humilde, que los provee el Estado provincial”, consideró.

No fue el único mensaje críptico. Fiel a su pensamiento, Rovira cuestionó severamente el endeudamiento como forma de financiamiento. 

“Celebro la defensa de Pasasalacqua de los recursos provinciales, que lo hace con uñas y dientes, sin gritar. En el pensamiento liberal, es incómodo algunas realidades provincials. Pero en economìa, se hace frente con recursos propios o te endeudás, que es inmensamente peor. Cubrir las necesidades del Estado tomando plata prestada, es de muy corto plazo y un problema grave. Aparte es indebido, porque el verdadero progreso es con recursos propios. El esfuerzo fiscal de Misiones es para cumplir con esto”, aseveró.

Según trascendió, el Gobierno de Mauricio Macri tiene decidido bajar la presión o directamente eliminar, el que quizá sea el impuesto más distorsivo del sistema tributario argentino. La jefatura de Gabinete de Marcos Peña ya dio el aval para que se avance en dirección a terminar con el tributo a los Débitos y Créditos Bancarios, que grava las operaciones de transferencias financieras y encarece las operaciones bancarias, fundamentalmente de las pequeñas y medianas empresas y contribuyentes. Terminar con el impuesto al cheque es además una de las muchas promesas de campaña de Mauricio Macri, que quiere tener el anuncio definido antes de las elecciones legislativas de octubre de este año. Para avanzar en la reducción de la presión o en el fin del impuesto al cheque, el Gobierno debe elegir entre dos opciones sobre las que está trabajando el Ministerio de Hacienda: o impulsarlo dentro de la reforma impositiva integral que está preparando el Ejecutivo para enviar al Congreso Nacional antes de diciembre, o avanzar en cambios puntuales en el tributo, más allá que se concrete el proyecto global de modificaciones en el sistema tributario argentino. Desde el Gobierno se buscaría esta segunda opción. El problema es que se necesitaría impulsar nuevos ingresos para el Estado nacional, que reemplacen la recaudación anual del impuesto al cheque.

En términos de ingresos, no será fácil encontrarle un reemplazo al dinero que el sector público obtiene cada mes por este tributo. El año pasado, por esta vía, según anunció en enero pasado la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se obtuvieron unos $131.669 millones con un aumento del 35% en forma interanual (más que el 27% anual de la recaudación total), con un promedio mensual de 10.970 millones. Este año el dinero obtenido es aún mejor, con unos 13.059 millones de pesos en enero y unos 12.722 millones en febrero. Se trata además de un impuesto de recaudación fácil y diaria y que crece al ritmo de la recuperación del sistema financiero argentino que, se supone, tendrá un movimiento cada vez más importante en los próximos tiempos si se consigue, según piensa el oficialismo, la reactivación de la economía y real y el acompañamiento de los bancos.

El Gobierno está convencido de que se trata de un impuesto ampliamente distorsivo y negativo para las pautas de crecimiento, además de estar históricamente atado con los años de mayor presión tributaria sobre los privados. El Gobierno quiere que la solución a este problema de ingresos se estudie en conjunto con el sistema financiero, y que en el momento de cerrar un acuerdo con los bancos este sea transmitido a la clase política para que no haya problemas en ser aprobado por el Congreso Nacional. La idea es siempre que la solución a la pérdida de recaudación se encuentre antes de fin de año para anticipar el proyecto a las elecciones legislativas de octubre. A diferencia de otros impuestos, no hay problema de aplicar una mejora en este tributo, ya que no es de facturación anual sino mensual. Esto implica que una vez aprobada su modificación en el Congreso, la mejora se podría aplicar automáticamente una vez reglamentada la nueva norma desde el organismo que maneja Alberto Abad.

Por ahora se estudian dos alternativas para la eliminación o disminución del impuesto al cheque. Una es implementar una resolución que permita tomar a cuenta de otros impuestos el tributo. Se piensa en Ganancias o Bienes Personales en el caso de los trabajadores autónomos; o en algún pago a cuenta por parte de los monotributistas. Sería la alternativa que menos costaría para el Gobierno, y que, en algunos casos, incluso ayudaría a blanquear la economía ya que para poder descontar el tributo este debería pasar por el sistema financiero para luego tomarse como pago a cuenta. Como consecuencia, sólo los trabajadores, pyme y medianas y grandes empresas bancarizadas podrían utilizar el beneficio. Sin embargo tendría alcances limitados para el resto de los contribuyentes.

La otra alternativa que se estudia es aplicar algún tipo de impuesto a las tenencias financieras, incluyendo los depósitos en efectivo en pesos o las tenencias a plazos. Esta alternativa está siendo analizada por el Ministerio de Hacienda de Nicolás Dujovne con algunos bancos con los que ya se reunió en enero pasado. Las entidades propusieron como primer ensayo de trabajo avanzar sobre la necesidad de bancarizar al máximo los pesos circulando fuera del sistema y que se trasladan en efectivo por el público para evitar el impuesto al cheque, para luego aplicar un tributo de menor presión que el impuesto al cheque pero para los depósitos. El cálculo que hacen las entidades financieras es que en el volumen general de dinero en pesos que se maneja en los bancos locales un porcentaje de no más del 0,5% del total serviría para compensar las pérdidas de recaudaciones del impuesto al cheque. Hoy el tributo tiene un costo del 1,2%, con lo que se reduciría a la mitad.

La historia del impuesto es conocida. Fue creado por Domingo Cavallo en agosto de 2001 como rápida, fácil y diaria recaudación y como prenda a las presiones del FMI para garantizar ingresos públicos y evitar el default. La idea en esos tiempos era que su vigencia se extendiera no más allá de seis meses. O, como máximo, un año. Sin embargo aún está con nosotros, casi 15 años y medio después.

 
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Afip: todos los comercios, profesionales y centros culturales o deportivos deberán aceptar tarjetas de débito

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Todos los comercios, profesionales, centros de salud, culturales o de entretenimiento tendrán que cumplir con la obligación de aceptar tarjeta de débito para sus operaciones, en un proceso que comenzará en abril y culminará en diciembre, anunció hoy la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
El titular de la dependencia oficial, Alberto Abad, dijo que esta medida “busca cumplir con la ley y permitirá hacer efectivo los beneficios de descuentos para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales que paguen a través de tarjeta de débito”.
Abad, en declaraciones a la prensa efectuadas en la sede del organismo, señaló que previo a la puesta en marcha de la medida se dialogó con todas las cámaras empresarias, como CAME, CAC y supermercados chinos, para llegar a un acuerdo y aplicar esta Ley que data del 2001.
Además, con esta medida, “buscamos hacer más transparente la economía, y ampliar la base de contribuyentes, para reducir la carga impositiva”.
La resolución -que se publicará el jueves en el Boletín Oficial- da cuenta que a partir del 30 de abril próximo, todos los comercios, mayoristas o minoristas, hoteles y restaurantes, con ingresos mayores o iguales a 4,0 millones de pesos facturados en el período fiscal 2015 deberán contar con el sistema POS para facturar sus operaciones con tarjeta de débito.
Quienes hayan facturado entre 1 y 4,0 millones de pesos, lo deberán hacer a partir de mayo, y los que registraron montos menores, a partir del 30 de junio.
Los profesionales, centros de salud, de cultura, deportes y de entretenimientos, tendrán que usar el sistema POS a partir del 31 de julio en los casos que la facturación haya superado los 4,0 millones de pesos en el período fiscal 2015.
En tanto, a partir del 31 de agosto comenzará a correr el plazo para quienes facturaron entre 1 y 4,0 millones,y el 30 de septiembre para los que facturaron menos de un millón de pesos.
El resto de los contribuyentes, siempre con la escala de ingresos antedicha, deberán utilizar el sistema POS a partir del 31 de octubre, 30 de noviembre, y 31 de diciembre, respectivamente.
También deberán utilizar POS de manera obligatoria los monotributistas productores de bienes y venta de productos, con categorías desde la F y hasta la K inclusive a partir del 31 de diciembre, y desde las categorías A hasta la E a partir del 31 de marzo del año próximo.
Para alentar la utilización de los POS, los monotributistas que los instalen no tendrán costo por el alquiler del dispositivo por dos años, subrayaron en la AFIP.
En tanto que los inscriptos en el IVA que instalen POS para cobrar con tarjeta de débito tendrán bonificaciones en el costo por alquiler del dispositivo, descuentos del 50 por ciento hasta por seis meses, o gratuidad de hasta 2 años, según el proveedor.
Además, la AFIP disminuye el 50 por ciento la retenciones del IVA y Ganancias en todas las operaciones con tarjeta de débito.
La decisión de generalizar el esquema de bancarización de los pagos tiene un objetivo fiscal, por un lado, y de menor uso de dinero físico por el otro.
El año pasado, la facturación por ventas con tarjetas de débito creció un 48%, según un informe elaborado por Atacyc, la cámara que núclea a las principales empresas del sector.
Este incremento en términos nominales superó incluso el nivel de evolución de los precios del año pasado, que marcó un incremento del orden del 40%.
En lo que respecta al número de transacciones, Atacyc precisó que las operaciones abonadas con tarjetas de débito aumentaron 16% y los rubros que más crecieron fueron “Combustibles”, “Farmacias”, “Restaurantes” y el pago de “Servicios Públicos”. En tanto, los sectores que menos crecieron fueron “Artículos para el Hogar” “Indumentaria” y “Supermercados”.
 
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El PBG de Misiones superó los 377 mil millones durante 2016

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El director general de Rentas de Misiones, Miguel Arturo Thomas informó que el Producto Bruto Geográfico de la provincia para el año pasado fue del 377.043.966.661 pesos, más del doble que el último dato conocido, de 2014, cuando el PBG según los datos de Rentas y el Instituto Provincial de Estadística y Censos, alcanzó los 156.515.497.541 pesos.

Rentas hace el cálculo del PBG de acuerdo s a la recaudación impositiva de los distintos sectores de la economía, utilizando métodos de aproximación y teniendo como herramienta principal las declaraciones juradas de los contribuyentes dedicados a las distintas actividades económicas, mediante el procesamiento y extrapolación de los datos se calcula un valor lo más aproximado posible.

Así, se calcula el PBG directo de las distintas actividades económicas en Misiones alcanzó a 266 mil millones, mientras que a través del Convenio Multilateral se suman otros 110 mil millones.

El departamento capital movió 163 mil millones de pesos y encabeza el ranking de la distribución de la renta en el ámbito municipal.

Aunque no hay datos oficiales de 2015, el PBP o PBG, para el año 2014, ascendió a 156.515.497.541 pesos, con un crecimiento del 53% con respecto al del año 2013. Entre el 2007 y el 2014 el valor de la producción de todos los bienes y servicios finales producidos en Misiones aumentó un 317%. La tasa de crecimiento anual promedio entre los años 2007-2014 fue de 23%.

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Misiones defendió los recursos provinciales en primer debate sobre la coparticipación

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El ministro de Hacienda de la provincia de Misiones Adolfo Safrán calificó de muy positiva la reunión que mantuvieron con el titular de la cartera del Interior Rogelio Frigerio y el de Hacienda, Nicolás Dujovne, para comenzar a analizar la reforma de la ley de coparticipación de impuestos, la reforma tributaria y del régimen de responsabilidad fiscal.

Safrán dijo que de estos tres temas, lo primero que se trabajará será la reforma tributaria a mediano plazo, en la que Misiones y buena parte de las demás provincias, ya anticiparon que no debe haber riesgo de caída en los ingresos. 

“La Nación intenta sacar los impuestos que consideran distorsivos pero sin dejar de recaudar porque la reforma tributaria busca mejorar la base imponible con un sistema más equitativo pero sin que se desfinancie la Nación ni las provincias”, indicó Safrán.

Respecto a la reforma de la coparticipación, fue contundente: “Misiones planteó concretamente reconquistar lo que se le quitó con la reforma de reparación histórica del conurbano bonaerense. En esa oportunidad Misiones resignó el 30 por ciento de su coparticipación federal”, describió.

 

El ministro Nicolás Dujovne dejó en claro la intención del Gobierno nacional de presentar este año una reforma tributaria integral, más equitativa y que elimine los denominados impuestos distorsivos, sin que ello signifique una merma en la recaudación de impuestos.  La mencionada reforma se aplicaría desde el año 2018, y apunta a modificar impuestos nacionales como débitos y créditos, entre otros y los impuestos provinciales ingresos brutos y sellos.
De la mano de la reforma tributaria, se avanzaría en un nuevo régimen de coparticipación, que asegure que cada jurisdicción no reciba menos de lo que recibe ahora, pero que se sustente en datos socioeconómicos objetivos ajustable periódicamente conforme se modifiquen estas variables.
Si bien, la reforma del régimen de coparticipación apunta a mejorar los índices de la provincia de Buenos Aires, que fue cuestionada por haber recibido a finales de Diciembre del año pasado una ayuda extraordinaria de 25.000 millones de pesos, otras provincias plantearon que pretenden una recomposición histórica de los índices de coparticipación para reparar injusticias de vieja data.
 
Safrán dejó planteada dos posiciones importantes de la provincia: Por un lado señalar que entendiendo que la reforma tributaria que propone Dujovne se enfrenta a un dilema pues recibirá menos ingresos por impuestos incrementando el déficit fiscal que se pretende reducir, y que a las provincias, el planteo de reemplazar el impuesto a los ingresos brutos atenta contra la sustentabilidad de las jurisdicciones, pues aquella como Misiones que han mantenido el equilibrio fiscal se pueden ver seriamente perjudicadas, sin considerar aquellas que a la fecha se encuentran atravesando procesos de importante déficit fiscal . A tal efecto, el Cr. Safrán recordó que el acuerdo del 2 de agosto suscripto por las Provincias y la Nación plantea dos objetivos: por un lado corregir impuestos distorsivos pero por otro lado el compromiso de buscar la sustentabilidad fiscal de las provincias, de modo que toda reforma tributaria debe considerar este aspecto fundamental.
            Agregó además, que Misiones reclama la recomposición de su índice de coparticipación, que junto a otras provincias como La Rioja, cedieron el 30% de sus recursos para conformar el Fondo del Conurbano Bonaerense que benefició a la provincia de Buenos Aires en el año 1988, de manera que desde la provincia se analizará debidamente el proyecto de reforma para que contemple la reparación de esta injusticia histórica.
El modelo es avanzar en un nuevo régimen de coeficientes variables (a diferencia del actual que son coeficientes fijos) que se modifiquen conforme el comportamiento de diferentes variables socioeconómicas: población, distancia del centro del país, índices de necesidades básicas insatisfechas, etc, sin perder de objetivo de reforzar los recursos a aquellas zonas más atrasadas o con menos desarrollo, a fin de asegurar un crecimiento armónico del país.        

Safrán dijo que otros de los temas planteados fueron la posibilidad de la eliminación de Ingresos Brutos y la implementación de un IVA provincial. “En esa línea, sostuve que se debe defender la sustentabilidad  fiscal de las provincias. La eliminación de Ingresos Brutos atenta contra el equilibrio fiscal de las provincias, con lo cual es un camino difícil de recorrer. Dujovne respondió que de ninguna manera una medida de este tipo puede producir una disminución en los ingresos de las provincias”, reveló el funcionario provincial.

Safrán sostuvo que “quedó bien establecido que la coparticipación federal está conformada por recursos de las provincias que, en cierta forma administra la Nación”. 

Los funcionarios nacionales entendieron importante debatir una nueva Ley de Coparticipación que sea equitativa y solidaria. Una de las propuestas a discutir es la posibilidad de pensar cambiar el actual sistema de coeficientes fijos por otro basado en criterios objetivos de reparto. La metodología consistiría en analizar las competencias de cada una de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de determinar su capacidad recaudatoria y de gasto.

“El año pasado logramos avances significativos en el federalismo. Avanzamos con la devolución del 15% a las provincias. En base al diálogo y al consenso hoy estamos mejor parados para mejorar los criterios de la coparticipación federal de impuestos y para llevar adelante la reforma tributaria”, destacó el ministro Frigerio.

Además, el titular de la cartera de Interior, Obras Públicas y Vivienda, agregó que “para mejorar la calidad de los servicios públicos es esencial también fijar las responsabilidades del Gobierno Nacional, de los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales. Nuestro desafío de acá al 2019 tiene que pasar por mejorarles la calidad de vida a nuestros ciudadanos. Ese es el norte de este gobierno y esperamos todos los meses ir fijando metas y objetivos para ir resolviendo uno a uno las inequidades y distorsiones del actual reparto de recursos”.

Por otra parte, el Estado Nacional propuso la creación, en el ámbito del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, de una comisión que reúna a las jurisdicciones para debatir estas temáticas y definir un plan de trabajo en conjunto en pos de fortalecer el federalismo fiscal.

También se prevé que participen de dicho diálogo diferentes instituciones, tales como  la Comisión Federal de Impuestos y el INDEC, como así también la Comisión Unicameral de Coparticipación Federal de Impuestos del Senado.

La reunión, que tuvo lugar en el Salón de los Pueblos Originarios de Casa Rosada -y a la cual se sumó luego el ministro de Educación, Esteban Bullrich-, se enmarcó en la continuidad del acuerdo del 2 de agosto pasado entre el gobierno nacional y cada una de las 24 jurisdicciones. Allí las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acuñaron la Carta de Intención para el Fortalecimiento del Federalismo, donde se comprometieron a impulsar medidas  que apunten a lograr el equilibrio fiscal en cada jurisdicción para el año 2019.

Del encuentro participaron también los secretarios de Provincias, Alejandro Caldarelli; y de Hacienda, Rodrigo Pena; los subsecretarios de Relaciones con Provincias, Paulino Caballero; y de Coordinación de la Obra Pública Federal, Ricardo Delgado; y el director nacional de Relaciones Fiscales con las Provincias, Guillermo Giussi.

También asistieron representantes de la Comisión Federal de Impuestos, el  Banco Interamericano de Desarrollo, el Indec, la Superintendencia de Riesgos de trabajo y el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.

Además, estuvieron presentes el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza; el subsecretario de Finanzas de la ciudad de Buenos Aires, Abel Fernández Semhan; el ministro de  Hacienda de Catamarca, Ricardo Aredes; el ministro de Finanzas de la Provincia de Córdoba, Osvaldo Giordano; el ministro de Hacienda y Finanzas de Corrientes, Enrique Vaz Torres; el ministro de Hacienda y Finanzas de Chaco, Cristian Ocampo; el ministro de Economía y Crédito Publico de Chubut, Pablo Oca; el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Entre Ríos, Hugo Ballay; el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, Jorge Ibañez; el ministro de Hacienda de Jujuy, Carlos Sadir; el ministro de Hacienda de la Pampa, Ernesto Franco; la contadora general de La Rioja, Cecilia Gaspanello; el ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza, Martin Kerchner Tomba; el ministro de Finanzas, Obras y Servicios Públicos de Misiones, Adolfo Safran; el ministro de Economía e Infraestructura de Neuquén, Norberto Bruno; el ministro de Economía de Rio Negro, Isaías Kremer; el jefe de Gabinete de ministros de Salta,  Carlos Parodi; el ministro de Hacienda y Finanzas de San Juan, Roberto Gattoni; el ministro de Economía y Obras Públicas de Santa Cruz, Juan Donnini; el ministro de Económia de Santa Fe, Gustavo Saglione; el ministro de Economía de Santiago del Estero, Atilio Chara; el ministro de Economía de Tierra del Fuego, José Daniel Labroca; y el ministro de Economía de Tucumán, Eduardo Garvich.

 

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Primeros acercamientos entre Nación y Provincias para reformar la ley de Coparticipación

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Los ministros del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio ; de Hacienda, Nicolás Dujovne , de Finanzas, Luis Caputo , y de Educación, Esteban Bullrich , encabezaron esta tarde en Casa de Gobierno un encuentro con ministros de Economía de las provincias para avanzar en la elaboración de una nueva ley de coparticipación federal, además de una reforma tributaria y una norma de responsabilidad fiscal. Misiones estuvo representada por el secretario de Hacienda, Adolfo Safrán, quien elevó la postura de la Provincia en la discusión sobre el reparto de recursos y el equilibrio fiscal.

Frigerio señaló que “vamos a intentar sentar las bases de la discusión de la reforma de la coparticipación federal de impuestos, que es un mandato constitucional incumplido por más de 20 años y además ver si podemos avanzar en otras cuestiones pendientes”.
Entre ellas el ministro incluyó a “la reforma tributaria que debe comprender a las provincias también, y ya que estamos todos juntos vamos a hablar de otros temas de la coyuntura y del vínculo diario y permanente que tenemos con todos los gobiernos”.
Al término del encuentro, el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, puntualizó que se planteó trabajar en tres proyectos de largo plazo: la reforma tributaria, el régimen de coparticipación y la ley de responsabilidad fiscal.
“Obviamente -destacó el ministro de María Eugenia Vidal- estos tres proyectos hacen al desarrollo del largo plazo en la Argentina que necesita de la concurrencia de la Nación pero también de las 24 jurisdicciones”.
Sobre este esfuerzo Lacunza consideró que “si seguimos en la lógica de tironear cada uno del mantel y con el ejercicio egoísta de ver que cheque se lleva cada uno de coparticipación para su provincia, es la mejor garantía del fracaso”.
“Por el contrario, con un enfoque colectivo en donde veamos que puede poner cada uno y se puedan resolver las cuestiones de inequidad, ahí vamos a avanzar”, analizó.
Frigerio se explayó sobre los criterios que pretende el presidente Mauricio Macri para la distribución de los fondos federales, básicamente, de eficiencia en el gasto y necesidad de cada distrito, que se cristalizarán en una nueva ley de coparticipación.
Participaron de la reunión, realizada en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada, los ministros de Economía de 22 provincias y el viceministro del área de la Ciudad de Buenos Aires. La única ausencia fue la de la titular de Hacienda Pública de San Luis, María Natalia Zabala Chacur.
Estuvieron presentes además el secretario de Hacienda de la Nación, Rodrigo Pena; el secretario de Provincias, Alejandro Caldarelli; el subsecretario de Relaciones con las Provincias, Paulino Caballero, y otros funcionarios nacionales.
Caballero, en recientes declaraciones a Télam, dijo que la actual normativa sobre coparticipación federal proviene de “una ley transitoria de 1988 y a partir de ese momento se hicieron un parche tras otro”, lo cual originó “distintos esquemas de distribuciones parciales donde se generaron desequilibrios verticales y horizontales entre nación y provincias”.
Destacó: “La única manera de salir de este laberinto es plantear un nuevo esquema de distribución a través de ver qué gastos tiene que realizar cada jurisdicción y qué recursos puede recaudar”, porque “apostamos a un país federal y que cada nivel de gobierno pueda asumir sus responsabilidades desde lo local y desde la Nación”.

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