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Arriazu ve una oportunidad histórica para Argentina: “Los planetas están alineados si no chocamos la calesita”

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En medio de una de las etapas más complejas para la industria de la construcción, el economista Ricardo Arriazu eligió transmitir un mensaje que combinó diagnóstico duro y optimismo estratégico. Durante la 71° Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), sostuvo que Argentina atraviesa una oportunidad histórica de crecimiento impulsada por el ordenamiento macroeconómico, el potencial exportador de la energía y la minería y una mejora sustancial de las cuentas externas. Sin embargo, dejó una advertencia que resume su mirada sobre el momento actual: “Los planetas están alineados si no chocamos la calesita”.

La exposición estuvo marcada por una fuerte diferenciación entre el presente y el futuro de la economía argentina. Arriazu reconoció que la construcción atraviesa una situación crítica luego del desplome de la inversión pública y la ausencia de mecanismos de financiamiento de largo plazo, pero consideró que el sector podría convertirse en uno de los principales beneficiarios de un escenario de estabilidad económica sostenida.

“La participación de la construcción en el PBI llegó a ser del 25%, ahora está en el 3%, cuando el promedio mundial es del 6%”, señaló el economista, al describir la magnitud del retroceso. Según explicó, Argentina enfrenta además un déficit estructural en materia habitacional y un mercado hipotecario prácticamente inexistente. “Estamos invirtiendo menos que la depreciación de las viviendas”, afirmó, reflejando la pérdida de capacidad de acumulación de capital en uno de los sectores históricamente más dinámicos de la economía.

Para Arriazu, la recuperación de la construcción depende de una condición indispensable: la eliminación definitiva de la inflación. Sin estabilidad de precios, sostuvo, resulta imposible reconstruir el crédito hipotecario y desarrollar instrumentos financieros de largo plazo que permitan movilizar inversiones.

Mientras ese proceso madura, propuso avanzar con sistemas de financiamiento indexados, aunque reconoció las limitaciones actuales. “Hay que utilizar un sistema indexado, pero el salario no acompaña y los bancos no tienen fondeo”, explicó. En ese sentido, planteó la necesidad de crear mecanismos de compensación que permitan equilibrar la evolución de ingresos y cuotas.

El economista también apuntó contra la falta de instrumentos de ahorro de largo plazo, un problema que considera central para financiar el desarrollo. En particular, cuestionó el deterioro de herramientas como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y los sistemas de seguros, históricamente utilizados para canalizar recursos hacia proyectos de infraestructura y vivienda. Su propuesta fue reducir la exposición del FGS a títulos públicos y direccionar parte de esos recursos hacia la actividad constructiva.

Sin embargo, la parte más contundente de su presentación estuvo vinculada a las perspectivas macroeconómicas. Arriazu aseguró que el país atraviesa una transformación estructural que podría modificar décadas de restricciones externas recurrentes. A diferencia de otros ciclos de crecimiento que terminaron en crisis cambiarias, sostuvo que la expansión actual podría apoyarse en una oferta genuina de divisas proveniente de sectores altamente competitivos a nivel internacional.

En esa línea, corrigió significativamente sus propias estimaciones sobre el desempeño externo de la economía. Mientras inicialmente proyectaba un superávit comercial de 13.500 millones de dólares para este año, ahora estima que la cifra podría alcanzar los 20.000 millones de dólares, acompañada incluso por un saldo positivo en la cuenta corriente.

La explicación se encuentra en el fuerte crecimiento de las exportaciones. Según sus cálculos, Argentina sumará este año alrededor de 20.000 millones de dólares adicionales por ventas al exterior, impulsadas principalmente por una cosecha agrícola récord y el avance de los complejos energético y minero.

Desde su perspectiva, el país está transitando un profundo cambio en la estructura productiva. Históricamente, explicó, el esquema económico argentino favoreció a determinados sectores mediante subsidios y protección, generando distorsiones que limitaron la competitividad general. La nueva etapa implica un proceso simultáneo de destrucción y creación de actividades económicas.

Allí aparece uno de los principales desafíos de la transición. Los sectores que actualmente generan dólares —energía, minería y agroindustria— demandan relativamente poca mano de obra, mientras que actividades intensivas en empleo como la construcción, el comercio y parte de la industria todavía enfrentan dificultades. “El problema es entrar en el péndulo del ajuste y salir de él. Hoy es clave cómo me adapto, cómo cambio hacia sectores que van a crecer”, planteó.

Respecto de la política cambiaria, Arriazu respaldó la estrategia oficial y consideró que una devaluación brusca hubiera puesto en riesgo todo el programa económico. “Devaluar hubiera tirado todo el programa al demonio”, afirmó, al tiempo que defendió la apreciación relativa del peso como una consecuencia natural de un proceso exitoso de estabilización.

Su argumento se basa en que los países que logran consolidar estabilidad macroeconómica suelen volverse más caros en términos internacionales. “Si Argentina tiene éxito, Argentina va a ser cara”, sostuvo. Para el economista, el principal obstáculo que aún persiste no es económico sino reputacional: “Tenemos los mejores números macro de América Latina, pero también el riesgo país más alto porque fuimos estafadores seriales”.

Esa referencia apunta directamente a la necesidad de reconstruir credibilidad institucional y financiera luego de décadas de defaults, reestructuraciones y cambios permanentes de reglas de juego. En su visión, la reducción sostenida del riesgo país será la llave para destrabar inversiones masivas en infraestructura, vivienda y producción.

La apuesta de largo plazo está puesta en el sector energético. Arriazu proyectó que para 2030 Argentina podría exportar más de 30.000 millones de dólares anuales únicamente por energía, una cifra que transformaría de manera estructural la disponibilidad de divisas y modificaría una de las principales restricciones históricas al crecimiento económico.

Por eso, más allá de los problemas coyunturales que enfrenta hoy la construcción, el economista llamó a los empresarios a mirar el horizonte estratégico. Su mensaje final fue una síntesis de advertencia y esperanza: Argentina cuenta con recursos naturales, capacidad exportadora y condiciones macroeconómicas que podrían abrir un ciclo de crecimiento sostenido. La incógnita, según planteó, no está en las oportunidades sino en la capacidad política y social para aprovecharlas.

“Los planetas se alinearon. Tenemos una oportunidad espectacular. Pero Argentina tuvo muchas veces oportunidades que desperdició. Espero que esta vez la aprovechemos”, concluyó.

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Canje de deuda con el Banco Central: Economía reemplaza bonos ajustados por inflación por títulos en dólares de largo plazo

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El Ministerio de Economía concretó una operación financiera de gran escala con el Banco Central (BCRA) mediante la conversión de bonos ajustados por CER —atados a la inflación— por títulos soberanos nominados en dólares con vencimientos en 2035 y 2038. La medida implica la posibilidad de ampliar emisiones por hasta USD 7.500 millones nominales y forma parte de la estrategia oficial para reorganizar el perfil de la deuda pública y reducir la exposición del Estado a instrumentos indexados por inflación.

La Resolución Conjunta 31/2026, firmada por las secretarías de Finanzas y Hacienda, autoriza el intercambio de dos bonos CER que estaban en cartera del Banco Central por una canasta compuesta por 66% del Bonar AL35 y 34% del Bonar AE38, ambos títulos en dólares emitidos bajo legislación local.

Desde una perspectiva financiera, la operación modifica la composición de los pasivos del Tesoro sin implicar una nueva captación de fondos. Se trata de un canje entre organismos del sector público que busca reducir el peso de instrumentos cuya evolución depende de la inflación y trasladar parte de ese compromiso hacia bonos con vencimientos más largos.

Los títulos entregados por el BCRA eran dos Boncer de cupón cero con vencimientos en 2027 y 2028. Al reemplazarlos por bonos en dólares que vencen en 2035 y 2038, el Gobierno extiende plazos de repago y disminuye la sensibilidad inmediata de la deuda frente a las variaciones del índice de precios.

Para el equipo económico, la operación también contribuye a consolidar el proceso de desaceleración inflacionaria, dado que reduce la participación de instrumentos cuya actualización está directamente vinculada al CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia).

Qué observa el mercado

El aspecto más relevante para los analistas financieros es que el Tesoro amplía la emisión de dos bonos en dólares ya existentes para realizar una conversión exclusivamente con el Banco Central.

La autorización contempla una expansión de hasta: USD 5.000 millones nominales del Bonar AL35. USD 2.500 millones nominales del Bonar AE38.

La valuación de la operación se realizó tomando los precios de mercado observados en BYMA al momento definido por la normativa.

Al tratarse de una transacción intraestado, el impacto inmediato sobre la liquidez del mercado secundario es limitado. Sin embargo, la señal es relevante porque muestra cuál es la preferencia actual del Tesoro respecto de la estructura de financiamiento futura.

Impacto para la economía real

Aunque la resolución se ubica en el plano financiero, sus efectos potenciales alcanzan al sector productivo.

La evolución de la deuda pública condiciona variables centrales para la inversión privada, como las tasas de interés, el acceso al crédito y las expectativas macroeconómicas. Una reducción del peso de la deuda indexada puede disminuir la presión financiera futura sobre el Tesoro si la inflación continúa descendiendo.

Para las empresas del NEA, particularmente aquellas vinculadas a actividades exportadoras, forestales, yerbateras, tealera, agroindustriales e industriales, la principal variable a seguir es la capacidad del Gobierno para sostener una trayectoria de estabilización financiera que reduzca el costo del capital.

La previsibilidad macroeconómica continúa siendo uno de los factores más determinantes para proyectos de inversión de mediano y largo plazo, especialmente en economías regionales donde el acceso al financiamiento sigue siendo limitado.

Una señal sobre la estrategia financiera de 2026

La operación confirma una tendencia que el mercado viene observando desde finales de 2024: el desplazamiento gradual desde instrumentos indexados hacia deuda de plazo más extenso y con otra estructura de riesgo.

Desde el Ministerio de Economía sostienen que estas herramientas permiten administrar los vencimientos futuros y mejorar el perfil financiero del Estado. El desafío será que esa estrategia pueda sostenerse sin generar nuevas presiones sobre la deuda denominada en moneda extranjera.

El dato clave no es únicamente el canje realizado con el Banco Central, sino la dirección que marca para la política financiera de los próximos meses. Si el Gobierno continúa reduciendo la participación de deuda ajustada por inflación, el mercado evaluará si logra reemplazarla por instrumentos compatibles con una baja sostenida de la inflación y una mejora en las condiciones de financiamiento.

Para el sector productivo, la señal relevante es que la consolidación fiscal y financiera sigue ocupando un lugar central en la estrategia económica. La velocidad con que esas decisiones se traduzcan en crédito más accesible y menor costo de capital será uno de los indicadores más observados por las empresas durante el segundo semestre.

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Caputo ratificó el rumbo económico y anticipó más reformas: “Los mejores meses están por venir”

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El ministro de Economía, Luis Caputo, aprovechó su participación en el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) para enviar una señal clara al mercado: el Gobierno considera que la etapa más difícil del programa económico quedó atrás y apuesta a consolidar un ciclo de crecimiento sostenido, desinflación y reformas estructurales que, según su visión, permitirán modificar patrones históricos de la economía argentina.

Ante ejecutivos financieros, empresarios y referentes del sector privado, el titular del Palacio de Hacienda defendió los resultados obtenidos durante los primeros dos años y medio de gestión y aseguró que los próximos 18 meses serán mejores que los anteriores. “Esperamos que los mejores meses sean los que vienen”, afirmó, en una exposición atravesada por un mensaje de confianza sobre la evolución de la actividad económica y el proceso de baja de la inflación.

Caputo sostuvo que la economía atraviesa una recuperación sostenida y destacó que la tendencia-ciclo del nivel de actividad acumula 24 meses consecutivos de crecimiento, un comportamiento que, según señaló, no se observaba desde 2011. Para el ministro, la mejora no responde a factores transitorios sino a un cambio estructural derivado del ordenamiento macroeconómico implementado desde diciembre de 2023.

La definición más fuerte de la jornada estuvo vinculada a la perspectiva política y económica de mediano plazo. El funcionario aseguró que espera un 2027 “totalmente atípico” respecto de los años electorales tradicionales en Argentina. Según explicó, el Gobierno proyecta llegar a ese período con crecimiento más acelerado, inflación en descenso y sin las tensiones cambiarias y financieras que históricamente acompañaron los procesos electorales.

El mensaje estuvo dirigido tanto a inversores locales como internacionales. Caputo insistió en que la administración de Javier Milei dispone de información y herramientas que permiten sostener el optimismo sobre la evolución de las variables económicas y remarcó que las proyecciones oficiales no responden a una estrategia comunicacional sino a diagnósticos construidos sobre datos concretos.

En materia de reformas, el ministro reivindicó la reglamentación de la modernización laboral como uno de los hitos más relevantes de la gestión. Consideró que la iniciativa facilitará una mayor formalización del empleo y contribuirá a ampliar la base tributaria sin necesidad de aumentar la presión fiscal.

En paralelo, confirmó que el Gobierno enviará al Congreso una nueva versión del proyecto de “Inocencia Fiscal”, incorporando observaciones realizadas por entidades profesionales. La apuesta oficial es que los ahorros que hoy permanecen fuera del circuito financiero se transformen en inversión productiva y potencien el crecimiento económico.

Caputo vinculó directamente ese proceso con la posibilidad de profundizar la reducción de impuestos. Recordó que la administración nacional ya eliminó o redujo tributos equivalentes a tres puntos del Producto Bruto Interno, unos 20.000 millones de dólares anuales, y aseguró que el objetivo sigue siendo disminuir la carga tributaria y los costos regulatorios para mejorar la competitividad.

Sin embargo, dejó en claro que la transformación impositiva no dependerá exclusivamente de la Nación. El ministro apuntó a las provincias y municipios, particularmente por el peso de Ingresos Brutos y las tasas locales. Aunque evitó confrontaciones, afirmó que observa una creciente predisposición de los gobernadores para acompañar el nuevo esquema económico.

Otro de los temas centrales fue la inflación. Caputo reconoció que durante el último año hubo episodios de volatilidad asociados a shocks políticos internos, pero aseguró que el sendero de desaceleración continúa intacto. Según explicó, el Gobierno espera que mayo confirme una nueva reducción del índice de precios y reiteró que la inflación argentina terminará convergiendo a niveles internacionales.

Para respaldar su argumento, comparó la experiencia local con otros programas de estabilización exitosos de América Latina y sostuvo que Argentina logró una reducción de la inflación más rápida que la observada en casos como Chile, Perú, México o Polonia.

En relación con el debate sobre la dolarización, el ministro aclaró que el objetivo del presidente Javier Milei nunca fue reemplazar completamente al peso sino avanzar hacia un esquema de competencia de monedas. En ese sentido, defendió las medidas destinadas a incentivar la circulación de dólares dentro de la economía formal y anticipó una transición hacia un sistema bimonetario similar al uruguayo, donde conviven pesos y dólares según el tipo de transacción.

Respecto del acceso al financiamiento, Caputo explicó por qué el Gobierno continúa sin regresar plenamente a los mercados internacionales. Según detalló, la decisión responde a criterios financieros y no a restricciones de acceso. Argumentó que la Nación puede refinanciar obligaciones mediante organismos multilaterales y emisiones locales a tasas más bajas que las disponibles actualmente en el mercado internacional.

Incluso afirmó que los vencimientos de deuda correspondientes a 2026 y 2027 ya se encuentran cubiertos y destacó el excelente vínculo que mantiene el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional. “La relación con el FMI no puede ser mejor”, resumió.

El ministro también dedicó parte de su exposición al escenario internacional. Reconoció que la incertidumbre global representa un riesgo, especialmente por las tensiones geopolíticas, la persistencia de déficits fiscales en economías desarrolladas y los efectos de la inteligencia artificial sobre la demanda energética y las tasas de interés.

No obstante, sostuvo que Argentina enfrenta ese contexto desde una posición mucho más sólida que en el pasado. Destacó que el país exhibe simultáneamente superávit fiscal y superávit energético, una combinación inédita en las últimas décadas que, a su juicio, permite absorber mejor los shocks externos.

La conclusión de Caputo fue también una definición política. Reafirmó que el programa económico actual es distinto a los anteriores porque el orden macroeconómico no surgió de una crisis sino de una decisión política deliberada. Según su visión, esa diferencia marca un punto de quiebre en la historia económica argentina.

“Esta vez es diferente”, insistió. Para el ministro, la estabilización se consiguió respetando contratos y propiedad privada, sin recurrir a confiscaciones, corralitos o pesificaciones forzadas. En esa lógica, atribuyó al presidente Milei el liderazgo y la determinación necesarios para sostener un programa que considera excepcional en la historia reciente del país.

El mensaje final hacia el empresariado fue inequívoco: más disciplina fiscal, más desregulación, más apertura a la inversión privada y una profundización de las reformas estructurales. En palabras del propio ministro, el camino elegido exige “más ortodoxia que nunca”.

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El Gobierno estira el “ancla” impositiva a los combustibles

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El Palacio de Hacienda acaba de ejecutar una nueva maniobra de microcirugía monetaria sobre la estructura de precios relativos de la energía. Mediante el Decreto 405/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial tras la rúbrica del presidente Milei, el ministro Caputo y el jefe de gabinete Adorni, el Ejecutivo nacional dispuso postergar de forma parcial hasta el 1° de julio de 2026 la aplicación de las actualizaciones remanentes del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC).

La medida, analizada bajo la lente macroeconómica del Nordeste Argentino (NEA), opera como un respirador artificial temporal para un sector de consumo de alta sensibilidad. Al alterar los plazos fijados previamente en el Decreto 617/2025 y su cadena de prórrogas mensuales subsidiarias, el Gobierno asume el costo de oportunidad fiscal en el corto plazo con un objetivo unívoco: evitar que la inercia del canal de distribución indexe de manera anticipada la tasa de inflación núcleo (core inflation) del mes que inicia.

¿Qué se posterga y por qué?

La arquitectura del esquema impositivo local, regida por la histórica Ley N° 23.966, estipula indexaciones trimestrales basadas en la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. El texto oficial de la norma desnudó el solapamiento de vencimientos que amenazaba el surtidor este mes: el remanente de los períodos fiscales correspondientes a los años calendario 2024 y 2025. Y el impacto pleno del primer trimestre calendario de 2026.

Al unificar los efectos de estos tres bloques impositivos para los hechos imponibles que se perfeccionen recién a partir del 1° de julio, la administración central busca amortiguar la presión sobre la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. El argumento oficial explicita el delicado equilibrio de la hoja de ruta económica: “Continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”. Traducido al llano: la recaudación secundaria cede el paso al control del índice de precios.

Para las provincias del NEA —una región caracterizada por la ausencia estructural de redes de gas natural domiciliario de cobertura total y una dependencia absoluta del transporte automotor de cargas—, el precio del gasoil no es una variable marginal, sino el denominador común del costo logístico global.

Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa conviven históricamente con una distorsión de precios en boca de expendio respecto al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Mientras el artículo 7° de la Ley 23.966 ratifica exenciones y montos diferenciales fijos para la Patagonia (Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Patagones y Malargüe), el Norte Grande continúa absorbiendo los costos de flete interno desde los nodos de refinado.

El aplazamiento impositivo mitiga de forma transitoria el salto en los costos fijos de las pymes de transporte regionales, pero no neutraliza el sendero de recomposición de márgenes que las petroleras (encabezadas por YPF como market maker) aplican por fuera del componente puramente impositivo, asociadas al precio internacional del barril de crudo (Brent) y la devaluación mensual programada (crawling peg).

Cronología de la contención fiscal

El laberinto administrativo que derivó en la firma de este decreto exhibe una secuencia sistemática de postergaciones durante el último semestre, configurando la principal ancla nominal del programa de estabilización.

Decreto 617/2025 – 28 de Agosto de 2025: Establece la matriz de postergación de los pasivos impositivos hidrocarburíferos devengados.

Decretos de Fin de Año – Septiembre – Diciembre 2025: Tránsito sucesivo mediante los Decretos 699, 782, 840 y 929 para evitar el traslado a góndolas durante el pico de consumo de las fiestas de fin de año.

Batería Normativa 2026 – Enero – Abril 2026: Congelamiento secuencial mes a mes mediante las oficinas de Hacienda (Decretos 74, 116, 217 y 302) bajo monitoreo de ARCA (ex AFIP).

Decreto 405/2026 – 29 de Mayo de 2026: Firma definitiva de la norma actual. Publicación e inicio de vigencia al 1° de junio, fijando el nuevo horizonte de impacto al inicio del segundo semestre.

El interrogante central para los analistas radica en la sostenibilidad de esta estrategia. El diferimiento del cobro de tributos a los combustibles implica una renuncia fiscal líquida e inmediata para las arcas de la Nación y, por derrame de coparticipación, para las provincias del NEA.

Sin embargo, el coeficiente de elasticidad de la demanda de combustibles ha mostrado signos de fatiga ante las actualizaciones previas. En una economía de frontera donde el diferencial de precios con los países vecinos (Paraguay y Brasil) se ha acortado drásticamente, la caída del consumo fronterizo ya eliminó el histórico “colchón” de demanda externa que dinamizaba las estaciones de servicio misioneras.

En conclusión, el Decreto 405/2026 compra tiempo. Otorga 30 días de estabilidad formal a la base imponible del combustible, transfiriendo al mes de julio —pleno período de receso invernal y estacionalidad turística alta— el desafío de calibrar el precio definitivo de la energía sin disparar las expectativas de inflación regional.

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Milei endurece su discurso contra la oposición y apuesta a la energía como motor del nuevo ciclo económico

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El presidente Javier Milei utilizó el escenario del Latam Economic Forum para profundizar la narrativa política y económica que atraviesa su gestión: confrontación con la oposición, cuestionamiento al rol de los medios de comunicación y defensa cerrada del programa de ajuste y desregulación impulsado desde diciembre de 2023.

Ante empresarios, funcionarios, legisladores y referentes del oficialismo reunidos en Parque Norte, Milei buscó instalar la idea de que la Argentina ingresó en una etapa de estabilización macroeconómica irreversible y que el próximo desafío será transformar esa estabilidad en crecimiento sostenido vía inversiones privadas, especialmente en energía, minería e infraestructura.

La exposición tuvo una fuerte carga política. El mandatario acusó a sectores opositores de haber intentado “un golpe de Estado” contra su programa económico durante 2025 y sostuvo que los medios de comunicación “atacan injustamente” al Gobierno. El mensaje no fue aislado: formó parte de una estrategia discursiva orientada a consolidar la identidad política de La Libertad Avanza frente a un año de reconfiguración parlamentaria y de negociación permanente con gobernadores y actores económicos.

A diferencia de otros discursos centrados exclusivamente en el ajuste fiscal o la desaceleración inflacionaria, Milei intentó mostrar una segunda etapa de gestión. La premisa fue clara: la estabilidad macroeconómica ya no alcanza por sí sola y ahora el Gobierno necesita exhibir perspectivas de expansión real de la economía.

“La baja inflación y la estabilidad macroeconómica no generan crecimiento”, afirmó el Presidente, en una frase que sintetizó el nuevo enfoque oficial.

Según Milei, el crecimiento llegará a partir de un cambio estructural basado en energía barata, menor presión fiscal, apertura económica y desregulación. En ese esquema, el sector privado aparece como protagonista absoluto del modelo.

El mandatario vinculó directamente ese escenario con el desarrollo energético argentino. Mencionó petróleo, gas, energía nuclear y minerales como activos estratégicos en un contexto internacional marcado por el reordenamiento de cadenas globales de suministro y la búsqueda de países considerados “seguros” para invertir.

La apuesta oficial es transformar a la Argentina en un polo industrial asociado a recursos energéticos competitivos, con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) como principal herramienta de atracción de capitales.

El RIGI como columna vertebral del modelo Milei

El Presidente volvió a defender el RIGI y anticipó una profundización del esquema mediante el denominado “SuperRIGI”, ya enviado al Congreso.

La referencia no fue menor. El oficialismo busca convertir al régimen de beneficios fiscales y regulatorios en el corazón del nuevo ciclo económico, especialmente para proyectos energéticos, mineros y de infraestructura de gran escala.

Para reforzar ese argumento, Milei citó el caso de Neuquén y el crecimiento asociado a las inversiones vinculadas a Vaca Muerta. Según planteó, el esquema permitió multiplicar el ingreso de capitales con un costo fiscal reducido para las provincias adheridas.

La lógica política detrás de ese mensaje también apunta a presionar a las jurisdicciones que todavía mantienen reparos sobre la adhesión plena al régimen.

El Latam Economic Forum dejó otra señal relevante: la creciente centralidad del sector energético dentro del esquema de poder libertario.

Funcionarios, empresarios y legisladores coincidieron en ubicar a la energía como uno de los principales vectores de acumulación económica y política del Gobierno. No casualmente, uno de los discursos más esperados fue el del presidente de YPF, Horacio Marín, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, reforzó la idea de que la desaceleración inflacionaria seguirá consolidándose durante los próximos meses.

Caputo incluso anticipó que la inflación de mayo sería inferior a la de abril y sostuvo que hacia 2027 la economía “se llevará puesta a la política”, una definición que expone el intento oficial de subordinar la disputa política al desempeño macroeconómico.

La confrontación política sigue siendo parte del modelo

Pese al intento de mostrar una agenda orientada a inversiones y crecimiento, Milei mantuvo intacto el tono confrontativo que caracteriza a su gestión.

Volvió a cuestionar a la oposición, reivindicó el rol de la ministra Patricia Bullrich en el control de la protesta social y defendió a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, al asegurar que resistió presiones internas y externas para desplazarla.

También insistió con la idea de que el kirchnerismo destruyó al sector privado y sostuvo que ahora “florecen miles de nuevas industrias” gracias a la liberalización económica.

La narrativa oficial busca consolidar un doble mensaje: por un lado, estabilidad y oportunidad de negocios para el empresariado; por otro, confrontación política permanente para mantener cohesionada a la base libertaria.

Aunque el discurso estuvo centrado en variables macroeconómicas y en sectores como energía y minería, la estrategia económica del Gobierno también tiene implicancias para provincias periféricas como Misiones.

La insistencia en atraer inversiones mediante regímenes especiales, desregulación y reducción tributaria vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre competitividad regional, infraestructura energética y costos logísticos.

Para Misiones y el NEA, el foco creciente en energía puede abrir oportunidades vinculadas a biomasa, forestoindustria y proyectos de transición energética. Sin embargo, también profundiza tensiones históricas: las provincias reclaman mayor infraestructura y condiciones fiscales diferenciales para competir en igualdad frente a los grandes polos productivos del centro del país.

El discurso presidencial dejó entrever otra variable relevante: el Gobierno considera que el crecimiento futuro dependerá más de sectores exportadores de gran escala que del consumo interno como dinamizador económico. Esa definición podría reconfigurar prioridades de inversión pública y privada en las regiones.

Un Gobierno que busca pasar de la resistencia a la expansión

El acto en Parque Norte mostró a un oficialismo que intenta dejar atrás la etapa defensiva del ajuste y comenzar a construir un relato de expansión económica.

La Casa Rosada necesita ahora demostrar que el equilibrio fiscal y la desaceleración inflacionaria pueden traducirse en inversión, empleo y actividad. Esa será la principal variable política de los próximos meses.

Mientras tanto, Milei mantiene intacta la lógica de confrontación que lo llevó al poder: polarización política, cuestionamiento al sistema tradicional y construcción de un vínculo directo con sectores empresarios y sociales que todavía respaldan el rumbo económico.

El desafío para el Gobierno será sostener esa narrativa si la recuperación económica continúa mostrando velocidades distintas entre sectores y regiones.

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