Vaca Muerta dejó de ser solamente una cuestión energética. La expansión de la infraestructura digital asociada al desarrollo hidrocarburífero convirtió al enclave productivo neuquino en un nuevo escenario de la disputa tecnológica entre Estados Unidos y China, con una cooperativa de servicios públicos en el centro de una controversia que ya alcanzó a la diplomacia y al Congreso.

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, planteó públicamente la necesidad de limitar la participación de empresas chinas en proyectos vinculados con tecnología e infraestructura crítica en Vaca Muerta. Durante el AmCham Energy Summit 2026, el diplomático cuestionó el modelo de operación de las compañías chinas y puso el foco específicamente en la protección de datos.

“China exige a las empresas que le den al Estado chino acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología y redes de IA”, sostuvo Lamelas. Según su argumento, esa situación representa un riesgo para potenciales inversores y puede dificultar la llegada de capital extranjero al desarrollo energético argentino.

La controversia escaló cuando el embajador intervino ante la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Limitada, CALF, por las negociaciones que la entidad mantiene con Huawei. El proyecto contempla infraestructura de fibra óptica para Vaca Muerta y el desarrollo de un centro de datos orientado a inteligencia artificial.

Lamelas hizo público su cuestionamiento luego de enviar una carta a CALF para solicitar que frenara el acuerdo tecnológico. Posteriormente reforzó su posición con una advertencia de alcance más amplio: “La seguridad de los datos es una cuestión de seguridad nacional”, afirmó, al señalar que las empresas que evalúan invertir en Argentina necesitan garantías sobre la protección de su información y la confiabilidad de las redes.

El planteo estadounidense introduce una variable geopolítica en una cadena energética que Argentina busca expandir con inversiones de gran escala. La infraestructura digital es cada vez más relevante para operar y monitorear yacimientos, procesar información, automatizar procesos y administrar grandes volúmenes de datos. Por eso, la discusión sobre quién provee esa tecnología ya no es exclusivamente comercial.

La respuesta de CALF trasladó el conflicto hacia otra dimensión: la autonomía institucional. Directivos de la cooperativa expusieron ante la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales de la Cámara de Diputados y defendieron su derecho a establecer relaciones comerciales dentro del marco legal argentino.

Yenny Fonfach Velásquez, secretaria general de CALF, remarcó que la entidad tiene 92 años de trayectoria y que comenzó como una cooperativa eléctrica para luego ampliar sus actividades hacia servicios tecnológicos y proyectos vinculados con energías renovables. La entidad, sostuvo, mantiene vínculos comerciales con compañías de distintos países y no limita sus relaciones a empresas chinas.

“No venimos ni a defender una empresa china, ni a criticar a una embajada, pero venimos a defender la autonomía de la cooperativa”, afirmó Fonfach Velásquez. El argumento apunta a separar dos debates que ahora aparecen superpuestos: la evaluación de los riesgos de seguridad asociados a determinada tecnología y la capacidad jurídica de una cooperativa argentina para contratar proveedores en el mercado internacional.

La dirigencia de CALF informó además que remitió una presentación tanto a la Embajada estadounidense como a la Cancillería argentina para solicitar precisiones sobre la naturaleza de la intervención diplomática. La preocupación central, según explicó, es determinar si existe algún requerimiento institucional concreto relacionado con seguridad, infraestructura crítica o protección de datos que pueda afectar el proyecto.

La situación adquirió mayor tensión a partir del relato del gerente de Tecnología de CALF, Sergio Fernández Novoa. Según expuso ante los diputados, recibió un mensaje de WhatsApp del agregado de Asuntos Económicos de la Embajada estadounidense, Andrew Dilts, en el que se le habría solicitado poner fin a las negociaciones con Huawei para la provisión de equipamiento y el desarrollo del data center.

De acuerdo con su testimonio, la comunicación incluyó la advertencia de que la continuidad del proyecto podría derivar en restricciones o revocaciones de visas para directivos de las cooperativas. Fernández Novoa interpretó el planteo como una cuestión de gravedad institucional y cuestionó la ausencia de respuestas de la Cancillería argentina.

La discusión plantea una cuestión más profunda para Argentina: hasta dónde puede llegar la presión de una potencia extranjera cuando una empresa o cooperativa local decide contratar tecnología de un país considerado estratégico por otra potencia. La respuesta no se limita a la relación bilateral con Estados Unidos y China, sino que involucra la autonomía regulatoria, la política exterior y la definición de qué infraestructura debe ser considerada crítica.

El caso resulta especialmente sensible porque Argentina mantiene vínculos económicos y estratégicos con China que exceden el comercio bilateral. Entre ellos se encuentran el swap de monedas utilizado como instrumento de fortalecimiento de reservas y la infraestructura espacial instalada en Neuquén. Cualquier decisión destinada a restringir la presencia china debe, por lo tanto, considerar compromisos existentes y el costo económico de alterar relaciones ya consolidadas.

Al mismo tiempo, Estados Unidos representa una fuente potencial de inversión y financiamiento en sectores estratégicos para Argentina, especialmente energía, minería e infraestructura. El Gobierno busca precisamente ampliar esos flujos de capital en el marco de una estrategia de integración económica con Washington. La presión sobre proyectos tecnológicos vinculados con empresas chinas introduce, por lo tanto, una tensión que puede afectar el margen de maniobra de la política económica exterior.

El dilema se vuelve todavía más complejo cuando la infraestructura tecnológica forma parte de un proyecto energético. Un data center, una red de fibra óptica o sistemas de inteligencia artificial pueden ser considerados herramientas comerciales por una empresa y, simultáneamente, infraestructura estratégica desde la perspectiva de un Estado.

Ahí aparece una posible salida institucional al conflicto: establecer reglas generales y transparentes para determinar qué tecnologías pueden utilizarse en infraestructura crítica, qué requisitos de ciberseguridad deben cumplir los proveedores y qué mecanismos de auditoría y protección de datos deben aplicarse, independientemente del país de origen de la compañía.

Una regulación de ese tipo permitiría desplazar la discusión desde la presión diplomática hacia criterios verificables. También podría brindar mayor seguridad a las empresas argentinas, que necesitan conocer de antemano qué condiciones deben cumplir para desarrollar proyectos tecnológicos vinculados con energía, comunicaciones e inteligencia artificial.

La disputa en torno a CALF muestra que el desarrollo de Vaca Muerta está comenzando a generar efectos que exceden la producción de petróleo y gas. La infraestructura necesaria para convertir el recurso en una plataforma energética competitiva incluye carreteras, ductos, electricidad, conectividad y capacidad de procesamiento de datos. Cada uno de esos componentes puede convertirse en un activo estratégico.

Por eso, la controversia entre Washington, Beijing y una cooperativa neuquina funciona como una señal de alerta sobre el nuevo mapa de inversiones que deberá administrar Argentina. El desafío será atraer capital y tecnología de distintos orígenes sin perder capacidad de decisión sobre infraestructura crítica, protección de datos y seguridad nacional.

La reunión entre CALF y la Embajada estadounidense, prevista para este miércoles, podría aportar precisiones sobre el alcance del reclamo. Mientras tanto, el pedido del jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, para convocar a representantes de la Embajada ante el Congreso anticipa que el conflicto seguirá teniendo una dimensión institucional.

Vaca Muerta aparece así en el cruce de dos agendas que hasta hace pocos años se analizaban por separado: la transición energética y la competencia tecnológica global. Para Argentina, la oportunidad consiste en aprovechar ambas sin quedar atrapada entre ellas. La condición será construir reglas que protejan los intereses nacionales, den previsibilidad a los inversores y permitan evaluar la tecnología por sus estándares de seguridad y confiabilidad, y no únicamente por la bandera de la empresa que la provee.