“Vinimos a ver las instalaciones para colocar al equipo”, dijo Hoffmann en conferencia de prensa luego de recorrer el edificio del Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), en Brasilia, donde se instalarán las 50 personas designadas para la transición que estarán lideradas por el vicepresidente electo Geraldo Alxckmin, para dialogar con los miembros del Gobierno saliente.
La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, y el coordinador del programa del Gobierno electo de Brasil, Aloizio Mercadante, confirmaron que el lunes se iniciará formalmente la transición entre la administración de Jair Bolsonaro y su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, y definirán una agenda en la que, aunque no oficializó, se descarta que tendrá un espacio central una Propuesta de Reforma Constitucional (PEC) para aumentar el techo del gasto público para hacer frente a las promesas de campaña.
Hoffmann visitó el predio donde funcionará la oficina de transición e informó a la prensa que si bien el lunes Lula da Silva definirá su agenda, ya están analizando “todas las posibilidades” para cumplir con promesas de campaña. En este sentido, se refirió a las negociaciones que están llevando a cabo con miembros del Congreso Nacional para introducir una PEC.
“Creo que tenemos que ver todas las posibilidades que tenemos para viabilizar lo que fue demandado en las urnas. No podemos empezar 2023 sin Auxilio de Emergencia (subsidio transitorio que otorgó Bolsonaro durante la pandemia), sin el aumento real del salario mínimo. Son cosas que fueron contratadas con el pueblo brasileño”, afirmó la titular del PT.
Y agregó: “Tengo la certeza de que el Congreso tiene esa sensibilidad y el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) también, por eso estamos analizando todas las posibilidades para entregarle al pueblo brasileño lo que fue demandado en el proceso electoral”.
Hoffmann aseguró que dialogó ayer, sin dar detalles, con el senador del Movimiento Democrático Brasileño (MDB) Renan Calheiros, quien calificó de “error” la idea de una reforma constitucional porque sería una concesión al bloque del Centrao (el bloque de partidos que domina la agenda económica y política del gobierno a cambio de administrar parte del Presupuesto nacional), de quienes dependería la aprobación.
La titular del PT dijo en Twitter, antes de la conferencia de prensa, que “el presupuesto de Bolsonaro para 2023 no tiene previsto recursos para comedores escolares, Farmacia Popular, guarderías y ayudas de 600 reales”, y agregó que están “trabajando para revertir la tierra arrasada que estamos encontrando y lograr que la gente se ciña al presupuesto”.
Respecto al monto de aumento del salario mínimo, comentó a los periodistas que aún no tienen los porcentajes porque “los equipos técnicos están haciendo un estudio minucioso del presupuesto” para definirlo.
El coordinador del programa del Gobierno electo de Brasil, el exministro y economista Aloizio Mercadante, acompañó a Hoffmann sin dialogar con los periodistas.
Tras reunirse ayer con el relator para el Presupuesto General de la Unión 2023, el senador Marcelo Castro (MDB-PI), Alckmin había solicitado la aprobación de una PEC de emergencia para excluir las prioridades del nuevo gobierno del techo de gasto.
Según él, la próxima semana el equipo de transición presentará los detalles esenciales y los valores.
En 2016, la propuesta del gobierno del expresidente Michel Temer fue establecer un límite al gasto del gobierno federal para los siguientes 20 años a partir de 2017, con base en el presupuesto del gobierno en 2016.
Estas negociaciones se llevan adelante en un clima más distendido ya que las rutas de Brasil están libres de bloqueos, aunque aún se registran manifestaciones de seguidores del presidente Bolsonaro, que desde el domingo protestan contra la victoria en las urnas de Lula, informó la Policía caminera.
“Todas las rutas federales están libres de bloqueos”, aunque hay 15 cierres parciales, que no impiden el flujo del tránsito, en cinco de los 27 estados, indicó la Policía Federal de Carreteras (PRF por sus siglas en portugués) en su cuenta de Twitter.
Desde que Bolsonaro perdió el balotaje presidencial el domingo por estrecho margen (50,9% de los votos contra 49,1%), las autoridades despejaron 954 bloqueos en todo el país, según la misma fuerza de seguridad, que causaron problemas de desplazamientos de personas y de transporte de mercancías.
Las manifestaciones en las rutas empezaron a extinguirse luego de que el presidente saliente, quien no ha reconocido explícitamente su derrota electoral, pidiera el miércoles a sus seguidores poner fin a esas acciones debido a su impacto en la economía y en el derecho a la libre movilidad.
Anoche había 34 bloqueos totales o parciales frente a más de 250 el martes.
La Confederación Nacional de la Industria había advertido el martes de un “inminente riesgo de desabastecimiento y falta de combustibles” en caso de que las rutas no fueran rápidamente desbloqueadas.
Si bien Bolsonaro criticó los cortes de ruta, dio su apoyo a otro tipo de protestas, sin bloqueos, contra la victoria del exmandatario izquierdista, quien gobernará el país por tercera vez a partir del 1 de enero, tras dos mandatos entre 2003 y 2010.
En los dos días siguientes al balotaje, el jefe de Estado mantuvo al país en vilo al guardar silencio sobre el resultado, una actitud que, según sus críticos, alimentó la proliferación de protestas.
En su primer discurso, el martes, Bolsonaro prometió “cumplir con la Constitución” y el jueves tuvo un encuentro “positivo” con el equipo de Lula para iniciar la transición, según dijo el vicepresidente electo Geraldo Alckmin, quien lidera el equipo de empalme del líder del Partido de los Trabajadores (PT).
El miércoles, miles de bolsonaristas se congregaron frente a cuarteles en las principales ciudades de Brasil para pedir una intervención militar.
En Brasilia, un centenar de personas se agolpaba este viernes frente a una instalación del ejército, constató la agencia de noticias AFP.
