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El Gobierno aprueba el Presupuesto 2026 del Correo Argentino y proyecta $96.695 millones de ganancia operativa

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El Ministerio de Economía dio luz verde al plan de acción y presupuesto 2026 del Correo Oficial de la República Argentina Sociedad Anónima, que prevé ingresos operativos por $754.003 millones y una ganancia de operación estimada en $96.695 millones. La decisión quedó formalizada en la Resolución 221/2026, publicada el 2 de marzo en el Boletín Oficial, y fija además un superávit financiero de $28.558 millones para el ejercicio.

El dato no es menor: el principal operador postal del país proyecta cerrar el año con resultado positivo, sin endeudamiento y con transferencias al Tesoro por $60.000 millones. En un contexto de ajuste fiscal y revisión del rol de las empresas públicas, el mensaje combina equilibrio financiero con continuidad operativa.

Un presupuesto con superávit y foco en paquetería

La norma aprueba un esquema que estima ingresos corrientes por $774.126 millones y gastos corrientes por $720.308 millones, lo que arroja un ahorro económico de $53.818 millones. Si se suman los recursos y gastos de capital, el resultado financiero proyectado es superavitario.

El corazón del negocio sigue siendo operativo: de los $754.003 millones de ingresos de operación, $736.929 millones provendrán de ventas brutas. No se prevén transferencias corrientes del Estado para sostener la actividad, lo que refuerza la lógica de autofinanciamiento.

En paralelo, el presupuesto asigna $34.745 millones a inversión real. La mayor parte —$29.290 millones— se destinará a activos intangibles, es decir, tecnología, sistemas y plataformas digitales. Otros $4.350 millones irán a construcciones del dominio público y $1.105 millones a maquinaria y equipamiento.

El plan estratégico que acompaña el presupuesto define con claridad el rumbo comercial: menos dependencia del correo tradicional y mayor apuesta a la paquetería vinculada al comercio electrónico. Para 2026 se proyecta una caída del 7% en piezas postales (72.300 millones) y un crecimiento del 19% en paquetes (36.700 millones).

La empresa profundizará el modelo de franquicias “Punto Correo”, avanzará con sistemas de clasificación automática (SORTER) y buscará consolidar servicios de fulfillment y soluciones cross border, tanto para importaciones simplificadas como para exportaciones postales.

Costos, personal y transferencias al Tesoro

Del lado del gasto, las remuneraciones concentran $309.762 millones, mientras que bienes y servicios suman $319.010 millones. La dotación prevista se reducirá de 11.676 agentes a 11.436 hacia diciembre de 2026, con 240 bajas estimadas en el año y sin incorporación de personal temporario.

La decisión combina moderación en la plantilla con mantenimiento del Servicio Básico Universal (SBU), obligación legal que implica cobertura territorial en todo el país a precio accesible.

Un punto clave es la previsión de transferencias por $60.000 millones a la Administración Nacional. Es decir, la empresa no solo no requerirá asistencia financiera, sino que aportará recursos al Tesoro. En términos fiscales, esto convierte al Correo en contribuyente neto dentro del esquema de empresas públicas.

No se contempla endeudamiento para 2026. Las fuentes financieras provendrán principalmente de movimientos sobre activos y pasivos corrientes.

Modernización tecnológica y reposicionamiento de mercado

El presupuesto confirma una estrategia de transformación digital. La inversión en activos intangibles apunta a renovar sistemas de envíos internacionales, trazabilidad, data centers, ciberseguridad y plataformas comerciales como “Mi Correo”.

El giro es consistente con la dinámica del mercado postal. El segmento de cartas continúa en retroceso estructural, mientras que la logística de última milla vinculada a plataformas online se consolida como el eje competitivo frente a operadores privados.

En ese marco, la empresa buscará mejorar estándares de calidad, integrar soluciones nativas con plataformas de e-commerce y desarrollar servicios híbridos (imposición electrónica con entrega física), además de implementar aviso de recibo digital para cartas documento.

El desafío operativo será sostener rentabilidad en un entorno donde los costos de bienes y servicios representan más del 40% del gasto corriente y donde la competencia privada presiona márgenes en paquetería.

Equilibrio fiscal sin privatización explícita

La aprobación del presupuesto bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete muestra una continuidad institucional en la administración del operador postal.

Desde el punto de vista político-económico, la señal es clara: el Gobierno prioriza equilibrio financiero, reducción gradual de personal y modernización tecnológica, pero mantiene el esquema societario vigente y el cumplimiento del Servicio Básico Universal.

No hay expansión de estructura ni endeudamiento. Tampoco se observa un retiro del Estado del negocio postal. La estrategia parece orientada a consolidar un operador público rentable, adaptado al comercio electrónico y capaz de aportar recursos al Tesoro.

Lo que habrá que seguir

En los próximos meses habrá que observar tres variables para medir el impacto real del presupuesto 2026: Si el crecimiento proyectado del 19% en paquetería se concreta y compensa la caída del correo tradicional. Si la inversión tecnológica mejora productividad y reduce costos unitarios. Si la reducción de dotación se implementa sin afectar tiempos de entrega ni cobertura territorial.

El equilibrio financiero está proyectado. La clave será sostenerlo en un mercado logístico cada vez más competitivo y con consumidores que exigen velocidad y trazabilidad en tiempo real.

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España prohibirá redes sociales a menores de 16 y avanza en control algorítmico

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En un giro relevante de la política tecnológica europea, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que España prohibirá el acceso a plataformas digitales a menores de 16 años, como parte de un paquete de cinco medidas orientadas a recuperar la soberanía digital y reforzar el control sobre las grandes plataformas tecnológicas.

El anuncio fue realizado durante su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos, celebrada en Arabia Saudí, un foro que reúne a líderes políticos y ejecutivos globales. Allí, Sánchez advirtió que las redes sociales se han convertido en espacios donde “las leyes se ignoran y los delitos se toleran”, y sostuvo que es urgente transformarlas en entornos más saludables, democráticos y transparentes.

Control de algoritmos y responsabilidad penal

Entre las iniciativas más sensibles para la industria tecnológica, el mandatario adelantó la tipificación penal de la manipulación algorítmica y de la amplificación deliberada de contenido ilegal, una medida que apunta directamente al corazón del modelo de negocios de las plataformas digitales.

Además, el Gobierno español impulsará un sistema de rastreo de “huella de odio y polarización”, con el objetivo de terminar con la impunidad de los directivos de las plataformas frente a la difusión de contenidos ilícitos. En ese marco, Sánchez confirmó que se trabajará junto a la Fiscalía para investigar posibles delitos cometidos por herramientas de inteligencia artificial y redes sociales como Grok (integrada en X), TikTok e Instagram.

España también se incorporó a la denominada “Coalición de los Dispuestos Digitales”, junto a otros cinco países europeos, para acelerar una regulación más estricta y coordinada del ecosistema digital. La estrategia busca evitar vacíos legales y avanzar en estándares comunes de control, seguridad y responsabilidad corporativa a nivel continental.

El movimiento se alinea con decisiones recientes en la Unión Europea: hace pocos días, Francia aprobó una ley que prohíbe el acceso de menores de 15 años a redes sociales y restringe el uso de teléfonos inteligentes en escuelas, mientras que la Comisión Europea abrió una investigación sobre la difusión de contenidos ilícitos mediante inteligencia artificial generativa.

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