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Deuda corporativa en máximos: empresas argentinas aceleran emisiones y el mercado vive su mejor inicio de año desde 2015

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El mercado de capitales argentino atraviesa uno de sus momentos más activos de la última década y empieza a mostrar señales concretas de reapertura financiera para el sector privado. Entre enero y abril de 2026, las emisiones de obligaciones negociables y fideicomisos financieros de las empresas superaron los US$ 6.200 millones medidos al dólar contado con liquidación, configurando el mejor primer cuatrimestre desde 2015 y consolidando un cambio de clima que el sistema financiero venía esperando desde hace años.

El dato surge de un informe elaborado por el equipo de Deals de PwC Argentina y refleja no sólo una recuperación del financiamiento corporativo, sino también una transformación en las expectativas de empresas e inversores frente a la estabilidad macroeconómica, la baja del riesgo país y la desaceleración de tasas.

El volumen operado expone además un fenómeno político y económico más profundo: el regreso gradual del crédito privado de mediano plazo en una economía que durante años funcionó prácticamente sin financiamiento genuino y con mercados cerrados para la mayoría de las compañías.

Durante el primer cuatrimestre se concretaron 142 emisiones, el segundo registro más alto de la última década. El principal motor fueron las obligaciones negociables, que totalizaron US$ 5.586 millones distribuidos en 100 operaciones, también un récord histórico para este período del año.

El mercado mostró además una clara preferencia por deuda denominada en dólar hard, que explicó cerca del 90% de las colocaciones dentro del Régimen General. El dato revela que, pese a la desaceleración inflacionaria y cierta estabilidad cambiaria, las empresas todavía privilegian financiamiento atado a moneda dura para aprovechar tasas internacionales más competitivas y captar demanda externa.

La novedad más relevante fue el retorno de las emisiones internacionales. Entre enero y abril, compañías argentinas colocaron US$ 3.069 millones en el exterior mediante ocho operaciones, el mejor desempeño de los últimos tres años. En la City interpretan ese movimiento como una consecuencia directa de la caída del riesgo país tras las elecciones legislativas de octubre de 2025, donde el oficialismo logró consolidar poder parlamentario y reforzar expectativas de continuidad del programa económico.

Desde entonces, el mercado internacional comenzó lentamente a reabrirse para firmas argentinas que durante años habían quedado prácticamente excluidas del crédito global. Según PwC, desde octubre hasta fines de abril se registraron 18 emisiones internacionales por US$ 7.250 millones.

El cambio también empezó a verse en la composición de los instrumentos financieros demandados. Las ON dólar linked y ajustadas por UVA representaron apenas el 2% del total emitido, el nivel más bajo desde 2020. La lectura del mercado es clara: cayó la necesidad urgente de cobertura cambiaria e inflacionaria que dominó las estrategias financieras durante los años de alta volatilidad macroeconómica.

La baja de tasas se convirtió en otro factor decisivo. La tasa promedio de colocación de obligaciones negociables en pesos cayó de 37,6% nominal anual en enero a 26,3% en abril. La compresión supera los 1.100 puntos básicos en apenas un trimestre y marca las tasas corporativas más bajas desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Ese descenso comienza a modificar comportamientos empresariales que estaban prácticamente paralizados desde hacía años. Empresas que postergaban inversiones o dependían exclusivamente de capital propio vuelven ahora a evaluar financiamiento vía mercado de capitales.

Incluso en el segmento PYME avalado empezaron a observarse colocaciones con márgenes negativos, una anomalía poco frecuente en la Argentina reciente y que refleja el fuerte apetito inversor por instrumentos corporativos de riesgo moderado.

Los fideicomisos financieros también consolidaron su recuperación. En el primer cuatrimestre alcanzaron US$ 630 millones mediante 42 emisiones, con crecimiento tanto en monto como en cantidad de operaciones. Estos instrumentos volvieron a ganar atractivo porque ofrecen respaldo sobre activos específicos y permiten aislar riesgos en un contexto donde todavía persisten niveles elevados de mora en algunos sectores de la economía real.

Dentro de ese segmento, Mercado Libre tuvo un rol dominante. La compañía realizó dos emisiones por $230.000 millones y explicó cerca del 69% de todo el volumen colocado en fideicomisos financieros durante abril. El dato ratifica cómo las grandes empresas tecnológicas y fintech empiezan a consolidarse como actores centrales del nuevo esquema financiero argentino.

El segmento PYME también mostró señales de reactivación. Las obligaciones negociables para pequeñas y medianas empresas alcanzaron US$ 39 millones en el cuatrimestre, el mayor volumen nominal desde 2015 para ese período.

Aunque todavía se trata de cifras relativamente pequeñas frente a las grandes colocaciones corporativas, el dato es relevante porque refleja una reapertura gradual del financiamiento hacia sectores productivos medianos que históricamente quedaron fuera del mercado de capitales argentino.

Para provincias periféricas como Misiones, la mejora del acceso al crédito corporativo podría convertirse en un factor estratégico si logra extenderse hacia economías regionales. Sectores como yerba mate, forestación, agroindustria o energía renovable siguen enfrentando fuertes restricciones de financiamiento de largo plazo y costos elevados para capital de trabajo.

El desafío será observar si esta mejora financiera logra derramarse más allá de bancos, energéticas, fintech y grandes grupos económicos, que hoy concentran buena parte de las emisiones.

El mercado también sigue de cerca la reglamentación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), previstos dentro de la reforma laboral. En el sistema financiero estiman que ese mecanismo podría canalizar cerca de US$ 2.000 millones anuales hacia instrumentos administrados por fondos comunes de inversión, aportando mayor profundidad al mercado en pesos y nuevas fuentes de fondeo tanto para privados como para el Tesoro.

La combinación entre tasas descendentes, menor riesgo país y reapertura gradual del crédito internacional empieza a configurar un escenario financiero distinto al de los últimos años. Sin embargo, el mercado todavía observa con cautela variables clave como acumulación de reservas, sostenibilidad fiscal y estabilidad política.

La gran incógnita hacia adelante será si esta ventana financiera logra sostenerse en el tiempo o si queda limitada a un ciclo corto de optimismo financiero. Por ahora, las empresas argentinas aprovecharon el momento y aceleraron emisiones como no ocurría desde hace más de una década.

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Alerta en el sistema de innovación: cae el empleo privado en I+D tras dos décadas de crecimiento

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La Argentina enfrenta una señal de alarma en su ecosistema de innovación. Por primera vez en más de veinte años, el empleo en investigación y desarrollo (I+D) en el sector privado registró una caída, en un contexto de baja inversión estructural y creciente rezago frente a economías comparables.

Según un informe del Grupo Economía, Política y Ciencia (EPC), durante 2025 el empleo registrado en I+D privado retrocedió 3,1%, marcando la primera contracción desde la crisis de 2002. El dato resulta particularmente significativo si se considera que entre 2019 y 2023 la nómina había crecido 36,5%, impulsada por el dinamismo del sector tecnológico.

Un freno tras el boom tecnológico

El informe identifica un punto de inflexión en el segundo trimestre de 2024, cuando el crecimiento del empleo en I+D comenzó a desacelerarse hasta entrar en terreno negativo. Desde entonces, la recuperación es “tímida” y no logra compensar cinco trimestres consecutivos de caída.

En términos estructurales, el peso del empleo en investigación dentro del sector tecnológico también se reduce: pasó de representar el 10% en 2003 al 6,5% actual, lo que evidencia un crecimiento más orientado a servicios que a innovación.

Inversión mínima y brecha global creciente

El principal cuello de botella es la inversión. En la Argentina, las empresas privadas destinan apenas el 0,14% del PBI a I+D, muy por debajo del promedio de la OCDE (1,75%) y lejos de economías líderes.

La comparación internacional expone la magnitud del rezago:

  • Israel invierte el 6,3% del PBI en I+D (93% financiado por el sector privado)
  • Corea del Sur supera el 5,3%
  • Estados Unidos alcanza el 3,45%, con fuerte protagonismo empresarial
  • Brasil destina el 1,15% del PBI, con mayor participación privada que Argentina

Incluso frente a China, la brecha se amplió drásticamente: de invertir tres veces más que Argentina en 1998, hoy lo hace quince veces más.

Alta concentración y baja capilaridad

Otro rasgo crítico es la concentración. El 10% de las empresas explica el 87,2% del gasto en I+D, y apenas diez compañías concentran casi la mitad de la inversión total.

Además, tres sectores —farmacéutico, software y servicios de I+D— concentran tres cuartas partes del financiamiento, dejando al resto del entramado productivo prácticamente al margen de la innovación tecnológica.

Salarios en retroceso y menor incentivo

El deterioro también alcanza a los ingresos. En 2025, los salarios reales del sector se ubicaron 2,1% por debajo de 2023, y acumulan una caída de 4,6 puntos reales desde 2015.

Este fenómeno erosiona los incentivos para la formación y retención de talento, en un contexto donde la competencia internacional por perfiles técnicos es cada vez más intensa.

Paradoja exportadora: más ventas, menos saldo

El informe también detecta una dinámica contradictoria. Aunque las exportaciones de servicios basados en el conocimiento alcanzaron niveles récord, el superávit comercial del sector cayó 26% debido a un fuerte aumento de las importaciones (+139,6%).

El caso más ilustrativo es el de los servicios informáticos, que por primera vez desde 2007 registraron déficit (US$ 42 millones), tras haber tenido un superávit de US$ 518 millones en 2023.

Un problema estructural

Más allá del contexto coyuntural, el informe advierte que el problema es de larga data. En los últimos 25 años, la inversión privada en I+D en Argentina pasó de 0,10% a 0,14% del PBI, sin lograr converger hacia estándares internacionales.

El país cuenta con apenas 2,8 investigadores cada mil personas económicamente activas, menos de un tercio del promedio de la OCDE, lo que refleja una masa crítica insuficiente para sostener un sistema de innovación robusto.

Señal de alerta para el modelo productivo

El retroceso del empleo privado en I+D no solo impacta en el sistema científico, sino que pone en cuestión la capacidad del país para generar valor agregado, escalar en cadenas globales y sostener exportaciones de alto contenido tecnológico.

En un escenario global donde la innovación es el principal motor de competitividad, la Argentina enfrenta el desafío de revertir una tendencia que, de consolidarse, puede profundizar su rezago estructural.

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Valdés confirmó inversión forestal de Central Puerto y presiona por cambios en el RIGI

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El gobernador Juan Pablo Valdés confirmó en Estados Unidos el desembarco de Central Puerto con una inversión de USD 40 millones para construir un mega aserradero en el Parque Industrial de Santa Rosa, y en paralelo abrió un frente político con el Gobierno nacional: pidió modificar el piso de acceso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La doble jugada —captar capital y cuestionar el diseño del régimen— instala una pregunta de fondo: ¿Corrientes busca consolidarse como polo forestal o tensionar las reglas del esquema de inversiones que impulsa la Casa Rosada?

El anuncio se dio tras la participación de la delegación correntina en foros internacionales y reuniones con el sector energético y el equipo económico nacional. El dato central no es solo el monto, sino el timing: la provincia busca acelerar obras durante este año bajo un marco legal que combina beneficios provinciales por 15 años y estabilidad fiscal nacional por 30 años.

El “modelo Corrientes” como plataforma institucional

La inversión se apoyará en la ley provincial 5470, que garantiza exenciones impositivas y seguridad jurídica. En términos políticos, Valdés intenta consolidar un esquema propio de atracción de inversiones, articulado con la adhesión al RIGI, pero con capacidad de negociación sobre sus condiciones.

El proyecto de Central Puerto no es aislado. La compañía ya controla más de 160.000 hectáreas en la región tras la adquisición de activos de Masisa y EVASA. La nueva planta buscará industrializar madera sólida con destino exportador y, en paralelo, generar energía a partir de biomasa. Esa integración productiva traduce un objetivo estratégico: agregar valor en origen y reducir la dependencia de exportaciones primarias.

El Parque Industrial de Santa Rosa aparece como nodo central de esa estrategia. Allí, la provincia despliega infraestructura dentro de un esquema más amplio que incluye 18 parques industriales, diseñados para captar inversiones con mayor componente tecnológico.

En ese marco, el planteo ante el ministro de Economía, Luis Caputo, introduce una dimensión política adicional. El pedido de bajar el umbral de USD 200 millones del RIGI apunta a que sectores como el forestal, el arrocero y el ganadero —con inversiones de menor escala relativa— puedan acceder a los beneficios del régimen.

Inversión, PyMEs y disputa por el alcance del RIGI

El desembarco de Central Puerto fortalece la narrativa oficial de Corrientes como destino competitivo para capitales productivos. La provincia gana volumen en un sector donde ya exhibe liderazgo en generación de energía por biomasa, con 100 MW instalados.

Sin embargo, la clave no está solo en la llegada de grandes jugadores. Desde el sector privado advierten que el impacto real dependerá de la integración con las PyMEs locales. La propuesta de crear un “Punto Verde” para gestionar exportaciones en origen refleja esa preocupación: reducir costos logísticos y evitar que el valor agregado se diluya fuera de la provincia.

En términos de correlación de fuerzas, el movimiento posiciona a Corrientes como interlocutor activo frente al Gobierno nacional en materia de política productiva. Mientras la Nación impulsa el RIGI como herramienta macro para atraer inversiones, la provincia plantea ajustes que contemplen las particularidades de las economías regionales.

El equilibrio es delicado. Acompañar el régimen, pero discutir su diseño. Captar inversiones, pero exigir reglas más flexibles.

Un tablero abierto entre desarrollo y regulación

La confirmación de la inversión abre un escenario de ejecución. El inicio de obras previsto para este año será el primer test de la capacidad provincial para transformar anuncios en actividad económica concreta.

Al mismo tiempo, la discusión sobre el RIGI recién comienza. Si el Gobierno nacional mantiene el piso de USD 200 millones, muchos proyectos regionales quedarán fuera del esquema. Si lo modifica, el régimen podría ampliarse, pero también cambiar su lógica original.

En ese cruce se jugará parte de la estrategia de desarrollo del interior productivo. Corrientes ya movió ficha: aseguró un desembarco relevante y planteó condiciones. Resta ver si el esquema nacional se adapta o si la tensión entre diseño macro y necesidades regionales se profundiza.

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