La Justicia crea un nuevo programa para reforzar la investigación digital y abordar el avance de la IA
El Ministerio de Justicia creó el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB), una nueva estructura destinada a concentrar y coordinar las políticas públicas vinculadas con los delitos cometidos mediante tecnologías digitales. La medida apunta a fortalecer las capacidades de investigación, mejorar el tratamiento de la evidencia digital y generar respuestas frente a fenómenos que evolucionan a mayor velocidad que los marcos tradicionales de persecución penal.
La creación del programa fue establecida mediante la Resolución 483/2026, publicada este 25 de septiembre, y reemplaza el esquema institucional que había comenzado con el Programa Nacional contra la Criminalidad Informática creado en 2016 y que posteriormente incorporó una Mesa de Trabajo de Cibercrimen. El PRONACIB funcionará dentro de la Subsecretaría de Política Criminal de la Secretaría de Justicia y tendrá un coordinador, designado con carácter ad honorem.
El cambio busca darle un carácter más integral a la política criminal frente a un escenario en el que una investigación penal puede depender tanto de una computadora o un teléfono como de registros alojados en plataformas digitales, operaciones con activos virtuales o información generada y procesada mediante inteligencia artificial. El propio programa establece como objetivo fortalecer la capacidad institucional para prevenir, investigar y perseguir la ciberdelincuencia y, al mismo tiempo, mejorar la obtención, preservación, análisis y utilización procesal de la evidencia digital.
Uno de los aspectos centrales es que el programa no se limita a la capacitación de investigadores. El PRONACIB deberá elaborar diagnósticos, identificar problemas prioritarios y promover una política criminal basada en evidencia, además de analizar si las normas penales y procesales necesitan adecuaciones frente a las nuevas modalidades delictivas y a las dificultades que plantea la evidencia digital.
En términos prácticos, esto puede traducirse en nuevos protocolos y criterios para preservar información que resulte relevante en una causa penal. El anexo contempla guías y buenas prácticas para la obtención, preservación, análisis, rastreo, trazabilidad, incautación, intercambio y valoración de evidencia digital y activos virtuales. También incorpora criterios de ciberseguridad destinados a proteger la integridad, autenticidad, confidencialidad y conservación de esa información.
El alcance también incluye a los activos virtuales. El programa deberá analizar las modalidades delictivas que involucren este tipo de activos y promover capacidades para identificar, rastrear y asegurar operaciones y evidencia asociada. La resolución incorpora así a las criptomonedas y otros activos virtuales dentro de una estrategia más amplia de investigación criminal digital, en línea con las definiciones incorporadas al marco legal argentino por la Ley 27.739.
Otro de los ejes que adquiere especial relevancia es la inteligencia artificial. El PRONACIB analizará tanto su utilización para cometer, facilitar, automatizar, masificar u ocultar delitos como su posible aplicación como herramienta de apoyo para prevenir, detectar e investigar hechos delictivos y procesar información. El programa también prevé estudiar su impacto sobre la determinación de responsabilidades, el control judicial y la ejecución de las penas.
La resolución establece además que cualquier utilización de inteligencia artificial dentro de este esquema deberá contemplar criterios de legalidad, transparencia, trazabilidad, seguridad, protección de datos personales, no discriminación, auditabilidad y rendición de cuentas. El anexo incorpora expresamente la exigencia de una supervisión humana significativa y el respeto de las competencias decisorias de las autoridades judiciales.
Para el ciudadano, uno de los efectos potencialmente más relevantes no estará necesariamente en una nueva obligación o trámite, sino en la capacidad del sistema judicial para responder frente a delitos que dejan rastros digitales. Fraudes, accesos ilegítimos, extorsiones, robos de información y operaciones realizadas a través de plataformas digitales requieren evidencia que puede estar distribuida entre dispositivos, empresas tecnológicas, entidades financieras y proveedores radicados incluso fuera del país.
Por eso, el programa contempla una mayor articulación entre organismos nacionales, provincias, Ciudad de Buenos Aires, autoridades judiciales, ministerios públicos y fuerzas de seguridad. Las provincias y la Ciudad podrán incorporarse a las mesas interinstitucionales que se constituyan, siempre respetando sus propias competencias y el carácter federal del sistema. La asistencia técnica a las jurisdicciones locales se brindará cuando estas la soliciten.
La cooperación con el sector privado también forma parte del diseño. El programa prevé mecanismos de articulación con empresas tecnológicas, plataformas digitales, proveedores de servicios, proveedores de activos virtuales y entidades financieras, aunque aclara que ello se realizará sin desplazar las competencias de las autoridades judiciales y de los ministerios públicos para requerir o disponer la preservación o entrega de información.
En el plano internacional, el PRONACIB tendrá como uno de sus instrumentos centrales al Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia. La Argentina cuenta con una Unidad 24/7 de Delitos Informáticos y Evidencia Digital que funciona como punto de contacto de la Red 24/7 prevista por ese convenio. El nuevo programa buscará reforzar la coordinación de esa unidad con los organismos nacionales competentes y con la Cancillería, que actúa como autoridad central argentina en el marco del convenio.
El diseño incorpora además una lógica de seguimiento. El coordinador deberá presentar anualmente un plan de actividades que contemple las problemáticas prioritarias, los objetivos y proyectos, las actividades de capacitación y cooperación y los resultados esperados. El programa deberá desarrollar indicadores de desempeño, resultado e impacto, realizar evaluaciones periódicas y elaborar informes sobre el grado de cumplimiento de sus objetivos.
La protección de los datos personales constituye otro límite explícito. La resolución dispone que todo tratamiento de datos realizado en el marco del PRONACIB deberá ajustarse a la Ley 25.326 y su normativa complementaria. El anexo, además, establece medidas de seguridad para preservar la confidencialidad de información que involucre datos personales y de investigaciones en curso.
La resolución deroga las normas que habían creado y reorganizado el Programa Nacional contra la Criminalidad Informática y la Mesa de Trabajo de Ciberdelito, y concentra esas funciones bajo el nuevo PRONACIB. El desafío, a partir de ahora, será transformar esa estructura institucional en protocolos, capacitación, cooperación y herramientas concretas capaces de acompañar la velocidad con la que cambian las modalidades delictivas digitales.
En ese sentido, el cambio no supone por sí mismo una modificación de las reglas de responsabilidad penal ni habilita automáticamente nuevas facultades de investigación. El alcance inmediato de la medida es institucional: crear un ámbito permanente para diagnosticar problemas, coordinar organismos, elaborar propuestas, capacitar operadores y evaluar políticas vinculadas con ciberdelincuencia, evidencia digital, activos virtuales e inteligencia artificial, dentro de las competencias legales existentes.
