Industria Nacional

Federico Panozzo sobre las importaciones: “El comercio está en rojo, solo se habla de aguantar”

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En un contexto económico marcado por la apertura de importaciones, caída del consumo y fuerte presión sobre las pymes, Federico Panozzo fue elegido nuevo presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas. La designación se concretó el viernes pasado, tras la asamblea del Consejo Directivo de la entidad.

En diálogo con Open1017.com, Panozzo trazó un diagnóstico crudo sobre la situación del sector: “Hoy el comercio y la industria están en zona roja. La crisis duró mucho tiempo y hay rubros que desde la pandemia no terminaron de recuperarse”.

Consultado sobre la política de importaciones del Gobierno nacional, el flamante presidente reconoció que el impacto es tangible en el mercado local.

“No se puede negar: los productos están en las casas de nuestros familiares, amigos, y el comerciante posadeño lo está sufriendo”, afirmó. Sin embargo, señaló que los efectos no son homogéneos.

Según explicó, algunos rubros -como el de artículos electrodomésticos- lograron adaptarse y aprovechar la simplificación de importaciones para ampliar su oferta y mejorar precios al consumidor. “Hay socios que tenían más espalda financiera y pudieron organizarse para traer marcas y competir”, indicó.

No obstante, advirtió que el problema de fondo es la falta de previsibilidad. “En Argentina no planificamos a largo plazo. Un gobierno cierra importaciones y apuesta a la industria local; otro las abre de golpe buscando beneficiar al consumidor. Así es muy difícil que las empresas inviertan en tecnología y maquinaria para competir con el mundo”, sostuvo.

Para Panozzo, el debate central debería ser estratégico: “Tenemos que decidir qué tipo de país queremos ser: si uno prestador de servicios o uno industrial”.

Competencia externa y presión regional

El comercio posadeño enfrenta múltiples frentes. A la competencia de productos importados -muchos provenientes de Asia y comercializados a través de plataformas digitales- se suma la histórica competencia fronteriza con Encarnación.

“El diálogo hoy con el comerciante es ver cómo aguanto, cómo llego. No se habla de crecer ni de tomar personal. Se habla de resistir”, describió.

Esa resistencia tiene costos humanos. “Reducir personal no es un triunfo. Para un comerciante es durísimo tener que decirle a un colaborador que no puede seguir. Se pierde calidad de vida bajo presión constante”, remarcó.

Panozzo anticipó que 2026 será un año de ajuste y repliegue para buena parte del sector. “Entendemos que la Nación está apostando a una macroeconomía que en algún momento debería dar resultados positivos. Pero eso no va a suceder en el corto plazo para nuestra economía regional”, advirtió.

En ese marco, el rol de la Cámara será, según definió, “ser representativa de todos los rubros y conseguir herramientas para aguantar”.

La entidad mantiene diálogo fluido con el Gobierno provincial, con el objetivo de articular medidas paliativas. “La caída de ventas también impacta en la recaudación provincial. Estamos en una situación compleja tanto el sector público como el privado”, explicó.

Una gestión enfocada en la representación activa

Panozzo venía desempeñándose como vicepresidente y miembro del Consejo Directivo, por lo que aseguró que su gestión mantendrá una línea de trabajo ya iniciada: fortalecer la representación sectorial y sostener una Cámara activa frente a un escenario desafiante.

“Tenemos distintas realidades según el rubro. Algunos tienen pequeños repuntes por herramientas como los programas Ahora; otros están muy golpeados. El desafío es contener a todos”, afirmó.

Con un panorama marcado por la apertura comercial, la presión impositiva y la caída del consumo, el nuevo presidente no dejó margen para eufemismos: el comercio posadeño atraviesa una etapa crítica. Y la palabra que hoy domina el sector no es expansión ni inversión, sino supervivencia.

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Milei redobla su ofensiva contra industriales y expone la tensión entre apertura y empleo

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Javier Milei volvió a subir el tono contra sectores industriales a los que acusa de haber operado con márgenes extraordinarios al amparo del proteccionismo. A través de su cuenta en X, el Presidente habló de “chorros” y de un “robo” contra los consumidores, y reivindicó la apertura económica como herramienta para desarmar lo que define como un esquema de privilegios empresariales. El mensaje llegó en un momento delicado: el cierre definitivo de la planta de Fate en Virreyes y el despido de 920 empleados, una decisión que obligó al Gobierno a dictar conciliación obligatoria por 15 días bajo la Ley 14.786.

La ofensiva discursiva no es aislada. Se inscribe en una estrategia más amplia de confrontación con sectores productivos que cuestionan la desregulación comercial y la reducción de barreras a la importación. En términos políticos, Milei intenta reforzar su narrativa: la apertura como mecanismo de disciplinamiento de precios y eliminación de “ganancias extraordinarias”.

Acusaciones públicas y defensa de la apertura

El Presidente celebró un mensaje que reunía titulares sobre presuntos sobreprecios industriales y márgenes elevados en distintos rubros. En ese marco, apuntó contra empresarios siderúrgicos y fabricantes de neumáticos, a quienes aludió con apodos despectivos, y sostuvo que habían dejado “en evidencia” un sistema que, según su visión, operó con protección estatal.

En el sector del neumático, Milei citó declaraciones del CEO de Neumen, Roberto Méndez, quien reconoció públicamente: “Los empresarios robábamos con los precios de las cubiertas. Soy el primero en reconocerlo. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo”. También señaló que la ganancia debería ubicarse en “no menos de 22%” sin contar impuestos.

El Gobierno interpreta estas admisiones como prueba de que la regulación comercial y la restricción a las importaciones favorecieron márgenes elevados. Por eso, defiende la apertura como instrumento correctivo. No se trata solo de comercio exterior: es una disputa sobre el modelo productivo y el rol del Estado en la protección de la industria.

Semanas atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, había calificado de “robo” los precios de la ropa en Argentina y admitido que evitaba comprar indumentaria en el mercado interno. El cruce con la industria textil anticipó el clima actual.

El caso Fate: empleo, regulación laboral y señal al mercado

La confrontación discursiva coincidió con el anuncio del cierre de la planta de Fate en Virreyes, partido bonaerense de San Fernando, y el despido de 920 trabajadores. Frente a esa decisión, el Gobierno activó la conciliación obligatoria por 15 días, ordenando retrotraer la situación previa al conflicto.

La resolución, firmada por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo en el marco de la Ley 14.786, obliga a la empresa a dejar sin efecto las cesantías mientras dure el proceso y a garantizar tareas normales. Al mismo tiempo, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino debe suspender medidas de fuerza.

La intervención muestra un equilibrio complejo. Por un lado, el Ejecutivo promueve apertura y competencia externa; por otro, utiliza herramientas regulatorias para contener el impacto laboral inmediato. En términos económicos, el conflicto expone la tensión entre precios más bajos vía importaciones y sostenibilidad del empleo industrial.

El sector del neumático enfrenta competencia creciente en un mercado que históricamente operó con protección arancelaria. La apertura puede presionar márgenes y forzar reestructuraciones. Sin embargo, también puede trasladar beneficios al consumidor final en forma de precios más competitivos.

Señales políticas y reconfiguración del vínculo con la industria

El mensaje presidencial va más allá del caso puntual. Milei habla de “batalla cultural” y agradece, en tono irónico, a empresarios que —según su lectura— revelaron prácticas asociadas al proteccionismo. La estrategia apunta a consolidar apoyo social a la desregulación, incluso en medio de conflictos laborales.

La señal al mercado es ambivalente. Para importadores y consumidores, la retórica refuerza la idea de mayor competencia y menores barreras. Para la industria local, introduce incertidumbre sobre el nivel de respaldo estatal en un contexto de transición.

La utilización de términos duros no es casual. Forma parte de una construcción política que contrapone apertura y “empresarios amigos”. Al mismo tiempo, la conciliación obligatoria muestra que el Gobierno no renuncia a herramientas de intervención cuando el conflicto escala.

La discusión de fondo permanece abierta: cuánto ajuste puede absorber el entramado industrial sin deterioro significativo del empleo y cuánto margen existe para sostener competitividad sin protección. La confrontación discursiva ya está instalada. El impacto económico real se medirá en los próximos meses.

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La fábrica de neumáticos Fate anunció su cierre definitivo y echará a más de 900 empleados

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El cierre definitivo de la fábrica de neumáticos Fate no es solo el final de una empresa histórica: es la postal más contundente del retroceso industrial que atraviesa la Argentina. Con 920 despidos y el cese total de actividades en su planta de Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando, la firma de más de 80 años de trayectoria se convierte en uno de los símbolos más fuertes del actual ciclo económico.

“FATE S.A.I.C.I. comunica que, a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial”, informó la compañía en un comunicado oficial, en el que atribuyó la decisión a “los cambios en las condiciones de mercado”.

La empresa, que fue pionera en abastecer neumáticos radiales a la industria automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, arrastraba años de crisis por caída de ventas, conflictos gremiales y pérdida de mercados de exportación.

Pero el impacto del cierre excede a la firma. Se produce en un contexto en el que el sistema productivo argentino viene reduciéndose a una velocidad sostenida.

La salida de Fate del mapa productivo no ocurre en el vacío. Se inscribe en un proceso más amplio de contracción del entramado empresario formal que viene profundizándose desde fines de 2023. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 el sistema perdió 21.938 empleadores registrados. En el mismo período, el número de trabajadores formales cubiertos cayó en 290.602 personas. Si en noviembre de 2023 había 512.357 empresas y 9.857.173 trabajadores, dos años después los registros muestran 490.419 empleadores y 9.566.571 trabajadores. Solo en noviembre último el cierre neto fue de 892 empresas, y en los primeros once meses de 2025 la pérdida acumulada alcanzó a 9.722 empleadores.

La construcción aparece como el sector más golpeado por el freno de la obra pública y la retracción de la inversión privada, pero la industria manufacturera también viene mostrando señales persistentes de debilidad. En ese contexto, el caso Fate adquiere una dimensión simbólica: no se trata de una pyme marginal, sino de una firma con liderazgo tecnológico, presencia exportadora en Europa, Estados Unidos y América Latina, y un rol estratégico dentro del complejo automotriz argentino.

La crisis de la compañía no comenzó este año. En 2019 aplicó una reducción de 450 puestos y volvió a ajustar en 2021 y 2022. En julio de 2024 solicitó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la abrupta caída de ventas y la pérdida de mercados externos. La empresa sostuvo entonces que la demanda interna se había desplomado un 30% y que acumulaba pérdidas superiores a los 30 millones de dólares en el primer semestre de 2024. En mayo de ese mismo año ya había anunciado cerca de 200 despidos para adecuar su estructura. Entre los factores señalados figuraban los elevados costos de producción, la sobrecarga impositiva, las restricciones cambiarias para importar insumos, la deficiente infraestructura, los sobrecostos laborales, la baja productividad y la conflictividad gremial.

El cierre de Fate deja así una doble lectura. Por un lado, el drama inmediato de casi mil trabajadores que pierden su empleo. Por otro, la confirmación de una tendencia estructural: la economía argentina atraviesa una etapa de fuerte reducción de su base empresaria formal. Con casi 22 mil empleadores menos en dos años, la pregunta que comienza a instalarse no es solo cuántas compañías más resistirán el nuevo escenario, sino qué perfil productivo quedará en pie una vez que el ajuste termine de reconfigurar el mapa industrial del país.

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Defensa comercial: Argentina analiza dumping y amenaza de daño en lavarropas de origen chino

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La Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía dispuso la apertura de una investigación por presunto dumping en las exportaciones de lavarropas de origen chino hacia la Argentina. La medida, formalizada mediante la Resolución 10/2026, se apoya en la existencia de un margen de dumping del 10,43% y en indicios de amenaza de daño importante a la rama de producción nacional, en un contexto de fuerte crecimiento de las importaciones y subvaloración de precios.

La decisión fue adoptada el 13 de enero de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires y publicada en el Boletín Oficial el 14 de enero de 2026, dando inicio formal a un proceso previsto en la Ley N° 24.425 y su normativa reglamentaria. La investigación alcanza a máquinas de lavar ropa de hasta 13 kilogramos de capacidad, sin sistema de secado por calor ni dispositivo de accionamiento por fichas, originarias de la República Popular China, clasificadas en las posiciones arancelarias N.C.M. 8450.11.00; 8450.12.00; 8450.19.00 y 8450.20.20.

Fundamentos técnicos y rol de la Comisión Nacional de Comercio Exterior

El inicio del procedimiento se sustenta en el análisis efectuado por la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), que se expidió mediante el Acta de Directorio N° 2.616 del 2 de enero de 2026, en el marco del Decreto N° 33/2025, reglamentario de la Ley N° 24.425.

Según concluyó el organismo técnico, existen pruebas suficientes de dumping, de amenaza de daño importante a la rama de producción nacional y de relación de causalidad entre ambos elementos. En ese marco, la CNCE determinó un margen de dumping promedio ponderado del 10,43% para las operaciones de exportación de lavarropas originarias de China, calculado a partir de la comparación entre precios del mercado interno chino —aportados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto— y precios FOB de exportación obtenidos de operaciones de importación, con fuente “Softrade”, coincidente con datos oficiales.

Asimismo, la Comisión verificó que la producción nacional de lavarropas se ajusta a la definición de producto similar establecida por la normativa vigente y que la empresa solicitante, DREAN S.A., cumple con el requisito de representatividad dentro de la rama de producción nacional, conforme al Artículo 5° del Decreto N° 33/2025 y al Artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping.

Daño, amenaza y dinámica de las importaciones

En su análisis, la CNCE descartó la existencia de daño importante actual, al señalar que, durante el período bajo análisis, el desempeño desfavorable de ciertos indicadores de volumen —producción, ventas, existencias, utilización de la capacidad instalada y empleo— se dio en un contexto de caída del consumo aparente y con una presencia poco relevante de las importaciones investigadas en el mercado local.

Sin embargo, el organismo advirtió un cambio significativo en la dinámica reciente. En particular, destacó que durante los primeros nueve meses de 2025 las importaciones de lavarropas de origen chino crecieron de manera marcada, en paralelo con un aumento sustancial de su participación en las importaciones totales argentinas del producto, que pasó del 50% en 2022 al 66% en 2024, con un incremento de más de veinte puntos porcentuales hacia el final del período analizado.

La CNCE también remarcó que China consolidó su posición como principal exportador mundial de lavarropas, concentrando el 47% del total exportado en dólares entre enero y septiembre de 2025, doce puntos porcentuales por encima del nivel registrado en 2022. En ese contexto, la Argentina se ubicó como el octavo destino de las exportaciones chinas medidas en kilogramos, luego de representar cerca del 1% en años anteriores, con un aumento del 590% en los envíos hacia el país durante 2025.

Otro elemento central del análisis fue la subvaloración de precios. Las importaciones investigadas ingresaron al mercado argentino a precios nacionalizados inferiores a los de la producción local, mientras que los precios FOB de exportación de origen chino mostraron una tendencia decreciente y se ubicaron por debajo de los correspondientes a otros orígenes. A ello se sumó la detección de acumulación de inventarios, ya que, según estimaciones de la CNCE, más del 60% de los lavarropas importados desde China en el período enero-septiembre de 2025 no habría sido volcado inmediatamente al mercado interno.

Con estos elementos, el organismo concluyó que se configura una amenaza de daño importante, en los términos del Artículo 3.7 del Acuerdo Antidumping, y que existe una relación de causalidad entre dicha amenaza y las importaciones con presunto dumping.

Alcance del procedimiento y próximos pasos

La Resolución 10/2026 establece que el período de recopilación de datos para la determinación del dumping abarcará desde octubre de 2024 hasta septiembre de 2025, mientras que el período de análisis de daño comprenderá desde enero de 2022 hasta septiembre de 2025, sin perjuicio de que la CNCE pueda requerir información adicional para otros lapsos.

Las partes interesadas dispondrán de un plazo de 30 días, contados desde la publicación de la norma, para presentar sus respuestas a los cuestionarios y la documentación respaldatoria ante la CNCE, conforme a lo previsto en el Decreto N° 33/2025 y en la Resolución N° 111/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio.

En paralelo, se ordenó cumplir con las notificaciones internacionales en el marco del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994, incorporado al derecho interno argentino mediante la Ley N° 24.425.

Impacto económico

La apertura de esta investigación se inscribe en una etapa de mayor activación de los instrumentos de defensa comercial, con impacto directo sobre el mercado de electrodomésticos, los fabricantes nacionales y los importadores. En términos institucionales, refuerza el rol de la CNCE como órgano técnico en la evaluación de prácticas desleales de comercio y anticipa un proceso que podría derivar, en función de sus resultados, en la aplicación de medidas antidumping.

Para el sector industrial, la medida introduce un marco de análisis formal frente al fuerte crecimiento de las importaciones y la presión competitiva de productos de bajo precio, mientras que para los operadores comerciales implica un escenario de mayor escrutinio regulatorio en un rubro de alto consumo masivo.

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El Gobierno prorrogó hasta marzo de 2026 el arancel cero para exportaciones de aluminio y acero

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El Poder Ejecutivo nacional extendió hasta el 31 de marzo de 2026 la alícuota del 0% del Derecho de Exportación para determinadas mercaderías de aluminio y acero destinadas a países que aplican aranceles de importación iguales o superiores al 45%. La medida, formalizada mediante el Decreto 930/2025 y publicada en el Boletín Oficial el 31 de diciembre, busca sostener la competitividad externa de sectores industriales estratégicos en un contexto internacional marcado por barreras comerciales y prácticas proteccionistas.

La decisión modifica el plazo originalmente fijado por el Decreto 726/2025, que establecía el beneficio hasta el 31 de diciembre de 2025. Con esta prórroga, el régimen especial continuará vigente por tres meses adicionales, mientras persistan las condiciones que afectan el acceso de los productos argentinos de aluminio y acero a determinados mercados internacionales.

Un alivio fiscal para sectores industriales estratégicos

El Decreto 726/2025 había dispuesto fijar en cero por ciento (0%) la alícuota del Derecho de Exportación para ciertas mercaderías vinculadas a los sectores de aluminio y acero, siempre que se exporten a países que, al momento de la operación, apliquen a esos bienes un arancel de importación ad valorem igual o superior al 45%.

Según los considerandos del nuevo decreto, la República Argentina cuenta con capacidades productivas relevantes en ambos sectores, que cumplen un rol estratégico dentro de la estructura industrial nacional por su aporte al volumen exportador, el empleo y el valor agregado. En ese marco, el mantenimiento del arancel cero aparece como una herramienta para amortiguar el impacto de restricciones externas que encarecen el ingreso de estos productos a ciertos destinos.

La prórroga alcanza a las operaciones que se realicen hasta el 31 de marzo de 2026, o hasta que se formalice una reducción del arancel de importación aplicado por los países de destino, lo que ocurra primero, manteniendo intactas las condiciones ya establecidas por la normativa original.

Proteccionismo externo y competitividad exportadora

En los fundamentos del Decreto 930/2025, el Gobierno advierte que en los últimos años diversos países han incrementado significativamente los aranceles de importación sobre productos de aluminio y acero, configurando una forma de proteccionismo que restringe el comercio internacional y afecta de manera directa la competitividad de las exportaciones argentinas.

Ante la persistencia de este escenario, el Ejecutivo consideró necesario prorrogar la vigencia del régimen excepcional para mitigar los efectos adversos sobre el sector exportador. La medida se apoya en las facultades conferidas por el artículo 755 del Código Aduanero (Ley 22.415) y por los artículos 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional, que habilitan al Poder Ejecutivo a fijar y modificar derechos de exportación.

Asimismo, el decreto dispone dar intervención a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación, conforme a lo establecido por la Ley 26.122, que regula el control parlamentario de los decretos dictados en ejercicio de facultades delegadas.

Impacto económico y posibles repercusiones

La extensión del arancel cero representa un alivio fiscal directo para las empresas exportadoras de aluminio y acero, al reducir el costo tributario de las operaciones dirigidas a mercados con altos niveles de protección. En términos económicos, la medida apunta a preservar márgenes de rentabilidad, sostener flujos de exportación y evitar una pérdida de competitividad frente a proveedores de otros países.

Desde el plano institucional, la decisión refuerza el uso de instrumentos aduaneros y tributarios como respuesta a distorsiones del comercio internacional, mientras se mantiene el seguimiento legislativo a través del Congreso. De persistir las barreras externas, el esquema podría seguir siendo una referencia clave en la política comercial argentina hacia sectores industriales considerados estratégicos.

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