En este primer semestre del año que ya casi termina, y como hemos analizado muchas veces en esta columna, uno de los puntos que predominó en la agenda política nacional fue la relación entre la Nación y las Provincias. El año inició con una fuerte conflictividad entre el poder central y los distritos que con el correr de los meses se fue calmando al punto de comenzar un nuevo proceso de acercamiento, impulsado principalmente por el hoy Jefe de Gabinete, Guillermo Francos quien tomó el mando de esta relación y mostró cintura política para aliviar tensiones y comenzar negociaciones lejos del ruido que generaba el Presidente con sus dichos públicos hacia los gobernadores.
Esta disputa puso sobre la mesa un tema muchas veces mencionado, pero poco analizado a fondo, que tiene que ver con la forma en que gastan las provincias.
El presidente Milei, desde incluso antes de asumir, pero con mayor fuerza desde que se sienta en el sillón de Rivadavia, cuestionó a los gobernadores tildándolos de “degenerados fiscales” y avisó que la Nación ya no financiaría a las provincias. Eso lo cumplió, recortando envíos fuera de la coparticipación, suprimiendo el FONID, poniendo en pausa el financiamiento de las Cajas Previsionales no transferidas, eliminando el Fondo Compensador al Transporte Público, recortando al punto de la extinción la obra pública, entre otras cosas.
Pero en este contexto, cabe hacerse la pregunta ¿Cómo gastan las provincias? El ejército libertario, en redes sociales principalmente, instaló la idea de que los gobiernos locales dilapidan recursos en salarios públicos y otros gastos vinculados a sostener estructuras políticas de poder. En cierto modo, instalaron una posverdad que no fue contrarrestada por otra postura con igual intensidad. Pero la realidad es algo más compleja (y distinta) que la que aquellos críticos describen.
Hay muchas formas de evaluar el gasto provincial. Hemos ya en otras oportunidades analizado la ejecución presupuestaria, particularmente para Misiones pero también para otros distritos, en base a los resultados fiscales, evaluación que mostró lo contrario a lo que se instaló en redes: las provincias exhiben en términos generales, equilibrio fiscal.
Pero hay otra forma de evaluar la ejecución del gasto que tiene que ver con los objetivos. Vamos para allá.
La forma más utilizada de evaluar el gasto provincial es la que se hace por “Finalidad y Función”. La clasificación funcional presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios que el estado y sus instituciones públicas brindan a la comunidad. Los gastos clasificados por finalidad y función permiten determinar los objetivos generales y los medios a través de los cuales se estima alcanzar éstos. Los objetivos de esta clasificación son analizar las tendencias de los gastos en funciones determinadas, facilitar la elaboración de estadísticas del gasto que a su vez permitan realizar proyecciones; y conocer en qué medida el gasto realizado cumple funciones económicas o sociales.
Las Finalidades son cinco: Administración Gubernamental, Servicios de Seguridad, Servicios Sociales, Servicios Económicos y Deuda Pública. A su vez, cada finalidad tiene dentro sus funciones. Veamos en detalle qué significa esto y cómo se analiza el gasto público para Misiones.
La Administración Gubernamental refiere a gastos destinados a acciones inherentes al Estado en el cumplimiento de funciones tales como: legislativas, justicia, dirección superior ejecutiva, relaciones interiores y exteriores, administración fiscal, control de la gestión pública e información estadística básica. Básicamente, se trata del gasto que hace al funcionamiento del Estado. Para el conjunto de las 23 provincias y CABA, esta finalidad representó en 2023 el 22,0% del gasto público; sin embargo, para Misiones representó el 18,4%, el cuarto menor nivel de todo el país (solo por encima de Buenos Aires, San Luis y CABA). Este no es un dato menor: si hay un menor peso de esta categoría en el gasto, entonces hay más margen de acción para otras finalidades que brindan servicios específicos a la comunidad, como se verá más adelante.
En resumen, Misiones es la provincia del NEA y de todo el Norte Grande que menos recursos de su presupuesto destina al gasto político, y podría traducirse esto en el hecho de que es la provincia donde el Estado es el que menos gasta para sí mismo, tirando por la borda muchos de los comentarios que instalan, principalmente, los libertarios.
En relación con la finalidad Servicios de Seguridad, son las acciones inherentes al mantenimiento del orden público interno, y acciones relacionadas con el sistema penal. Entre sus funciones se encuentran la Seguridad Interior (preservar la seguridad de la población y de sus bienes); la Seguridad Penal (vinculada a la reclusión de personas en cumplimiento de órdenes de prisión preventiva o de condena); y la Administración de la Seguridad. En 2023, esta categoría representó el 9,8% del gasto para el consolidado de provincias y CABA; en Misiones, fue de 7,4%, siendo la provincia del NEA con el segundo mayor nivel de gasto en esta finalidad por detrás de Corrientes, aunque se destaca que toda la región se ubica por debajo del promedio nacional.
Por su parte, los Servicios Sociales son las acciones inherentes a la prestación de servicios de salud, promoción y asistencia social, seguridad social, educación y cultura, ciencia y técnica, trabajo, vivienda y urbanismo, agua potable y alcantarillado y otros servicios urbanos. Históricamente es el concepto donde más gastan las provincias, principalmente por el hecho de tener a su cargo los servicios educativos y sanitarios, pero también porque aquí se incluyen gran parte de los conceptos presupuestarios destinados al desarrollo. En 2023, los Servicios Sociales explicaron el 57,7% del gasto total del consolidado de provincias y CABA; para Misiones, representó el 59,8%. Es decir, casi 60 de cada 100 pesos ejecutados por la Provincia se destinaron a estas acciones, siendo el segundo mayor nivel en el NEA.
Los Servicios Económicos, que se definen como aquellas acciones inherentes a la producción de bienes y servicios significativos para el desarrollo económico, incluyendo acciones de fomento, regulación y control de la producción del sector privado y público, es otro de los puntos centrales del gasto provincial. Incluye funciones como ser Energía y Combustibles, Comunicaciones, Transporte, Ecología y Medioambiente, Agro, Industria, Comercio y otros. Por ejemplo: los subsidios a la energía eléctrica entran en esta categoría, pero también lo hacen los subsidios, aportes o inversión aplicada a la industria o al fomento del comercio local. En 2023, esta finalidad, pese a su gran importancia en términos de desarrollo local y crecimiento económico, representó solamente el 8,5% del gasto total del consolidado de provincias y CABA. Sin embargo, en Misiones representó el 13,9%, el cuarto mayor nivel de todo el país y el más alto en el NEA.
Finalmente, la finalidad de Deuda Pública, definida como los gastos destinados a atender los intereses y gastos de la deuda pública interna y externa, representó en 2023 el 2,1% del gasto total para provincias y CABA; ese número, para Misiones, es mucho menor: 0,5%, ubicándose así entre los cinco distritos con menor peso de deuda.
Detengámonos específicamente en Misiones. Como se indicó previamente, el 59,8% del gasto de Misiones se centró en los Servicios Sociales, en línea con el promedio histórico de los últimos cuatro años que fue del 60,3%. Dentro de esta finalidad, las funciones con mayor peso en el gasto provincial son Educación y Cultura (49% del total de la finalidad), Salud (20%) y Seguridad Social (19%). Una buena forma de analizar el desempeño de este tipo de gasto es comparándolo en moneda constante contra el año 2019, a los fines de evaluar de punta a punta la gestión de gobierno al respecto. En Misiones, la inversión en Servicios Sociales, que son aquellos que impactan de manera directa en la comunidad por los servicios que recibe, creció 16,3% entre 2019 y 2023, un valor muy por encima del consolidado de provincias y CABA que lo hizo en 7,6%.
Además, se destaca que es la provincia con el tercer mayor crecimiento en todo el país (y la mayor del NEA), graficando así una fuerte impronta de la gestión en brindar más y mejores servicios de impacto directo a la comunidad.
Hacia dentro de esta categoría, se destaca por ejemplo, que la inversión en Ciencia y Técnica (incluye investigación y desarrollo, transferencia de tecnología, educación de postgrado para formación de investigadores y promoción de las actividades científicas y técnicas), si bien representa un valor menor en el total, creció 58,1% entre 2019 y 2023 (cuando a nivel país creció 24,4%) marcando así un perfil de gestión orientado al desarrollo de tecnología que puede verificarse en acciones como Silicon Misiones y los programas de robótica, entre otros.
La inversión en Seguridad Social creció 27,5% vs. solo 3,0% promedio nacional; en Salud, la inversión creció 23,9% contra el 13,9% promedio nacional; en Educación y Cultura el aporte se expandió 25,7% cuando a nivel nacional solo fue del 6,3%. En este punto en particular, la suba del gasto misionero es la más alta de todo el país.
Como dato negativo se puede ver al gasto destinado a Vivienda y urbanismo, que cayó en Misiones 36,5%, similar a lo que se observa en Agua Potable y Alcantarillado donde la merma alcanzó el 25,9%.
Sin dudas, son dos puntos centrales donde la provincia enfrenta desafíos principalmente de financiamiento y acompañamiento nacional.
Al respecto de esto, son importantes los anuncios expresados esta semana por autoridades del gobierno provincial, que detallaron que el IPRODHA, tras un acuerdo con el gobierno nacional, activará la finalización de 1.449 viviendas.
Volviendo a los desempeños de las finalidades, si bien los Servicios Sociales crecieron a buen ritmo (+16,3% en 2023 vs. 2019, como se detalló antes), no fue la más creció. Por caso, los Servicios de Seguridad lo hicieron en +23,3% y los Servicios Económicos lo hicieron en +16,8%. También positivo, aunque a la inversa, es la evolución del gasto en Deuda Pública cayó 30%.
Se puede concluir, siguiendo la lectura de los datos antes detallados, que aún con todas las mejoras que indefectiblemente deben realizarse, la forma en que gasta la provincia está en línea con dos de los objetivos centrales: sostener equilibrio fiscal que permita solvencia de las cuentas públicas, y brindar servicios a la comunidad (sean sociales y/o económicos) que redunden en una mejora de las condiciones de vida.
En contextos de crisis como los que estamos viviendo, es fundamental sostener (y profundizar, si es factible) estas premisas de modo tal que el Estado pueda seguir garantizando un piso mínimo de servicios de impacto directo en la sociedad.
