IPC

Analytica registra suba moderada en alimentos y proyecta inflación del 2,9% en abril

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Los precios de alimentos y bebidas mostraron una suba del 0,2% en la tercera semana de abril, según el relevamiento de la consultora Analytica sobre cadenas de supermercados a nivel nacional. Con este dato, el promedio de las últimas cuatro semanas se ubicó en 1,4%, mientras que la proyección para el nivel general de precios del mes alcanza el 2,9%.

El registro se inscribe en un contexto donde la dinámica inflacionaria continúa bajo seguimiento del Gobierno y de los mercados, con foco en la evolución de los precios minoristas y su impacto en el consumo.

Desaceleración relativa en el corto plazo

El informe refleja una variación semanal acotada, aunque con heterogeneidad entre regiones. Las menores subas se registraron en el NOA y Cuyo, con incrementos del 0,1%, mientras que la Patagonia encabezó las alzas con un 0,3%.

A nivel agregado, el dato de 1,4% en cuatro semanas sugiere una desaceleración respecto a períodos previos, aunque el traslado a la inflación mensual proyectada (2,9%) indica que la presión sobre precios persiste.

Qué rubros empujan los precios

En el desglose por categorías, los mayores incrementos se concentraron en pescados y mariscos, con una suba del 2,6% en el promedio de cuatro semanas, seguidos por azúcar, dulces y chocolates, que avanzaron 2,3%.

En el otro extremo, los menores aumentos se verificaron en pan y cereales (+0,7%) y en el rubro de otros alimentos —que incluye salsas y snacks— con un 1,2%. Las frutas, por su parte, registraron una caída del 1,4%, constituyendo la única categoría con variación negativa en el período.

Precios bajo monitoreo

El comportamiento de los alimentos se mantiene como una variable central en la agenda económica. La moderación en la variación semanal puede leerse como un dato relevante para el Gobierno en términos de expectativas inflacionarias, aunque la proyección mensual cercana al 3% refleja que la desaceleración aún es parcial.

En este escenario, el seguimiento de precios en supermercados continúa siendo un indicador clave tanto para la política económica como para la percepción social del proceso inflacionario.

Consumo y poder adquisitivo

La evolución de los precios de alimentos impacta de forma directa sobre el poder adquisitivo, especialmente en los sectores de ingresos fijos. Subas más moderadas pueden aliviar parcialmente la presión sobre el consumo, aunque la dinámica acumulada sigue siendo un factor condicionante.

El comportamiento dispar entre rubros también influye en la composición del gasto, con alimentos básicos mostrando menor variación relativa frente a productos más específicos.

Escenario abierto

La evolución de las próximas semanas será determinante para confirmar si la desaceleración observada se consolida o si se trata de un comportamiento puntual. Variables como costos, dinámica cambiaria y consumo seguirán influyendo en la formación de precios.

El dato proyectado para abril marca un piso relevante para la inflación mensual, pero el comportamiento de los alimentos continuará siendo un factor clave para definir la tendencia en el corto plazo.

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Conflicto en Medio Oriente abre un escenario de “shock exportador” para Argentina, según Morgan Stanley

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La escalada del conflicto en Medio Oriente empieza a proyectar efectos indirectos sobre la economía argentina. Un informe del banco de inversión Morgan Stanley plantea que una suba sostenida del precio internacional del petróleo podría generar un shock positivo de exportaciones para Argentina, reforzando el superávit energético y el ingreso de divisas. Pero la misma dinámica que fortalecería las cuentas externas también introduce una tensión conocida en la política económica local: el riesgo de un rebrote inflacionario.

El estudio, elaborado por un equipo de economistas liderado por Fernando Sedano, analiza distintos escenarios macroeconómicos en América Latina frente a un aumento del 10% en el precio del petróleo. En ese contexto, Argentina aparece dentro del grupo de países exportadores que podrían beneficiarse del shock de precios, junto con Brasil y Colombia, en contraste con economías importadoras como México y Chile.

La pregunta que deja abierta el informe no es menor: ¿puede el nuevo contexto internacional fortalecer el frente externo argentino sin desordenar la dinámica de precios internos?

Energía y exportaciones: el factor Vaca Muerta

El análisis del banco internacional parte de una premisa estructural: el creciente peso del sector petrolero en la economía argentina, impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta.

Según el documento, el sector energético ya representa cerca del 6% del PBI argentino y su producción se proyecta en expansión sostenida durante la próxima década. En ese marco, una mejora en los precios internacionales amplifica el atractivo del sector para la inversión y acelera la generación de divisas.

De acuerdo con las estimaciones del informe, si se mantienen constantes los niveles de producción y demanda de 2025, una suba del 10% en el precio del petróleo se traduciría en unos 800 millones de dólares adicionales de superávit comercial.

El documento también anticipa que la producción petrolera podría crecer 11% adicional en 2026, una proyección que incluso podría quedar corta frente al ritmo actual de expansión de la actividad.

En términos macroeconómicos, ese escenario refuerza el rol del petróleo como motor de exportaciones y mejora del frente externo. Para una economía históricamente condicionada por la escasez de divisas, el dato no es menor.

Mejora externa, pero impacto inflacionario latente

El informe, sin embargo, introduce una advertencia que conecta directamente con la política económica doméstica.

En un mercado de combustibles desregulado, una suba del precio internacional del crudo podría trasladarse parcialmente a los precios internos. Según las estimaciones del banco, el impacto inflacionario podría ubicarse entre 20 y 40 puntos básicos del Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir entre 2 y 4 puntos porcentuales.

El efecto final dependerá de cómo se traslade el aumento del crudo a los surtidores y de las decisiones que adopten las empresas del sector en el mercado de combustibles.

Para la política económica, esa variable no es menor. La dinámica de los combustibles tiene un impacto directo en costos logísticos y en la estructura de precios de la economía.

Crecimiento neutro, pero mejora en la balanza comercial

En el plano macroeconómico general, el informe proyecta que el impacto sobre el crecimiento sería prácticamente neutro, con variaciones mínimas en el Producto Interno Bruto.

La principal mejora se concentraría en el frente externo. El estudio estima que la balanza comercial podría mejorar en torno al 0,12% del PBI, impulsada por mayores ingresos de exportación vinculados al sector energético.

La diferencia regional es clara en el análisis del banco: mientras países exportadores de energía fortalecen sus cuentas externas con precios más altos, economías dependientes de importaciones energéticas enfrentan mayores presiones sobre sus balances externos y su crecimiento.

Un escenario que combina oportunidad y riesgo

La conclusión del informe abre un escenario de doble filo para la economía argentina.

Por un lado, precios internacionales más altos del petróleo refuerzan el atractivo del sector energético para la inversión y la generación de divisas, consolidando el rol del petróleo como uno de los motores exportadores del país.

Por otro, el mismo movimiento puede tensionar la dinámica inflacionaria si los precios internacionales se trasladan al mercado doméstico de combustibles.

El informe no proyecta un desenlace definitivo. Deja planteado un punto clave: el impacto final dependerá de las decisiones de política económica y de la dinámica del mercado energético local.

En un contexto global marcado por la incertidumbre geopolítica, el petróleo vuelve a colocar a la economía argentina frente a una ecuación conocida: divisas adicionales en el frente externo, pero con un delicado equilibrio en la estabilidad de precios internos.

Exportaciones: el mapa productivo que ya está cambiando

El posible shock exportador también se conecta con otra tendencia reciente de la economía argentina: la reconfiguración del ranking de complejos exportadores.

Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, las exportaciones totales de bienes alcanzaron 87.111 millones de dólares en 2025, con un crecimiento interanual del 9,3% impulsado principalmente por mayores volúmenes exportados.

Dentro de ese mapa productivo, el complejo sojero se mantuvo como líder con el 24,6% del total exportado, mientras que el complejo petrolero-petroquímico se consolidó en el segundo lugar, con una participación del 13,5%, por encima del 13,1% registrado el año anterior.

El podio lo completa el complejo automotriz, aunque con una tendencia descendente en su peso relativo. En 2025 representó 10,1% de las exportaciones, cuando años atrás superaba el 13%.

El informe también muestra otros cambios en la estructura exportadora: el complejo maicero perdió participación. El complejo de oro y plata avanzó hasta el quinto lugar. Y sectores como girasol, carne y trigo registraron fuertes incrementos en sus ventas externas.

En particular, el complejo girasol exhibió el mayor salto anual, con un aumento de 49,7% en exportaciones.

Un escenario abierto para la política económica

La lectura estratégica que deja el informe es ambivalente. Por un lado, el shock energético podría reforzar el ingreso de divisas y mejorar la balanza comercial, un factor clave para la estabilidad macroeconómica.

Por otro, el traslado de precios hacia los combustibles y la inflación podría reabrir tensiones dentro del programa económico, especialmente si el Gobierno busca sostener el proceso de desinflación.

En otras palabras, el mismo fenómeno externo que puede fortalecer el frente exportador también podría poner a prueba el manejo interno de los precios.

La evolución del conflicto en Medio Oriente y la dinámica del mercado petrolero global serán variables determinantes. Pero el impacto final sobre la economía argentina dependerá, en última instancia, de cómo se procesen esas señales externas dentro de la política económica local.

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ANSES actualiza las asignaciones familiares y redefine el mapa de ingresos desde marzo

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El sistema de asignaciones familiares vuelve a moverse en línea con la inflación. Con la Resolución 55/2026, publicada el 27 de febrero en el Boletín Oficial y vigente desde marzo, la Administración Nacional de la Seguridad Social aplicó un aumento del 2,88% en los montos, límites y rangos de ingresos que determinan el acceso a las prestaciones. El ajuste alcanza a trabajadores formales, monotributistas, jubilados y beneficiarios de programas sociales, y vuelve a poner en foco el delicado equilibrio entre ingresos familiares, cobertura social y actualización por precios.

El dato clave no es solo el porcentaje, sino su efecto práctico: pequeños movimientos en los topes pueden incluir o excluir hogares completos del sistema. En un escenario de ingresos tensionados y ajustes mensuales por inflación, la actualización importa ahora porque define quiénes siguen dentro del régimen y quiénes quedan afuera, más allá de la nominalidad del aumento.

Qué cambia en la práctica: montos y topes más altos, pero con filtro estricto

La resolución dispone una actualización general del 2,88%, calculada según la fórmula de movilidad que sigue la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El incremento se aplica a:

  • Asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado.
  • Monotributistas, beneficiarios del seguro de desempleo y de la Ley de Riesgos del Trabajo.
  • Jubilados y pensionados del SIPA, pensiones no contributivas y PUAM.
  • Titulares de la AUH y de la Asignación por Embarazo.

La norma ratifica un punto sensible del esquema vigente: si uno de los integrantes del grupo familiar supera un ingreso individual de $2.722.595, el hogar queda excluido del cobro, aun cuando la suma total familiar no exceda el tope general. Es un criterio que refuerza el carácter selectivo del sistema y genera efectos de “salto” entre quienes quedan apenas por encima o por debajo del umbral.

La actualización no incluye la Ayuda Escolar, que fue definida por separado mediante el decreto 115/2026, manteniendo su lógica de ajuste anual y no mensual.

Antecedentes y marco institucional

La medida se inscribe en la arquitectura normativa que combina la Ley 24.714 con los cambios introducidos en los últimos años al régimen de movilidad. Desde 2024, las asignaciones y los haberes previsionales se ajustan mensualmente en función de la inflación, reemplazando esquemas más rezagados.

En este contexto, la Resolución 55/2026 no crea beneficios nuevos ni modifica el diseño del sistema, sino que actualiza parámetros para sostener el poder adquisitivo relativo de las prestaciones. El problema de fondo que busca administrar es conocido: evitar que la inflación licúe las asignaciones, sin desbordar el gasto social ni perder focalización.

Impacto económico: alivio parcial y efectos distributivos

Desde el punto de vista económico, el impacto es acotado pero extendido:

  • Ingresos familiares: el aumento acompaña la inflación del mes previo, pero no implica una mejora real del poder de compra.
  • Consumo: el refuerzo ayuda a sostener gastos básicos en hogares de ingresos medios y bajos, con impacto marginal en el mercado interno.
  • Costos fiscales: el ajuste incrementa el gasto en prestaciones, aunque dentro de una lógica de actualización automática ya prevista.
  • Efectos distributivos: los topes actualizados pueden dejar fuera a familias con ingresos apenas superiores al umbral individual, un punto que suele generar tensiones en el sistema.

No hay efectos directos sobre inversión o empleo, pero sí una incidencia indirecta en la estabilidad de ingresos de sectores con alta propensión al consumo.

Señales políticas: continuidad y administración del gasto social

La resolución envía una señal de continuidad. El Gobierno mantiene el esquema de ajustes mensuales por inflación, sin introducir discrecionalidad ni cambios estructurales. No es una expansión del sistema, pero tampoco un recorte: es una administración técnica del gasto social, alineada con el objetivo de previsibilidad.

Al mismo tiempo, el mantenimiento de topes individuales estrictos refuerza una lógica de focalización, que busca concentrar recursos en los hogares de menores ingresos y contener el costo fiscal.

Qué mirar hacia adelante

En los próximos meses, el impacto real dependerá de dos variables: la velocidad de la inflación y la evolución de los ingresos formales. Si los salarios nominales siguen ajustándose por debajo de los precios, más hogares podrían mantenerse dentro del sistema. Si ocurre lo contrario, los topes —aunque actualizados— pueden volver a actuar como barrera. Ese cruce entre inflación, salarios y umbrales será la clave para medir el alcance efectivo de esta actualización.

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Caputo frena el nuevo IPC y tensa la relación con el FMI

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El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno no aplicará por ahora la actualización de la canasta con la que se mide la inflación y que el Índice de Precios al Consumidor continuará calculándose con la metodología vigente, basada en una estructura de consumos de 2004.

La nueva medición ya había sido comprometida ante el Fondo Monetario Internacional y era utilizada por el Banco Central de la República Argentina, que incluso incorporó su propio indicador complementario. La primera difusión oficial estaba prevista para el 10 de febrero, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos publicara el dato de inflación de enero. El desacuerdo interno en torno a este cambio derivó en la salida de Marco Lavagna, tras seis años al frente del organismo estadístico.

El compromiso con el FMI

El acuerdo firmado con el FMI en abril del año pasado establecía que el Gobierno debía avanzar en la implementación de la nueva metodología. El documento señala que “la asistencia técnica del Fondo seguirá apoyando a las autoridades en la implementación de las ponderaciones actualizadas del Índice de Precios al Consumidor” y agrega que “se espera que estas estén finalizadas e implementadas para la segunda revisión del programa”.

Originalmente, esa segunda revisión estaba pautada para noviembre de 2025, con supervisión de las metas a septiembre de ese año. Sin embargo, en la primera revisión del acuerdo se modificó el cronograma y la segunda quedó fijada para enero de 2026, evaluando el cumplimiento de los objetivos a diciembre. En ese marco, se espera que la misión técnica del FMI llegue al país en los próximos días.

En la primera revisión, realizada en agosto del año pasado, el Fondo había planteado que el INDEC debía publicar hacia fines de 2025 el nuevo IPC, actualizado en base a la Encuesta de Gastos de los Hogares 2017/2018 (ENGHO), con el objetivo de “reflejar mejor los cambios estructurales en los patrones de consumo y mejorar la calidad de los datos”.

No obstante, también quedó establecido que “el momento preciso de esta publicación se discutirá en el contexto de la próxima revisión”, es decir, la que se desarrolla este mes. Esa aclaración se alinea con la postura expresada por Caputo, quien sostiene que el cambio metodológico debe implementarse una vez consolidado el proceso de desinflación. En el oficialismo apuntan a que la inflación mensual comience con cero a mediados de este año.

La posición del Banco Central

En su Informe de Política Monetaria, el Banco Central explicó que la actualización del índice “busca reflejar las modificaciones en los patrones de consumo de los hogares”, tanto por cambios de precios relativos como por nuevos hábitos.

La nueva medición contemplaba no sólo un ajuste en las ponderaciones, sino también el relevamiento de una mayor cantidad de bienes y servicios. Según el análisis del BCRA, perderían peso relativo los alimentos, las prendas de vestir y las comidas fuera del hogar, mientras que ganarían participación distintos rubros de servicios.

Entre ellos, se destaca el caso de Alquileres y gastos conexos, cuyo peso en el índice podría duplicarse, pasando de alrededor del 3% al 6%. En ese sentido, el Banco Central sostuvo que lanzar el nuevo IPC en 2026, luego de una fuerte recomposición tarifaria, permitiría reducir el riesgo de sobreponderar gastos como electricidad y gas, un problema que se habría generado de aplicarse la actualización en años anteriores.

De acuerdo con la entidad monetaria, los cambios metodológicos “no deberían afectar significativamente la tendencia inflacionaria esperada”.

El indicador propio del BCRA

Más allá de la medición oficial, el Banco Central desarrolló su propio indicador de inflación subyacente (IPC-S), que excluye componentes volátiles como carnes y alquileres, a diferencia de la inflación núcleo que publica el INDEC.

Como referencia, en diciembre la inflación general fue del 2,8%, la núcleo del 3% y la subyacente del BCRA del 2,1%. En términos interanuales, las cifras fueron 31,5% para la general, 33,1% para la núcleo y 28,1% para el IPC-S.

La entidad remarcó que esta práctica es habitual entre bancos centrales, especialmente la exclusión de la carne por la elevada volatilidad de sus precios. “En el margen, el IPC-S del BCRA sugiere una tendencia inflacionaria más benigna que las medidas convencionales informadas por el INDEC”, señalaron, aunque advirtieron que a comienzos de 2026, cuando se revierta el efecto estacional de los precios de la carne, podría observarse el efecto contrario.

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Marco Lavagna, tras su renuncia: “Fue un privilegio haber estado al frente del INDEC”

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Tras presentar su renuncia como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna agradeció este lunes “los mensajes y saludos recibidos” y aseguró que “fue un privilegio haber estado al frente” del organismo estadístico.

“Gracias por todos los mensajes y saludos recibidos. Fue un verdadero privilegio haber estado al frente del INDEC y trabajar junto a un equipo tan comprometido con la producción de estadísticas públicas. Nueva etapa se abre”, destacó el economista en su cuenta de la red social

La dimisión de Lavagna generó incertidumbre en el organismo a pocos días de que se den a conocer los primeros datos de inflación, y justo cuando su gestión había trabajado para la puesta a punto de una nueva metodología de medición. 

El ahora ex funcionario, que había asumido el 30 de diciembre de 2019 cuando gobernaba Alberto Fernández, lideró una etapa caracterizada por la continuidad en la normalización de las estadísticas públicas con un sentido de transparencia en la gestión.

Su partida coincide con un momento técnico crucial: la puesta en marcha del renovado Índice de Precios al Consumidor (IPC).

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