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El FMI presiona a Macri para que baje impuestos para “alentar la inversión”

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A pesar del alto y creciente déficit fiscal que preocupa a los inversores, Alejandro Werner, director del Departamento Occidental del Fondo Monetario Internacional, recomienda al Gobierno que baje los impuestos: “La Argentina tiene que ir a una reforma tributaria, que reduzca la presión impositiva sobre el sector privado y al mismo tiempo aliente la inversión”. Fue la definición más contundente de Werner, el funcionario del FMI encargado de monitorear la economía de la región.

Según el organismo, de la caída de 2,4% del 2016 la economía saltaría a 2,2% este año. Este pronóstico está bastante abajo del 3,5% que planteó el Gobierno en el Presupuesto 2017. En dos semanas el FMI divulgará las nuevas estimaciones para la economía global durante la reunión de primavera que organiza en Washington.

 

Werner consideró que la inversión tendrá un repunte este año, pero que todavía será muy lento. Y una de las causas que –según expresó- impiden que la economía crezca más rápido es la elevada carga tributaria.

 

De todas formas, le faltó explicar de qué manera se pueden disminuir impuestos y al mismo tiempo bajar el déficit fiscal.

La respuesta que dan en el Gobierno a este dilema es que el crecimiento permitirá recaudar más, tapando los agujeros que podría generar esa reducción impositiva.

También enfatizó que América latina crecerá 1,2% y habría encontrado un piso. Entre los emergentes, la buena noticia es que los países que venían más flojos habrían encontrado un piso y empezaron a mejorar, como Brasil y especialmente Rusia.

 

El director del FMI para occidente cree que el Gobierno fue “muy optimista” en cuanto a la velocidad de reacción de los inversores. Aplaude el gradualismo, pero pide acelerar el ritmo antes de un eventual cambio en las condiciones financieras internacionales.

“Creemos que la inversión tardará un poco más en reaccionar de lo que anticipó el Gobierno. Además, está la experiencia de otros países que muestra precisamente eso. Somos un poco menos optimistas en la velocidad de la inversión privada. En Argentina también hay mucha incertidumbre, porque hasta hace un año y medio no habían estadísticas confiables y existía una economía con una sobrerregulación. Y hacer tantos cambios juntos genera una dificultad para hacer pronósticos. No me sorprendería si el crecimiento resultara mayor al que creíamos, pero basamos nuestros pronósticos en la experiencia internacional y el Gobierno en proyectos que saben que van a anunciar, observa de cerca al sector privado”, aseguró.

“El Gobierno debe entender que un cambio de reglas como el que llevó adelante lleva tiempo y que, para que ese proceso rinda frutos, debe ir cumpliendo cada meta que se fijó y, en lo posible, ir mejorándolas. Lo más importante es que no base su política económica en escenarios muy optimistas”, proyectó.

 
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El impacto fiscal de la quita y reducción de retenciones en 2016

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En términos agregados, en 2016 el gobierno tendría que haber recaudado en concepto de retenciones US$ 9.561 millones, mientras que –producto de las quitas- sólo recaudó US$ 4.869 millones, es decir: la mitad de lo que tendría que haber percibido. En concreto, el gobierno resignó US$ 4.692 millones a lo largo del año.

 

El importe anual que se dejó de percibir resulta sumamente relevante, ya que mediante la implementación de tres decretos el Estado Nacional dejó de recaudar casi la mitad de uno de los tributos con mayor impacto progresivo y $3,5 de cada $100 del total de los recursos tributarios.

La política implementada redujo la recaudación en $69.609 millones de pesos. Si se considera que el déficit fiscal del año 2016 ascendió a $359.382 millones, alcanzando 4,6% sobre el PBI, el monto  dejado de recaudar equivale al 19,36% de tal déficit. En definitiva, se podría haber reducido el déficit a 3,70%.

Por otro lado, en relación al actual debate docente es posible considerar otra equivalencia. La diferencia entre pagar a todos los docentes de la Argentina 35% de aumento en lugar de 18% implica una erogación de 50.500 millones de pesos. Si bien esta erogación corresponde al nivel provincial de gobierno mientras que las retenciones refieren al orden nacional, es posible considerar que lo que se dejó de percibir por retenciones supera en $20.000 millones al diferencial salarial de los docentes. 

Asimismo, el monto proyectado es también superior al subsidio anual de las tarifas recortado en 2016, estimado en $50 mil millones. Es decir, sin dicha quita y con dicha recaudación podría haberse evitado tal ajuste.

A este punto es relevante mencionar que, pese a la devaluación y la quita de retenciones, durante 2016 la producción agropecuaria se contrajo 5,52% medida en unidades físicas, pero aumentó sus precios (producto de las medidas mencionadas a lo largo del presente trabajo) en 83,86%. Lo mismo produjo en el sector minero, que redujo su producción en 5,3% pero aumentó los precios casi 50%. Finalmente la industria redujo su producción en unidades físicas en 5,7%, aumentando los precios casi un 40%. En conclusión, el impacto “prometido” por la quita de retenciones y la devaluación no se materializó en ningún aspecto productivo. En lo relacionado con el empleo, la información referida a estas actividades indica que entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016 la industria redujo la cantidad de trabajadores de 1.252.108 a 1.204.285 (casi 4%), la minería redujo 6,3% (de 85.735 a 80.325 empleos), y el sector agropecuario aumentó su plantilla un escaso 1,7% (de 316.546 a 322.081 trabajadores). Es decir, la quita de retenciones tampoco tuvo como correlato un aumento del empleo.

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Presión tributaria ¿es más alta en las Provincias o en la Nación?

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Escriben Martín Leiva Varela y Guillermo Knass, ECONEA. El actual sistema tributario de la Argentina, es considerado por el Gobierno Nacional “ineficiente e injusto”, conforme a la disertación efectuada por el Ministro de Hacienda de la Nación en Londres días atrás, por tal motivo, lo que se pretende es impulsar una reforma impositiva en el año 2018, que requerirá claramente el consenso de todos los actores políticos (nacionales y provinciales). En contrapartida a tal situación, si se pretende reducir la presión impositiva, esto implicaría menores recursos fiscales para el Estado Nacional, Provincias y Municipios, siendo actualmente su situación fiscal consolidada “deficitaria” y por tal, iría en disidencia con la convergencia del equilibrio fiscal que se apunta para el año 2019.

El objetivo central que se va a evaluar en los próximos años tanto por el Gobierno Nacional, como así también por las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos aires, es la adopción de políticas tributarias destinadas a impulsar el aumento de la inversión privada a fin de aumentar el empleo, lo que implicará claramente un estudio profundo de cuáles son los impuestos “distorsivos” que se deben reducir para morigerar la carga tributaria.

Ahora bien, por presión tributaria se entiende al porcentaje del nivel de ingresos que le transfieren las personas físicas y jurídicas (sociedades, cooperativas, etc.) en concepto de impuestos al Estado (Nacional, Provincial y Municipal) en relación a la totalidad de ingresos que genera toda la economía argentina, representada por el Producto Bruto Interno. Por ejemplo, si durante el 2016 los argentinos pagamos de impuestos un total de $ 40 y el Producto Bruto Interno del mismo período ascendió a $ 100, la presión tributaria del 2016 asciende al 40 %.

La Presión tributaria de la Argentina viene incrementándose constantemente con el correr de los años, pasando del 24,33 % en el año 2004 al 31,95 % en el año 2016, es decir, un incremento del 7,63 % con respecto a dicho horizonte temporal, donde el aumento del tal participación fue originada en un 6,02 % por los impuestos Nacionales y en un 1,61 % por los impuestos Provinciales, por lo que se observa que la mayor presión tributaria que se viene originando es a consecuencia en mayor magnitud por los tributos nacionales y no por los provinciales (ingresos brutos, sellos, automotores, entre otros).

¿Cuál es la situación y evolución de los principales tributos Nacionales?

  1. Impuesto al Valor Agregado: es un impuesto de fácil recaudación que grava el consumo de las personas, siendo dicha capacidad contributiva la que determina el bienestar económico de los sujetos. A pesar de que dicho tributo es regresivo, porque las personas de menores ingresos son las que soportan en mayor proporción que los otros sujetos de mayores ingresos, es el principal impuesto que origina recursos genuinos para la Nación y para las Provincias vía Coparticipación Federal, representando en el año 2016 el 28 % de la recaudación total Nacional, con una percepción total de 583.216,9 millones de pesos. A su vez, en términos del PBI, dicho tributo aumentó su participación del 6,39 % del año 2004 al 7,4 % en el año 2016, aunque en éste último año, para paliar parcialmente la regresión, se sancionó la Ley de devolución del IVA para jubilados y beneficiarios de planes sociales.

Para tal tributo, la consultora FIEL considera que la tasa reducida del IVA (10,5%) y los tratamientos especiales generan una pérdida en la recaudación de alrededor del 1 % del PBI, y por tal sugiere la aplicación de una alícuota uniforme del 19 % que permitiría obtener la misma recaudación si se eliminaran los tratamientos preferenciales. Donde a nuestro juicio, debe evaluarse tal situación, porque si se elimina por ejemplo, la alícuota reducida del 10,5 % para la adquisición de Bienes de Capital, se incrementaría el costo financiero de la inversión Inicial que se la quiere estimular.

  1. Impuesto a las Ganancias: es un impuesto que recae sobre las utilidades de las personas físicas como para las personas jurídicas. A diferencia del impuesto al valor agregado, es un impuesto progresivo, debido que aumenta la tasa impositiva a medida que aumenta los ingresos de las personas, que persigue en definitiva la redistribución del ingreso. Es el segundo impuesto de mayor recaudación a nivel nacional, participando en el 21 % sobre el total de los recursos tributarios, con una recaudación total en el año 2016 de 432.907,2 millones de Pesos. En el gráfico Nº 2 expuesto precedentemente, se observa una clara reducción en la participación del Impuesto a las Ganancias en relación al PBI, que fue a consecuencia del Aumento del Mínimo No imponible sobre el cual empiezan a tributar las personas físicas en el Año 2016, donde pasó de una participación en el PBI del 6,34 % en el año 2015 al 5,15 % en el año 2016, observándose así una caída del 1,18 % y por ende, una menor presión tributaria.

Esta menor presión tributaria, implicó una perdida estimada por el costo fiscal en la recaudación del año 2016 para la Provincia de Misiones cercana a los 800 millones de Pesos que percibe mediante la Coparticipación Federal de Impuestos y Regímenes especiales.

La promesa de campaña del actual presidente de la Nación era eliminar el impuesto a las ganancias para los trabajadores, que según dicha ley es la renta obtenida por la cuarta categoría, situación que prácticamente en el corto plazo es muy difícil de cumplir, por la merma en los recursos que generará tanto para el Estado Nacional, Provincias y Municipios, contemplando la situación fiscal actual de tales jurisdicciones.

  1. Impuesto a los créditos y débitos bancarios: Impuesto totalmente distorsivo que surgió en la crisis del 2001, que grava con una alícuota del 0,6 %0 a los débitos y créditos efectuados en las cuentas corrientes bancarias, cuya recaudación en el año 2016 ascendió a los 131.669,1 millones de pesos, representando el 6 % de la recaudación tributaria nacional. Este tributo, claramente afecta negativamente el nivel de actividad económica y la bancarización de determinadas operaciones, producto de su detracción que se origina consecuentemente.

De dicho tributo, se coparticipa tan solo a las Provincias el 30 % de lo que se recauda, donde el 70 % restante es destinado a financiar al ANSES, por lo que si se elimina dicho tributo, las 24 Jurisdicciones perderían estimativamente en el 2017, un total de 50 mil millones de pesos (recaudación 2016 + 40 % de crecimiento 2017), siendo el costo fiscal anual para la Provincia de Misiones cercano a los 900 millones de pesos.

En lo que respecta a los tributos Provinciales, la Nación busca que las Jurisdicciones provinciales reduzcan la carga tributaria o en su defecto, no incrementen las alícuotas en los años venideros, tratando de inmiscuirse en las potestades constitucionales con las que cuentan las Provincias por ser autónomas, como por ejemplo, según los medios nacionales (ver http://www.ambito.com/875619-proponen-a-provincias-crear-impuesto-a-ventas) se pretende bajar el impuesto a los ingresos brutos y como contrapartida crear un impuesto a las ventas por parte de las Provincias que recaiga directamente sobre los consumidores finales.

Desde la perspectiva de la Provincia de Misiones, tanto el conductor de la Renovación como el Gobernador de la Provincia, en la inauguración de la Escuela Robótica,  dejaron asentada la clara postura que consiste en la no reducción de los impuestos provinciales, que permiten claramente sostener el crecimiento del nivel de actividad económica local en épocas de vacas flacas mediante la adopción políticas fiscales anti cíclicas, las que son financiadas con tales recursos, como ser: la implementación del Programa Ahora Misiones (inédito y de crecimiento continuo), subsidios a las tarifas eléctricas, constitución de la caja de fomento provincial, entre otros. Aun sabiendo, que la Provincia de Misiones es la que en términos per cápita es una de las Jurisdicciones que reciben menos recursos vía coparticipación federal, ubicándose en el puesto Nº 20 de las 24 Jurisdicciones siendo su política fiscal interna la que permite reducir tal brecha.

Pero menos impuestos significa más déficit: ¿entonces?

Mediante el acuerdo para el fortalecimiento del Federalismo, tanto el Estado Nacional como las Provincias se comprometieron a reducir el déficit fiscal, para así, lograr en el año 2019 la convergencia entre los ingresos y los egresos, pero la dicotomía actual es que si se pretende reducir la presión tributaria y por ende, los recursos fiscales de los diferentes estamentos gubernamentales, se incrementaría el déficit fiscal que en términos consolidado de las 24 jurisdicciones (23 Provincias más CABA) en el año 2016 alcanzó estimativamente al 1,21 % en términos del PBI, y por ello, el interrogante será en los años venideros ¿cuál debería ser el accionar del Estado en el Nivel de Actividad económica?.

 

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La AFIP ratificó que el plazo para inscribirse al blanqueo vence el 31 de marzo

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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ratificó este lunes que el 31 de marzo vencerá el plazo para sincerar los activos no declarados, como así también la posibilidad de regularizar deudas impositivas vencidas al 31 de mayo de 2016.

“Si bien el último día para sincerar un bien es el 31 de marzo, en el caso de las propiedades se recomienda a los ciudadanos no esperar a último momento ya que uno de los pasos requeridos es la intervención de un martillero público u otro profesional habilitado para confirmar la tasación del inmueble”, dijo la AFIP a través de un comunicado de prensa.

Destacó que “una situación similar ocurre con los bienes declarados a nombre de un tercero, el cual debe dar su consentimiento para poder sincerarlos”.

De esta manera, la dependencia que dirige Alberto Abad salió al cruce de una serie de versiones que hablaban de una posible prórroga del blanqueo.

 
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Proponen a provincias crear impuesto a las ventas

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Para bajar Ingresos Brutos, el Gobierno sugiere un gravamen que paga el consumidor final. La iniciativa forma parte del borrador de una reforma que diseña el Gobierno junto a los distritos. Además, prevén limitar gastos y crear un fondo anticíclico con una ley de responsabilidad fiscal.

Con un margen estrecho para bajar la presión impositiva, en un momento en que debe abocarse a resolver el déficit fiscal, el Gobierno planea ir en las próximas semanas por un nuevo objetivo: pedir a las provincias que incorporen, desde este mismo año, una serie de reglas sobre sus propios gastos para evitar desequilibrios en las cuentas públicas; e impulsarlas a que, a partir de 2018, se esfuercen por reemplazar los impuestos más distorsivos que usan hoy para sostener buena parte de su recaudación (como el de los “Ingresos Brutos”), por un nuevo gravamen que se cobraría sólo sobre los precios al consumidor, y que consideran que será menos nocivo para la actividades productivas.

Las dos iniciativas serán sólo una parte de un extenso plan que presentarán en 10 días el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el de Interior, Rogelio Frigerio, en una reunión en Mendoza con los ministros de Hacienda de las provincias. El propósito, cuenta Ámbito, primordial será debatir allí, a contra reloj, la ley de responsabilidad fiscal que no se cumple desde 2009, que volverá a poner bajo la lupa el equilibrio de las cuentas de cada distrito. Los funcionarios quieren que se vote en cada provincia antes de que sancionen sus respectivos presupuestos. A la par de esto, empezarán a dar los primeros pasos firmes hacia una reforma tributaria que prevén más “profunda”, que incluirá nuevos impuestos para sustituir otros considerados “distorsivos”, y que podría aplicarse a partir de 2018.

El Gobierno se inclina ahora por plantear la incorporación de un “impuesto a las ventas finales”, que cobrarían las provincias a comercios, industrias o hasta productores primarios, sólo cuando vendieran sus productos a consumidores finales. El gravamen replicaría un esquema que ya se aplica en otros países, sobre la última etapa de la cadena de distribución. Podría cobrarse con una alícuota general para todos los rubros o diferenciarse por sector. Y sería vital para sustituir la cobranza de Ingresos Brutos, que hoy representan el 90% de la recaudación provincial. Cada provincia tendría sobre ellos completa autonomía.

Los funcionarios nacionales ya sugirieron a las provincias actualizar las valuaciones fiscales de los terrenos, que están atrasadas desde hace tiempo, para aumentar la base impositiva sobre la que deberán cobrar el impuesto inmobiliario. El Consejo Federal de Catastro será el encargado de armonizar los valores. La intención: que puedan empezar a ampliar la “base impositiva”, para obtener nuevos recursos (no coparticipables), que servirán para compensar lo que pierdan a medida que se reduzca el impuesto a los bienes personales (coparticipable).

Tal como ya adelantó el Gobierno, se pretende que las provincias se comprometan mantener un crecimiento controlado de los gastos corrientes, que no supere a la inflación (es decir, que no aumente en términos reales). Además, se prevé limitar el “gasto en personal” a un porcentaje de los ingresos o de los gastos totales. La idea es aplicar una restricción similar a la que hoy rige en Brasil, que impide que la proporción de erogaciones en sueldos sea mayor al 65% de los recursos tributarios. El incumplimiento supondría una penalidad, que podría estar dada por el recorte de las transferencias del Tesoro nacional. El propósito es que las cuentas de los Tesoros provinciales puedan “converger”, en dos años, hacia un equilibrio primario o financiero.

Con el mismo fin de mantener el equilibrio de las cuentas públicas, el Gobierno quiere que se empiece a conformar un “fondo anticíclico” en la Argentina, a partir de un porcentaje de los excedentes tributarios que perciban las provincias sobre lo presupuestado para cada año. El fondo constituido pertenecería al conjunto de los distritos y se activaría para aquél que registrara tres meses seguidos de caída en su recaudación.

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