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Pampa Energía obtuvo la aprobación del RIGI para invertir USD 4.521 millones en Vaca Muerta

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El Gobierno nacional aprobó el ingreso del Proyecto Rincón de Aranda, de Pampa Energía, al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en una decisión que representa uno de los desembolsos privados más importantes desde la creación del régimen. La iniciativa contempla una inversión total de USD 4.521 millones para desarrollar un nuevo polo de producción de petróleo no convencional en Vaca Muerta, con un fuerte perfil exportador y un horizonte operativo que se extenderá hasta 2041.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 1025/2026 del Ministerio de Economía, que otorgó al proyecto la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), una figura reservada para inversiones de gran escala con capacidad de ampliar la inserción internacional de la Argentina en mercados donde su participación aún es reducida.

El desarrollo se emplazará en el área Rincón de Aranda, en el departamento neuquino de Añelo, uno de los epicentros de Vaca Muerta. El plan contempla la perforación de 259 pozos horizontales, junto con la construcción de infraestructura crítica para el procesamiento, almacenamiento y transporte de petróleo, gas y agua, incluyendo plantas de tratamiento, oleoductos y gasoductos.

La aprobación confirma que el Gobierno considera que el proyecto cumple con los objetivos estratégicos del RIGI: incrementar las exportaciones, atraer inversiones de largo plazo, fortalecer la competitividad energética y generar nuevas oportunidades de empleo e integración de proveedores nacionales.

El cronograma de inversiones prevé tres etapas. La primera, entre 2024 y 2028, demandará USD 1.159 millones, destinados principalmente a infraestructura y la perforación de 50 pozos. La segunda fase, entre 2028 y 2031, incorporará otros USD 1.107 millones para desarrollar 70 nuevos pozos, mientras que la tercera etapa, prevista hasta 2041, sumará USD 2.255 millones para completar el desarrollo integral del yacimiento con los 139 pozos restantes.

En apenas los dos primeros años desde la aprobación oficial, la empresa deberá acreditar inversiones por USD 1.099 millones, superando ampliamente el umbral mínimo exigido por el régimen para este tipo de proyectos estratégicos.

Uno de los elementos centrales de la evaluación técnica fue la capacidad del proyecto para consolidar a la Argentina como proveedor internacional de petróleo. La iniciativa fue presentada como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo debido a que el país mantiene una participación inferior al 1% en la producción mundial de crudo, muy por debajo del límite del 10% establecido por la normativa para acceder a esta categoría.

La producción estará orientada tanto al abastecimiento interno como a la exportación de petróleo y derivados, aprovechando el crecimiento de la infraestructura de evacuación de Vaca Muerta y la creciente demanda internacional por hidrocarburos.

Beneficios del RIGI para la inversión

Con la aprobación oficial, Pampa Energía accederá al conjunto de incentivos previstos por el RIGI, entre ellos beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios diseñados para brindar previsibilidad a inversiones de largo plazo.

La resolución también autoriza la importación de bienes de capital bajo el régimen especial previsto por la Ley Bases, dispone la inscripción del proyecto en el Registro de Proyectos de Exportación Estratégica y encomienda a la Secretaría de Energía el seguimiento y fiscalización del cumplimiento de todas las obligaciones asumidas por la compañía.

Asimismo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá generar una CUIT específica para el Vehículo de Proyecto Único (VPU), mientras que el Banco Central aplicará los beneficios cambiarios contemplados para las inversiones adheridas al régimen.

La aprobación del proyecto Rincón de Aranda refuerza el papel de Vaca Muerta como principal destino de las grandes inversiones energéticas en Argentina. El desarrollo de infraestructura asociada no solo permitirá incrementar la producción de shale oil, sino también mejorar la capacidad de transporte y procesamiento, condiciones consideradas esenciales para sostener un crecimiento exportador en la próxima década.

Desde una perspectiva económica, el proyecto busca combinar mayor producción, generación de divisas y desarrollo de proveedores locales, uno de los requisitos incorporados en la evaluación del RIGI. Para la industria energética, representa una señal de continuidad del esquema de incentivos impulsado por el Gobierno para atraer capital de largo plazo hacia uno de los sectores considerados estratégicos para la estabilidad macroeconómica del país.

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Nuevo hito en el mercado financiero: IOL Inversiones logra consolidar su FCI “Portafolio Potenciado”

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En un escenario económico que demanda estrategias de inversión sólidas y diversificadas, IOL Inversiones anunció que su Fondo Común de Inversión “IOL Portafolio Potenciado” alcanzó un hito clave al superar la barrera de los $30.000 millones de pesos en activos bajo administración (AUM). Este crecimiento convalida la confianza de los inversores y posiciona al instrumento en el puesto 19 en volumen de patrimonio dentro de un segmento de renta mixta sumamente competitivo que abarca cerca de un centenar de fondos en el país.

Además del notable incremento en su tamaño, el FCI IOL Portafolio Potenciado ha demostrado una performance excepcional en términos de rentabilidad. Según los últimos datos de mercado consolidados, el fondo registró un sobresaliente rendimiento neto del 54,1% en los últimos 12 meses, cifra que representa un retorno superior al +30% en términos de dólares y que incluso logra ubicarse por encima del S&P 500 en el mismo período. Este desempeño de excelencia lo ubica dentro del Top 2 de rendimiento anual en su categoría.

El fondo cuenta con una estrategia de cartera activa y flexible compuesta por una combinación balanceada de instrumentos tanto de renta fija como de renta variable (acciones, CEDEARs, bonos y letras entre otros). Este diseño estratégico le permite capturar las mejores oportunidades tanto de los mercados locales como internacionales, mitigando los riesgos individuales y maximizando el valor real de los ahorros en el mediano y largo plazo.

“Este logro operativo y de rentabilidad reafirma al FCI Portafolio Potenciado como un producto superador en el mercado de capitales argentino”, destacó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL. “Diseñamos este instrumento como una solución integral donde el cliente puede delegar por completo el armado, monitoreo y seguimiento de su cartera en un equipo de especialistas de primer nivel, permitiéndole potenciar sus ahorros mientras disfruta de su vida cotidiana”.

El sostenido flujo de suscripciones, que llevó al fondo a registrar un patrimonio exacto de $30.268 millones de pesos según el último reporte oficial del sector, refleja la fuerte adopción de esta alternativa por parte de inversores minoristas e institucionales que buscan automatización y retornos reales consistentes por encima de la inflación y las fluctuaciones del tipo de cambio.

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Lanzan una nueva licitación offshore en la Cuenca Argentina Norte para acelerar la exploración de hidrocarburos

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El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su estrategia para expandir la frontera energética argentina al instruir la convocatoria a un Concurso Público Internacional para adjudicar un permiso de exploración de hidrocarburos en el área CAN_200, ubicada en la Cuenca Argentina Norte, frente a las costas del país. La decisión, oficializada mediante el Decreto 590/2026, busca captar inversiones privadas para profundizar la exploración offshore y ampliar el conocimiento sobre el potencial petrolero de la Plataforma Continental Argentina.

La iniciativa surge a partir de una manifestación de interés presentada por la compañía Challenger Energy Group PLC, que propuso desarrollar tareas exploratorias en un bloque de aproximadamente 5.000 kilómetros cuadrados bajo jurisdicción nacional. El área CAN_200 forma parte del esquema de expansión de la exploración costa afuera que el Gobierno considera estratégico para incrementar las reservas de petróleo y gas y diversificar la matriz de producción de hidrocarburos.

El decreto delega en la Secretaría de Energía la organización del proceso licitatorio, la elaboración del pliego de bases y condiciones y, posteriormente, el otorgamiento del permiso de exploración y de una eventual concesión de explotación para el adjudicatario. La convocatoria se realizará bajo los principios de concurrencia y transparencia previstos por la Ley de Hidrocarburos.

La decisión se inscribe en la política oficial de promover inversiones de largo plazo en el sector energético. El Ejecutivo sostiene que la exploración offshore representa una oportunidad para incrementar la producción nacional, generar empleo especializado e incorporar tecnología de punta en actividades sísmicas y perforaciones exploratorias, además de fortalecer el posicionamiento argentino en un mercado global que continúa demandando nuevos recursos energéticos.

El Gobierno fundamenta la medida en el potencial de la Plataforma Continental Argentina, cuyo reconocimiento internacional quedó consolidado tras las recomendaciones emitidas en 2016 por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas. Ese proceso incorporó más de 1,78 millones de kilómetros cuadrados de plataforma marítima bajo derechos soberanos argentinos para la exploración y explotación de recursos naturales, ampliando significativamente el horizonte para el desarrollo offshore.

Uno de los aspectos más relevantes del decreto es la autorización para incluir en los futuros contratos cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales con sede en países adheridos a la Convención de Nueva York de 1958. La incorporación de este mecanismo apunta a ofrecer mayores garantías jurídicas a los inversores internacionales, una demanda habitual de la industria en proyectos de elevada intensidad de capital y largos períodos de recuperación.

No obstante, el decreto establece expresamente que esa prórroga no implica una renuncia de la República Argentina a la inmunidad de ejecución sobre bienes considerados estratégicos. Entre ellos figuran las reservas del Banco Central, los bienes del dominio público, la infraestructura destinada a servicios públicos esenciales, los activos diplomáticos y consulares, el patrimonio cultural, los bienes militares y los derechos del Estado para percibir impuestos y regalías.

En materia económica, el esquema también define que quienes obtengan una eventual concesión de explotación deberán abonar regalías sobre la producción conforme a la legislación vigente. Será la Secretaría de Energía la encargada de reglamentar la metodología de cálculo e incorporar esas condiciones al pliego licitatorio.

La convocatoria representa una nueva etapa en la apertura del mercado hidrocarburífero argentino. Tras las rondas offshore iniciadas en 2018, el Ejecutivo busca revitalizar el interés de operadores internacionales en un contexto de creciente competencia global por capitales destinados a exploración. Para el Gobierno, el desarrollo de nuevas cuencas marítimas complementa el crecimiento de Vaca Muerta y constituye una apuesta de mediano y largo plazo para ampliar las exportaciones energéticas y consolidar al sector como uno de los principales generadores de divisas de la economía argentina.

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ANAC flexibiliza certificaciones aeronáuticas y habilita permisos provisorios para acelerar el ingreso de operadores

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La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) dio un nuevo paso en la agenda de desregulación y simplificación administrativa impulsada por el Gobierno nacional. Mediante la Resolución 436/2026, el organismo autorizó el otorgamiento de certificados provisorios para una amplia gama de actividades aeronáuticas cuando los únicos requisitos pendientes sean de carácter documental o administrativo y no comprometan la seguridad operacional.

La medida busca reducir los tiempos de ingreso al mercado de nuevos operadores, uno de los ejes centrales de la política aerocomercial vigente desde la aprobación del nuevo Reglamento de Acceso a los Mercados Aerocomerciales. En la práctica, permitirá que empresas y organizaciones comiencen a operar mientras completan trámites accesorios, evitando demoras burocráticas que hasta ahora postergaban la emisión de habilitaciones definitivas.

El régimen alcanzará a los Certificados de Explotador de Servicios Aéreos (CESA), Certificados de Explotadores de Trabajo Aéreo (CETA), certificados digitales para operadores aeroportuarios y de rampa, centros de instrucción y entrenamiento aeronáutico, talleres aeronáuticos de reparación, reconocimientos de certificados extranjeros y dispositivos de simulación de vuelo, entre otros.

La resolución establece que los certificados podrán emitirse únicamente cuando los requisitos técnicos, operativos y de seguridad ya hayan sido acreditados por las áreas competentes de la ANAC. Los aspectos pendientes deberán limitarse a cuestiones consideradas no esenciales, como la acreditación del pago de aranceles, inscripciones ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), legalizaciones, apostillas, traducciones públicas o registraciones societarias.

No obstante, el organismo aclara que la enumeración no es taxativa y que cualquier duda respecto de una eventual afectación de la seguridad operacional deberá resolverse con criterio restrictivo, privilegiando siempre la protección de la actividad aérea.

Los certificados provisorios tendrán una vigencia máxima de 90 días corridos desde su emisión. Antes de su vencimiento, el interesado podrá solicitar una única prórroga por igual período, siempre que fundamente las razones que impiden completar la documentación requerida. En caso de no regularizar la situación dentro de esos plazos, la autorización caducará automáticamente.

Como parte del nuevo esquema, la ANAC también instruyó a sus dependencias técnicas a incorporar de oficio la documentación que ya obre en poder del Estado, evitando exigir nuevamente certificados de matrícula, aeronavegabilidad, licencias del personal aeronáutico, certificaciones médicas, antecedentes operativos, contratos de utilización de aeronaves u otra información disponible en bases oficiales. La disposición se apoya en el principio de eficiencia burocrática incorporado a la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, que prohíbe requerir al administrado documentación que ya se encuentre en poder de la Administración Pública.

Desde el punto de vista regulatorio, la resolución se inscribe en el relevamiento normativo dispuesto por el Decreto 90/2025, que ordenó revisar y eliminar normas consideradas redundantes o generadoras de sobrecostos para el sector productivo. También se articula con las modificaciones introducidas durante el último año para liberalizar el mercado aerocomercial, fortalecer el gobierno digital y agilizar los procedimientos administrativos.

Para la industria, el impacto potencial es significativo. La posibilidad de obtener habilitaciones provisorias reduce tiempos de espera para nuevas líneas aéreas, empresas de trabajo aéreo, centros de capacitación y talleres aeronáuticos, acelerando proyectos de inversión y ampliando la oferta de servicios sin resignar los controles técnicos que exige la seguridad operacional.

En un contexto en el que el Gobierno busca incrementar la competencia y mejorar la conectividad federal, la resolución procura equilibrar dos objetivos estratégicos: mantener los estándares internacionales de seguridad aérea y eliminar barreras administrativas que históricamente demoraban el ingreso de nuevos actores al mercado. El resultado esperado es un sistema regulatorio más ágil, apoyado en procesos digitales y con menor carga burocrática, capaz de responder con mayor rapidez al crecimiento de la actividad aeronáutica.

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Argentina todavía arrastra restricciones que la separan de una economía plenamente normalizada

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Aunque la economía argentina muestra señales de estabilización macroeconómica y un renovado respaldo de los mercados internacionales, el proceso de normalización todavía está lejos de completarse. Así lo plantea el último informe Economic GPS de PwC Argentina, que sostiene que la mejora en la percepción de riesgo soberano no alcanza, por sí sola, para equiparar al país con otros mercados emergentes.

El reporte destaca que durante junio se combinaron varios factores positivos: las mejoras en la calificación crediticia otorgadas por Fitch y S&P, la baja del riesgo país por debajo de los 450 puntos básicos y el avance de garantías multilaterales para facilitar el acceso al financiamiento privado. Sin embargo, la decisión de MSCI de mantener a la Argentina fuera de la categoría de mercado emergente dejó en evidencia que todavía persisten obstáculos estructurales.

La diferencia es significativa. Mientras las calificadoras evalúan principalmente la capacidad de pago del Estado, MSCI analiza aspectos vinculados al funcionamiento del sistema financiero: acceso de los inversores extranjeros, liquidez del mercado, disponibilidad de instrumentos, estabilidad regulatoria y previsibilidad institucional.

En ese terreno, PwC advierte que Argentina todavía mantiene restricciones que la separan de una economía plenamente normalizada. El principal ejemplo es la continuidad de las limitaciones cambiarias para las empresas. Aunque el cepo se flexibilizó en distintos frentes, el mercado cambiario aún no opera bajo condiciones comparables con las de otros países emergentes, un aspecto que sigue pesando en la evaluación de los inversores internacionales.

Más confianza, pero una normalización incompleta

El informe remarca que la reducción del riesgo país constituye un cambio relevante porque refleja una mejora en la percepción del mercado sobre la solvencia argentina. El superávit fiscal, la desaceleración de la inflación, la acumulación de reservas y el fortalecimiento del frente externo permitieron reconstruir parte de la confianza perdida durante los últimos años.

A ello se suma el respaldo de organismos multilaterales. La garantía del Banco Mundial por 2.000 millones de dólares y los programas similares impulsados por el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF reducen el costo del financiamiento en un contexto internacional que continúa siendo exigente por las elevadas tasas de interés globales.

Sin embargo, PwC subraya que una mejor calificación crediticia no implica automáticamente una normalización financiera completa. Para alcanzar ese objetivo será necesario avanzar hacia un mercado más profundo, con reglas estables y sin restricciones operativas para el ingreso y salida de capitales.

La inversión ya empezó, pero sigue concentrada

El documento también rechaza la idea de que la falta de reclasificación de MSCI implique ausencia de inversiones. Por el contrario, señala que la Argentina ya está captando importantes proyectos de largo plazo, especialmente en energía y minería, impulsados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Estos sectores cuentan con ventajas estructurales —recursos naturales, escala y marcos regulatorios específicos— que ofrecen previsibilidad a los inversores. El desafío será extender ese flujo de capital hacia el resto de la economía y del sistema financiero.

Una economía que crece, pero a distintas velocidades

PwC también observa una recuperación de la actividad económica, aunque con fuertes diferencias entre sectores. Los rubros vinculados a la generación de divisas —como el agro, la energía, la minería y algunos servicios— lideran el crecimiento, mientras que otros segmentos más ligados al consumo interno avanzan con mayor lentitud.

El informe sostiene que la recomposición del salario real, la recuperación gradual del crédito y la baja de la inflación deberían contribuir a que esa expansión se vuelva más homogénea durante los próximos meses.

No obstante, advierte que el mercado laboral todavía muestra rezagos. La tasa de desempleo descendió apenas de manera marginal respecto del año anterior y la creación de empleo no alcanza para absorber completamente el aumento de la población económicamente activa. Esto se explica porque los sectores que hoy lideran el crecimiento son intensivos en capital, pero no necesariamente en generación de puestos de trabajo.

Del equilibrio macro a una economía normal

La conclusión del estudio es que Argentina ingresó en una nueva etapa. La discusión dejó de centrarse exclusivamente en evitar la inestabilidad macroeconómica y comenzó a desplazarse hacia cómo transformar esa mejora de confianza en mayor financiamiento, inversión y crecimiento sostenido.

Para PwC, el desafío ahora consiste en aprovechar esta ventana para construir una economía menos dependiente de medidas excepcionales y más apoyada en reglas estables, profundidad financiera y capacidad productiva. La confianza comenzó a recuperarse; la normalización, en cambio, todavía está en construcción.

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