Innovación Federal

Debate por la yerba: “Misiones pierde hasta tres RIGI por año con la desregulación”, dijo Herrera Ahuad

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El diputado nacional Oscar Herrera Ahuad lanzó un fuerte cuestionamiento a la política yerbatera nacional y alertó sobre una pérdida estimada de 640 mil millones de pesos para el sector productivo durante las zafras 2025 y 2026. Lo hizo en el marco de la reunión informativa de las comisiones de Economía y de Economías y Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados de la Nación, donde participaron referentes productivos, empresarios, legisladores y representantes vinculados a la actividad yerbatera.

Durante su exposición, el legislador misionero -integrante de Encuentro Misionero dentro del bloque Encuentro Misionero y ex gobernador de Misiones- sostuvo que la crisis actual de la yerba mate no es un fenómeno reciente, sino la consecuencia directa de “dos años y medio sin conducción” en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), organismo que quedó prácticamente paralizado tras los cambios impulsados por el Gobierno nacional.

“Me pregunto si una economía regional que mueve mil millones de kilos de hoja prácticamente por año pudo haber quedado dos años y medio sin conducción”, expresó Herrera Ahuad al inicio de su intervención.

El diputado remarcó que la ausencia de decisiones afectó áreas sensibles del organismo, fundamentales para el funcionamiento de toda la cadena productiva. “Dos años y medio sin tomar decisiones son dos años y medio sin área de calidad, sin áreas de inspección, sin áreas de extensión. Son 1.500 o 2.000 productores sin atención técnica”, advirtió.

La intervención de Herrera Ahuad tuvo un fuerte tono político y dejó en evidencia las diferencias entre la visión del Gobierno nacional y el reclamo histórico de las economías regionales. En varios pasajes apuntó directamente contra el modelo económico libertario aplicado sobre la producción yerbatera, especialmente en lo referido a la desregulación del mercado y el debilitamiento de herramientas estatales de control. “El libre mercado a ustedes productores los mete con el 80% de ese 50 y pico por ciento de impuestos que tiene adentro”, afirmó al cuestionar el peso tributario nacional sobre el precio final del paquete de yerba mate.

En ese sentido, aclaró que la producción primaria en Misiones no tributa impuestos provinciales y remarcó que la mayor carga impositiva corresponde al Estado nacional. “El 80% de esos impuestos son nacionales”, insistió. La declaración buscó desmontar uno de los argumentos utilizados frecuentemente desde sectores libertarios respecto de la presión fiscal provincial sobre la actividad yerbatera.

Otro de los ejes centrales del discurso estuvo vinculado al rol del INYM y a la necesidad de regulación frente a la concentración económica del mercado. Herrera Ahuad defendió la existencia del instituto y rechazó las críticas relacionadas con el supuesto costo fiscal que implica su funcionamiento. “El INYM no significa un presupuesto para el Estado nacional, funciona solo, se financia solo. No genera déficit”, subrayó.

A partir de allí, apeló incluso a la Constitución Nacional para fundamentar la necesidad de intervención estatal en defensa de los pequeños productores. “El artículo 42 de la Constitución Nacional dice que las autoridades deben proveer a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de mercado y al control de monopolios naturales y legales”, recordó.

El legislador misionero también mencionó la Ley de Defensa de la Competencia y marcó diferencias con quienes plantean eliminar regulaciones en nombre del libre mercado.

Uno de los momentos más contundentes de la exposición ocurrió cuando Herrera Ahuad reveló los números económicos que atraviesa actualmente la actividad yerbatera. Tomando datos del INYM y del Banco Central de la República Argentina, aseguró que el sector productivo tendrá pérdidas estimadas en 640 mil millones de pesos entre las zafras 2025 y 2026. “Equivalen a 460 millones de dólares”, precisó.

Además, alertó sobre el crecimiento del endeudamiento industrial. Según detalló, los principales molinos incrementaron su deuda bancaria un 53,5% durante 2025. “Esa deuda no incluye la deuda comercial”, agregó, dejando entrever que la situación financiera real podría ser aún más compleja.

Herrera Ahuad también expuso datos sobre la caída del consumo interno de yerba mate. Según indicó, las ventas pasaron de 285 millones de kilos en 2023 a poco más de 266 millones en 2025, reflejando una caída acumulada del 7,1%.

En uno de los tramos más impactantes de su discurso, el diputado nacional comparó las pérdidas del sector yerbatero con grandes inversiones estratégicas para la provincia. “Misiones pierde entre dos y medio y tres RIGI anuales”, afirmó. Y profundizó la comparación con una frase que buscó reflejar la magnitud económica de la crisis: “Estamos buscando alguien que venga a invertir 200 millones de dólares y ustedes están perdiendo casi 500 millones”.

La frase sintetizó el mensaje político de su intervención: la crisis yerbatera ya no afecta solamente a productores e industriales, sino que golpea directamente al conjunto de la economía misionera.

Herrera Ahuad también analizó la situación exportadora de la yerba mate y reconoció el crecimiento de las ventas externas, aunque advirtió que eso no garantiza rentabilidad sostenible. “Celebramos las exportaciones, pero necesitamos una política activa que haga que sean perdurables”, señaló.

Según detalló, el precio promedio por tonelada exportada cayó de 2.153 dólares en 2023 a 1.661 dólares en el período enero-marzo de 2026. Para el legislador misionero, el incremento exportador estuvo sostenido principalmente por el tipo de cambio y no por una política estructural de fortalecimiento del sector. “No intervenimos en el libre mercado de la yerba mate, pero sí intervenimos en el mercado cambiario”, cuestionó.

La exposición de Herrera Ahuad dejó además un mensaje político claro en defensa de las economías regionales y del rol del Estado como herramienta de equilibrio frente a las asimetrías del mercado. En el cierre de su intervención, ratificó el acompañamiento al sector productivo y sostuvo que continuará impulsando medidas desde el Congreso Nacional. “Vamos a estar al lado del sector yerbatero de la provincia de Misiones, como de todo el sector productivo primario”, concluyó.

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Diputados dio media sanción a la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años

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En una sesión maratónica de más de ocho horas, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó y envió al Senado el proyecto de un nuevo Régimen Penal Juvenil. La iniciativa, que busca reemplazar la normativa vigente desde la última dictadura militar (Ley 22.278), obtuvo 149 votos a favor, 100 en contra y ninguna abstención, contando con el respaldo de La Libertad Avanza, el Pro, la UCR y bloques dialoguistas.

El punto central de la reforma es la reducción de la edad de imputabilidad, que pasará de 16 a 14 años. Aunque el Poder Ejecutivo inicialmente pretendía fijarla en 13 años, el consenso con los bloques aliados estabilizó el límite en 14.

Puntos clave del nuevo régimen

La normativa establece un marco diferenciado para los menores de edad en conflicto con la ley, destacando los siguientes aspectos:

  • Penas máximas: Se fijó un tope de 15 años de prisión para los adolescentes, descartando los 20 años propuestos originalmente por el Gobierno y prohibiendo taxativamente la prisión perpetua.
  • Presupuesto y financiamiento: Se destinará una partida total de $23.739.155.303. Los fondos provendrán del Ministerio de Justicia (aprox. $3.100 millones) y de la Defensoría General de la Nación (aprox. $20.600 millones).
  • Convenios con provincias: Ante el reclamo de las jurisdicciones por los costos operativos, se habilitó la firma de convenios para que Nación colabore en el traslado y alojamiento de los menores.
  • Condiciones de encierro: El texto aclara que los adolescentes no podrán ser albergados junto a reclusos mayores de edad, debiendo permanecer en institutos especializados o secciones separadas.
  • El documento señala tres objeciones centrales. En primer lugar, cuestiona la ausencia de partidas presupuestarias específicas para la construcción de centros especializados, la capacitación de equipos interdisciplinarios y la implementación de programas socioeducativos. Según la disidencia, sin asignación presupuestaria “la ley se convierte en una declaración de deseos”.
  • En segundo término, advierte sobre el traslado de costos a las provincias. El proyecto prevé que las jurisdicciones locales asuman la carga operativa de los nuevos procesos penales juveniles, pero no establece un mecanismo claro de transferencia automática de recursos acorde a la Ley de Coparticipación Federal. Para Herrera Ahuad y los firmantes, esto podría generar un “desequilibrio fiscal” en las provincias.
  • El tercer punto apunta al enfoque de la reforma. La disidencia sostiene que reducir la edad de imputabilidad no puede ser una medida aislada, sino el último eslabón de una política integral que fortalezca previamente las instituciones de protección de la niñez. Sin inversión garantizada en defensores oficiales, jueces especializados y equipos interdisciplinarios —psicólogos, trabajadores sociales y psicopedagogos—, la especialización del fuero juvenil sería “una ficción jurídica”.
  • Propuesta de modificación: financiamiento nacional y fondo federal
  • En ese marco, los diputados propusieron incorporar un capítulo específico sobre financiamiento y sostenibilidad federal. Entre los puntos destacados se incluye:
  • Financiamiento íntegro con recursos del Tesoro Nacional mediante partidas específicas en el Presupuesto General.
  • Creación de un Fondo Federal de Infraestructura Penal Juvenil, de distribución automática y objetiva para las provincias que adhieran.
  • Prohibición expresa de transferir competencias sin la correspondiente transferencia de recursos, en línea con el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional.
  • Mecanismo de actualización trimestral de partidas para evitar que la inflación degrade los programas socioeducativos.
  • Además, se plantea que la ley entre en vigencia 180 días después de su publicación en el Boletín Oficial, con el objetivo de permitir una adecuación administrativa y presupuestaria realista.
  • Un debate que excede la edad de imputabilidad
  • La intervención del legislador misionero introduce una dimensión clave en la discusión: el impacto fiscal y federal de la reforma. Más allá del debate sobre seguridad pública y responsabilidad penal juvenil, el planteo pone el foco en la sostenibilidad financiera del sistema y en el reparto de cargas entre Nación y provincias.
  • En un contexto de restricciones presupuestarias y tensiones por la distribución de recursos, la discusión sobre el Régimen Penal Juvenil no sólo interpela el diseño del sistema penal, sino también el equilibrio federal y la viabilidad económica de su implementación.

Un debate marcado por visiones opuestas

El debate por la reforma del Régimen Penal Juvenil sumó una voz disidente desde el interior del país. El diputado nacional por Misiones, Oscar Herrera Ahuad, firmó una disidencia parcial al dictamen de mayoría y advirtió que el proyecto, tal como está redactado, resulta “operativamente inviable y fiscalmente irresponsable” si no se garantiza el financiamiento nacional.

La postura quedó plasmada en el dictamen de comisión del 11 de febrero de 2026, donde los legisladores del Bloque Innovación Federal expresaron su desacuerdo con el texto impulsado por la mayoría.

La sesión contó con la presencia de la madre de Jeremías Monzón, el joven asesinado en Santa Fe por menores de edad, caso que impulsó el tratamiento del proyecto en extraordinarias.

Desde el oficialismo, la diputada Laura Rodríguez Machado defendió la medida asegurando que la ley actual es “ineficiente” y no logra resocializar. En sintonía, Cristian Ritondo (Pro) enfatizó que la reforma es una respuesta a una “violencia desbordada”, mientras que Gisela Scaglia (Provincias Unidas) argumentó que la imputabilidad podría evitar que los jóvenes sean reclutados como “soldaditos” por el narcotráfico.

Por el contrario, la oposición fue tajante en sus críticas:

  • Victoria Tolosa Paz (UP) tildó el proyecto de “mamarracho jurídico” y abogó por un sistema de penas proporcionales que mantuviera la edad en 16 años.
  • Germán Martínez (UP) cuestionó la falta de políticas preventivas y la desatención a las advertencias de organismos como UNICEF y la Iglesia.
  • Myriam Bregman (FIT) denunció que la ley solo busca “criminalizar la pobreza” y dar más facultades represivas a la policía en los barrios.
  • Miguel Pichetto, aunque apoyó la baja de edad, expresó sus dudas sobre el cumplimiento efectivo del presupuesto para la construcción de los centros de detención necesarios.

Alternativas a la privación de la libertad

El proyecto no solo contempla el encierro, sino que incluye medidas alternativas para delitos que no involucren muertes o lesiones graves:

  1. Mediación penal: Para delitos con penas de hasta 6 años.
  2. Suspensión del proceso a prueba: Incluye reparación del daño y tareas comunitarias.
  3. Medidas complementarias: Programas educativos, laborales y recreativos.

La ley entrará en vigencia 180 días después de su publicación oficial. El Gobierno ahora apuesta a una sanción definitiva en el Senado antes del inicio de las sesiones ordinarias el 1 de marzo.

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