El nuevo presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, Rodrigo Correa, citó para este martes 13 de enero a una primera cumbre con los productores, pero esta cita podría fracasar por la negativa de los productores a asistir en forma fragmentada, ya que el llamado salió para unas pocas asociaciones.
La Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) adelantó que no asistirá a la reunión con Correa, por considerar que el método que dispuso para el desarrollo “es contraproducente para el sector yerbatero, ya que pone un límite de participación de cuatro asociaciones de productores y siendo así, no estará representada toda la zona productora, acotando la información y diagnóstico socio económico a ser socializado, dividiendo a los productores y sembrando dudas sobre la transparencia y objetivos que encabeza la nueva presidencia de la institución”.
La misma posición tomaron productores de la zona norte.
“La exclusión de asociaciones, de mujeres y hombres comprometidos con el crecimiento y desarrollo de la producción de yerba mate, en una reunión como esta, con la máxima autoridad de la Institución más importante del sector, en un momento de profunda crisis como la actual, no puede ni debe ser admitida”, señalaron desde la APAM. “La APAM ratifica principios como el trabajo en conjunto, la diversidad y la ayuda mutua para superar los desafíos colectivamente, en línea con los hechos históricos, de público conocimiento, que nos dieron buenos resultados, y también ratifica el reclamo permanente de la restitución de todas las facultades del INYM, acorde a la Ley 25.564 que le dio origen y está vigente”, remarcaron desde la entidad que lidera Hugo Sand.
El análisis de la evolución de las plantaciones de yerba mate en Misiones y Corrientes entre 2016 y 2025 muestra con una claridad difícil de discutir que el problema estructural del sector no es la falta de producción, sino exactamente lo contrario: un crecimiento demasiado rápido y demasiado concentrado de la superficie implantada, en un contexto donde el propio Estado fue perdiendo -y ahora renunciando formalmente- a las herramientas para ordenarlo. En ese período, el área total del país pasó de 165.326 a 231.352 hectáreas, lo que implica un aumento cercano al 40 por ciento en menos de una década. Ese proceso, lejos de ser gradual, se aceleró con fuerza a partir de 2021 y luego se frenó de manera abrupta en 2024 y 2025, cuando el crecimiento interanual cayó primero al 3,64 por ciento y luego al 0,48 por ciento. En términos económicos, esa secuencia es típica de un mercado que entra en saturación: primero se expande rápidamente y luego se detiene porque ya no puede absorber más oferta sin que los precios se deterioren.
Dentro de ese proceso, Misiones juega un papel absolutamente determinante. En 2016 concentraba 144.118 hectáreas de yerba mate y en 2025 alcanzó las 203.692, lo que significa un incremento de casi 60.000 hectáreas, es decir, un crecimiento del 41,3 por ciento. Medido como índice con base 2016, Misiones llega a 141,3, muy por encima de Corrientes. Esto confirma que la expansión del sistema yerbatero fue empujada casi por completo desde territorio misionero y que, en consecuencia, allí se genera también el grueso del excedente que hoy presiona a la baja los precios de la hoja verde, señala el estudio realizado por el diputado Cristian Castro.
Corrientes, en cambio, muestra una dinámica distinta. Pasó de 21.209 hectáreas en 2016 a 27.661 en 2025, un crecimiento del 30,4 por ciento, significativo pero claramente menor al de Misiones. Además, desde 2023 se observa una meseta e incluso una leve retracción en el último año. Esto sugiere una conducta productiva más conservadora o condicionada por límites agroecológicos y empresariales más claros, lo que refuerza la idea de que la sobreoferta que hoy atraviesa al sector no se origina allí, sino en Misiones.
La comparación directa entre ambas provincias vuelve aún más nítido este desequilibrio. A partir de 2022, Misiones empieza a crecer más rápido que Corrientes, ampliando la brecha relativa. En términos prácticos, esto significa que el núcleo del problema yerbatero está localizado en Misiones y que cualquier política de ordenamiento, sostenibilidad o regulación del mercado debería concentrarse allí, porque es en esa provincia donde se define el equilibrio global del sistema.
Pero este proceso de expansión acelerada ocurre, además, en un momento particularmente delicado desde el punto de vista institucional. El mercado yerbatero no solo se expandió sin planificación: también fue perdiendo, por decisión política, los instrumentos que permitían moderar, ordenar o amortiguar ese crecimiento. El Decreto 812/2025 del Gobierno Nacional prohibió expresamente al Instituto Nacional de la Yerba Mate intervenir en la oferta y la demanda, lo que implica, en los hechos, que ya no puede cupificar, regular volúmenes ni definir tiempos de cosecha con criterios de equilibrio de mercado.
Esa lógica de desregulación acaba de profundizarse con la Resolución 146/2025 del propio INYM, que abrogó y modificó una serie de normas históricas para alinearse con el nuevo marco de “libre iniciativa”. Entre los cambios más relevantes se eliminó la Resolución 37/2007, que impedía la cosecha y secanza durante el período de brotación, una herramienta clave para ordenar el flujo de materia prima y proteger los ciclos biológicos del cultivo. Desde ahora, según el propio organismo, el respeto por esos ciclos quedará librado a la “responsabilidad de cada operador”, es decir, al mercado y no a la regulación.
También se desmanteló buena parte del sistema sancionatorio. Se derogó la Resolución 15/2003, que tipificaba infracciones, y se eliminó la Resolución 103/2017, que permitía inhabilitar de manera inmediata a un operador que no tuviera en regla la documentación de movimientos de materia prima durante una inspección. A partir de ahora, incluso la falta de presentación de declaraciones juradas ya no genera una baja automática, sino que habilita un sistema de intimaciones previas. El propio directorio del INYM reconoció en los considerandos que esta es solo la primera etapa de una “depuración” normativa más amplia, destinada a remover todo aquello que pueda ser considerado una interferencia con la libertad de mercado.
En este contexto, la señal que emiten los datos de 2024 y 2025 es aún más preocupante. Cuando el crecimiento de la superficie cae por debajo del uno por ciento anual, como ocurrió en 2025, el sistema entra en una fase de saturación en la que cualquier nueva producción tiende a transformarse directamente en presión sobre los precios. Y eso ocurre ahora en un mercado que ya no tiene herramientas públicas para ordenar la cosecha, regular los volúmenes o administrar los tiempos de ingreso de hoja verde.
En definitiva, los números y las decisiones regulatorias convergen en un mismo punto: la crisis de la yerba mate no es un problema de falta de demanda ni de coyuntura climática, sino el resultado de una expansión desordenada de hectáreas -especialmente en Misiones- combinada con un proceso de desregulación que dejó al sector sin instrumentos de equilibrio. Sin cupos, sin control de nuevas plantaciones, sin regulación de la cosecha y con un sistema punitivo debilitado, la dinámica actual tiende a castigar al productor primario, favorecer la concentración aguas abajo y consolidar un excedente estructural que vuelve crónica la inestabilidad. En ese escenario, más hectáreas ya no significan más ingresos: significan más oferta sin control y un mercado cada vez más desigual.
Este martes 30 de diciembre se conoció el despido de alrededor de 20 trabajadores del Instituto Nacional de la Yerba Mate, en pleno proceso de reordenamiento institucional tras dos años de acefalía y con sus principales funciones regulatorias recortadas por la política económica del Gobierno nacional.
Apenas una semana antes, el Directorio del INYM había aprobado una suba del valor de la estampilla -la tasa que pagan los operadores por cada kilo de yerba- para mejorar la recaudación. Sin embargo, ese incremento del presupuesto no evitó que ahora se avanzara con un ajuste sobre el personal.
“En el marco de la normativa vigente, vamos a trabajar en la modernización del Instituto y también en armonizar esas normas; en un proceso de desburocratización que facilite la actividad de los operadores del sector yerbatero”, explicó el presidente del Directorio, el contador Rodrigo Correa.
En ese sentido, destacó que, al mismo tiempo, se apuntará a desarrollar controles más eficientes, que velen por la calidad del producto en los distintos eslabones de la cadena yerbatera donde tiene competencia el INYM. “Queremos mejorar todo aquello que pueda entorpecer la actividad, pero sin comprometer los estándares de calidad”, remarcó.
Correa fue designado por el Gobierno nacional mediante el Decreto 873/2025, publicado a mediados de diciembre, luego de un largo período sin conducción formal. Su llegada fue leída en el sector como parte del reordenamiento institucional bajo el esquema libertario, que impulsa una fuerte reducción del Estado y la revisión de normas históricas de regulación.
El recorte llega en el momento más crítico de la cadena yerbatera en décadas. Los precios de la hoja verde no cubren los costos de producción, las cooperativas están endeudadas, los secaderos trabajan con márgenes mínimos y la estructura productiva se encuentra cada vez más concentrada. En ese escenario, el INYM ya no tiene las herramientas que históricamente permitían equilibrar el mercado: perdió capacidad de control, fiscalización y regulación, dejando a miles de pequeños productores expuestos a un mercado liberado.
En ese marco, una de las primeras decisiones relevantes del nuevo Directorio fue actualizar el valor de la estampilla a 32,12 pesos por kilo, lo que representó una suba cercana al 28 por ciento. La justificación oficial fue que el valor estaba congelado desde 2023 y que los costos operativos del Instituto se habían incrementado de manera significativa.
El ajuste del INYM, parte de una política nacional
Lo ocurrido en el organismo yerbatero no es un hecho aislado. Forma parte de una política de ajuste más amplia sobre el Estado nacional. Según datos oficiales, entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025 la dotación de personal del sector público nacional se redujo en 60.494 puestos de trabajo.
La mayor parte del recorte se concentró en la administración centralizada y descentralizada, que explicó 35.127 de los empleos perdidos. A esto se suman 18.122 bajas en empresas y sociedades del Estado, mientras que el personal militar y de seguridad registró una reducción más moderada, de 7.245 puestos.
La serie mensual muestra que el ajuste fue continuo y creciente: en enero de 2024 ya se habían perdido más de 7.000 puestos; a mitad de ese año superaban los 24.000; a fines de 2024 rondaban los 37.000 y durante 2025 el proceso se profundizó hasta superar los 60.000 despidos acumulados. El propio ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, difundió públicamente estos números como parte del programa de reducción del Estado.
El INYM deroga normas clave y redefine su rol, menos intervención en precios y foco en control y calidad. Las primeras resoluciones con el flamante presidente designado por Milei, Rodrigo Correa eliminan regulaciones históricas y se alinea al nuevo esquema de mercado competitivo
El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) avanzó en una reconfiguración profunda de su marco regulatorio al abrogar resoluciones clave y modificar su régimen sancionatorio, en línea con los cambios introducidos por el DNU 70/2023 y el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 812/2025. La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 146/2025, fechada el 18 de diciembre de 2025 en Posadas, Misiones, y publicada en el Boletín Oficial el 23 de diciembre.
La medida implica la eliminación de normas que regulaban infracciones, períodos de cosecha y regímenes de inhabilitación automática, con el objetivo explícito de “impedir la intromisión en un mercado competitivo” y concentrar la actuación del INYM en las verificaciones de calidad, la trazabilidad y la salubridad del producto. En los hechos, se trata de uno de los movimientos regulatorios más relevantes desde la creación del organismo por la Ley 25.564, con impacto directo en productores, secaderos, molinos y operadores comerciales de la cadena yerbatera.
Antecedentes normativos: del fomento sectorial a la protección de la competencia
El giro institucional del INYM se explica por las modificaciones introducidas a la Ley 25.564 mediante el DNU 70/2023. En sus considerandos, ese decreto sostuvo que “resulta necesaria una modernización del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Focalizando sus actividades en las verificaciones de calidad. Al tiempo de impedir su intromisión en un mercado competitivo, replicando así el exitoso modelo de la industria del vino”.
El artículo 3° de la ley fue reformulado: se eliminó el objetivo de “fomento”, se reemplazó la “sustentabilidad de los distintos sectores involucrados” por la “protección del carácter competitivo de la industria” y se suprimió la facultad de desarrollar programas destinados a mejorar la competitividad del sector productivo e industrial. En consecuencia, también se recortaron funciones previstas en los artículos 4° y 5°, se modificó el artículo 21° y se derogaron los artículos 22° y 24° de la norma original.
El proceso se profundizó con el Decreto 812/2025, que derogó los artículos 9° al 19° del Decreto 1240/2002 —los que regulaban el procedimiento para la fijación del precio oficial de la materia prima— y sustituyó integralmente su artículo 8°. El nuevo texto establece de forma expresa que “el INYM no podrá dictar normas o establecer intervenciones que provoquen distorsiones en los precios de mercado, generen barreras de entrada, impidan la libre iniciativa privada y/o interfieran en la libre interacción de la oferta y la demanda en la producción y comercialización de la yerba mate y derivados”.
Ese mismo decreto instruyó al Instituto a relevar y adecuar, en un plazo máximo de 30 días, toda la normativa vigente que contradijera esos lineamientos.
Qué resoluciones se eliminan y qué cambia en el régimen sancionatorio
En cumplimiento de esa instrucción, el Directorio del INYM —por mayoría de dos tercios en la reunión del 4 de diciembre de 2025— habilitó el análisis integral de su stock normativo. Como resultado, la Resolución 146/2025 dispone:
La abrogación de las Resoluciones N° 15/2003, 37/2007 y 103/2017. La 15/2003, que tipificaba infracciones en la actividad yerbatera, fue considerada “desactualizada y obsoleta”, con disposiciones mayormente derogadas o modificadas. La 37/2007, que suspendía la cosecha y secanza en octubre y noviembre, fue evaluada como una prohibición con consecuencias sancionatorias que “impide la libre iniciativa privada”. Aunque se aclara que sigue siendo responsabilidad de cada operador respetar los ciclos biológicos del cultivo. La 103/2017, que establecía inhabilitaciones inmediatas por falta de documentación durante inspecciones, fue considerada innecesaria y contraria al nuevo marco normativo.
La derogación de los artículos 7° y 8° de la Resolución 21/2009, que preveían efectos adicionales y mecanismos de levantamiento de sanciones por incumplimientos formales en la presentación de declaraciones juradas. El Directorio entendió que esas consecuencias eran “muy gravosas” frente a infracciones que ya cuentan con sanción pecuniaria específica.
La modificación del régimen por falta reiterada de declaraciones juradas. El nuevo artículo 9° reemplaza la baja automática por una inhabilitación posterior a una intimación fehaciente, otorgando cinco días hábiles para regularizar la situación. La inhabilitación rige desde el primer día del mes siguiente a la intimación y se mantiene hasta que el operador presente las declaraciones faltantes y pague las multas adeudadas.
De este modo, el INYM conserva su rol de fiscalización, pero elimina sanciones automáticas y restricciones consideradas incompatibles con un esquema de mercado abierto.
Impacto y proyección: más libertad operativa y un INYM con funciones acotadas
La resolución consolida un cambio de paradigma institucional. El INYM reafirma que seguirá controlando la consistencia de las declaraciones juradas, la trazabilidad del producto y las condiciones de salubridad y calidad de la yerba mate, desde el yerbal hasta los depósitos. Sin embargo, se corre definitivamente de cualquier intervención que pueda incidir en precios, volúmenes o decisiones productivas.
Para los operadores de la cadena, el nuevo esquema reduce cargas regulatorias, elimina prohibiciones estacionales y sustituye sanciones automáticas por procedimientos con intimación previa. Al mismo tiempo, la responsabilidad sobre el respeto de los ciclos productivos y la calidad queda explícitamente en manos del sector privado.
El Directorio también dejó constancia de que el proceso no está cerrado. Aún restan analizar resoluciones de “mayor complejidad” para determinar si se ajustan a los lineamientos del Gobierno nacional. Esa tarea continuará de forma progresiva y será comunicada a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
En términos políticos e institucionales, la Resolución 146/2025 marca un punto de inflexión en la gobernanza del mercado yerbatero. Y consolida el traslado del eje regulatorio desde la administración sectorial hacia un modelo centrado en la competencia, la calidad y el control formal.
El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) tuvo este jueves 18 de diciembre su primera reunión de Directorio bajo la coordinación de su nuevo presidente, Rodrigo Martín Correa, recientemente designado como representante del Poder Ejecutivo Nacional. El encuentro marcó el inicio formal de una nueva etapa institucional en un organismo clave para la regulación y el equilibrio económico de la cadena yerbatera, en un contexto de alta sensibilidad para productores, cooperativas, industria y gobiernos provinciales. Uno de los primeras decisiones fue aprobar el incremento del valor de la estampilla que paga la Industria, para llevarlo de los 25 pesos actuales a 32,12. De todos modos, la Nación debe autorizar el aumento definitivo. En paralelo, se están analizando resoluciones para poner en línea al INYM con el decreto 812. También se aprobó el presupuesto 2026.
Asimismo, el organismo yerbatero recibió la visita del subsecretario de Economías Regionales y de Pequeños y Medianos Productores de Argentina, dependiente de la SAGPYA, Martín Gustavo Giaccio.
Una designación reciente y el inicio de la gestión
El contador público Rodrigo Martín Correa fue designado presidente del INYM el 11 de diciembre de 2025 mediante el Decreto 873/2025, firmado por el Presidente de la Nación y el Ministro de Economía. La norma fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el viernes 12 de diciembre, formalizando su incorporación como representante del Poder Ejecutivo Nacional en el organismo.
Apenas una semana después de su designación, Correa encabezó su primera reunión de Directorio, un hecho institucional relevante por tratarse del espacio donde se definen lineamientos estratégicos, consensos sectoriales y decisiones regulatorias que impactan de manera directa en la producción, industrialización y comercialización de la yerba mate.
La celeridad en la convocatoria y conducción del Directorio fue leída como una señal de continuidad operativa del INYM, en momentos en los que el sector enfrenta tensiones económicas, debates regulatorios y expectativas sobre el rol del Estado nacional en la actividad yerbatera.
Un Directorio con representación plena de la cadena yerbatera
La reunión contó con la participación de todos los directores que representan a los distintos eslabones de la actividad yerbatera, incluyendo productores, trabajadores rurales, secaderos, cooperativas e industria. También estuvieron presentes los representantes de los gobiernos de Misiones y Corrientes, las dos principales provincias productoras de yerba mate del país.
La conformación plena del Directorio resulta un dato institucional relevante, ya que garantiza la presencia de todas las voces sectoriales en un ámbito de toma de decisiones que tiene impacto económico directo sobre miles de productores y trabajadores, así como sobre la dinámica industrial y comercial del complejo yerbatero.
En este marco, la coordinación de Correa en su primera reunión funcionó como una instancia de articulación entre los intereses productivos, laborales, industriales y gubernamentales, en línea con el esquema de gobernanza previsto para el INYM.
Impacto institucional y expectativas del sector
La asunción efectiva de Correa y su debut al frente del Directorio se producen en un momento clave para el INYM, cuyo funcionamiento incide en aspectos centrales como la regulación del mercado, la representación sectorial y la relación entre Nación y provincias productoras.
Desde una perspectiva institucional, el inicio de la gestión del nuevo presidente refuerza el rol del Poder Ejecutivo Nacional dentro del organismo, al tiempo que mantiene el esquema de participación multisectorial que caracteriza al INYM. Para los distintos actores de la cadena yerbatera, la expectativa está puesta en la capacidad de coordinación y consenso del Directorio frente a un escenario económico desafiante.
La reunión del 18 de diciembre no solo significó un hito administrativo, sino también el punto de partida de una gestión que será observada de cerca por productores, cooperativas, industria y gobiernos provinciales, atentos a las definiciones que puedan surgir en materia de política yerbatera.
