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Alerta en el sistema de innovación: cae el empleo privado en I+D tras dos décadas de crecimiento

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La Argentina enfrenta una señal de alarma en su ecosistema de innovación. Por primera vez en más de veinte años, el empleo en investigación y desarrollo (I+D) en el sector privado registró una caída, en un contexto de baja inversión estructural y creciente rezago frente a economías comparables.

Según un informe del Grupo Economía, Política y Ciencia (EPC), durante 2025 el empleo registrado en I+D privado retrocedió 3,1%, marcando la primera contracción desde la crisis de 2002. El dato resulta particularmente significativo si se considera que entre 2019 y 2023 la nómina había crecido 36,5%, impulsada por el dinamismo del sector tecnológico.

Un freno tras el boom tecnológico

El informe identifica un punto de inflexión en el segundo trimestre de 2024, cuando el crecimiento del empleo en I+D comenzó a desacelerarse hasta entrar en terreno negativo. Desde entonces, la recuperación es “tímida” y no logra compensar cinco trimestres consecutivos de caída.

En términos estructurales, el peso del empleo en investigación dentro del sector tecnológico también se reduce: pasó de representar el 10% en 2003 al 6,5% actual, lo que evidencia un crecimiento más orientado a servicios que a innovación.

Inversión mínima y brecha global creciente

El principal cuello de botella es la inversión. En la Argentina, las empresas privadas destinan apenas el 0,14% del PBI a I+D, muy por debajo del promedio de la OCDE (1,75%) y lejos de economías líderes.

La comparación internacional expone la magnitud del rezago:

  • Israel invierte el 6,3% del PBI en I+D (93% financiado por el sector privado)
  • Corea del Sur supera el 5,3%
  • Estados Unidos alcanza el 3,45%, con fuerte protagonismo empresarial
  • Brasil destina el 1,15% del PBI, con mayor participación privada que Argentina

Incluso frente a China, la brecha se amplió drásticamente: de invertir tres veces más que Argentina en 1998, hoy lo hace quince veces más.

Alta concentración y baja capilaridad

Otro rasgo crítico es la concentración. El 10% de las empresas explica el 87,2% del gasto en I+D, y apenas diez compañías concentran casi la mitad de la inversión total.

Además, tres sectores —farmacéutico, software y servicios de I+D— concentran tres cuartas partes del financiamiento, dejando al resto del entramado productivo prácticamente al margen de la innovación tecnológica.

Salarios en retroceso y menor incentivo

El deterioro también alcanza a los ingresos. En 2025, los salarios reales del sector se ubicaron 2,1% por debajo de 2023, y acumulan una caída de 4,6 puntos reales desde 2015.

Este fenómeno erosiona los incentivos para la formación y retención de talento, en un contexto donde la competencia internacional por perfiles técnicos es cada vez más intensa.

Paradoja exportadora: más ventas, menos saldo

El informe también detecta una dinámica contradictoria. Aunque las exportaciones de servicios basados en el conocimiento alcanzaron niveles récord, el superávit comercial del sector cayó 26% debido a un fuerte aumento de las importaciones (+139,6%).

El caso más ilustrativo es el de los servicios informáticos, que por primera vez desde 2007 registraron déficit (US$ 42 millones), tras haber tenido un superávit de US$ 518 millones en 2023.

Un problema estructural

Más allá del contexto coyuntural, el informe advierte que el problema es de larga data. En los últimos 25 años, la inversión privada en I+D en Argentina pasó de 0,10% a 0,14% del PBI, sin lograr converger hacia estándares internacionales.

El país cuenta con apenas 2,8 investigadores cada mil personas económicamente activas, menos de un tercio del promedio de la OCDE, lo que refleja una masa crítica insuficiente para sostener un sistema de innovación robusto.

Señal de alerta para el modelo productivo

El retroceso del empleo privado en I+D no solo impacta en el sistema científico, sino que pone en cuestión la capacidad del país para generar valor agregado, escalar en cadenas globales y sostener exportaciones de alto contenido tecnológico.

En un escenario global donde la innovación es el principal motor de competitividad, la Argentina enfrenta el desafío de revertir una tendencia que, de consolidarse, puede profundizar su rezago estructural.

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Valdés confirmó inversión forestal de Central Puerto y presiona por cambios en el RIGI

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El gobernador Juan Pablo Valdés confirmó en Estados Unidos el desembarco de Central Puerto con una inversión de USD 40 millones para construir un mega aserradero en el Parque Industrial de Santa Rosa, y en paralelo abrió un frente político con el Gobierno nacional: pidió modificar el piso de acceso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La doble jugada —captar capital y cuestionar el diseño del régimen— instala una pregunta de fondo: ¿Corrientes busca consolidarse como polo forestal o tensionar las reglas del esquema de inversiones que impulsa la Casa Rosada?

El anuncio se dio tras la participación de la delegación correntina en foros internacionales y reuniones con el sector energético y el equipo económico nacional. El dato central no es solo el monto, sino el timing: la provincia busca acelerar obras durante este año bajo un marco legal que combina beneficios provinciales por 15 años y estabilidad fiscal nacional por 30 años.

El “modelo Corrientes” como plataforma institucional

La inversión se apoyará en la ley provincial 5470, que garantiza exenciones impositivas y seguridad jurídica. En términos políticos, Valdés intenta consolidar un esquema propio de atracción de inversiones, articulado con la adhesión al RIGI, pero con capacidad de negociación sobre sus condiciones.

El proyecto de Central Puerto no es aislado. La compañía ya controla más de 160.000 hectáreas en la región tras la adquisición de activos de Masisa y EVASA. La nueva planta buscará industrializar madera sólida con destino exportador y, en paralelo, generar energía a partir de biomasa. Esa integración productiva traduce un objetivo estratégico: agregar valor en origen y reducir la dependencia de exportaciones primarias.

El Parque Industrial de Santa Rosa aparece como nodo central de esa estrategia. Allí, la provincia despliega infraestructura dentro de un esquema más amplio que incluye 18 parques industriales, diseñados para captar inversiones con mayor componente tecnológico.

En ese marco, el planteo ante el ministro de Economía, Luis Caputo, introduce una dimensión política adicional. El pedido de bajar el umbral de USD 200 millones del RIGI apunta a que sectores como el forestal, el arrocero y el ganadero —con inversiones de menor escala relativa— puedan acceder a los beneficios del régimen.

Inversión, PyMEs y disputa por el alcance del RIGI

El desembarco de Central Puerto fortalece la narrativa oficial de Corrientes como destino competitivo para capitales productivos. La provincia gana volumen en un sector donde ya exhibe liderazgo en generación de energía por biomasa, con 100 MW instalados.

Sin embargo, la clave no está solo en la llegada de grandes jugadores. Desde el sector privado advierten que el impacto real dependerá de la integración con las PyMEs locales. La propuesta de crear un “Punto Verde” para gestionar exportaciones en origen refleja esa preocupación: reducir costos logísticos y evitar que el valor agregado se diluya fuera de la provincia.

En términos de correlación de fuerzas, el movimiento posiciona a Corrientes como interlocutor activo frente al Gobierno nacional en materia de política productiva. Mientras la Nación impulsa el RIGI como herramienta macro para atraer inversiones, la provincia plantea ajustes que contemplen las particularidades de las economías regionales.

El equilibrio es delicado. Acompañar el régimen, pero discutir su diseño. Captar inversiones, pero exigir reglas más flexibles.

Un tablero abierto entre desarrollo y regulación

La confirmación de la inversión abre un escenario de ejecución. El inicio de obras previsto para este año será el primer test de la capacidad provincial para transformar anuncios en actividad económica concreta.

Al mismo tiempo, la discusión sobre el RIGI recién comienza. Si el Gobierno nacional mantiene el piso de USD 200 millones, muchos proyectos regionales quedarán fuera del esquema. Si lo modifica, el régimen podría ampliarse, pero también cambiar su lógica original.

En ese cruce se jugará parte de la estrategia de desarrollo del interior productivo. Corrientes ya movió ficha: aseguró un desembarco relevante y planteó condiciones. Resta ver si el esquema nacional se adapta o si la tensión entre diseño macro y necesidades regionales se profundiza.

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