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Argentina queda en el fondo del ranking: el salario mínimo pierde contra la inflación y ronda los US$252

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La desaceleración de la inflación todavía no alcanza para recomponer los ingresos de los trabajadores argentinos. Mientras buena parte de América Latina comenzó 2026 con aumentos del salario mínimo superiores a la evolución de los precios, la Argentina transitó el camino inverso: el piso salarial perdió poder adquisitivo y quedó ubicado entre los más bajos de la región cuando se lo convierte a dólares.

Con un salario mínimo vital y móvil de $372.400 desde julio, el ingreso equivale a alrededor de US$252 al tipo de cambio oficial. La cifra coloca al país muy lejos de Costa Rica, Uruguay, Panamá y Chile, las economías que encabezan el mapa salarial latinoamericano, y también por debajo de vecinos y socios comerciales como Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú.

La comparación en dólares debe tomarse con cautela, porque está condicionada por el tipo de cambio, las diferencias en el costo de vida y la metodología utilizada por cada país. Sin embargo, permite dimensionar el retraso relativo de la Argentina: el salario mínimo costarricense prácticamente triplica al argentino, mientras que los pisos salariales de Uruguay, Panamá y Chile más que lo duplican.

La brecha no es únicamente cambiaria. El problema central es que, aun después de los incrementos nominales establecidos durante 2026, el salario mínimo argentino volvió a perder contra los precios.

Salario mínimo en América Latina: la brecha con Argentina

Valores mensuales aproximados expresados en dólares, a junio-julio de 2026.

País Salario mínimo aproximado Diferencia frente a Argentina
Costa Rica US$ 751 198% superior
Uruguay US$ 648 157% superior
Panamá US$ 637 153% superior
Chile US$ 597 137% superior
México US$ 533 112% superior
Colombia US$ 533 112% superior
Ecuador US$ 482 91% superior
Perú US$ 335 33% superior
Brasil US$ 295 17% superior
Argentina US$ 252 Referencia
Fuente: elaboración de Economis sobre datos regionales publicados en junio de 2026. Los valores en dólares son aproximados y pueden variar según el tipo de cambio, la actividad, la región y la metodología salarial de cada país.
📌 La posición de Argentina en la región

Argentina ocupa uno de los últimos lugares de América Latina. Sólo Cuba y Venezuela presentan salarios mínimos inferiores cuando se expresan en dólares. Sin embargo, ambos casos corresponden a economías con fuertes distorsiones cambiarias, por lo que la comparación debe interpretarse con cautela.

Además, Nicaragua, El Salvador y República Dominicana cuentan con esquemas de salarios mínimos diferenciados por sector de actividad o tamaño de empresa, lo que dificulta una comparación directa con países que poseen un salario mínimo nacional único.

Argentina, la excepción entre las principales economías

Entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, la inflación acumulada en la Argentina llegó al 9,4%, mientras que el salario mínimo registró una caída real del 3,3%. El salario de los trabajadores privados registrados también retrocedió: perdió un 3,8% de su poder adquisitivo durante ese período.

La dinámica contrasta con lo ocurrido en otras grandes economías de América Latina. En Colombia, el salario mínimo real aumentó un 19,3%; en México avanzó un 5,8%; en Brasil mejoró un 5,3%; y en Chile tuvo una suba más moderada, del 0,5%.

Argentina fue el único país de ese grupo en el que cayeron simultáneamente tanto el salario mínimo real como las remuneraciones del sector privado formal.

La diferencia expone una particularidad del escenario laboral argentino: la reducción del ritmo inflacionario no implica, por sí sola, una recuperación de los ingresos. Para que exista una mejora real, los salarios deben aumentar por encima de los precios. Eso no ocurrió en el inicio de 2026.

La comparación regional muestra que varios países aprovecharon la moderación de la inflación para recomponer una parte del poder adquisitivo perdido entre 2021 y 2024. En la Argentina, en cambio, la actualización del piso salarial volvió a quedar rezagada.

Un salario mínimo que se aleja de la región

Costa Rica encabeza las comparaciones regionales con un salario mínimo de referencia cercano a US$751 mensuales, seguida por Uruguay, con aproximadamente US$648. Panamá se ubica alrededor de US$637 y Chile cerca de US$600.

México y Colombia se instalaron en una franja próxima a los US$530, mientras que Ecuador ronda los US$482. Más abajo aparecen Perú, Brasil y la Argentina.

Con aproximadamente US$252, el piso argentino representa apenas un tercio del salario mínimo de Costa Rica y cerca del 42% del vigente en Chile. También queda alrededor de US$43 por debajo del brasileño y más de US$80 por debajo del peruano.

La comparación no significa que un trabajador costarricense o uruguayo tenga automáticamente tres veces más poder de compra que uno argentino. Los precios internos, la carga tributaria, el acceso a servicios públicos y el costo de la vivienda varían entre países. Pero el ranking permite observar la capacidad relativa de cada economía para establecer y sostener un piso de ingresos.

En ese mapa, Argentina dejó de ocupar una posición intermedia y pasó a integrar el grupo más rezagado de América Latina.

La pérdida no comenzó en 2026

El deterioro argentino tampoco es un fenómeno aislado del primer trimestre. De acuerdo con el análisis de Juan Pablo Filippini, profesor de Economía de la Universidad Austral, desde 2016 México y Colombia acumularon aumentos reales del salario mínimo muy superiores a los de la Argentina.

Brasil y Chile mostraron trayectorias más moderadas, pero consiguieron preservar o recuperar parte del ingreso. Argentina, en cambio, atravesó una pérdida persistente de poder adquisitivo.

La depreciación del peso, la elevada inflación y los ajustes nominales por debajo de los precios fueron debilitando el valor real del salario mínimo. El resultado es un piso legal que perdió capacidad para ordenar las remuneraciones y proteger a los trabajadores de menores ingresos.

La situación también limita su función como referencia para otros componentes del sistema de protección social. El salario mínimo incide sobre prestaciones, programas laborales y distintos parámetros utilizados en las relaciones de trabajo. Cuando su valor real cae, el deterioro se extiende más allá del grupo de trabajadores que lo cobra directamente.

El salario privado también retrocede

El caso argentino aporta además una diferencia relevante respecto del resto de la región. En Brasil, México y Colombia, el aumento real del salario mínimo no logró trasladarse completamente al conjunto de los trabajadores privados formales. Sin embargo, al menos el piso legal mostró una recuperación.

En la Argentina cayeron los dos indicadores: el salario mínimo real bajó un 3,3% y el salario privado registrado, un 3,8%.

Esto significa que el retraso no se limita a una decisión administrativa sobre el piso salarial. Refleja una debilidad más amplia de los ingresos laborales, en un contexto de actividad económica irregular, empresas con márgenes estrechos y menor capacidad de negociación salarial.

La economía argentina creció un 0,5% entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, según la comparación presentada por la Universidad Austral. No obstante, esa mejora no alcanzó para impulsar una recomposición salarial. En el mismo período, la inflación fue ampliamente superior a la de Brasil, Colombia y Chile.

La desaceleración inflacionaria no garantiza recuperación

La inflación argentina bajó al 1,9% mensual en junio de 2026, el menor registro de los últimos diez meses. Sin embargo, durante el primer semestre acumuló un 16,8% y la variación interanual permaneció en el 33,5%.

El dato muestra por qué la desaceleración no debe confundirse con una baja de precios. Los bienes y servicios continúan encareciéndose, aunque a una velocidad menor. Por lo tanto, cualquier actualización salarial inferior a esa variación implica una nueva pérdida de poder adquisitivo.

Para los trabajadores ubicados en la base de la pirámide salarial, el problema es especialmente grave porque una porción mayor de sus ingresos se destina a alimentos, vivienda, transporte y servicios esenciales.

La recuperación del salario real dependerá de que las futuras actualizaciones superen de manera sostenida a la inflación. También requerirá una mejora de la actividad y de la productividad que permita a las empresas absorber mayores costos laborales sin reducir empleo, horas trabajadas o formalidad.

El dilema regional: salario, productividad e informalidad

Los aumentos del salario mínimo generan un debate en toda América Latina. Cuando están acompañados por crecimiento económico, mayor productividad y demanda de trabajadores, pueden mejorar los ingresos sin provocar desequilibrios relevantes.

Pero cuando las remuneraciones aumentan muy por encima de la productividad, algunas empresas pueden responder trasladando costos a los precios, reduciendo contrataciones, postergando inversiones o avanzando hacia formas de empleo informal.

El riesgo es mayor en pequeñas empresas y sectores intensivos en mano de obra. También en economías con una elevada proporción de trabajadores fuera del sistema formal.

Por eso, los especialistas advierten que el salario mínimo no puede resolver por sí solo los problemas estructurales del mercado laboral. Su efectividad depende de políticas que promuevan la productividad, la inversión, el empleo registrado y la formalización.

En Argentina, sin embargo, el desafío inmediato aparece un paso antes: evitar que el piso salarial continúe perdiendo contra la inflación.

La comparación regional deja una señal contundente. Mientras varios países comenzaron a recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante el ciclo inflacionario, la Argentina siguió retrocediendo. El salario mínimo no solamente quedó entre los más bajos de América Latina medido en dólares: también fue uno de los pocos que volvió a caer en términos reales.

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La Fundación Mediterránea advierte que la estabilidad macro aún no se traduce en una mejora real del empleo y los ingresos

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La desaceleración de la inflación, el equilibrio fiscal y la recuperación de algunos indicadores macroeconómicos aparecen como los principales logros exhibidos por el Gobierno nacional. Sin embargo, un informe de la Fundación Mediterránea plantea una advertencia de fondo: la estabilidad macroeconómica, por sí sola, no garantiza una mejora en las condiciones de vida de la población si no viene acompañada por una recuperación sostenida del mercado laboral formal y de los ingresos.

El trabajo, elaborado por las especialistas Laura Caullo y Guadalupe Galíndez, sostiene que la economía argentina enfrenta un desafío estructural que excede el ordenamiento de las variables macroeconómicas. Según el análisis, el mercado de trabajo continúa mostrando elevados niveles de precarización, informalidad y presión laboral, factores que limitan el impacto social de la estabilización económica.

Los datos correspondientes al primer trimestre de 2026 reflejan esa contradicción. La tasa de desempleo se ubicó en 7,8%, equivalente a aproximadamente 1,8 millones de personas sin trabajo, un nivel prácticamente idéntico al registrado en igual período del año anterior. Sin embargo, detrás de esa aparente estabilidad se observa un deterioro en otros indicadores clave.

La subocupación aumentó de 10% a 11,1%, alcanzando a unas 2,5 millones de personas que trabajan menos horas de las que necesitan para sostener sus ingresos. A su vez, al incorporar a quienes tienen empleo pero buscan otra ocupación o mayores horas laborales, la denominada presión laboral total trepa hasta el 23,6% de la población económicamente activa, involucrando a más de 5,3 millones de argentinos.

Para la Fundación Mediterránea, este indicador resulta especialmente relevante porque revela una situación de fragilidad económica que no aparece reflejada únicamente en la tasa de desempleo. La necesidad de complementar ingresos o conseguir más trabajo evidencia que una porción significativa de la población no logra cubrir sus necesidades básicas con su actividad actual.

El informe también pone el foco sobre la calidad del empleo. Durante el último año se perdieron alrededor de 100.000 puestos asalariados privados y otros 21.000 empleos públicos, mientras que el número de monotributistas aumentó en 90.000 personas. La dinámica refleja una sustitución parcial del empleo asalariado por formas de ocupación más flexibles, aunque generalmente con menores niveles de protección social.

A este fenómeno se suma la persistencia de una elevada informalidad laboral. Según el estudio, el 44,2% de los ocupados trabaja sin aportes jubilatorios ni cobertura de seguridad social, lo que equivale a unos 9,2 millones de personas. Se trata de uno de los principales obstáculos para que el crecimiento económico pueda traducirse en una mejora sostenible del bienestar.

“La heterogeneidad que exhibe el mercado laboral argentino pone de manifiesto que la estabilización macroeconómica, aun siendo un paso indispensable, no garantiza por sí misma una mejora en las condiciones de vida”, señala el documento. El diagnóstico apunta a que el país enfrenta problemas estructurales que requieren políticas específicas orientadas a la generación de empleo formal y productivo.

El análisis también muestra fuertes diferencias territoriales. En ocho provincias la presión laboral supera el promedio nacional. En los partidos del Gran Buenos Aires, por ejemplo, la problemática se expresa a través de mayores niveles de desempleo y competencia por los puestos de trabajo disponibles. En otras jurisdicciones como Río Negro, Santiago del Estero, Formosa o Chubut, la menor presión laboral convive con altas tasas de inactividad, un fenómeno que refleja la salida de personas del mercado laboral más que una mejora efectiva de las condiciones económicas.

Desde una perspectiva económica, el informe plantea que la verdadera prueba para la actual etapa de estabilización será su capacidad para generar empleo de calidad. “El desafío ya no pasa solamente por crear puestos de trabajo, sino por mejorar su calidad”, remarcan las autoras.

La conclusión del trabajo utiliza una analogía futbolística para resumir el escenario actual. Si la estabilidad macroeconómica representa una defensa ordenada, el empleo formal y los ingresos constituyen la capacidad ofensiva de una economía. En otras palabras, mantener el equilibrio fiscal y controlar la inflación son condiciones necesarias, pero insuficientes, para mejorar el bienestar social si no se generan oportunidades laborales capaces de sostener el crecimiento del consumo y la movilidad económica de los hogares.

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Los salarios formales cayeron fuerte contra la inflación en diciembre y perdieron más de 2% en 2025

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El poder adquisitivo de los salarios registrados volvió a deteriorarse en 2025. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los haberes del sector público y privado crecieron 28,8% en el año, frente a una inflación acumulada del 31,5%, lo que implicó una caída real del 2,1% interanual.

La merma se explicó íntegramente por el desempeño del último cuatrimestre. En diciembre, los salarios aumentaron 2% mensual, por debajo del 2,8% de inflación, profundizando el retroceso real.

El golpe fue más fuerte en el sector público. En diciembre, los salarios estatales subieron apenas 1%, lo que implicó una pérdida de 1,8% del poder adquisitivo en el mes. En el sector privado registrado, los ingresos avanzaron 2,5%, pero aun así mostraron una leve caída real de 0,3%, según estimaciones privadas en base a los datos oficiales.

En términos anuales, el deterioro se concentró en los últimos cuatro meses, cuando el salario real se contrajo 2,5%. El fenómeno estuvo vinculado a la aceleración inflacionaria de fin de año y al rezago típico de las actualizaciones salariales, que suelen ajustarse con base en inflación pasada. Cuando los precios se aceleran, los ingresos quedan temporalmente por detrás.

Si se amplía la comparación al período iniciado en noviembre de 2023 —momento del salto inflacionario posterior a la devaluación— la pérdida acumulada es mayor. Desde entonces, el conjunto de trabajadores registrados registra una caída real del 7,1%. La brecha sectorial es marcada: el empleo público acumula una pérdida del 17,03% de su poder adquisitivo, mientras que el privado registrado retrocede 1,55%.

Aunque durante parte de 2024 los salarios mostraron cierta recuperación real, el cierre de 2025 deja un balance negativo. El dato confirma que la recomposición salarial sigue condicionada por la dinámica inflacionaria y por el desfase entre precios y negociaciones paritarias.

En un contexto de desaceleración económica y menor utilización de capacidad instalada, la evolución del salario real se convierte en una variable clave para el consumo interno y la actividad.

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Nuevo índice APP: cuántos pedidos necesita hacer un delivery para no ser pobre

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El Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio (APP) pone números concretos a una pregunta clave del trabajo en plataformas: ¿cuántos pedidos necesita realizar un repartidor para cubrir gastos básicos y alcanzar ingresos mínimos? El último relevamiento muestra una mejora respecto de septiembre, aunque advierte una creciente desigualdad entre plataformas, con trayectorias de ingresos cada vez más dispares.

El índice toma como referencia un pedido promedio de $3.032,9, sin propina, calculado a partir de valores de PedidosYa y Rappi, y lo cruza con indicadores oficiales de ingresos, canastas básicas y costos de vida. El resultado permite traducir el esfuerzo laboral en una métrica directa: cantidad de pedidos necesarios para vivir.

Los números que explican la precariedad

De acuerdo con el informe, un hogar tipo de cuatro integrantes necesita realizar 454 pedidos mensuales para cubrir la canasta básica total y no ser considerado pobre. En el caso de una persona sola, sin alquiler, el umbral de pobreza se ubica en 140 pedidos, mientras que la canasta básica alimentaria individual se cubre con apenas 63 pedidos, señala un informe fue elaborado por la Fundación Encuentro.

El estudio también permite dimensionar el costo de la crianza: criar a un niño requiere 170 pedidos mensuales, mientras que un bebé demanda 152 pedidos. El alquiler promedio representa 244 pedidos, aunque en un monoambiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el valor baja a 167 pedidos, evidenciando fuertes diferencias territoriales.

En términos de ingresos laborales, para alcanzar el ingreso promedio individual en Argentina se necesitan 328 pedidos, mientras que llegar al Salario Mínimo Vital y Móvil requiere 110 pedidos. Incluso los costos formales del trabajo aparecen medidos en esta lógica: el monotributo A equivale a 12 pedidos, y un tanque de nafta, insumo básico para repartir, se cubre con solo 2 pedidos.

El dato clave: mejora promedio, brecha creciente

El APP muestra una mejora general respecto de septiembre, pero no es homogénea. El informe advierte que las distintas plataformas presentan trayectorias divergentes, lo que amplía la brecha de ingresos entre repartidores según la app en la que trabajen, aun realizando esfuerzos similares.

En un sector caracterizado por la ausencia de paritarias, escalas salariales y referencias claras de esfuerzo e ingreso, el índice APP aporta una herramienta concreta para ordenar el debate público sobre precarización laboral, ingresos reales y regulación del trabajo en plataformas.

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