Intendentes del centro de Misiones rechazan la instalación de un nuevo peaje sobre la ruta 12
Los intendentes del departamento Libertador General San Martín expresaron su rechazo a la instalación de una nueva estación de peaje sobre la ruta nacional 12 y solicitaron a los funcionarios y legisladores nacionales que revisen la iniciativa.
El pronunciamiento fue firmado este miércoles en Puerto Rico por intendentes, concejales, representantes del sector privado y el diputado provincial Alejandro Arnhold, del bloque Movimiento por lo que Viene.
El documento sostiene que el nuevo peaje encarecería los costos logísticos de la producción misionera sin garantizar, como contrapartida, mejoras en el mantenimiento de la red vial ni en la seguridad de los usuarios.
Según el texto, la casilla había sido proyectada inicialmente en Capioví, a la altura del kilómetro 1462, pero luego se habría decidido trasladarla a Garuhapé, en el kilómetro 1483. El principal cuestionamiento territorial es la distancia: el nuevo puesto quedaría a apenas 68 kilómetros del peaje que ya funciona en Colonia Victoria, ubicado en el kilómetro 1551 de la ruta 12.
Del encuentro participaron los intendentes Carlos Gustavo Koth, de Puerto Rico; Eduardo Vázquez, de El Alcázar; Gerardo Schmied, de Garuhapé; Ramón Arrúa, de Capioví; Víctor Vogel, de Ruiz de Montoya; y Elvio Vázquez, de Puerto Leoni.
También estuvieron representantes de los concejos deliberantes de Puerto Rico, Puerto Leoni, El Alcázar y Ruiz de Montoya, el diputado provincial Alejandro Arnhold e integrantes de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo, Producción y Servicios del departamento Libertador General San Martín, encabezada por su presidente, Luis Stefens.
La amplitud de las firmas busca mostrar que el rechazo no se limita a una administración municipal. La preocupación atraviesa a intendentes, legisladores, concejales y sectores vinculados con la producción y el comercio de la zona centro de Misiones.
El documento pone el foco sobre el destino del Impuesto a los Combustibles. Los firmantes sostienen que el Gobierno nacional recauda esos recursos para financiar infraestructura vial, pero no los vuelca adecuadamente al mantenimiento de las rutas.
En ese contexto, consideran contradictorio que se procure incorporar un nuevo cobro directo a los usuarios mientras persisten los problemas de transitabilidad en la red nacional.
“El Gobierno nacional, que no invierte en las rutas los recursos que recauda para esas obras vía Impuesto a los Combustibles, decidió instalar una nueva casilla de peaje sobre la ruta 12”, señala el pronunciamiento.
Los representantes del departamento advierten que el esquema podría implicar una doble carga: el pago del impuesto incluido en el precio de los combustibles y, además, el desembolso requerido para atravesar la estación de peaje.
El planteo también incorpora argumentos jurídicos. Los firmantes aseguran que el sistema proyectado sería inconstitucional porque no existen caminos alternativos libres de pago y porque, a su entender, se configuraría una doble imposición.
Para respaldar esa posición, citan el artículo 75 de la Constitución Nacional, referido a las atribuciones del Congreso para establecer contribuciones, y el principio de legalidad tributaria sintetizado en la expresión “no hay tributo sin ley”.
También mencionan los artículos 14 y 17 de la Constitución, vinculados con el derecho a transitar libremente y el derecho de propiedad. Se trata, en todos los casos, de la interpretación sostenida por los firmantes del documento, que podría abrir una discusión jurídica si el proyecto avanza.
Más allá de la controversia legal, la principal preocupación es económica. La ruta nacional 12 constituye el corredor central para el transporte de mercaderías, materias primas, trabajadores y estudiantes en buena parte de Misiones.
Una nueva estación de peaje elevaría el costo de cada viaje y tendría una incidencia mayor sobre las actividades que necesitan circular diariamente o realizar múltiples recorridos dentro de la provincia. El impacto alcanzaría al transporte de cargas, la producción primaria, las industrias, el comercio y los servicios.
“Los misioneros necesitamos rutas seguras, que resguarden nuestras vidas, y no una casilla de peaje que atente contra los bolsillos de quienes trabajan, estudian, comercian y producen”, sostiene el pronunciamiento.
El documento enmarca el proyecto dentro de una discusión más amplia sobre la relación fiscal y territorial entre Misiones y la Nación.
Los intendentes recuerdan las históricas demandas de la provincia por el gasoducto, la hidrovía, una tarifa energética diferenciada, redes ferroviarias, autovías y otras obras de infraestructura. En esa línea, califican la posible instalación del nuevo peaje como “más castigo del centralismo” sobre una provincia que sigue reclamando inversiones estratégicas.
El planteo concluye con un pedido directo a los funcionarios y legisladores nacionales para que revisen la iniciativa. La demanda no es solamente frenar la nueva casilla: los municipios reclaman obras, mantenimiento e inversión vial financiados con los recursos que el Estado nacional ya recauda mediante los combustibles.
