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Retenciones: un informe proyecta más producción, dólares y recaudación si el Gobierno elimina los DEX

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La discusión sobre los derechos de exportación volvió a meterse en el centro de la agenda económica con un dato que incomoda el esquema fiscal vigente: un ejercicio de simulación proyecta que la eliminación total de retenciones al agro, en un plazo de dos años hasta 2028, no solo expandiría la producción y las exportaciones, sino que también podría mejorar la recaudación del Estado en el mediano plazo. El estudio, presentado en el ámbito de la Bolsa de Comercio de Rosario, plantea un interrogante político de fondo: ¿puede el Gobierno resignar ingresos de corto plazo para reconfigurar su base fiscal a futuro?

Según proyecciones al ciclo 2035/36 basadas en el modelo AGMEMOD Argentina, la eliminación gradual de las retenciones —con un cronograma de dos años hasta su desaparición total en 2028— no solo expandiría la producción y las exportaciones, sino que además podría revertir el impacto fiscal negativo en el corto plazo. El dato clave introduce tensión en la discusión: el Estado nacional comenzaría a recaudar más que en el escenario actual a partir de 2029/30.

El marco económico: entre presión fiscal y competitividad

El análisis compara dos escenarios. Por un lado, un esquema base que mantiene constantes los derechos de exportación (DEX). Por otro, una simulación con reducción progresiva hasta su eliminación. La diferencia no es menor: en el escenario sin retenciones, el área sembrada alcanzaría las 43,4 millones de hectáreas en 2036, frente a 41,1 millones del esquema vigente. La producción total escalaría a 182,6 millones de toneladas, lo que implica un salto de 16,7 millones respecto al escenario base.

La clave está en los incentivos. Sin retenciones, mejora la rentabilidad del productor, se acelera la inversión y se amplía la frontera productiva. En términos concretos, el modelo traduce una decisión tributaria en más superficie cultivada, más tecnología aplicada y mayor volumen exportable. La soja lidera esa expansión, seguida por el maíz.

Exportaciones: más volumen, más divisas

El impacto externo es directo. En 2036, el complejo agroindustrial exportaría 14,1 millones de toneladas adicionales respecto al escenario con retenciones. En valor, la diferencia asciende a US$ 6.400 millones anuales: US$ 50.500 millones sin DEX frente a US$ 44.100 millones con el esquema vigente.

El complejo soja explica la mayor parte de ese salto, con más de US$ 5.200 millones adicionales. La lógica es lineal: menos carga tributaria en origen mejora precios relativos, incentiva producción y amplía saldos exportables.

Pero el dato relevante no es solo el volumen. Es la capacidad de generar divisas en un país donde la restricción externa condiciona toda la política económica.

Recaudación: el punto de quiebre fiscal

El núcleo del debate está en el impacto fiscal. El modelo plantea una secuencia que desafía el argumento tradicional: la pérdida inicial de recaudación por retenciones se compensa con otros impuestos.

Hay dos mecanismos. Uno directo: mayor rentabilidad amplía la base del Impuesto a las Ganancias y del impuesto a los Débitos y Créditos. Otro indirecto: la expansión productiva derrama sobre la economía y genera más actividad gravada.

El resultado es escalonado. A nivel nacional, el punto de equilibrio llega en el cuarto año tras la eliminación. Para 2036, el Estado recaudaría US$ 296 millones más que en el escenario con retenciones.

En las provincias, el efecto es más inmediato. Como los DEX no son coparticipables, no pierden ingresos directos y sí capturan el crecimiento vía Ingresos Brutos y Sellos. En 2036, sumarían US$ 989 millones adicionales.

Cuando se consolida Nación + provincias, el quiebre fiscal aparece antes: en 2028. Solo 2027 muestra una pérdida neta de US$ 153 millones. A partir de allí, la recaudación supera al escenario base, con una diferencia de US$ 1.286 millones anuales hacia 2036.

El agro presiona, el Gobierno administra tiempos

El informe se conoció en paralelo a señales políticas del sector. Desde la Bolsa de Comercio de Rosario se insistió en que la baja de retenciones debe formar parte de una estrategia de desarrollo más amplia y coordinada entre sector público y privado.

La posición introduce una variable clave: el ritmo de la reforma dependerá de la “caja” fiscal. El Gobierno, según se planteó en ese ámbito, avanzaría en reducciones en la medida en que sostenga el superávit. Es una lógica incremental, no disruptiva.

En ese esquema, el agro se posiciona como actor de presión con respaldo técnico. El argumento es claro: menos impuestos hoy pueden traducirse en más recaudación mañana. La tensión está en el timing.

Una transición con costos acotados y beneficios diferidos

El estudio plantea un punto de quiebre fiscal temprano: en 2028, apenas un año después del inicio de la reforma, la recaudación consolidada ya superaría al escenario base. Para 2036, el diferencial positivo alcanzaría US$ 1.286 millones anuales.

El presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato, se mostró confiado este viernes en que el Gobierno baje las retenciones a las exportaciones de productos agrícolas “en la medida que vaya teniendo caja”, es decir, que mantenga el superávit fiscal que consiguió a costa de un fuerte ajuste en salud, educación, obras públicas y pago de haberes jubilatorios. “El planteo que hizo históricamente la Bolsa siempre apunta a las bajas de retenciones”, dijo el titular de la institución.

En el tradicional Remate del primer lote de soja, el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario llamó a sostener una agenda estratégica de desarrollo articulada entre el sector público y el privado, y destacó los avances concretos en infraestructura logística, la reducción de derechos de exportación y el rol social de la producción.

Luego del acto oficial, Bortolato dijo a la prensa que la eliminación de los derechos de exportación a los productos agrícola sobre los que aún pesa el gravamen sería la solución al desarrollo nacional. Para eso, la Bolsa presentó un estudio que “muestra claramente que una baja de retenciones en cuatro años como mucho, menos también si tenemos en cuenta el desarrollo que empieza en las provincias, la cadena se daría vuelta y empezaría a crecer todo”, e incluso el Estado recuperaría su capacidad recaudatoria para suplir esa caída de ingresos por derechos de exportación.

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Sturzenegger lleva al Senado la reforma de propiedad privada y abre un frente sensible sobre tierras y desalojos

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El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expondrá este miércoles a las 16 en el Senado sobre el proyecto de ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, una iniciativa firmada por el presidente y todo su gabinete que propone modificar el régimen de tierras, agilizar desalojos y reformar normas clave como la ley de Manejo del Fuego. El debate se abrirá en un plenario de comisiones y marca un movimiento de alto impacto político: ¿se trata de una consolidación del enfoque desregulador del Gobierno o del inicio de un nuevo foco de conflicto en el Congreso?

Reforma integral: propiedad, tierras y desalojos bajo un mismo eje

El proyecto no aborda un único aspecto, sino que articula una batería de cambios sobre el régimen de propiedad en Argentina. En el plano de las expropiaciones, introduce un mecanismo “sumarísimo” para la restitución de inmuebles, donde bastaría la acreditación del título para avanzar en la recuperación, manteniendo —según el texto— garantías de debido proceso y control judicial, pero reduciendo los tiempos actuales.

En paralelo, plantea una modificación de fondo en el régimen de tierras rurales al eliminar las restricciones vigentes desde 2011 que limitaban la compra por parte de extranjeros. El argumento oficial apunta a que esas limitaciones desincentivaron la inversión internacional, especialmente en el sector agropecuario, considerado estratégico por su peso productivo.

La iniciativa también redefine el enfoque regulatorio: en lugar de restricciones generales, propone concentrar los controles en casos donde intervengan Estados extranjeros o entidades vinculadas, con el objetivo de resguardar la soberanía y la seguridad nacional.

A esto se suma la reforma de la ley de Manejo del Fuego. El proyecto elimina artículos centrales que impedían la venta o cambio de uso de tierras afectadas por incendios durante largos períodos —60 años en áreas protegidas y 30 en zonas agrícolas—, bajo el argumento de que esos plazos resultan “irrazonables” y afectan el derecho de propiedad.

El Senado como escenario de una disputa de modelo

La exposición de Sturzenegger se dará en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por legisladores del oficialismo. El dato no es menor: el Gobierno busca instalar el debate en un terreno institucional que combine técnica jurídica con decisión política.

El proyecto condensa una visión clara: priorizar la seguridad jurídica del propietario, reducir intervenciones estatales y habilitar mayor flexibilidad en el uso de activos, en especial en el ámbito rural. En términos concretos, redefine incentivos económicos y modifica reglas de juego para inversores, productores y actores del mercado inmobiliario.

Pero esa misma amplitud abre múltiples frentes. La eliminación de límites a la propiedad extranjera y la flexibilización en zonas afectadas por incendios no son cambios aislados: impactan sobre discusiones históricas vinculadas a soberanía, uso del suelo y regulación ambiental.

Inversión, propiedad y tensiones latentes

El avance del proyecto puede fortalecer al Gobierno en su agenda de desregulación y atracción de inversiones, particularmente en sectores productivos vinculados al agro. La señal hacia el mercado es directa: menos restricciones, mayor previsibilidad para el capital.

Sin embargo, la iniciativa también introduce tensiones potenciales en el Congreso y en la arena pública. La revisión de normas aprobadas en etapas anteriores y la concentración de reformas en un solo proyecto pueden activar resistencias, especialmente en torno a la propiedad de tierras y la regulación ambiental.

En términos legislativos, el debate no solo girará en torno a los artículos, sino al modelo de Estado que subyace: un esquema que reduce la intervención en favor de la lógica de mercado. Allí se juega parte de la correlación de fuerzas.

Un debate que recién empieza

La exposición de Sturzenegger será el punto de partida de una discusión que combina derecho constitucional, política económica y disputa territorial. El proyecto no solo propone cambios normativos; redefine prioridades.

En las próximas semanas, el foco estará puesto en cómo se procesan esas reformas dentro del Senado y qué actores logran incidir en su redacción final. La pregunta de fondo —qué equilibrio entre propiedad, regulación y soberanía se busca— todavía está abierta.

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El Banco Mundial advierte que la gestión del agua define el futuro alimentario y laboral global

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El sistema alimentario global enfrenta un límite estructural que ya no es técnico sino político: cómo es la gestión del agua. En un informe publicado este año, el Grupo del Banco Mundial advirtió que, bajo las prácticas actuales, la agricultura solo puede sostener a menos de la mitad de la población mundial proyectada.

El dato central tensiona la agenda global: si no se redefine la gestión hídrica, alimentar a 10 mil millones de personas hacia 2050 será inviable. Pero el mismo documento abre otra dimensión: un reequilibrio inteligente podría generar hasta 245 millones de empleos. La pregunta es si los gobiernos están dispuestos a rediseñar reglas, subsidios y prioridades productivas.

Un nuevo mapa del poder productivo global

El informe introduce un marco que cambia el enfoque tradicional: ya no se trata solo de producir más, sino de producir donde el agua lo permite y de manera eficiente. La lógica es directa, pero políticamente sensible. Clasifica a los países según su estrés hídrico y su rol en el comercio alimentario —exportadores o importadores— para definir dónde expandir la agricultura, dónde invertir en riego y dónde, incluso, dejar de producir para importar.

El diagnóstico es contundente. Hoy coexisten dos distorsiones: regiones con escasez hídrica que sobreexplotan sus recursos y otras con abundancia de agua que subutilizan su potencial productivo. Ese desbalance, según el Banco Mundial, es el principal obstáculo para sostener el crecimiento de la oferta de alimentos.

En términos concretos, el documento plantea cuatro líneas de acción: expandir la agricultura de secano donde hay disponibilidad de agua, invertir en riego donde puede generar empleo y crecimiento, reequilibrar el uso hídrico en zonas críticas para preservar ecosistemas y, en algunos casos, priorizar el comercio por sobre la producción local.

La propuesta no es solo técnica. Reordena incentivos, redefine cadenas globales de valor y cuestiona modelos productivos instalados.

Inversión, regulación y el rol del sector privado

El informe también delimita el campo de acción institucional. Sostiene que la transformación del sistema no puede depender exclusivamente del financiamiento público. Hoy, los gobiernos destinan cerca de 490.000 millones de dólares anuales a la agricultura, en su mayoría en subsidios. Sin embargo, la expansión y modernización del riego requerirá entre 24.000 y 70.000 millones de dólares adicionales por año hasta 2050.

La clave, entonces, pasa por redirigir esos recursos y habilitar nuevas reglas de juego. El Banco Mundial plantea un esquema basado en financiamiento mixto, reformas regulatorias y alianzas público-privadas para atraer capital privado. En ese esquema, los propios agricultores aparecen como actores centrales, dispuestos a coinvertir cuando existen condiciones de previsibilidad, acceso a mercados y reducción de riesgos.

Detrás de esa arquitectura hay una redefinición del rol del Estado: menos subsidio generalizado y más direccionamiento estratégico de recursos.

Impacto geopolítico y nuevas asimetrías

El reordenamiento que propone el informe no es neutro. La proyección de 245 millones de empleos adicionales, concentrados principalmente en África subsahariana, reconfigura el mapa del desarrollo. Esa región, históricamente rezagada, aparece como el principal espacio de expansión agrícola si se corrigen las asimetrías en el uso del agua.

Al mismo tiempo, países con alto estrés hídrico podrían enfrentar presiones para modificar sus matrices productivas, lo que abre tensiones en términos de soberanía alimentaria, comercio internacional y políticas domésticas.

La discusión también impacta en la gobernabilidad global. Redefinir dónde se producen los alimentos implica alterar flujos comerciales, inversiones y cadenas logísticas. En ese escenario, las decisiones sobre agua dejan de ser sectoriales para convertirse en un eje de política económica y estratégica.

Un escenario abierto: entre la oportunidad y la resistencia

El informe no plantea una hoja de ruta cerrada, sino un marco de decisiones que dependerá de la capacidad política de cada país. La combinación de reformas, inversión y participación privada aparece como condición necesaria, pero no suficiente.

Queda por verse cómo reaccionarán los gobiernos frente a la necesidad de reasignar recursos, modificar subsidios y aceptar una mayor integración al comercio global en materia alimentaria. También será clave observar si el sector privado responde con la escala que el modelo requiere.

En paralelo, la tensión entre productividad y sostenibilidad seguirá en el centro del debate. Reequilibrar el uso del agua implica tomar decisiones que pueden generar costos en el corto plazo, aunque prometan beneficios a largo plazo.

El desafío ya no es técnico. Es político. Y se juega en múltiples niveles: nacional, regional y global.

Nourish and Flourish – Water Solutions to Feed 10 Billion People on a Livable Planet by CristianMilciades

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La crisis nacional empuja a productores misioneros a vender sus chacras y crece el interés desde Europa

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El mercado de venta de chacras y lotes productivos en Misiones muestra un crecimiento sostenido desde 2024, en un contexto marcado por la baja rentabilidad del sector, el aumento persistente de los costos y el impacto de políticas económicas nacionales que golpean de lleno a las economías regionales. La desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), dispuesta por el Gobierno nacional, profundizó la incertidumbre en el sector yerbatero y aceleró un proceso que ya venía gestándose: la decisión de muchos productores de desprenderse de sus tierras como estrategia de salida frente a un escenario cada vez más adverso.

Rafael Oliveira, responsable del equipo de Tercios en Misiones, confirmó en una entrevista radial que el fenómeno comenzó a hacerse visible el año pasado y que la tendencia podría intensificarse en el corto y mediano plazo.
“A partir de 2024 empezó. Creemos que este año va a seguir en aumento y el próximo capaz también”, señaló, al referirse al crecimiento sostenido de chacras en oferta en distintos puntos de la provincia.

Según explicó, la decisión de vender no está asociada a una región específica, sino a un problema estructural de rentabilidad.
“No es un tema de zona, sino de que no les alcanza. Los que tienen baja productividad por hectárea son los que quieren vender”, indicó.
No obstante, precisó que existe una mayor demanda por chacras ubicadas sobre las rutas nacionales 12 y 14, aunque el impacto del proceso se percibe de manera generalizada en todo el territorio misionero.

Entre quienes optan por desprenderse de sus tierras predominan los productores vinculados a la actividad tealera y yerbatera, dos cadenas productivas especialmente afectadas por la coyuntura económica. Oliveira remarcó que el té es actualmente el cultivo más comprometido, con márgenes prácticamente inexistentes.
“El té prácticamente no le da nada de ganancia, es muy poquito”, afirmó.

En el caso de la yerba mate, explicó que todavía permite sostener la actividad, aunque resulta insuficiente cuando los rendimientos por hectárea son bajos, una situación frecuente entre pequeños y medianos productores.

El referente empresarial describió este escenario como parte de una lógica habitual del mercado productivo.
“Es algo normal en cualquier negocio. Si no te da un rendimiento adecuado, tratás de vender o cambiar de ámbito. Los costos suben y no les dan el margen de ganancia que necesitan o que esperan”, expresó.

Del lado de la demanda, Oliveira indicó que los principales interesados en adquirir chacras son productores agropecuarios e inversores que buscan iniciar o ampliar actividades productivas. Se destaca un fuerte interés desde otras provincias, principalmente Buenos Aires y Córdoba, donde inversores apuntan a diversificar capital en producciones regionales típicas de Misiones, en muchos casos con la intención de continuar los cultivos existentes.

A este escenario se suma un interés incipiente desde el exterior, con consultas provenientes de países europeos como Alemania y Suiza. Si bien hasta el momento no se concretaron operaciones con compradores extranjeros, el dato marca un cambio en el radar de inversión sobre el agro misionero.

El aumento de chacras en venta refleja así una transformación profunda en la dinámica productiva provincial: una crisis que empuja a numerosos productores a abandonar la actividad y, al mismo tiempo, la aparición de nuevos actores que observan en Misiones un territorio con potencial de desarrollo a futuro.

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