Industria Nacional

Importación de maquinaria usada: el Gobierno flexibiliza el régimen y apunta a acelerar inversiones industriales

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El Ejecutivo modificó el Régimen de Importación de Líneas de Producción Usadas y amplió el alcance de los bienes que podrán ingresar al país para proyectos industriales. La reforma incorpora equipamiento para modernización tecnológica, almacenes inteligentes y sistemas ambientales, al tiempo que redefine plazos y requisitos para las empresas.

La decisión, formalizada mediante el Decreto 483/2026, representa uno de los cambios más significativos en materia de inversión productiva de los últimos años. El nuevo esquema deja de enfocarse exclusivamente en la importación de maquinaria usada y pasa a vincular el beneficio con proyectos de mejora de competitividad aprobados por la autoridad de aplicación.

Para el sector industrial, el cambio implica una ampliación de las herramientas disponibles para modernizar procesos productivos en un contexto donde el acceso a tecnología de última generación suele requerir elevados desembolsos de capital. La norma habilita que las líneas de producción incorporen bienes usados importados junto con equipos nuevos nacionales o importados, e incluso contempla equipamiento destinado a proveedores directos de la empresa beneficiaria bajo contratos específicos.

Un régimen más amplio y orientado a la productividad

La modificación redefine qué proyectos pueden acceder al beneficio. A partir de ahora, las líneas de producción deberán estar vinculadas a una nueva planta, una ampliación de capacidad instalada, una diversificación productiva o una modernización tecnológica que incremente el valor agregado por unidad producida. También podrán destinarse a la generación de energía eléctrica.

Uno de los puntos más relevantes es la incorporación de bienes usados destinados al tratamiento o eliminación de contaminantes de aire, suelo o agua cuando formen parte de establecimientos productivos. La medida busca facilitar inversiones ambientales sin obligar a las empresas a adquirir exclusivamente equipamiento nuevo.

La norma también incorpora expresamente los llamados “almacenes inteligentes”, sistemas automatizados que combinan software, equipos de manipulación y estructuras de almacenamiento para optimizar la logística interna de las plantas industriales.

La posibilidad de incorporar maquinaria usada con hasta 20 años de antigüedad, o incluso hasta 30 años cuando haya sido reconstruida o actualizada tecnológicamente, amplía significativamente el universo de activos elegibles.

En provincias como Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, donde muchas empresas enfrentan desafíos de escala para renovar líneas completas de producción, la medida puede mejorar la relación entre inversión y capacidad productiva, especialmente en actividades exportadoras o con alto componente industrial.

La industria nacional sigue siendo condición obligatoria

La flexibilización no elimina el componente de integración local. Las empresas deberán adquirir bienes nuevos de origen nacional por un monto equivalente a, al menos, 10% del valor FOB de los equipos usados importados incorporados al proyecto.

La exigencia busca generar un efecto multiplicador sobre proveedores locales de maquinaria, componentes y servicios industriales, evitando que la modernización productiva se traduzca exclusivamente en compras externas.

Además, los bienes nacionales podrán destinarse tanto a la línea de producción principal como a otras actividades de la empresa o incluso a proveedores directos vinculados al proyecto.

Otro aspecto central de la reforma es la simplificación administrativa. Los proyectos deberán contar con un dictamen técnico elaborado por organismos estatales, universidades o ingenieros matriculados, aunque dicho informe no será vinculante para la decisión final.

La puesta en marcha deberá concretarse dentro de un año desde la aprobación del proyecto, con posibilidad de prórroga en casos justificados. También se establecen mecanismos para agilizar expedientes históricos que permanecían pendientes de cierre y liberación de garantías.

Claves para las empresas

Aspectos más relevantes del nuevo régimen permite importar líneas de producción con maquinaria usada para proyectos de competitividad industrial. Habilita equipamiento ambiental para tratamiento de contaminantes. Incorpora sistemas automatizados de almacenamiento o “almacenes inteligentes”. Autoriza bienes usados con hasta 20 años de antigüedad o 30 años si fueron reconstruidos. Exige compras de bienes nacionales por al menos 10% del valor importado. Establece plazos más precisos para ejecución y puesta en marcha de proyectos.

La efectividad de la reforma dependerá menos de la letra del decreto que de la velocidad con que la Secretaría de Industria reglamente los procedimientos y apruebe los proyectos. Para las empresas del NEA, el desafío será identificar oportunidades donde la incorporación de tecnología usada permita aumentar productividad, reducir costos operativos o expandir capacidad sin comprometer la rentabilidad de la inversión. Si la implementación logra evitar los cuellos de botella administrativos que el propio decreto reconoce, el régimen podría convertirse en una herramienta relevante para la renovación del capital productivo industrial argentino.

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Tras el cruce con Milei, Paolo Rocca deja de ser CEO de la empresa de Techint que fabrica caños petroleros

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Tenaris anunció un cambio de peso en su conducción global: Paolo Rocca dejará su cargo como CEO de la compañía y será reemplazado por el argentino Gabriel Podskubka, quien hasta ahora se desempeñaba como Chief Operating Officer (COO) de la firma.

La empresa precisó que Rocca continuará como presidente del Grupo Techint y chairman de Tenaris, manteniendo así su peso estratégico dentro de la estructura directiva. El recambio fue presentado como “la culminación de un proceso de planificación de liderazgo a largo plazo”, en una firma que se consolidó como líder global en producción de tubos y servicios para la industria energética.

La decisión llega pocos meses después del fuerte cruce público entre Rocca y el presidente Javier Milei por la licitación de caños destinada a la construcción de un oleoducto vinculado a Vaca Muerta.

El conflicto por la licitación

A fines de enero de 2026, la adjudicación a la compañía india Welspun para el suministro de tubos del gasoducto que unirá Vaca Muerta con Río Negro generó un fuerte enfrentamiento entre el Gobierno y Techint.

Welspun ganó la licitación con una propuesta de 203 millones de dólares para la provisión de 480 kilómetros de tuberías, una oferta que resultó 25% más baja que la presentada por Tenaris. Fue la primera vez en décadas que un proveedor internacional se impuso sobre una firma nacional en un proyecto estratégico de esa magnitud.

Desde Techint argumentaron que esa diferencia respondió a “prácticas de competencia desleal”, señalando el uso de insumos chinos y menores costos industriales en India. Sin embargo, Milei reaccionó con dureza y calificó públicamente a Rocca como “Don Chatarrín de los Tubitos Caros”, acusándolo de intentar cobrar hasta tres veces más por la obra.

En respuesta, Rocca difundió una carta pública en la que defendió la decisión de anticipar una denuncia antidumping contra Welspun, reivindicó la defensa de la industria nacional y pidió un “diálogo constructivo” con el Gobierno para fortalecer la competitividad industrial.

El empresario explicó que Tenaris había ofertado inicialmente 2.090 dólares por tonelada y luego redujo su propuesta un 24% para igualar condiciones, aun cuando eso no resultara rentable para el negocio puntual. Según detalló, esa licitación representaba cerca del 60% del volumen anual del mercado argentino de tubos con costura.

“Lo hicimos solo para preservar la operación industrial a largo plazo”, sostuvo Rocca, quien además advirtió sobre la sobrecapacidad global del sector siderúrgico y las políticas agresivas de exportación de algunos países asiáticos. También insistió en que abrir la economía es necesario, pero remarcó que “la forma en la que nos abrimos” resulta determinante para proteger inversiones estratégicas.

Quién es Gabriel Podskubka

El nuevo CEO de Tenaris tiene una extensa trayectoria dentro del grupo. Ingresó en 1995 a Siderca, donde comenzó su recorrido en áreas vinculadas al marketing, la gestión comercial y la industria.

En 2009 fue designado responsable de las operaciones en Europa del Este y en 2013 pasó a liderar las actividades de la compañía en Medio Oriente como presidente regional. Desde abril de 2023 ocupaba el cargo de COO, con responsabilidad sobre la coordinación comercial, operativa, abastecimiento y desarrollo de productos y servicios.

Podskubka es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y cuenta con un MBA de la Harvard Business School. Además, acumuló experiencia internacional en Argentina, Estados Unidos, Italia, Rumania y Emiratos Árabes Unidos.

En 2025, Tenaris registró ventas por 12 mil millones de dólares, opera plantas industriales en 17 países y emplea a unas 25.000 personas. También cuenta con cuatro centros de investigación y desarrollo, uno de ellos ubicado en Campana, provincia de Buenos Aires. Sus acciones cotizan en las bolsas de Nueva York, Italia y México.

El cambio de mando se produce así en un momento de fuerte debate sobre apertura comercial, competitividad industrial y el futuro de la siderurgia argentina, con Techint nuevamente en el centro de la discusión económica nacional.

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Milei llevó su pelea con industriales a Nueva York y acusó a Rocca y Madanes de ser “empresarios prebendarios”

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En la apertura de Argentina Week, realizada en Nueva York, el presidente Javier Milei internacionalizó uno de los conflictos económicos más sensibles de su gestión: la disputa con sectores industriales que cuestionan la apertura comercial.

Durante su discurso inaugural, el mandatario apuntó directamente contra Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla, a quienes calificó como “empresarios prebendarios” y acusó de haber operado históricamente en alianza con dirigentes políticos para sostener esquemas de protección estatal. La intervención ocurrió frente a inversores internacionales y funcionarios del propio gabinete, en un evento cuyo objetivo formal es promover inversiones en el país.

El mensaje combinó defensa ideológica de la apertura económica con una señal política hacia el empresariado local. Milei sostuvo que parte del sector industrial se benefició durante años de barreras comerciales que encarecieron productos para los consumidores argentinos. En ese marco, aseguró que su gobierno busca desmontar ese esquema, aun si eso implica la reconversión o desaparición de algunas actividades.

La escena dejó una pregunta implícita en el centro del tablero económico: ¿se trata de una advertencia puntual a determinados grupos industriales o de una redefinición más profunda de la relación entre el Gobierno y el empresariado argentino?

Apertura económica y confrontación con la industria protegida

El presidente enmarcó sus críticas dentro de la estrategia de apertura comercial que impulsa su administración. Según planteó, las barreras arancelarias distorsionan los precios relativos y terminan trasladando costos al conjunto de los consumidores.

En ese sentido, señaló que algunos sectores productivos se sostuvieron gracias a medidas de protección estatal. Entre ellas mencionó las restricciones a importaciones que, según explicó, elevaban los precios internos respecto de los valores internacionales.

Milei sostuvo que, al eliminar esas barreras, los consumidores podrán acceder a bienes más baratos y destinar el ahorro a otros sectores de la economía. Bajo esa lógica, defendió el proceso de liberalización comercial aun cuando implique dificultades para industrias que operaron durante años bajo protección.

En ese contexto volvió a cuestionar a Rocca, titular del grupo Techint, y a Madanes Quintanilla, dueño de Fate y vinculado a Aluar. Según afirmó, ambos empresarios se beneficiaron históricamente de regulaciones favorables.

La acusación de presión empresaria y el conflicto por los 900 trabajadores

El punto más áspero del discurso se concentró en el caso de Madanes Quintanilla. Milei afirmó que el empresario presionó al Gobierno para mantener medidas de protección comercial y aseguró que, ante la negativa oficial, se produjo el despido de 900 trabajadores.

Según relató el Presidente, esa decisión ocurrió un día antes de que el Congreso debatiera la reforma laboral impulsada por el oficialismo. Para el mandatario, ese episodio representó una forma de presión sobre la política económica del Gobierno.

La acusación busca instalar una narrativa clara: la disputa no sería entre Estado y empresas, sino entre un nuevo modelo de mercado abierto y sectores industriales que —según la visión oficial— dependen de la protección estatal para sostener su rentabilidad.

En ese marco, Milei sostuvo que quienes defienden la industria nacional bajo esquemas de protección lo hacen para preservar privilegios, y vinculó ese sistema con prácticas de corrupción entre empresarios y dirigentes políticos de etapas anteriores.

Mensaje político y consolidación del liderazgo libertario

El discurso también tuvo un componente político interno. Durante su intervención, Milei destacó el desempeño electoral de La Libertad Avanza y agradeció el trabajo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien atribuyó la estrategia política y la organización electoral del espacio.

El mandatario sostuvo que el oficialismo logró quitarle al peronismo la mayoría en ambas cámaras del Congreso y afirmó que su gobierno está avanzando con reformas que —según dijo— no habían sido posibles en administraciones anteriores.

También elogió a varios integrantes del gabinete presentes en el evento, entre ellos el ministro de Economía Luis Caputo, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el ministro de Salud Mario Lugones.

Entre los funcionarios ausentes mencionó a Diego Santilli, Alejandra Monteoliva y Carlos Presti.

La enumeración no fue casual. En un foro orientado a inversores, el Presidente buscó mostrar cohesión interna del gabinete económico y respaldo político a su programa de reformas.

Riesgo político y escenario económico

Otro de los ejes del discurso fue el impacto del llamado “riesgo político” sobre el financiamiento internacional. Milei afirmó que el riesgo país bajó desde niveles cercanos a los 2500 puntos durante el período electoral hasta alrededor de 550 puntos en la actualidad.

Sin embargo, sostuvo que todavía existe lo que denominó “riesgo kuka”, en referencia a la posibilidad de un retorno del kirchnerismo al poder, factor que —según explicó— sigue influyendo en el costo del financiamiento para la Argentina en el mercado internacional.

De acuerdo con su proyección, si el riesgo país se mantuviera cerca de los 550 puntos, la economía podría crecer entre 4% y 5% anual. Y si descendiera a niveles cercanos a 220 puntos, el crecimiento podría alcanzar tasas de entre 7% y 8%.

En esa hipótesis, sostuvo, el país podría duplicar su producto bruto en menos de una década.

Una señal hacia el empresariado y hacia el Congreso

La intervención en Nueva York dejó algo más que un discurso económico ante inversores. Funcionó también como un mensaje político dirigido a dos frentes simultáneos: el empresariado industrial que cuestiona la apertura comercial y el sistema político que aún debe tramitar reformas estructurales en el Congreso.

La decisión de exponer el conflicto en un escenario internacional revela una estrategia deliberada. Milei no sólo busca convencer a inversores extranjeros de que la Argentina está cambiando su modelo económico; también intenta consolidar un nuevo marco de relación entre el Estado y los grandes grupos empresarios.

La incógnita, hacia adelante, es si esa confrontación se mantendrá en el terreno discursivo o si derivará en un reordenamiento más profundo de las alianzas entre el Gobierno, la industria y el sistema político. En un proceso de reformas todavía en curso, ese equilibrio seguirá siendo uno de los puntos más sensibles del programa económico.

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Federico Panozzo sobre las importaciones: “El comercio está en rojo, solo se habla de aguantar”

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En un contexto económico marcado por la apertura de importaciones, caída del consumo y fuerte presión sobre las pymes, Federico Panozzo fue elegido nuevo presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas. La designación se concretó el viernes pasado, tras la asamblea del Consejo Directivo de la entidad.

En diálogo con Open1017.com, Panozzo trazó un diagnóstico crudo sobre la situación del sector: “Hoy el comercio y la industria están en zona roja. La crisis duró mucho tiempo y hay rubros que desde la pandemia no terminaron de recuperarse”.

Consultado sobre la política de importaciones del Gobierno nacional, el flamante presidente reconoció que el impacto es tangible en el mercado local.

“No se puede negar: los productos están en las casas de nuestros familiares, amigos, y el comerciante posadeño lo está sufriendo”, afirmó. Sin embargo, señaló que los efectos no son homogéneos.

Según explicó, algunos rubros -como el de artículos electrodomésticos- lograron adaptarse y aprovechar la simplificación de importaciones para ampliar su oferta y mejorar precios al consumidor. “Hay socios que tenían más espalda financiera y pudieron organizarse para traer marcas y competir”, indicó.

No obstante, advirtió que el problema de fondo es la falta de previsibilidad. “En Argentina no planificamos a largo plazo. Un gobierno cierra importaciones y apuesta a la industria local; otro las abre de golpe buscando beneficiar al consumidor. Así es muy difícil que las empresas inviertan en tecnología y maquinaria para competir con el mundo”, sostuvo.

Para Panozzo, el debate central debería ser estratégico: “Tenemos que decidir qué tipo de país queremos ser: si uno prestador de servicios o uno industrial”.

Competencia externa y presión regional

El comercio posadeño enfrenta múltiples frentes. A la competencia de productos importados -muchos provenientes de Asia y comercializados a través de plataformas digitales- se suma la histórica competencia fronteriza con Encarnación.

“El diálogo hoy con el comerciante es ver cómo aguanto, cómo llego. No se habla de crecer ni de tomar personal. Se habla de resistir”, describió.

Esa resistencia tiene costos humanos. “Reducir personal no es un triunfo. Para un comerciante es durísimo tener que decirle a un colaborador que no puede seguir. Se pierde calidad de vida bajo presión constante”, remarcó.

Panozzo anticipó que 2026 será un año de ajuste y repliegue para buena parte del sector. “Entendemos que la Nación está apostando a una macroeconomía que en algún momento debería dar resultados positivos. Pero eso no va a suceder en el corto plazo para nuestra economía regional”, advirtió.

En ese marco, el rol de la Cámara será, según definió, “ser representativa de todos los rubros y conseguir herramientas para aguantar”.

La entidad mantiene diálogo fluido con el Gobierno provincial, con el objetivo de articular medidas paliativas. “La caída de ventas también impacta en la recaudación provincial. Estamos en una situación compleja tanto el sector público como el privado”, explicó.

Una gestión enfocada en la representación activa

Panozzo venía desempeñándose como vicepresidente y miembro del Consejo Directivo, por lo que aseguró que su gestión mantendrá una línea de trabajo ya iniciada: fortalecer la representación sectorial y sostener una Cámara activa frente a un escenario desafiante.

“Tenemos distintas realidades según el rubro. Algunos tienen pequeños repuntes por herramientas como los programas Ahora; otros están muy golpeados. El desafío es contener a todos”, afirmó.

Con un panorama marcado por la apertura comercial, la presión impositiva y la caída del consumo, el nuevo presidente no dejó margen para eufemismos: el comercio posadeño atraviesa una etapa crítica. Y la palabra que hoy domina el sector no es expansión ni inversión, sino supervivencia.

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Milei redobla su ofensiva contra industriales y expone la tensión entre apertura y empleo

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Javier Milei volvió a subir el tono contra sectores industriales a los que acusa de haber operado con márgenes extraordinarios al amparo del proteccionismo. A través de su cuenta en X, el Presidente habló de “chorros” y de un “robo” contra los consumidores, y reivindicó la apertura económica como herramienta para desarmar lo que define como un esquema de privilegios empresariales. El mensaje llegó en un momento delicado: el cierre definitivo de la planta de Fate en Virreyes y el despido de 920 empleados, una decisión que obligó al Gobierno a dictar conciliación obligatoria por 15 días bajo la Ley 14.786.

La ofensiva discursiva no es aislada. Se inscribe en una estrategia más amplia de confrontación con sectores productivos que cuestionan la desregulación comercial y la reducción de barreras a la importación. En términos políticos, Milei intenta reforzar su narrativa: la apertura como mecanismo de disciplinamiento de precios y eliminación de “ganancias extraordinarias”.

Acusaciones públicas y defensa de la apertura

El Presidente celebró un mensaje que reunía titulares sobre presuntos sobreprecios industriales y márgenes elevados en distintos rubros. En ese marco, apuntó contra empresarios siderúrgicos y fabricantes de neumáticos, a quienes aludió con apodos despectivos, y sostuvo que habían dejado “en evidencia” un sistema que, según su visión, operó con protección estatal.

En el sector del neumático, Milei citó declaraciones del CEO de Neumen, Roberto Méndez, quien reconoció públicamente: “Los empresarios robábamos con los precios de las cubiertas. Soy el primero en reconocerlo. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo”. También señaló que la ganancia debería ubicarse en “no menos de 22%” sin contar impuestos.

El Gobierno interpreta estas admisiones como prueba de que la regulación comercial y la restricción a las importaciones favorecieron márgenes elevados. Por eso, defiende la apertura como instrumento correctivo. No se trata solo de comercio exterior: es una disputa sobre el modelo productivo y el rol del Estado en la protección de la industria.

Semanas atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, había calificado de “robo” los precios de la ropa en Argentina y admitido que evitaba comprar indumentaria en el mercado interno. El cruce con la industria textil anticipó el clima actual.

El caso Fate: empleo, regulación laboral y señal al mercado

La confrontación discursiva coincidió con el anuncio del cierre de la planta de Fate en Virreyes, partido bonaerense de San Fernando, y el despido de 920 trabajadores. Frente a esa decisión, el Gobierno activó la conciliación obligatoria por 15 días, ordenando retrotraer la situación previa al conflicto.

La resolución, firmada por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo en el marco de la Ley 14.786, obliga a la empresa a dejar sin efecto las cesantías mientras dure el proceso y a garantizar tareas normales. Al mismo tiempo, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino debe suspender medidas de fuerza.

La intervención muestra un equilibrio complejo. Por un lado, el Ejecutivo promueve apertura y competencia externa; por otro, utiliza herramientas regulatorias para contener el impacto laboral inmediato. En términos económicos, el conflicto expone la tensión entre precios más bajos vía importaciones y sostenibilidad del empleo industrial.

El sector del neumático enfrenta competencia creciente en un mercado que históricamente operó con protección arancelaria. La apertura puede presionar márgenes y forzar reestructuraciones. Sin embargo, también puede trasladar beneficios al consumidor final en forma de precios más competitivos.

Señales políticas y reconfiguración del vínculo con la industria

El mensaje presidencial va más allá del caso puntual. Milei habla de “batalla cultural” y agradece, en tono irónico, a empresarios que —según su lectura— revelaron prácticas asociadas al proteccionismo. La estrategia apunta a consolidar apoyo social a la desregulación, incluso en medio de conflictos laborales.

La señal al mercado es ambivalente. Para importadores y consumidores, la retórica refuerza la idea de mayor competencia y menores barreras. Para la industria local, introduce incertidumbre sobre el nivel de respaldo estatal en un contexto de transición.

La utilización de términos duros no es casual. Forma parte de una construcción política que contrapone apertura y “empresarios amigos”. Al mismo tiempo, la conciliación obligatoria muestra que el Gobierno no renuncia a herramientas de intervención cuando el conflicto escala.

La discusión de fondo permanece abierta: cuánto ajuste puede absorber el entramado industrial sin deterioro significativo del empleo y cuánto margen existe para sostener competitividad sin protección. La confrontación discursiva ya está instalada. El impacto económico real se medirá en los próximos meses.

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