Informalidad Laboral

Argentina más desigual: el 10% más rico concentra un tercio de los ingresos

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La economía argentina mostró en el primer trimestre de 2026 una foto incómoda: los ingresos crecieron en términos nominales, pero la distribución volvió a tensarse. El nuevo informe de distribución del ingreso del INDEC revela que la suma total de ingresos de la población urbana relevada alcanzó los $21,9 billones, con una suba nominal interanual del 35,6%. Sin embargo, detrás de esa mejora estadística persiste una estructura desigual, donde el salto de los ingresos no alcanza a cerrar la distancia entre la base y la cima de la pirámide social.

El ingreso per cápita familiar promedio fue de $728.008, mientras que la mediana se ubicó en $500.000. Esa diferencia ya marca una primera señal: el promedio queda empujado hacia arriba por los sectores de mayores ingresos, mientras que la mitad de la población vive con menos de medio millón de pesos mensuales por integrante del hogar.

La desigualdad se observa con mayor nitidez en los extremos. El primer decil tuvo un ingreso medio per cápita de $130.550, mientras que el décimo decil alcanzó $2.435.937. Es decir, el ingreso promedio del 10% más rico fue casi 19 veces superior al del 10% más pobre. Medido por medianas, la brecha fue de 15 veces, el mismo nivel que un año atrás.

El coeficiente de Gini, uno de los indicadores más utilizados para medir la desigualdad, se ubicó en 0,442. El dato implica un deterioro frente al 0,435 registrado en el primer trimestre de 2025 y también contra el 0,427 del cuarto trimestre del año pasado. La serie muestra que la distribución no logró sostener la mejora relativa observada hacia fines de 2025.

La concentración del ingreso sigue siendo elevada. El 10% de mayores ingresos captó el 33,5% del ingreso per cápita familiar total, mientras que el 10% más pobre apenas recibió el 1,8%. En otras palabras, un solo decil concentró casi la misma porción del ingreso que los seis deciles más bajos juntos.

El mercado laboral continúa siendo el principal sostén de los hogares. Los ingresos laborales representaron el 77,7% del total, frente al 22,3% de ingresos no laborales, que incluyen jubilaciones, pensiones, subsidios, alquileres, cuotas alimentarias y ayudas de otros hogares. Pero esa composición cambia de manera drástica según el nivel socioeconómico: en el primer decil, los ingresos no laborales explicaron el 61% del total, lo que muestra una dependencia mucho mayor de transferencias, jubilaciones o asistencias.

El informe también expone la fragilidad de los hogares de menores recursos. En el decil más bajo hubo 272 personas no ocupadas cada 100 ocupadas, mientras que en el decil más alto esa relación cayó a 48. La desigualdad, por lo tanto, no solo se expresa en cuánto se gana, sino también en cuántas personas dependen de cada ingreso dentro del hogar.

Entre la población ocupada, el ingreso promedio de la ocupación principal fue de $1.104.227, con una mediana de $900.000. La mitad de los trabajadores ganó menos de ese monto. Los primeros cuatro deciles de ocupados tuvieron un ingreso promedio de $405.245, mientras que los deciles 9 y 10 alcanzaron $2.579.304.

La formalidad laboral volvió a marcar una frontera decisiva. Los asalariados con descuento jubilatorio percibieron en promedio $1.375.143, contra $731.150 entre quienes no tuvieron descuento jubilatorio. La diferencia revela el peso de la informalidad como mecanismo de segmentación salarial: no solo reduce derechos laborales y previsionales, también achica de manera directa el ingreso mensual.

La brecha de género se mantiene como otro rasgo persistente. Los varones perceptores tuvieron un ingreso promedio de $1.352.247, mientras que las mujeres alcanzaron $959.030. La distancia refleja una combinación de desigualdades laborales: menor acceso a puestos mejor remunerados, mayor presencia en actividades de ingresos bajos, informalidad y sobrecarga de tareas de cuidado.

El dato de fondo es que la recomposición nominal de ingresos no necesariamente implica una mejora distributiva. La economía puede mostrar salarios, jubilaciones o ingresos familiares más altos en pesos corrientes, pero si el reparto se concentra en la parte superior, el tejido social sigue bajo presión.

El primer trimestre de 2026 deja así una conclusión clara: la Argentina urbana recuperó masa nominal de ingresos, pero no logró mejorar su distribución. La desigualdad volvió a crecer, la brecha entre extremos permanece elevada y los hogares de menores recursos siguen dependiendo de menos ocupados, más transferencias y una estructura laboral más vulnerable.

La mejora económica, para convertirse en bienestar social, necesita algo más que ingresos que suban en pesos: requiere empleo formal, salarios que le ganen a la inflación, políticas de cuidado, protección social eficiente y una expansión productiva capaz de llegar a los deciles que hoy permanecen más lejos de la recuperación.

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La Fundación Mediterránea advierte que la estabilidad macro aún no se traduce en una mejora real del empleo y los ingresos

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La desaceleración de la inflación, el equilibrio fiscal y la recuperación de algunos indicadores macroeconómicos aparecen como los principales logros exhibidos por el Gobierno nacional. Sin embargo, un informe de la Fundación Mediterránea plantea una advertencia de fondo: la estabilidad macroeconómica, por sí sola, no garantiza una mejora en las condiciones de vida de la población si no viene acompañada por una recuperación sostenida del mercado laboral formal y de los ingresos.

El trabajo, elaborado por las especialistas Laura Caullo y Guadalupe Galíndez, sostiene que la economía argentina enfrenta un desafío estructural que excede el ordenamiento de las variables macroeconómicas. Según el análisis, el mercado de trabajo continúa mostrando elevados niveles de precarización, informalidad y presión laboral, factores que limitan el impacto social de la estabilización económica.

Los datos correspondientes al primer trimestre de 2026 reflejan esa contradicción. La tasa de desempleo se ubicó en 7,8%, equivalente a aproximadamente 1,8 millones de personas sin trabajo, un nivel prácticamente idéntico al registrado en igual período del año anterior. Sin embargo, detrás de esa aparente estabilidad se observa un deterioro en otros indicadores clave.

La subocupación aumentó de 10% a 11,1%, alcanzando a unas 2,5 millones de personas que trabajan menos horas de las que necesitan para sostener sus ingresos. A su vez, al incorporar a quienes tienen empleo pero buscan otra ocupación o mayores horas laborales, la denominada presión laboral total trepa hasta el 23,6% de la población económicamente activa, involucrando a más de 5,3 millones de argentinos.

Para la Fundación Mediterránea, este indicador resulta especialmente relevante porque revela una situación de fragilidad económica que no aparece reflejada únicamente en la tasa de desempleo. La necesidad de complementar ingresos o conseguir más trabajo evidencia que una porción significativa de la población no logra cubrir sus necesidades básicas con su actividad actual.

El informe también pone el foco sobre la calidad del empleo. Durante el último año se perdieron alrededor de 100.000 puestos asalariados privados y otros 21.000 empleos públicos, mientras que el número de monotributistas aumentó en 90.000 personas. La dinámica refleja una sustitución parcial del empleo asalariado por formas de ocupación más flexibles, aunque generalmente con menores niveles de protección social.

A este fenómeno se suma la persistencia de una elevada informalidad laboral. Según el estudio, el 44,2% de los ocupados trabaja sin aportes jubilatorios ni cobertura de seguridad social, lo que equivale a unos 9,2 millones de personas. Se trata de uno de los principales obstáculos para que el crecimiento económico pueda traducirse en una mejora sostenible del bienestar.

“La heterogeneidad que exhibe el mercado laboral argentino pone de manifiesto que la estabilización macroeconómica, aun siendo un paso indispensable, no garantiza por sí misma una mejora en las condiciones de vida”, señala el documento. El diagnóstico apunta a que el país enfrenta problemas estructurales que requieren políticas específicas orientadas a la generación de empleo formal y productivo.

El análisis también muestra fuertes diferencias territoriales. En ocho provincias la presión laboral supera el promedio nacional. En los partidos del Gran Buenos Aires, por ejemplo, la problemática se expresa a través de mayores niveles de desempleo y competencia por los puestos de trabajo disponibles. En otras jurisdicciones como Río Negro, Santiago del Estero, Formosa o Chubut, la menor presión laboral convive con altas tasas de inactividad, un fenómeno que refleja la salida de personas del mercado laboral más que una mejora efectiva de las condiciones económicas.

Desde una perspectiva económica, el informe plantea que la verdadera prueba para la actual etapa de estabilización será su capacidad para generar empleo de calidad. “El desafío ya no pasa solamente por crear puestos de trabajo, sino por mejorar su calidad”, remarcan las autoras.

La conclusión del trabajo utiliza una analogía futbolística para resumir el escenario actual. Si la estabilidad macroeconómica representa una defensa ordenada, el empleo formal y los ingresos constituyen la capacidad ofensiva de una economía. En otras palabras, mantener el equilibrio fiscal y controlar la inflación son condiciones necesarias, pero insuficientes, para mejorar el bienestar social si no se generan oportunidades laborales capaces de sostener el crecimiento del consumo y la movilidad económica de los hogares.

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Pymes misioneras mantienen la cautela y advierten caída de expectativas

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La economía pyme de Misiones continúa transitando un escenario de estancamiento y elevada incertidumbre. Sin señales claras de recuperación de la demanda ni de mejora en las condiciones de competitividad, los empresarios de la provincia mantienen una postura defensiva frente a la evolución de la actividad económica, el empleo y las inversiones.

Así lo refleja la última Encuesta Provincial de la Confederación Económica de Misiones (CEM), elaborada sobre una muestra de 212 empresarios de distintos sectores productivos y comerciales de la provincia. Los resultados muestran una economía que no termina de encontrar un punto de inflexión positivo y donde predominan las preocupaciones vinculadas a la presión tributaria, los costos laborales, la informalidad y la competencia desleal.

Durante mayo, el 42% de los encuestados calificó el movimiento económico como “regular”, consolidando una tendencia que se viene repitiendo desde hace varios meses. Apenas un 14% evaluó la actividad como buena o muy buena, mientras que un 41% la consideró mala o muy mala, evidenciando que el proceso de estabilización macroeconómica nacional todavía no logra traducirse en una mejora homogénea para el entramado pyme misionero.

La cautela también se refleja en las decisiones vinculadas al empleo. El 86% de los empresarios aseguró que no prevé modificar su plantilla laboral, mientras que apenas un 2% manifestó intenciones de contratar personal. En contrapartida, un 12% anticipó posibles despidos, un dato que refleja las dificultades que enfrentan muchas empresas para sostener costos en un contexto de consumo débil y márgenes ajustados.

Entre los principales obstáculos para incorporar trabajadores aparecen las elevadas cargas laborales, señaladas por el 28% de los consultados. También pesan la inestabilidad económica, mencionada por el 21%, el riesgo sindical con un 15% y el temor a litigios laborales con un 13%. La combinación de estos factores configura un escenario donde la generación de empleo privado continúa encontrando fuertes barreras estructurales.

A nivel nacional, los empresarios identifican a la carga tributaria como el principal problema que afecta la actividad económica, con un 24% de las respuestas. Muy cerca aparecen los costos laborales, con un 23%, y la recesión económica, con un 21%. Más atrás se ubican las dificultades de financiamiento, la corrupción y la inflación, lo que muestra cómo la agenda empresarial se ha desplazado desde la preocupación por los precios hacia la competitividad y la rentabilidad.

En el plano provincial, las demandas históricas del sector privado mantienen plena vigencia. La carga tributaria lidera las preocupaciones con el 32% de las respuestas, seguida por las barreras arancelarias con el 26%. La corrupción y los problemas de infraestructura completan el cuadro de dificultades señaladas por los empresarios.

Sin embargo, cuando se analiza la realidad municipal, emerge una problemática que gana cada vez más relevancia: la informalidad y la competencia desleal. Con el 24% de las menciones, se ubica como el principal condicionante de la actividad económica local. A ello se suman el impacto del comercio fronterizo, las tasas municipales y las dificultades de infraestructura y burocracia administrativa.

La percepción sobre el futuro tampoco muestra señales contundentes de optimismo. Respecto de la evolución de la economía nacional durante los próximos seis meses, apenas el 28% cree que Argentina crecerá, mientras que un 31% considera que no lo hará y un 33% manifiesta incertidumbre.

Las expectativas son aún más pesimistas cuando se consulta sobre Misiones. Solo el 7% de los empresarios cree que la provincia experimentará crecimiento en el próximo semestre, mientras que el 54% considera que no habrá expansión económica y un 32% no tiene una opinión definida.

Otro dato que revela la fragilidad del escenario económico es la percepción sobre los precios. A pesar de la desaceleración inflacionaria observada a nivel nacional, casi el 88% de los empresarios continúa registrando aumentos de costos y precios en su actividad diaria, mientras apenas un 10% no percibe variaciones significativas.

La situación financiera de empresas y consumidores también muestra señales de tensión. El 50% de los encuestados detectó un incremento de la mora en los pagos de sus clientes durante el último período. De ese total, un 23% aseguró que el aumento fue significativo y un 27% señaló que se incrementó levemente.

En paralelo, la problemática de los cheques rechazados continúa presente en la operatoria comercial. Entre quienes utilizan este instrumento, más de una cuarta parte reconoce recibir cheques rechazados con cierta frecuencia u ocasionalmente, un indicador que suele funcionar como termómetro adelantado de las dificultades financieras en el sector privado.

Los resultados de la encuesta dejan en evidencia que, más allá de la estabilización macroeconómica y la desaceleración de la inflación, las pymes misioneras todavía no perciben condiciones suficientes para retomar una senda de crecimiento sostenido. La presión impositiva, los costos laborales, la informalidad y la falta de dinamismo de la demanda continúan configurando un escenario de prudencia empresarial, donde la prioridad sigue siendo sostener la actividad antes que expandirse.

CEM Encuesta Provincial MAYO 26 1 by CristianMilciades

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¿Paraguay es un espejo en el que mirarse?: la informalidad llega al 20,5% del PIB y alcanza al 60,1% del empleo

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Paraguay se convirtió en una de las referencias más citadas por el presidente Javier Milei cuando habla de competitividad, disciplina fiscal y crecimiento económico. Con una presión tributaria reducida, estabilidad monetaria y una economía que mantuvo dinamismo durante los últimos años, el país vecino aparece como uno de los modelos que la administración libertaria observa con atención.

Sin embargo, detrás de los indicadores macroeconómicos positivos persiste una realidad que condiciona el desarrollo paraguayo: la elevada informalidad laboral y empresarial.

Según estimaciones basadas en cuentas nacionales, la economía informal representa alrededor del 20,5% del Producto Interno Bruto (PIB) de Paraguay. Al mismo tiempo, el 60,1% de los trabajadores se desempeña en condiciones de informalidad, una proporción que se mantiene entre las más altas de la región.

El economista Rodrigo Ibarrola, investigador del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), sostiene que la informalidad no puede explicarse únicamente por la presión impositiva o la burocracia estatal. Se trata de un fenómeno multicausal y estructural, vinculado a factores productivos, educativos e institucionales.

“La informalidad es una parte fundamental del funcionamiento económico paraguayo”, señala en un reportaje del diario Última Hora. Está presente en el comercio callejero, la construcción, el transporte, los servicios domésticos, las actividades agrícolas y miles de pequeños emprendimientos familiares.

Ibarrola advierte que la informalidad no constituye una categoría homogénea. Incluye desde trabajadores de subsistencia que no pueden afrontar los costos de la formalización hasta profesionales y empresarios que optan por permanecer fuera del sistema para aprovechar ventajas tributarias o mayores márgenes de flexibilidad.

Por esa razón, considera que medir exclusivamente la cantidad de trabajadores informales puede conducir a diagnósticos incompletos. Dos países pueden exhibir tasas similares y enfrentar problemas completamente diferentes.

Un modelo que crece pese a la informalidad

Uno de los aspectos más llamativos del caso paraguayo es que el crecimiento económico convive con altos niveles de informalidad.

La experiencia paraguaya contradice parcialmente la idea de que la formalización debe preceder necesariamente al crecimiento. Durante la última década, el país logró consolidar estabilidad macroeconómica, atraer inversiones y expandir sectores como la agroindustria, la energía y los servicios, aun con una importante porción de la economía funcionando fuera de los registros oficiales.

Para Milei y sus equipos económicos, Paraguay suele representar un ejemplo de competitividad regional. Su esquema tributario simple, el impuesto corporativo reducido, la estabilidad fiscal y el bajo nivel de endeudamiento son frecuentemente mencionados como ventajas frente al modelo argentino.

Sin embargo, los especialistas paraguayos advierten que la informalidad sigue generando costos significativos. Reduce la recaudación fiscal, limita el acceso a la protección social, restringe la productividad y dificulta la construcción de empresas de mayor escala.

Para Ibarrola, la clave de una reducción sostenible de la informalidad no pasa por endurecer sanciones ni multiplicar controles.

La evidencia muestra que los trabajadores con mayor nivel educativo tienen más probabilidades de acceder a empleos registrados, cobertura médica, aportes jubilatorios y contratos laborales formales. Además, suelen insertarse en empresas más grandes y productivas.

“La educación incrementa la productividad individual y facilita el acceso a mejores empleos. Los mejores empleos generan mayores ingresos y favorecen la inserción formal”, explica.

En esa lógica, la formalización aparece como una consecuencia del desarrollo económico más que como una condición previa.

El economista también cuestiona las estrategias basadas exclusivamente en fiscalización y castigos.

Paraguay enfrenta una paradoja: posee una alta intención regulatoria, pero limitada capacidad para controlar efectivamente el cumplimiento de las normas. Como resultado, muchos programas de formalización terminan mostrando impactos modestos.

Además, una formalización abrupta podría provocar efectos contraproducentes, como cierres de microempresas, aumento del desempleo o caída de ingresos familiares.

Por eso propone políticas centradas en incentivos, reducción de costos administrativos y mejoras concretas en los servicios públicos que reciben quienes ingresan al sistema formal.

El desafío pendiente del modelo paraguayo

La experiencia paraguaya muestra que es posible sostener crecimiento económico, estabilidad fiscal y competitividad aun con elevados niveles de informalidad. Pero también evidencia los límites de ese modelo cuando se busca avanzar hacia mayores niveles de productividad, innovación y desarrollo social.

Mientras Milei señala a Paraguay como una referencia para la economía argentina, el debate en el país vecino gira precisamente sobre cómo resolver una de sus principales asignaturas pendientes.

La informalidad ya no aparece como una anomalía transitoria. Es un fenómeno estructural que representa una quinta parte de la economía paraguaya y más de la mitad de su mercado laboral.

El desafío para Paraguay será mantener las fortalezas que hoy despiertan admiración en parte de la dirigencia argentina sin resignar el objetivo de construir una economía más integrada, productiva y formal.

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Posadas, entre las ciudades con más mayores de 65 trabajando: ya representan el 6,1% del empleo

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Mientras en Argentina crece la discusión sobre el deterioro del poder adquisitivo de las jubilaciones y la necesidad de extender la vida laboral, Posadas aparece como uno de los aglomerados urbanos donde ese fenómeno se expresa con mayor intensidad.

Durante el cuarto trimestre de 2025 las personas de 65 años y más representaron el 6,1% del total de ocupados en la capital misionera, ubicándose como el tercer aglomerado urbano del país con mayor participación de trabajadores en ese rango etario, solo por detrás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (7,6%) y Gran Tucumán (6,5%).

A nivel nacional, ese segmento explica el 5,1% del total de ocupados, por lo que Posadas se posiciona claramente por encima de la media argentina. El dato no solo marca una fuerte presencia relativa de adultos mayores en el mercado laboral, sino también una aceleración sostenida en los últimos años.

En el extremo opuesto, Comodoro Rivadavia (1,0%), Neuquén-Plottier (1,2%) y Viedma-Carmen de Patagones (1,4%) presentan los menores niveles.

Entre 2016 y 2025, los mayores crecimientos en términos absolutos se dieron en Santiago del Estero-La Banda (+430,8%), Río Gallegos (+352,4%) y Gran San Juan (+234,0%). Gran Resistencia, específicamente, registró un aumento del 199,5%, señala un reporte de Politikon Chaco elaborado sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Al cuarto trimestre del 2025, sobre un total de 13,5 millones de trabajadores (en todas sus categorías ocupacionales) que se contabilizaron en los aglomerados urbanos del país, según la EPH-INDEC, el grueso de los mismos se concentró en el rango etario de 35 a 44 años (26,3% del total), seguido por los de 25 a 34 años (22,7%), de 45 a 54 años (22,3%), de 55 a 64 años (13,2%), de hasta 24 años (10,4%) y cierran las personas de 65 años y más (5,1%).

Sin embargo, resulta llamativa la dinámica observada en este último grupo: desde 2023 viene incrementando su nivel de participación y el dato de 2025 se ubica como el segundo más alto desde 2016, superado únicamente por el registro de 2019 (5,2%). Es decir, en los últimos tres años se viene dando un crecimiento de los mayores de 65 que se incorporan al mercado de trabajo mientras que, en paralelo, en ese mismo período viene decreciendo la participación de las personas de hasta 24 años.

Posadas: fuerte avance del empleo en mayores de 65 años
Indicador 2016 2025 Variación
Participación de +65 sobre el total de ocupados 4,0% 6,1% +2,1 p.p.
Cantidad de trabajadores +65 5.808 10.758 +85,2%
Fuente: Politikon Chaco en base a EPH-INDEC.

Si se observa la dinámica de evolución de los +65 años en los últimos años, para 2016 se contabilizaban unos 517.441 trabajadores en ese rango etario, pasando a unos 686.160 para 2025, creciendo 32,6%. Así, se convierte en el rango etario de mayor crecimiento relativo, superando con creces al total general (+17,8%) y dejando en segundo lugar a la franja de entre 45 a 54 años (+29,8%); las personas de hasta 24 años, por su parte, muestran la menor variación relativa del período (4,9%).

En 2016, los trabajadores mayores de 65 años representaban apenas el 4,0% del empleo total en Posadas. Nueve años después, esa participación escaló 2,1 puntos porcentuales, una de las mayores subas del país, lo que confirma una transformación estructural en la composición etaria del empleo local .

Pero el cambio no se observa únicamente en términos relativos. En cantidad absoluta, el salto es todavía más contundente: Posadas pasó de 5.808 trabajadores mayores de 65 años en 2016 a 10.758 en 2025, lo que implica un crecimiento del 85,2%, muy por encima del promedio nacional, que fue del 32,6% .

Es decir, mientras en el país el empleo total creció, en Posadas el trabajo de adultos mayores avanzó a un ritmo mucho más acelerado, consolidando una tendencia que ya no puede leerse como un fenómeno marginal.

Más trabajo después de la jubilación

A nivel nacional, el informe muestra que el grupo de mayores de 65 años fue el de mayor expansión relativa dentro del mercado laboral argentino entre 2016 y 2025.

Mientras el total general de ocupados creció 17,8%, los trabajadores de ese rango etario aumentaron 32,6%, superando incluso a franjas tradicionalmente más activas como la de 45 a 54 años.

Actualmente, sobre un total de 13,5 millones de ocupados en aglomerados urbanos del país, 686.160 corresponden a personas de 65 años y más .

Además, la tasa de actividad de este grupo alcanzó en 2025 su máximo histórico: 18,9%, mientras que la tasa de empleo llegó a 18,1%, también récord desde el inicio de la serie en 2016.

Esto significa que cada vez más personas continúan trabajando incluso después de haber alcanzado la edad jubilatoria.

Posadas en el podio nacional del empleo senior
Aglomerado urbano Participación de +65 sobre ocupados
CABA 7,6%
Gran Tucumán 6,5%
Posadas 6,1%
Total nacional 5,1%
Fuente: Politikon Chaco en base a EPH-INDEC.

El cuentapropismo domina

Uno de los datos más relevantes del estudio es que el trabajo independiente se convirtió en la principal forma de inserción laboral de los mayores de 65 años.

En 2025, el 48,1% de los ocupados de ese segmento fueron cuentapropistas, el nivel más alto de toda la serie histórica. En contraste, los asalariados representaron el 43,2%, mientras que los patrones alcanzaron apenas el 7,2% .

En Posadas, esta tendencia es todavía más marcada. El 58,6% de los trabajadores mayores de 65 años son cuentapropistas, mientras que el 33,8% son asalariados y apenas el 7,6% se desempeñan como patrones .

Esto ubica a la capital misionera entre los aglomerados donde el autoempleo senior tiene mayor peso.

La expansión del cuentapropismo parece estar más vinculada a la necesidad de sostener gastos cotidianos que a una búsqueda de flexibilidad laboral.

En 2025, el mapa ocupacional de los cuentapropistas de 65 años y más muestra una fuerte concentración en actividades vinculadas al autoempleo tradicional, el comercio minorista y los oficios. En ese marco, la Construcción se ubicó como la principal actividad del wsegmento, concentrando el 12,7% del total de trabajadores cuentapropistas +65 relevados y respecto al inicio de la serie (2016) mostró una expansión del 74,6% en las personas que allí se desempeñan. En segundo lugar aparece la actividad de Comercio de alimentos, bebidas y tabaco con una participación del 11,3% y una expansión del 167,2% frente a 2016; el podio se completa con Actividades jurídicas y contables con el 7,8% del total y una expansión muy significativa (+280,5% respecto a 2016).

Cómo trabajan los mayores de 65 años en Posadas
Categoría ocupacional Participación 2025
Cuentapropistas 58,6%
Asalariados 33,8%
Patrones 7,6%
Familiares sin remuneración 0,0%
Fuente: Politikon Chaco en base a EPH-INDEC.

Otro rasgo central del fenómeno es el avance de la precarización. Entre los asalariados mayores de 65 años, la informalidad ya alcanza al 55,7% a nivel nacional, frente al 47,0% registrado en 2016 .

Es decir, hoy más de la mitad de los adultos mayores que siguen trabajando en relación de dependencia lo hacen sin registración formal.

Solo en el último año, los asalariados formales de este segmento cayeron 11%, mientras que los informales crecieron 21,2%.

La conclusión del estudio es contundente: muchos adultos mayores no solo deben seguir trabajando pese a estar jubilados, sino que además lo hacen en condiciones más precarias.

Qué hacen los mayores que siguen trabajando

Entre los cuentapropistas mayores de 65 años, la construcción aparece como la principal actividad, concentrando el 12,7% del total.

Le siguen el comercio de alimentos, bebidas y tabaco con 11,3%, y las actividades jurídicas y contables con 7,8% .

También aparecen con peso el comercio minorista, la reparación de efectos personales, la atención a la salud humana, el transporte de pasajeros y los servicios gastronómicos.

Esto muestra que el fenómeno no se limita a profesionales que continúan activos por elección, sino que se extiende fuertemente a rubros comerciales, oficios y tareas físicamente exigentes.

Incluso sectores como la construcción y el transporte muestran fuertes incrementos, lo que refuerza la idea de una prolongación laboral motivada por necesidad económica.

El dato clave
85,2%
creció la cantidad de trabajadores mayores de 65 años en Posadas entre 2016 y 2025.
El aglomerado pasó de 5.808 ocupados de 65 años y más en 2016 a 10.758 en 2025, muy por encima del crecimiento nacional del segmento, que fue del 32,6%.
Fuente: Politikon Chaco en base a EPH-INDEC.
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