Informalidad Laboral

La informalidad y el trabajo por cuenta propia marcan el crecimiento del empleo en Posadas

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En el primer trimestre de 2026, el aglomerado de Posadas presentó una tasa de empleo del 44,3%, con 176 mil ocupados y un incremento de la población ocupada de casi diez mil personas. Sin embargo, esa mejora en la cantidad de trabajadores se contrapone con las características: la suba se explica por trabajos informales y por cuenta propia.  

Sobre 176 mil ocupados en el aglomerado misionero, el 66% son asalariados, el 29% cuentapropistas y el 5% patrones. Respecto a estos niveles de participación, se destaca que el trabajo asalariado cayó en un punto porcentual respecto a igual período de  2025 cuando era del 67% y queda cada vez más lejos del pico para un primer trimestre que se observó en 2023 con el 73%. Es decir, el empleo asalariado continúa perdiendo peso relativo sobre la estructura laboral de Posadas. 

Por el contrario, el cuentapropismo pasó del 24% en 2023 al 28% en 2025 y 29% en 2026, con un incremento en la participación relativa que cambia la estructura laboral histórica de Posadas.  

Si se compara la cantidad de trabajadores por modalidad ocupacional, la situación muestra con más fuerza estas dinámicas. Por caso, en el primer trimestre de 2026 el empleo cuentapropista creció 8,2% interanual y el asalariado lo hizo en 4,2%; sin embargo, estos  crecimientos se dieron de la mano de la informalidad. Los trabajadores cuentapropistas  totales se incrementaron en 3.847 personas pero, en ese marco, los formales (registrados, como puede ser un monotributista) cayeron 18,2% (-2.541 trabajadores) mientras que los informales crecieron 19,4% (+6.388 personas). Es decir, el cuentapropismo creció de la mano del trabajo sin registración

Similar caso se ve para los asalariados: el total se  incrementó en 4.696 personas pero, dentro de esas, los asalariados formales (es decir,  trabajadores en relación de dependencia) cayeron 9,7% (-7.146 personas) mientras que los informales crecieron en 31,4% (+11.842 trabajadores).  

A esto, debe incorporarse también la situación de la otra modalidad ocupacional restante: los Patrones. Estos crecieron 9,6% equivalente a 727 personas, pero hacia dentro del grupo, los que trabajan de modo formal cayeron en 39,1% (-2.417) y los que lo hacen de modo informal crecieron en 223,8% (+3.144 personas). 

De este modo, los datos muestran que el incremento del empleo observado en Posadas  durante el último año no respondió a una expansión del trabajo registrado, sino a un avance  de las modalidades más precarias de inserción laboral. Mientras el empleo formal destruyó  12.104 puestos de trabajo (-12,9%), el empleo informal incorporó 21.603 ocupados (+30,0%), compensando ampliamente esa pérdida y explicando la totalidad del  crecimiento neto de la ocupación.  

Este proceso configura un deterioro en la calidad del empleo más que una mejora del  mercado laboral. Si bien más personas lograron incorporarse a una actividad económica, lo hicieron mayoritariamente en ocupaciones sin registración, con menores niveles de estabilidad, protección social y acceso a derechos laborales. Al mismo tiempo, la reducción del empleo asalariado formal y del cuentapropismo registrado evidencia que los segmentos de mayor calidad continúan perdiendo terreno frente a formas de inserción más vulnerables. 

¿Cómo se comportó Posadas respecto al NEA? 

La región mostró la misma dinámica que la  capital misionera, aunque a un ritmo algo menor. El empleo formal cayó 3,7% (-11.466 personas)  mientras que el informal creció en 16,6% (+47.034). Viendo por modalidad de ocupación, el cuentapropismo creció 12,7% con más fuerza en los informales de ese segmento  (+16,2% vs. +0,5% de formales); y el empleo asalariado creció 2,4% (con el formal cayendo  4,7% y el informal creciendo 16,2%). 

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Argentina más desigual: el 10% más rico concentra un tercio de los ingresos

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La economía argentina mostró en el primer trimestre de 2026 una foto incómoda: los ingresos crecieron en términos nominales, pero la distribución volvió a tensarse. El nuevo informe de distribución del ingreso del INDEC revela que la suma total de ingresos de la población urbana relevada alcanzó los $21,9 billones, con una suba nominal interanual del 35,6%. Sin embargo, detrás de esa mejora estadística persiste una estructura desigual, donde el salto de los ingresos no alcanza a cerrar la distancia entre la base y la cima de la pirámide social.

El ingreso per cápita familiar promedio fue de $728.008, mientras que la mediana se ubicó en $500.000. Esa diferencia ya marca una primera señal: el promedio queda empujado hacia arriba por los sectores de mayores ingresos, mientras que la mitad de la población vive con menos de medio millón de pesos mensuales por integrante del hogar.

La desigualdad se observa con mayor nitidez en los extremos. El primer decil tuvo un ingreso medio per cápita de $130.550, mientras que el décimo decil alcanzó $2.435.937. Es decir, el ingreso promedio del 10% más rico fue casi 19 veces superior al del 10% más pobre. Medido por medianas, la brecha fue de 15 veces, el mismo nivel que un año atrás.

El coeficiente de Gini, uno de los indicadores más utilizados para medir la desigualdad, se ubicó en 0,442. El dato implica un deterioro frente al 0,435 registrado en el primer trimestre de 2025 y también contra el 0,427 del cuarto trimestre del año pasado. La serie muestra que la distribución no logró sostener la mejora relativa observada hacia fines de 2025.

La concentración del ingreso sigue siendo elevada. El 10% de mayores ingresos captó el 33,5% del ingreso per cápita familiar total, mientras que el 10% más pobre apenas recibió el 1,8%. En otras palabras, un solo decil concentró casi la misma porción del ingreso que los seis deciles más bajos juntos.

El mercado laboral continúa siendo el principal sostén de los hogares. Los ingresos laborales representaron el 77,7% del total, frente al 22,3% de ingresos no laborales, que incluyen jubilaciones, pensiones, subsidios, alquileres, cuotas alimentarias y ayudas de otros hogares. Pero esa composición cambia de manera drástica según el nivel socioeconómico: en el primer decil, los ingresos no laborales explicaron el 61% del total, lo que muestra una dependencia mucho mayor de transferencias, jubilaciones o asistencias.

El informe también expone la fragilidad de los hogares de menores recursos. En el decil más bajo hubo 272 personas no ocupadas cada 100 ocupadas, mientras que en el decil más alto esa relación cayó a 48. La desigualdad, por lo tanto, no solo se expresa en cuánto se gana, sino también en cuántas personas dependen de cada ingreso dentro del hogar.

Entre la población ocupada, el ingreso promedio de la ocupación principal fue de $1.104.227, con una mediana de $900.000. La mitad de los trabajadores ganó menos de ese monto. Los primeros cuatro deciles de ocupados tuvieron un ingreso promedio de $405.245, mientras que los deciles 9 y 10 alcanzaron $2.579.304.

La formalidad laboral volvió a marcar una frontera decisiva. Los asalariados con descuento jubilatorio percibieron en promedio $1.375.143, contra $731.150 entre quienes no tuvieron descuento jubilatorio. La diferencia revela el peso de la informalidad como mecanismo de segmentación salarial: no solo reduce derechos laborales y previsionales, también achica de manera directa el ingreso mensual.

La brecha de género se mantiene como otro rasgo persistente. Los varones perceptores tuvieron un ingreso promedio de $1.352.247, mientras que las mujeres alcanzaron $959.030. La distancia refleja una combinación de desigualdades laborales: menor acceso a puestos mejor remunerados, mayor presencia en actividades de ingresos bajos, informalidad y sobrecarga de tareas de cuidado.

El dato de fondo es que la recomposición nominal de ingresos no necesariamente implica una mejora distributiva. La economía puede mostrar salarios, jubilaciones o ingresos familiares más altos en pesos corrientes, pero si el reparto se concentra en la parte superior, el tejido social sigue bajo presión.

El primer trimestre de 2026 deja así una conclusión clara: la Argentina urbana recuperó masa nominal de ingresos, pero no logró mejorar su distribución. La desigualdad volvió a crecer, la brecha entre extremos permanece elevada y los hogares de menores recursos siguen dependiendo de menos ocupados, más transferencias y una estructura laboral más vulnerable.

La mejora económica, para convertirse en bienestar social, necesita algo más que ingresos que suban en pesos: requiere empleo formal, salarios que le ganen a la inflación, políticas de cuidado, protección social eficiente y una expansión productiva capaz de llegar a los deciles que hoy permanecen más lejos de la recuperación.

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La Fundación Mediterránea advierte que la estabilidad macro aún no se traduce en una mejora real del empleo y los ingresos

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La desaceleración de la inflación, el equilibrio fiscal y la recuperación de algunos indicadores macroeconómicos aparecen como los principales logros exhibidos por el Gobierno nacional. Sin embargo, un informe de la Fundación Mediterránea plantea una advertencia de fondo: la estabilidad macroeconómica, por sí sola, no garantiza una mejora en las condiciones de vida de la población si no viene acompañada por una recuperación sostenida del mercado laboral formal y de los ingresos.

El trabajo, elaborado por las especialistas Laura Caullo y Guadalupe Galíndez, sostiene que la economía argentina enfrenta un desafío estructural que excede el ordenamiento de las variables macroeconómicas. Según el análisis, el mercado de trabajo continúa mostrando elevados niveles de precarización, informalidad y presión laboral, factores que limitan el impacto social de la estabilización económica.

Los datos correspondientes al primer trimestre de 2026 reflejan esa contradicción. La tasa de desempleo se ubicó en 7,8%, equivalente a aproximadamente 1,8 millones de personas sin trabajo, un nivel prácticamente idéntico al registrado en igual período del año anterior. Sin embargo, detrás de esa aparente estabilidad se observa un deterioro en otros indicadores clave.

La subocupación aumentó de 10% a 11,1%, alcanzando a unas 2,5 millones de personas que trabajan menos horas de las que necesitan para sostener sus ingresos. A su vez, al incorporar a quienes tienen empleo pero buscan otra ocupación o mayores horas laborales, la denominada presión laboral total trepa hasta el 23,6% de la población económicamente activa, involucrando a más de 5,3 millones de argentinos.

Para la Fundación Mediterránea, este indicador resulta especialmente relevante porque revela una situación de fragilidad económica que no aparece reflejada únicamente en la tasa de desempleo. La necesidad de complementar ingresos o conseguir más trabajo evidencia que una porción significativa de la población no logra cubrir sus necesidades básicas con su actividad actual.

El informe también pone el foco sobre la calidad del empleo. Durante el último año se perdieron alrededor de 100.000 puestos asalariados privados y otros 21.000 empleos públicos, mientras que el número de monotributistas aumentó en 90.000 personas. La dinámica refleja una sustitución parcial del empleo asalariado por formas de ocupación más flexibles, aunque generalmente con menores niveles de protección social.

A este fenómeno se suma la persistencia de una elevada informalidad laboral. Según el estudio, el 44,2% de los ocupados trabaja sin aportes jubilatorios ni cobertura de seguridad social, lo que equivale a unos 9,2 millones de personas. Se trata de uno de los principales obstáculos para que el crecimiento económico pueda traducirse en una mejora sostenible del bienestar.

“La heterogeneidad que exhibe el mercado laboral argentino pone de manifiesto que la estabilización macroeconómica, aun siendo un paso indispensable, no garantiza por sí misma una mejora en las condiciones de vida”, señala el documento. El diagnóstico apunta a que el país enfrenta problemas estructurales que requieren políticas específicas orientadas a la generación de empleo formal y productivo.

El análisis también muestra fuertes diferencias territoriales. En ocho provincias la presión laboral supera el promedio nacional. En los partidos del Gran Buenos Aires, por ejemplo, la problemática se expresa a través de mayores niveles de desempleo y competencia por los puestos de trabajo disponibles. En otras jurisdicciones como Río Negro, Santiago del Estero, Formosa o Chubut, la menor presión laboral convive con altas tasas de inactividad, un fenómeno que refleja la salida de personas del mercado laboral más que una mejora efectiva de las condiciones económicas.

Desde una perspectiva económica, el informe plantea que la verdadera prueba para la actual etapa de estabilización será su capacidad para generar empleo de calidad. “El desafío ya no pasa solamente por crear puestos de trabajo, sino por mejorar su calidad”, remarcan las autoras.

La conclusión del trabajo utiliza una analogía futbolística para resumir el escenario actual. Si la estabilidad macroeconómica representa una defensa ordenada, el empleo formal y los ingresos constituyen la capacidad ofensiva de una economía. En otras palabras, mantener el equilibrio fiscal y controlar la inflación son condiciones necesarias, pero insuficientes, para mejorar el bienestar social si no se generan oportunidades laborales capaces de sostener el crecimiento del consumo y la movilidad económica de los hogares.

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Pymes misioneras mantienen la cautela y advierten caída de expectativas

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La economía pyme de Misiones continúa transitando un escenario de estancamiento y elevada incertidumbre. Sin señales claras de recuperación de la demanda ni de mejora en las condiciones de competitividad, los empresarios de la provincia mantienen una postura defensiva frente a la evolución de la actividad económica, el empleo y las inversiones.

Así lo refleja la última Encuesta Provincial de la Confederación Económica de Misiones (CEM), elaborada sobre una muestra de 212 empresarios de distintos sectores productivos y comerciales de la provincia. Los resultados muestran una economía que no termina de encontrar un punto de inflexión positivo y donde predominan las preocupaciones vinculadas a la presión tributaria, los costos laborales, la informalidad y la competencia desleal.

Durante mayo, el 42% de los encuestados calificó el movimiento económico como “regular”, consolidando una tendencia que se viene repitiendo desde hace varios meses. Apenas un 14% evaluó la actividad como buena o muy buena, mientras que un 41% la consideró mala o muy mala, evidenciando que el proceso de estabilización macroeconómica nacional todavía no logra traducirse en una mejora homogénea para el entramado pyme misionero.

La cautela también se refleja en las decisiones vinculadas al empleo. El 86% de los empresarios aseguró que no prevé modificar su plantilla laboral, mientras que apenas un 2% manifestó intenciones de contratar personal. En contrapartida, un 12% anticipó posibles despidos, un dato que refleja las dificultades que enfrentan muchas empresas para sostener costos en un contexto de consumo débil y márgenes ajustados.

Entre los principales obstáculos para incorporar trabajadores aparecen las elevadas cargas laborales, señaladas por el 28% de los consultados. También pesan la inestabilidad económica, mencionada por el 21%, el riesgo sindical con un 15% y el temor a litigios laborales con un 13%. La combinación de estos factores configura un escenario donde la generación de empleo privado continúa encontrando fuertes barreras estructurales.

A nivel nacional, los empresarios identifican a la carga tributaria como el principal problema que afecta la actividad económica, con un 24% de las respuestas. Muy cerca aparecen los costos laborales, con un 23%, y la recesión económica, con un 21%. Más atrás se ubican las dificultades de financiamiento, la corrupción y la inflación, lo que muestra cómo la agenda empresarial se ha desplazado desde la preocupación por los precios hacia la competitividad y la rentabilidad.

En el plano provincial, las demandas históricas del sector privado mantienen plena vigencia. La carga tributaria lidera las preocupaciones con el 32% de las respuestas, seguida por las barreras arancelarias con el 26%. La corrupción y los problemas de infraestructura completan el cuadro de dificultades señaladas por los empresarios.

Sin embargo, cuando se analiza la realidad municipal, emerge una problemática que gana cada vez más relevancia: la informalidad y la competencia desleal. Con el 24% de las menciones, se ubica como el principal condicionante de la actividad económica local. A ello se suman el impacto del comercio fronterizo, las tasas municipales y las dificultades de infraestructura y burocracia administrativa.

La percepción sobre el futuro tampoco muestra señales contundentes de optimismo. Respecto de la evolución de la economía nacional durante los próximos seis meses, apenas el 28% cree que Argentina crecerá, mientras que un 31% considera que no lo hará y un 33% manifiesta incertidumbre.

Las expectativas son aún más pesimistas cuando se consulta sobre Misiones. Solo el 7% de los empresarios cree que la provincia experimentará crecimiento en el próximo semestre, mientras que el 54% considera que no habrá expansión económica y un 32% no tiene una opinión definida.

Otro dato que revela la fragilidad del escenario económico es la percepción sobre los precios. A pesar de la desaceleración inflacionaria observada a nivel nacional, casi el 88% de los empresarios continúa registrando aumentos de costos y precios en su actividad diaria, mientras apenas un 10% no percibe variaciones significativas.

La situación financiera de empresas y consumidores también muestra señales de tensión. El 50% de los encuestados detectó un incremento de la mora en los pagos de sus clientes durante el último período. De ese total, un 23% aseguró que el aumento fue significativo y un 27% señaló que se incrementó levemente.

En paralelo, la problemática de los cheques rechazados continúa presente en la operatoria comercial. Entre quienes utilizan este instrumento, más de una cuarta parte reconoce recibir cheques rechazados con cierta frecuencia u ocasionalmente, un indicador que suele funcionar como termómetro adelantado de las dificultades financieras en el sector privado.

Los resultados de la encuesta dejan en evidencia que, más allá de la estabilización macroeconómica y la desaceleración de la inflación, las pymes misioneras todavía no perciben condiciones suficientes para retomar una senda de crecimiento sostenido. La presión impositiva, los costos laborales, la informalidad y la falta de dinamismo de la demanda continúan configurando un escenario de prudencia empresarial, donde la prioridad sigue siendo sostener la actividad antes que expandirse.

CEM Encuesta Provincial MAYO 26 1 by CristianMilciades

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¿Paraguay es un espejo en el que mirarse?: la informalidad llega al 20,5% del PIB y alcanza al 60,1% del empleo

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Paraguay se convirtió en una de las referencias más citadas por el presidente Javier Milei cuando habla de competitividad, disciplina fiscal y crecimiento económico. Con una presión tributaria reducida, estabilidad monetaria y una economía que mantuvo dinamismo durante los últimos años, el país vecino aparece como uno de los modelos que la administración libertaria observa con atención.

Sin embargo, detrás de los indicadores macroeconómicos positivos persiste una realidad que condiciona el desarrollo paraguayo: la elevada informalidad laboral y empresarial.

Según estimaciones basadas en cuentas nacionales, la economía informal representa alrededor del 20,5% del Producto Interno Bruto (PIB) de Paraguay. Al mismo tiempo, el 60,1% de los trabajadores se desempeña en condiciones de informalidad, una proporción que se mantiene entre las más altas de la región.

El economista Rodrigo Ibarrola, investigador del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), sostiene que la informalidad no puede explicarse únicamente por la presión impositiva o la burocracia estatal. Se trata de un fenómeno multicausal y estructural, vinculado a factores productivos, educativos e institucionales.

“La informalidad es una parte fundamental del funcionamiento económico paraguayo”, señala en un reportaje del diario Última Hora. Está presente en el comercio callejero, la construcción, el transporte, los servicios domésticos, las actividades agrícolas y miles de pequeños emprendimientos familiares.

Ibarrola advierte que la informalidad no constituye una categoría homogénea. Incluye desde trabajadores de subsistencia que no pueden afrontar los costos de la formalización hasta profesionales y empresarios que optan por permanecer fuera del sistema para aprovechar ventajas tributarias o mayores márgenes de flexibilidad.

Por esa razón, considera que medir exclusivamente la cantidad de trabajadores informales puede conducir a diagnósticos incompletos. Dos países pueden exhibir tasas similares y enfrentar problemas completamente diferentes.

Un modelo que crece pese a la informalidad

Uno de los aspectos más llamativos del caso paraguayo es que el crecimiento económico convive con altos niveles de informalidad.

La experiencia paraguaya contradice parcialmente la idea de que la formalización debe preceder necesariamente al crecimiento. Durante la última década, el país logró consolidar estabilidad macroeconómica, atraer inversiones y expandir sectores como la agroindustria, la energía y los servicios, aun con una importante porción de la economía funcionando fuera de los registros oficiales.

Para Milei y sus equipos económicos, Paraguay suele representar un ejemplo de competitividad regional. Su esquema tributario simple, el impuesto corporativo reducido, la estabilidad fiscal y el bajo nivel de endeudamiento son frecuentemente mencionados como ventajas frente al modelo argentino.

Sin embargo, los especialistas paraguayos advierten que la informalidad sigue generando costos significativos. Reduce la recaudación fiscal, limita el acceso a la protección social, restringe la productividad y dificulta la construcción de empresas de mayor escala.

Para Ibarrola, la clave de una reducción sostenible de la informalidad no pasa por endurecer sanciones ni multiplicar controles.

La evidencia muestra que los trabajadores con mayor nivel educativo tienen más probabilidades de acceder a empleos registrados, cobertura médica, aportes jubilatorios y contratos laborales formales. Además, suelen insertarse en empresas más grandes y productivas.

“La educación incrementa la productividad individual y facilita el acceso a mejores empleos. Los mejores empleos generan mayores ingresos y favorecen la inserción formal”, explica.

En esa lógica, la formalización aparece como una consecuencia del desarrollo económico más que como una condición previa.

El economista también cuestiona las estrategias basadas exclusivamente en fiscalización y castigos.

Paraguay enfrenta una paradoja: posee una alta intención regulatoria, pero limitada capacidad para controlar efectivamente el cumplimiento de las normas. Como resultado, muchos programas de formalización terminan mostrando impactos modestos.

Además, una formalización abrupta podría provocar efectos contraproducentes, como cierres de microempresas, aumento del desempleo o caída de ingresos familiares.

Por eso propone políticas centradas en incentivos, reducción de costos administrativos y mejoras concretas en los servicios públicos que reciben quienes ingresan al sistema formal.

El desafío pendiente del modelo paraguayo

La experiencia paraguaya muestra que es posible sostener crecimiento económico, estabilidad fiscal y competitividad aun con elevados niveles de informalidad. Pero también evidencia los límites de ese modelo cuando se busca avanzar hacia mayores niveles de productividad, innovación y desarrollo social.

Mientras Milei señala a Paraguay como una referencia para la economía argentina, el debate en el país vecino gira precisamente sobre cómo resolver una de sus principales asignaturas pendientes.

La informalidad ya no aparece como una anomalía transitoria. Es un fenómeno estructural que representa una quinta parte de la economía paraguaya y más de la mitad de su mercado laboral.

El desafío para Paraguay será mantener las fortalezas que hoy despiertan admiración en parte de la dirigencia argentina sin resignar el objetivo de construir una economía más integrada, productiva y formal.

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