El fiscal federal de Corrientes, Carlos Schaefer, elaboró un duro informe que involucra a jueces y otros funcionarios judiciales en un caso de supuestas coimas para beneficiar a personas vinculadas al narcotráfico en la localidad de Itatí, a partir de escuchas telefónicas que el juez federal N°12, Sergio Torres, transcribió en el procesamiento de 28 detenidos, en los tribunales de Comodoro Py.
El fiscal Schaefer presentó su informe ante la Cámara Federal de Corrientes, el ministerio Público Fiscal y la Defensoría General de la Nación y solicitó que el texto se eleve al Consejo de la Magistratura Nacional para que se investigue a los magistrados mencionados ante un supuesto caso de corrupción judicial para beneficiar a narcotraficantes.
Los involucrados de manera directa en el informe del fiscal son: el juez federal N°1 de Corrientes, Carlos Soto Dávila, y el secretario del mismo juzgado, Pablo Molina; además, queda claro que se debería investigar al Defensor Oficial ante la Cámara Federal, Rubén Molinari, y a otra persona que tendría un cargo administrativo en la justicia federal y que aparece mencionada con el apellido Leguizamón. Molinari no aparece mencionado con nombre y apellido, pero en las escuchas los supuestos narcos hablan de su rol en la Cámara Federal.
El fiscal denunciante se basó en el expediente con el cual el juez Torres procesó y mantiene detenidas desde mayo pasado a 28 personas acusadas por asociación ilícita en el tráfico de drogas proveniente de Paraguay, causa en la que siguen en prisión el intendente de Itatí, Roger Terán, y su vice, Fabio Aquino.
En su escrito, Schaefer afirma: “Me dirijo a ustedes a efectos de poner en conocimiento y consideración de graves hechos que surgen de la resolución dictada (por el juez Torres) que dan cuenta de hechos de corrupción y narcotráfico que involucran a miembros del Poder Judicial Federal en Corrientes”.
El informe del fiscal, que tiene 21 páginas, deja en claro que existirían motivos suficientes para investigar a esos miembros de la Justicia federal porque transcribe escuchas telefónicas que el juez Torres volcó al procesamiento de los narcos de Itatí.
Según la transcripción de los audios en el expediente, una de las escuchas refiere a que habrían pagado una suma millonaria para que el juez Soto Dávila otorgue la libertad a un acusado, identificado como Cachito Bareiro, de Itatí, detenido hace varios años por narcotráfico.
El expediente de procesamiento firmado por el juez Torres dice textualmente: “Bareiro pagó un millón y medio de pesos al juez que estaba de turno en esa oportunidad, el juez Soto Dávila, por su libertad. Eso fue para que no se haga efectiva la captura que pesaba sobre el mismo…se escuchó que un allegado del juez fue a cenar al domicilio de Bareiro para ir a buscar la plata. Que el secretario del juez, un tal Molina, se encargaba de hacer las transacciones. O sea, hacía de intermediario del juez para estas cuestiones”.
En esa supuesta cena, la entrega del dinero la habría realizado un hermano del detenido Bareiro; el expediente precisa que el pago de la supuesta coima se habría concretado a través del funcionario Pablo Molina, secretario del juzgado de Soto Dávila.
Además, el informe de Schaefer transcribe otras supuestas escuchas que hacen referencia a conseguir dinero para el defensor oficial ante la Cámara Federal de Corrientes; Rubén Molinari es el único defensor oficial de esa Cámara, aunque su nombre y apellido no están expresados porque en las escuchas lo mencionan simplemente como “Defensor Oficial de la…”.
“Tiene que venir una buena moneda para que el Defensor Oficial de la”, dice textualmente y el informe aclara que no se escucha el audio, aunque significaría que Molinari, con ello, tendría un incentivo para conseguir la prisión domiciliaria de una persona de apellido Alegre.
Además de las escuchas citadas por el juez Torres, el fiscal Schaefer tuvo en cuenta la declaración de un “testigo de identidad reservada que denuncia vínculos con el nacotráfico por parte del juez Soto Dávila y el secretario Pablo Molina”.
Fuentes de Comodoro Py aseguraron que, por su parte, la Defensoría General de la Nación ya inició una investigación interna para analizar el desempeño del defensor Molonari, luego de recibir el informe del fiscal.
A su vez, se espera que la Cámara Federal de Corrientes denuncie los hechos ante el Consejo de la Magistratura porque el informe del fiscal Schaefer deja expuesto la posible comisión de graves delitos de corrupción por parte de miembros del Poder Judicial de la Nación
La Cámara federal está integrada por el presidente, Luis González, y las vocales, Mirta Sotelo de Andreau y Selva Spessot y se aguarda una resolución al respecto.
