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Migraciones licita un nuevo sistema para modernizar la recaudación y el control financiero

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La Dirección Nacional de Migraciones autorizó el llamado a una Licitación Pública Internacional por el sistema ReCoBa, una plataforma integral destinada a modernizar la gestión de recaudación y conciliación bancaria del organismo. La iniciativa será financiada en el marco de un programa de fortalecimiento tecnológico respaldado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y busca avanzar sobre uno de los puntos más sensibles de la administración pública: contar con información financiera integrada, trazable y disponible para tomar decisiones con mayor precisión.

La Disposición 907/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, habilitó formalmente la Licitación Pública Internacional N° 1-LPI/2026 para contratar el desarrollo, implementación, migración de información y soporte de postproducción del sistema denominado “Recaudación y Conciliación Bancaria” (ReCoBa). El proyecto contempla una solución integral para la Dirección Nacional de Migraciones y se encuadra en las reglas de adquisiciones aplicables a los programas financiados con recursos del BCIE.

El proyecto forma parte de una iniciativa de mayor alcance que comenzó a estructurarse en 2022 y que contempla hasta US$25 millones de financiamiento del BCIE para fortalecer tecnológicamente al Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y a Migraciones. El préstamo N° 2314 fue autorizado por el directorio del organismo multilateral en noviembre de 2022 y el contrato con la Argentina fue suscripto en mayo de 2023.

En el caso específico de Migraciones, el programa busca dejar atrás sistemas fragmentados y avanzar hacia una administración sustentada en información integrada y procesos automatizados. Según surge de los fundamentos de la disposición, el objetivo es mejorar la velocidad y seguridad en el procesamiento de datos, optimizar los mecanismos de administración y control y reducir costos operativos asociados a tareas manuales, errores y duplicación de procesos.

La contratación de ReCoBa apunta precisamente a ese núcleo operativo. El sistema deberá contemplar no solamente su desarrollo e implementación, sino también la migración de la información existente y el soporte posterior a la puesta en producción, un aspecto relevante en organismos que administran grandes volúmenes de operaciones y cuya continuidad operativa resulta crítica.

El proyecto también introduce un componente de modernización que puede tener impacto más allá de la infraestructura tecnológica. Una plataforma de conciliación bancaria integrada permite vincular con mayor precisión las operaciones de recaudación con los movimientos financieros efectivamente registrados, reduciendo espacios para inconsistencias y facilitando los controles internos. En términos de gestión pública, el desafío no pasa solamente por incorporar software, sino por transformar datos dispersos en información útil para auditar, planificar y corregir desvíos.

La propia documentación administrativa establece que el programa pretende reducir riesgos y errores y mejorar la toma de decisiones basada en información confiable. Ese enfoque convierte a la digitalización en una herramienta de gestión y no simplemente en una renovación tecnológica: el beneficio esperado está en la capacidad del Estado para conocer con mayor rapidez qué recauda, cómo se registran esos recursos y dónde pueden existir diferencias que requieran intervención.

La licitación llega después de un proceso técnico y administrativo que incluyó la intervención de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI), observaciones técnicas y su posterior respuesta por parte de Migraciones. El área de Sistemas y Tecnologías de la Información del organismo otorgó además la conformidad definitiva al documento base que regirá el proceso licitatorio.

El financiamiento internacional agrega otra capa de control al proceso. La contratación se realizará bajo las políticas de adquisiciones del BCIE, cuya no objeción al Plan General de Adquisiciones fue otorgada en agosto de 2024 y posteriormente actualizada en enero de 2026. La convocatoria deberá publicarse en COMPR.AR y ser comunicada a las embajadas o consulados de los países socios del organismo multilateral que tengan representación en la Argentina.

La disposición también conformó el Comité Ejecutivo de la licitación, aprobó el documento base estándar y dejó constancia de que existe crédito presupuestario suficiente para atender la contratación. De esta manera, el expediente ingresa en la etapa concreta de competencia entre proveedores internacionales para seleccionar la solución tecnológica.

El desafío de fondo será que la inversión no termine reducida a la adquisición de una nueva plataforma. La verdadera medida del éxito estará en su capacidad para integrar información, automatizar controles, mejorar la trazabilidad de los recursos públicos y generar información confiable para la conducción de Migraciones. En un Estado donde la transformación digital suele evaluarse por la cantidad de sistemas incorporados, el resultado relevante será cuánto mejora la calidad de la gestión a partir de esos sistemas.

La apuesta del programa financiado por el BCIE es, precisamente, avanzar en esa dirección: utilizar tecnología para disminuir costos y riesgos, acelerar procesos y fortalecer la capacidad estatal para administrar información crítica. Para Migraciones, ReCoBa será una pieza de esa transformación y, si la implementación cumple con los objetivos planteados, puede convertirse en una herramienta concreta para mejorar la eficiencia y transparencia de la administración financiera del organismo.

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Vaca Muerta entra en la disputa tecnológica entre Estados Unidos y China

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Vaca Muerta dejó de ser solamente una cuestión energética. La expansión de la infraestructura digital asociada al desarrollo hidrocarburífero convirtió al enclave productivo neuquino en un nuevo escenario de la disputa tecnológica entre Estados Unidos y China, con una cooperativa de servicios públicos en el centro de una controversia que ya alcanzó a la diplomacia y al Congreso.

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, planteó públicamente la necesidad de limitar la participación de empresas chinas en proyectos vinculados con tecnología e infraestructura crítica en Vaca Muerta. Durante el AmCham Energy Summit 2026, el diplomático cuestionó el modelo de operación de las compañías chinas y puso el foco específicamente en la protección de datos.

“China exige a las empresas que le den al Estado chino acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología y redes de IA”, sostuvo Lamelas. Según su argumento, esa situación representa un riesgo para potenciales inversores y puede dificultar la llegada de capital extranjero al desarrollo energético argentino.

La controversia escaló cuando el embajador intervino ante la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Limitada, CALF, por las negociaciones que la entidad mantiene con Huawei. El proyecto contempla infraestructura de fibra óptica para Vaca Muerta y el desarrollo de un centro de datos orientado a inteligencia artificial.

Lamelas hizo público su cuestionamiento luego de enviar una carta a CALF para solicitar que frenara el acuerdo tecnológico. Posteriormente reforzó su posición con una advertencia de alcance más amplio: “La seguridad de los datos es una cuestión de seguridad nacional”, afirmó, al señalar que las empresas que evalúan invertir en Argentina necesitan garantías sobre la protección de su información y la confiabilidad de las redes.

El planteo estadounidense introduce una variable geopolítica en una cadena energética que Argentina busca expandir con inversiones de gran escala. La infraestructura digital es cada vez más relevante para operar y monitorear yacimientos, procesar información, automatizar procesos y administrar grandes volúmenes de datos. Por eso, la discusión sobre quién provee esa tecnología ya no es exclusivamente comercial.

La respuesta de CALF trasladó el conflicto hacia otra dimensión: la autonomía institucional. Directivos de la cooperativa expusieron ante la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales de la Cámara de Diputados y defendieron su derecho a establecer relaciones comerciales dentro del marco legal argentino.

Yenny Fonfach Velásquez, secretaria general de CALF, remarcó que la entidad tiene 92 años de trayectoria y que comenzó como una cooperativa eléctrica para luego ampliar sus actividades hacia servicios tecnológicos y proyectos vinculados con energías renovables. La entidad, sostuvo, mantiene vínculos comerciales con compañías de distintos países y no limita sus relaciones a empresas chinas.

“No venimos ni a defender una empresa china, ni a criticar a una embajada, pero venimos a defender la autonomía de la cooperativa”, afirmó Fonfach Velásquez. El argumento apunta a separar dos debates que ahora aparecen superpuestos: la evaluación de los riesgos de seguridad asociados a determinada tecnología y la capacidad jurídica de una cooperativa argentina para contratar proveedores en el mercado internacional.

La dirigencia de CALF informó además que remitió una presentación tanto a la Embajada estadounidense como a la Cancillería argentina para solicitar precisiones sobre la naturaleza de la intervención diplomática. La preocupación central, según explicó, es determinar si existe algún requerimiento institucional concreto relacionado con seguridad, infraestructura crítica o protección de datos que pueda afectar el proyecto.

La situación adquirió mayor tensión a partir del relato del gerente de Tecnología de CALF, Sergio Fernández Novoa. Según expuso ante los diputados, recibió un mensaje de WhatsApp del agregado de Asuntos Económicos de la Embajada estadounidense, Andrew Dilts, en el que se le habría solicitado poner fin a las negociaciones con Huawei para la provisión de equipamiento y el desarrollo del data center.

De acuerdo con su testimonio, la comunicación incluyó la advertencia de que la continuidad del proyecto podría derivar en restricciones o revocaciones de visas para directivos de las cooperativas. Fernández Novoa interpretó el planteo como una cuestión de gravedad institucional y cuestionó la ausencia de respuestas de la Cancillería argentina.

La discusión plantea una cuestión más profunda para Argentina: hasta dónde puede llegar la presión de una potencia extranjera cuando una empresa o cooperativa local decide contratar tecnología de un país considerado estratégico por otra potencia. La respuesta no se limita a la relación bilateral con Estados Unidos y China, sino que involucra la autonomía regulatoria, la política exterior y la definición de qué infraestructura debe ser considerada crítica.

El caso resulta especialmente sensible porque Argentina mantiene vínculos económicos y estratégicos con China que exceden el comercio bilateral. Entre ellos se encuentran el swap de monedas utilizado como instrumento de fortalecimiento de reservas y la infraestructura espacial instalada en Neuquén. Cualquier decisión destinada a restringir la presencia china debe, por lo tanto, considerar compromisos existentes y el costo económico de alterar relaciones ya consolidadas.

Al mismo tiempo, Estados Unidos representa una fuente potencial de inversión y financiamiento en sectores estratégicos para Argentina, especialmente energía, minería e infraestructura. El Gobierno busca precisamente ampliar esos flujos de capital en el marco de una estrategia de integración económica con Washington. La presión sobre proyectos tecnológicos vinculados con empresas chinas introduce, por lo tanto, una tensión que puede afectar el margen de maniobra de la política económica exterior.

El dilema se vuelve todavía más complejo cuando la infraestructura tecnológica forma parte de un proyecto energético. Un data center, una red de fibra óptica o sistemas de inteligencia artificial pueden ser considerados herramientas comerciales por una empresa y, simultáneamente, infraestructura estratégica desde la perspectiva de un Estado.

Ahí aparece una posible salida institucional al conflicto: establecer reglas generales y transparentes para determinar qué tecnologías pueden utilizarse en infraestructura crítica, qué requisitos de ciberseguridad deben cumplir los proveedores y qué mecanismos de auditoría y protección de datos deben aplicarse, independientemente del país de origen de la compañía.

Una regulación de ese tipo permitiría desplazar la discusión desde la presión diplomática hacia criterios verificables. También podría brindar mayor seguridad a las empresas argentinas, que necesitan conocer de antemano qué condiciones deben cumplir para desarrollar proyectos tecnológicos vinculados con energía, comunicaciones e inteligencia artificial.

La disputa en torno a CALF muestra que el desarrollo de Vaca Muerta está comenzando a generar efectos que exceden la producción de petróleo y gas. La infraestructura necesaria para convertir el recurso en una plataforma energética competitiva incluye carreteras, ductos, electricidad, conectividad y capacidad de procesamiento de datos. Cada uno de esos componentes puede convertirse en un activo estratégico.

Por eso, la controversia entre Washington, Beijing y una cooperativa neuquina funciona como una señal de alerta sobre el nuevo mapa de inversiones que deberá administrar Argentina. El desafío será atraer capital y tecnología de distintos orígenes sin perder capacidad de decisión sobre infraestructura crítica, protección de datos y seguridad nacional.

La reunión entre CALF y la Embajada estadounidense, prevista para este miércoles, podría aportar precisiones sobre el alcance del reclamo. Mientras tanto, el pedido del jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, para convocar a representantes de la Embajada ante el Congreso anticipa que el conflicto seguirá teniendo una dimensión institucional.

Vaca Muerta aparece así en el cruce de dos agendas que hasta hace pocos años se analizaban por separado: la transición energética y la competencia tecnológica global. Para Argentina, la oportunidad consiste en aprovechar ambas sin quedar atrapada entre ellas. La condición será construir reglas que protejan los intereses nacionales, den previsibilidad a los inversores y permitan evaluar la tecnología por sus estándares de seguridad y confiabilidad, y no únicamente por la bandera de la empresa que la provee.

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AlertAR: ENACOM lanzó el nuevo sistema nacional de alertas móviles para emergencias

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El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) puso en marcha AlertAR, el nuevo Sistema de Alerta Temprana que permitirá emitir notificaciones inmediatas a todos los teléfonos móviles ubicados dentro de áreas geográficas específicas ante desastres naturales, alertas meteorológicas extremas o situaciones de seguridad pública. La iniciativa quedó formalizada mediante resolución publicada en el Boletín Oficial y asigna $12.000 millones del Fondo del Servicio Universal (FSU) para financiar la infraestructura necesaria. El objetivo es fortalecer la capacidad estatal de responder ante eventos críticos y garantizar información preventiva en tiempo real a la población.

Un sistema nacional basado en Cell Broadcast: alcance, normativa y financiamiento

El proyecto AlertAR se apoya en la tecnología Cell Broadcast, un estándar que permite enviar mensajes simultáneos y segmentados a todos los teléfonos móviles presentes en zonas definidas, sin necesidad de instalar aplicaciones, estar conectado a datos o suscribirse a ningún servicio. La normativa explica que estos avisos buscan “poner en estado de alerta a la población en virtud de desastres naturales, alertas meteorológicas extremas y/o advertencias de seguridad pública”, de acuerdo con la Resolución ENACOM Nº 960/2025.

El sistema forma parte del Programa Conectividad de Interés Público (CIP) y fue solicitado por el Ministerio de Seguridad Nacional, que demandó una herramienta eficaz para la difusión inmediata y masiva de información ante emergencias.

ENACOM respondió con la elaboración del Proyecto Específico AlertAR, que contempla: Infraestructura activa: servidores, routers, software, sistemas de conmutación. Infraestructura pasiva: torres, antenas, cableado y sistemas eléctricos. Adaptaciones tecnológicas por parte de los prestadores móviles. Un esquema de financiamiento integral desde el FSU que cubre instalación, operación, mantenimiento y soporte durante 36 meses.

El organismo también aprobó los convenios de colaboración necesarios para su ejecución: Acuerdos entre ENACOM y organismos competentes. Convenios con empresas prestadoras de servicios móviles. Un acuerdo específico con el Ministerio de Seguridad Nacional.

Este andamiaje interinstitucional permitirá activar, operar y supervisar el sistema en todo el país, garantizando un funcionamiento uniforme y estándares de calidad.

Implementación, control operativo y protocolos de emisión

La resolución establece que AlertAR debe asegurar su disponibilidad ante cualquier evento crítico. Para ello, se definieron tres etapas operativas: Licitación pública para seleccionar al proveedor responsable de la tecnología. Instalación de equipamiento, integración con redes móviles y adecuación de infraestructura. Período de prueba de 60 días, bajo supervisión técnica y jurídica del ENACOM.

    Una vez activado, el “usuario administrativo” —la autoridad responsable designada por Seguridad— será quien emita, monitoree y defina el contenido de los mensajes conforme a protocolos específicos.

    La normativa también prevé la actualización permanente de los programas asociados y la fijación de mecanismos de control para asegurar el cumplimiento de las metas por parte de todos los actores involucrados.

    Con este diseño, AlertAR apunta a convertirse en un componente estratégico de la gestión de riesgo nacional, centralizando los canales de advertencia y ampliando la capacidad estatal para proteger a los habitantes y sus bienes.

    Impacto institucional y desafíos de implementación

    La puesta en marcha de AlertAR marca un cambio estructural en la política pública de comunicaciones de emergencia. Con financiamiento asegurado, cobertura nacional y tecnología estandarizada, el sistema se alinea con prácticas internacionales utilizadas en países con alta exposición a fenómenos meteorológicos extremos o crisis de seguridad.

    En lo inmediato, el desafío central será la coordinación entre organismos de Seguridad, ENACOM y prestadores móviles. Para garantizar: Emisión oportuna de alertas sin demoras en eventos críticos. Capacitación interjurisdiccional, especialmente en provincias y municipios. Pruebas periódicas para asegurar el funcionamiento durante todo el año. Actualización tecnológica constante, tal como prevé la resolución 1387/2025.

    Para el sector privado —operadores móviles— el proyecto implica adaptar parte de su infraestructura, un proceso que demandará inversiones y coordinación técnica. Para el sector público, supone consolidar un sistema que puede reducir daños, mejorar tiempos de respuesta y fortalecer la gestión de riesgos. En un país con alta recurrencia de eventos climáticos severos.

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