inversiones productivas

ARCA activa el sistema para gestionar los beneficios del RIMI

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó de manera general el Sistema de Gestión de Inversiones (SGI), una plataforma digital que busca concentrar en un único circuito el registro, seguimiento y administración de proyectos de inversión productiva y de los beneficios tributarios asociados. La medida fue formalizada mediante la Resolución General 5889/2026 y tiene como primera aplicación el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI).

El cambio apunta a reemplazar progresivamente los mecanismos utilizados hasta ahora para tramitar beneficios vinculados con inversiones productivas por un sistema digital que permita cargar información, vincular comprobantes, seleccionar incentivos y realizar el seguimiento de los proyectos. Según ARCA, la herramienta busca reducir la utilización de papel, simplificar la interacción con el organismo y anticipar los controles sobre la información declarada, con el objetivo de disminuir los costos administrativos y de cumplimiento.

El SGI será, en esta primera etapa, la vía de gestión del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), creado por la Ley 27.802. El esquema contempla incentivos para inversiones productivas realizadas en el país y permite acceder a beneficios vinculados con el Impuesto a las Ganancias y el IVA. El anexo de la resolución precisa que los beneficios pueden seleccionarse de manera no excluyente: se trata de la amortización acelerada en Ganancias y la devolución de créditos fiscales en el IVA.

La plataforma permitirá que las empresas gestionen sus proyectos, seleccionen los beneficios que pretendan utilizar y realicen el seguimiento de las inversiones informadas. Para ello deberán registrar las inversiones productivas, asociarlas a uno o más proyectos y vincular los comprobantes que respalden cada operación. ARCA pondrá a disposición los comprobantes electrónicos que ya figuren en sus bases de datos para su validación, aunque los contribuyentes podrán efectuar ajustes, modificaciones, incorporaciones o eliminaciones mediante carga manual o importación de información.

El nuevo esquema también incorpora una lógica de trazabilidad física de las inversiones. Cada proyecto deberá identificar su ubicación geográfica y los bienes, obras o explotaciones deberán clasificarse según categorías que incluyen bienes de capital, bienes de informática y telecomunicaciones, obras, equipos de riego agrícola, equipos de alta eficiencia energética, bienes semovientes, malla antigranizo y minas, canteras y bosques. Cada activo incorporado al sistema recibirá además un código único para su identificación y seguimiento.

Para el RIMI, el anexo establece que la fecha de inicio de la primera inversión productiva no podrá ser anterior al 6 de marzo de 2026. También fija como referencia documental el 19 de mayo de 2028: el sistema permitirá incorporar comprobantes cuya fecha de emisión sea anterior o igual a ese día. Esto genera un horizonte temporal concreto para que los proyectos registren y respalden las inversiones alcanzadas por el régimen.

Uno de los puntos centrales del nuevo mecanismo es que el SGI no se limitará a recibir información, sino que realizará un seguimiento de la inversión. A partir de los datos y documentos registrados, determinará el valor de la inversión productiva que cuente con fecha de puesta en marcha y verificará si corresponde alcanzar el monto mínimo de inversión previsto por la Ley 27.802 según la categoría del contribuyente.

En el caso del beneficio de devolución de créditos fiscales de IVA, el sistema habilitará una presolicitud para iniciar el proceso de asignación del cupo fiscal. El mecanismo tendrá ventanas específicas durante el año: estará disponible en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre, entre los días 1 y 10. La asignación del cupo podrá consultarse entre los días 11 y 15 de esos meses.

El diseño introduce además reglas de trazabilidad sobre ese cupo fiscal. El contribuyente podrá renunciar al cupo asignado a determinados comprobantes, pero no podrá trasladarlo de un comprobante a otro ni eliminar comprobantes sin renunciar previamente al cupo correspondiente. Tampoco podrá editar posteriormente el período de la declaración jurada ni el monto del IVA computable asignado a cada comprobante.

Una vez transcurridos tres períodos fiscales mensuales desde aquel en que haya correspondido computar el crédito fiscal en la declaración jurada de IVA, los comprobantes con cupo asignado quedarán disponibles en el Sistema Integral de Recupero (SIR), donde el contribuyente deberá formalizar la solicitud de recupero conforme al procedimiento vigente.

Para acceder al SGI, los contribuyentes deberán contar con CUIT activa, estar dados de alta en los impuestos correspondientes, mantener actualizado y sin inconsistencias el domicilio fiscal, tener actualizada la actividad económica declarada y contar con Domicilio Fiscal Electrónico constituido. En términos operativos, el nuevo sistema traslada buena parte de la gestión hacia un circuito digital en el que la consistencia de la información fiscal y documental pasa a ser una condición previa para avanzar.

La implementación tiene una lectura relevante para las empresas que evalúan inversiones productivas: el acceso a los incentivos deja de depender exclusivamente de una tramitación posterior y pasa a estructurarse alrededor de un registro digital del proyecto, sus activos, comprobantes, ubicación, puesta en marcha y beneficios pretendidos. En la práctica, esto puede favorecer una mayor previsibilidad para quienes planifiquen inversiones, pero también exige que la documentación y los datos del proyecto sean consistentes desde el comienzo.

El objetivo declarado por ARCA es extender gradualmente este modelo a otros regímenes de inversión y beneficios tributarios. El RIMI funciona así como la primera etapa de una transformación más amplia: convertir la gestión de incentivos fiscales en un proceso digital, trazable y articulado con las bases de información del organismo.

Anexo 1 Resolución General 5889/2026 ARCA by CristianMilciades

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La inversión extranjera directa aportó US$ 1.794 millones en Argentina durante el primer trimestre

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La inversión extranjera directa (IED) dejó durante el primer trimestre de 2026 un saldo positivo de US$ 1.794 millones en Argentina, aunque la composición de esos flujos muestra una economía en la que los capitales externos se concentran especialmente en actividades vinculadas a los recursos naturales, el sistema financiero y la industria. El dato surge del informe sobre Inversión Extranjera Directa publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), con información al 31 de marzo.

El flujo positivo convivió con una renta de capital de US$ 2.743 millones durante el período. De ese monto, US$ 1.891 millones fueron distribuidos como utilidades y dividendos, el máximo de la serie, mientras que otros US$ 852 millones fueron reinvertidos. El BCRA vincula este comportamiento con la habilitación del acceso al mercado de cambios para el giro de utilidades al exterior correspondientes a balances cerrados y auditados de ejercicios iniciados desde el 1 de enero de 2025.

La diferencia entre utilidades distribuidas y reinvertidas introduce una de las claves para interpretar el dato de inversión. El ingreso neto de IED fue positivo, pero una parte significativa de la renta generada por las empresas extranjeras salió del país en forma de dividendos, en lugar de transformarse en nuevo capital dentro de las compañías.

Minería e industria, en el centro de los aportes de capital

Los aportes netos de capital alcanzaron US$ 1.061 millones en el trimestre y el 56% correspondió a aportes en efectivo. La minería recibió US$ 503 millones, mientras que la industria manufacturera captó otros US$ 388 millones, concentrando ambos sectores la mayor parte de los nuevos aportes.

La composición sectorial de los flujos transaccionales refuerza el peso de la minería. La actividad de “Explotación de minas y canteras” recibió US$ 1.181 millones durante el primer trimestre, mientras que las sociedades captadoras de depósitos, exceptuando al Banco Central, recibieron US$ 453 millones.

El dato resulta relevante para la discusión sobre la calidad y orientación de la inversión externa. La minería aparece como uno de los principales destinos del capital nuevo, en un contexto en el que Argentina busca ampliar la explotación de sus recursos naturales y convertirlos en una fuente creciente de exportaciones y generación de divisas.

Pero la fotografía del stock acumulado muestra una estructura algo diferente. Al 31 de marzo, la industria manufacturera era el principal destino de la IED acumulada, con una posición de US$ 67.574 millones. Le seguían explotación de minas y canteras, con US$ 55.361 millones, y comercio mayorista y minorista y reparación de vehículos, con US$ 18.606 millones. Los tres sectores explicaban en conjunto el 71% del stock de IED.

La diferencia entre flujo y stock ofrece una lectura relevante: mientras la minería ganó protagonismo en los ingresos del primer trimestre, la industria continúa siendo el principal anclaje histórico del capital extranjero instalado en el país.

Estados Unidos encabezó el ingreso de capitales

Por origen geográfico, Estados Unidos fue el principal aportante de IED durante el primer trimestre, con ingresos netos por US$ 809 millones. Países Bajos aportó US$ 534 millones, Australia US$ 511 millones y Brasil US$ 229 millones. En sentido contrario, Suiza registró salidas netas por US$ 509 millones y Reino Unido por US$ 381 millones.

En términos de stock, la estructura vuelve a mostrar una mayor concentración. Estados Unidos tenía al 31 de marzo una posición de US$ 35.310 millones, equivalente al 18% del total. España ocupaba el segundo lugar, con US$ 28.690 millones, mientras que Países Bajos se ubicaba tercero, con US$ 24.733 millones.

El mapa de inversores, por lo tanto, combina la presencia histórica de capitales estadounidenses, españoles y neerlandeses con nuevos flujos provenientes de economías con intereses crecientes en sectores estratégicos argentinos.

La deuda vinculada también cambió de composición

El comportamiento de la IED no se limitó a los aportes de capital. Las transacciones de deuda con empresas vinculadas registraron egresos netos por US$ 120 millones durante el trimestre, explicados principalmente por un desendeudamiento comercial de US$ 613 millones.

La reducción estuvo asociada principalmente a la cancelación de adelantos de cobros de exportaciones realizados por el sector agroexportador en septiembre de 2025, en el marco de la reducción temporaria a cero de los derechos de exportación establecida por el Decreto 682/2025. Dentro de la industria manufacturera, el sector de elaboración de productos alimenticios concentró el impacto, con US$ 620 millones negativos en transacciones de deuda.

Ese movimiento fue parcialmente compensado por ingresos netos de deuda financiera por US$ 493 millones. En otras palabras, la fotografía trimestral muestra un proceso de reducción de deuda comercial que convivió con una mayor entrada de financiamiento financiero dentro de las relaciones entre empresas vinculadas.

No se registraron, en cambio, operaciones relevantes de fusiones y adquisiciones durante el período.

Un stock extranjero de US$ 200.611 millones

Más allá de los movimientos de un solo trimestre, la dimensión de la presencia extranjera en la economía argentina se observa en la posición pasiva bruta de IED, que alcanzó los US$ 200.611 millones al 31 de marzo de 2026.

De ese total, US$ 146.964 millones correspondían a participaciones de capital y US$ 53.647 millones a instrumentos de deuda. Dentro de estos últimos, US$ 32.837 millones eran deuda comercial y US$ 20.811 millones deuda financiera.

El dato permite dimensionar el peso estructural que tiene el capital extranjero en Argentina: no se trata solamente de los US$ 1.794 millones que ingresaron durante el primer trimestre, sino de una base acumulada superior a los US$ 200.000 millones que tiene como principales destinos a la industria, la minería y el comercio.

El desafío económico aparece entonces en la capacidad de transformar esos flujos en inversión productiva, ampliación de capacidad, exportaciones y empleo, particularmente en sectores con potencial para generar divisas. La composición del primer trimestre muestra que una parte importante de la nueva inversión está orientándose hacia minería e industria, dos actividades con capacidad de incidir sobre la oferta exportable y la sustitución de importaciones.

El informe también deja una segunda señal: el volumen de dividendos distribuidos alcanzó un máximo de serie, mientras la reinversión de utilidades fue considerablemente menor. La normalización del acceso al mercado cambiario para determinadas utilidades permite que las empresas extranjeras giren dividendos, pero al mismo tiempo abre una discusión sobre cuánto de la renta generada localmente vuelve a convertirse en inversión.

Para una economía que busca consolidar un ciclo de crecimiento basado en exportaciones e inversión, esa diferencia es sustancial. La llegada de capital extranjero puede ampliar la capacidad productiva, pero su impacto estructural dependerá de que una proporción creciente de esos recursos se traduzca en nuevos proyectos, mayor productividad y cadenas de valor locales.

El dato del primer trimestre, por ahora, ofrece una señal favorable en materia de flujos: Argentina recibió US$ 1.794 millones netos de IED. La pregunta económica de fondo pasa por la calidad y permanencia de ese capital: cuánto se dirige a ampliar la capacidad productiva y cuánto termina saliendo en forma de rentas. En esa ecuación se juega una parte relevante de la capacidad de la inversión extranjera para convertirse en crecimiento sostenido.

Informe Inversion Extranjera Directa 1TRIM 2026 by CristianMilciades

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El Gobierno descentraliza la gestión de los regímenes industriales y de Economía del Conocimiento

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El Gobierno nacional resolvió ampliar las facultades operativas de la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento para agilizar la administración de distintos regímenes de promoción productiva, con impacto directo sobre sectores como la industria automotriz, las autopartes, la biotecnología y la Economía del Conocimiento.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución 273/2026 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, publicada este viernes en el Boletín Oficial. La norma faculta a la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento a ejecutar una serie de acciones que hasta ahora se encontraban bajo el ámbito operativo de la Secretaría, según el detalle establecido en el anexo de la resolución.

El cambio apunta a reducir tiempos administrativos y simplificar la gestión de herramientas que buscan estimular inversiones, producción local y desarrollo tecnológico. El Gobierno justificó la decisión en criterios de “eficacia, celeridad, economía procesal y sencillez”, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de los programas sin crear una nueva estructura ni generar gastos adicionales para el Estado.

Entre los instrumentos alcanzados se encuentran algunos de los principales regímenes de promoción productiva vigentes. La Secretaría tiene bajo su responsabilidad la aplicación del Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino, establecido por la Ley 27.263; el Régimen de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz-Autopartista y su cadena de valor, creado por la Ley 27.686; y el Régimen de Incentivo a la Competitividad de las Autopartes Locales.

También quedan dentro del universo de políticas administradas por el área los mecanismos vinculados con la importación de vehículos incompletos y totalmente desarmados, el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento y el Régimen de Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna.

La lógica de la reforma es particularmente relevante para las empresas que utilizan estos regímenes como herramientas para definir inversiones o estructurar proyectos productivos. Una gestión administrativa más directa puede reducir demoras en trámites, autorizaciones y decisiones vinculadas con beneficios promocionales, un factor que adquiere especial importancia en sectores donde las inversiones requieren previsibilidad y plazos de ejecución determinados.

La resolución, sin embargo, no modifica los beneficios ni altera por sí misma las condiciones sustanciales de los distintos regímenes. El artículo 2° establece expresamente que las nuevas facultades no derogan ni modifican las delegaciones específicas que ya hubieran sido otorgadas dentro de cada programa, que continuarán vigentes.

El Gobierno también dejó establecido que la redistribución de tareas no implicará una erogación adicional para el Estado nacional. En términos administrativos, se trata de una modificación orientada a trasladar capacidad de gestión hacia el área que actualmente concentra las competencias operativas sobre industria y economía del conocimiento.

El cambio se produce luego de la reorganización de la estructura del Ministerio de Economía dispuesta durante 2026. El Decreto 146/2026 ubicó a la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento bajo la órbita de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, mientras que el Decreto 215/2026 asignó el ejercicio de las competencias de esta última Secretaría al titular de la Secretaría de Coordinación de Producción.

Desde la perspectiva del sector privado, el principal efecto esperado pasa por acortar la distancia entre los programas de promoción y las empresas que deben utilizarlos. La simplificación administrativa no sustituye los incentivos económicos, pero puede mejorar su efectividad si reduce costos de cumplimiento, tiempos de respuesta y circuitos burocráticos.

La resolución entra en vigencia desde el 5 de agosto, fecha de su dictado, y constituye otro paso dentro del proceso de reorganización de la política industrial del Gobierno. El desafío, hacia adelante, será convertir la mayor capacidad operativa en respuestas más rápidas y previsibles para las empresas, especialmente en sectores intensivos en inversión, tecnología y generación de empleo calificado.

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Arce votará contra el capítulo de la Ley de Tierras

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El senador por Misiones, Carlos Arce, confirmó este miércoles que votará en contra de la totalidad del Capítulo III del proyecto denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, el apartado que propone modificar la Ley Nacional de Tierras Rurales N.º 26.737. Idéntica posición tomó la senadora Sonia Rojas Decut, con lo que sólo habrá un voto a favor desde Misiones, el del ProLibertario Martín Goerling.

La definición de Arce fue comunicada mediante un mensaje público, luego de analizar la última versión del dictamen que será debatido en el Senado de la Nación. Con esta postura, Arce se suma al rechazo que distintos sectores políticos, productivos e institucionales de Misiones vienen manifestando frente a la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.

“Luego del análisis de la última versión del dictamen del proyecto denominado ‘Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada’, he tomado la decisión de votar en contra de la totalidad del Capítulo III, que modifica la Ley de Tierras N.º 26.737”, expresó el legislador.

Al mismo tiempo, Arce aclaró que su posición no implica un rechazo a las inversiones privadas, sino que plantea la necesidad de equilibrar la llegada de capitales con la protección de los intereses estratégicos del país y de las provincias.

En ese sentido, reafirmó “su compromiso con la promoción de las inversiones productivas que generen empleo y valor agregado”, aunque remarcó que ese proceso debe desarrollarse “en un marco de seguridad jurídica que también contemple la protección del interés público, el ambiente y la soberanía sobre los recursos estratégicos de nuestra provincia y la República”.

Un nuevo respaldo a la posición de Misiones

La definición de Arce fortalece la postura institucional que Misiones viene sosteniendo frente a la reforma de la Ley de Tierras.

En las últimas semanas, el gobernador Hugo Passalacqua, el diputado nacional Oscar Herrera Ahuad, intendentes, cámaras empresarias, entidades rurales y organizaciones vinculadas al desarrollo provincial manifestaron su preocupación por los cambios propuestos, al considerar que podrían flexibilizar los controles sobre la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros, especialmente en una provincia fronteriza y con importantes recursos naturales y reservas de biodiversidad.

El debate en el Senado se mantiene abierto luego de que la Cámara resolviera pasar a un cuarto intermedio para continuar el tratamiento del proyecto. La posición expresada por Arce anticipa que la representación misionerista mantendrá una postura crítica respecto del capítulo que modifica la legislación vigente sobre tierras rurales, mientras que el ProLibertario Martín Goerling votará a favor. 

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Tierra del Fuego flexibiliza compromisos de inversión industrial tras suspender aportes al fondo productivo

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Las empresas radicadas bajo el régimen promocional fueguino podrán reformular proyectos de inversión previamente aprobados luego de que el Gobierno redujera a cero los aportes obligatorios al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina). La medida busca adecuar compromisos asumidos bajo un esquema de financiamiento que cambió de manera sustancial durante 2026.

La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa oficializó a través de la Resolución 152/2026 una modificación normativa que permite a las firmas beneficiarias del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego revisar montos y plazos de ejecución de proyectos productivos propios aprobados por el FAMP-Fueguina. La decisión surge después de que, en enero, el Gobierno nacional redujera a cero el aporte mensual obligatorio que las empresas debían realizar para sostener el fondo fiduciario creado en 2021.

La resolución no elimina las inversiones comprometidas, pero introduce una válvula de ajuste para proyectos que habían sido diseñados bajo un escenario financiero distinto. Las empresas tendrán 30 días hábiles para presentar adecuaciones y deberán obtener la aprobación del Comité Ejecutivo del fondo.

Un cambio técnico con impacto sobre la planificación industrial

La modificación responde a una situación particular generada por la propia política industrial nacional. El FAMP-Fueguina fue concebido como una herramienta para financiar proyectos destinados a diversificar la matriz productiva de la provincia y mejorar la competitividad de sus industrias.

Para acceder a la extensión del régimen de promoción hasta 2038, las empresas radicadas en Tierra del Fuego debían realizar aportes periódicos al fondo. A su vez, una parte de esos recursos podía ser aplicada a proyectos de inversión propios previamente autorizados.

La reducción del aporte obligatorio a cero, dispuesta este año por el Ministerio de Economía, alteró las condiciones bajo las cuales muchas compañías habían estructurado sus planes de inversión. La nueva resolución reconoce ese cambio y habilita la revisión de los proyectos sin perder la finalidad original vinculada a la ampliación de la matriz productiva.

Para el sector industrial, el punto relevante es que la norma introduce mayor previsibilidad jurídica frente a modificaciones regulatorias que afectan los flujos de financiamiento originalmente previstos.

Claves de la resolución Aporte obligatorio al FAMP-Fueguina: continúa reducido al 0%. Proyectos ya aprobados: podrán reformularse en montos y cronogramas. Objetivos productivos: no podrán modificarse. Plazo para solicitar cambios: 30 días hábiles desde la entrada en vigencia. Inversiones retenidas: deberán mantenerse afectadas al proyecto autorizado. Ejecución máxima: los proyectos tendrán un plazo de hasta 48 meses para concretarse.

Señales para la política industrial argentina

La decisión también deja una señal sobre la evolución del régimen fueguino. Aunque el esquema de beneficios fiscales mantiene vigencia hasta 2038, el Gobierno continúa ajustando los mecanismos complementarios creados para financiar la diversificación económica de la provincia.

La resolución incorpora además mayores exigencias para el uso efectivo de fondos retenidos. Las empresas que no ejecuten las inversiones comprometidas dentro de los plazos fijados deberán transferir esos recursos al FAMP-Fueguina junto con intereses calculados según la tasa activa del Banco Nación.

Desde una perspectiva empresarial, la medida reduce riesgos de incumplimiento derivados de cambios regulatorios, pero al mismo tiempo refuerza los mecanismos de control sobre la ejecución efectiva de las inversiones comprometidas.

El aspecto que merece seguimiento es la velocidad con que las empresas reformulen sus proyectos y el impacto que ello tendrá sobre las metas originales de diversificación productiva. El desafío para el FAMP-Fueguina será sostener inversiones concretas aun cuando desapareció, al menos temporalmente, la principal fuente de aportes que alimentaba el fondo.

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