Jubilaciones

Según un informe, salarios y jubilaciones “no logran recuperar nada de lo perdido” desde la asunción de Milei

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Un reporte del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía detalló, además, que la inflación “no ha vuelto a bajar” y lleva “casi 5 meses al alza”.

Un informe realizado por el Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) detalló que los salarios y las jubilaciones, al mes de septiembre, “no logran recuperar nada de lo perdido” desde el inicio del gobierno de Javier Milei, en diciembre del 2023.

El informe del MATE sostiene que la inflación “lleva casi cinco meses al alza”, siendo la última de agosto del 1,9%, y provoca “un valor que marca la persistencia del problema inflacionario”.

“Es un magro resultado teniendo en cuenta el alto costo social, financiero y productivo al que se sometió a la sociedad argentina con la excusa de bajar la inflación”, señaló el reporte económico.

Con relación al salario del sector público, quedó 19% por debajo del nivel de diciembre del 2023 y acumula 10 meses en ese mismo nivel.

De esta manera, cada trabajador del sector público perdió $8,1 millones desde el inicio del gobierno de Milei.

El salario del sector privado tampoco repuntó: se estancó cinco puntos por debajo del nivel que tenía al asumir Milei y, al igual que el de la administración pública, hace 10 meses que no crece.

Es decir, que desde diciembre del 2023 cada trabajador acumula una pérdida de $1,7 millones.

Con respecto a las jubilaciones, el poder de compra continúa estancado un 23% por debajo de 2023. Es decir, que cada jubilado acumula, en promedio, una pérdida de casi $4 millones.

En cuanto a la transferencia de ingresos que se produjo en la economía argentina, el informe del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía precisó que un total de $55 billones estuvo destinado a otros sectores de la economía como consecuencia de “la caída del costo salarial”.

De ese total, entre los sectores que más perdieron se encuentran los ingresos de los trabajadores asalariados (-$40,1 billones), la recaudación de la seguridad social (-$9,4 billones), las obras sociales (-$4 billones) y los sindicatos (-$1,5 billones).

“Con una inflación que no ha vuelto a bajar y lleva casi 5 meses al alza, los salarios y las jubilaciones no logran recuperar nada de lo perdido al inicio del gobierno de (Javier) Milei, configurándose así una nueva realidad con salarios y jubilaciones bajas para todos y todas”, señaló el MATE.

El Informe de la coyuntura económica, realizado por el Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía, elabora datos con información proveniente de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; el Ministerio de Economía; la Secretaría de Hacienda; el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y dependencias provinciales de estadísticas y censos, el Banco Central (BCRA); la Oficina Nacional del Presupuesto; la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES); la Comisión Nacional de Valores (CNV); la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA); y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, entre otros organismos.

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Banco Nación y ANSES presentan beneficios exclusivos para jubilados y pensionados

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Como resultado de un trabajo conjunto entre el Banco Nación y ANSES, los jubilados y pensionados de todo el país que perciban sus haberes en la entidad recibirán, a partir del 1° de septiembre, beneficios exclusivos para mejorar sus ingresos y la capacidad de compra en los principales supermercados.

Remuneración de cuentas: sin necesidad de hacer trámites, desde la fecha señalada el saldo de las cuentas comenzará a generar rendimientos que se acreditarán día a día a una tasa del 32% (TNA) hasta un tope de saldo de $ 500.000. Esta medida busca brindar una alternativa sencilla y segura para que los beneficiarios obtengan un rendimiento adicional por el dinero depositado.

Reintegro en supermercados: También accederán a un reintegro adicional exclusivo del 5%. La promoción estará vigente de lunes a viernes, hasta el 30 de septiembre, y tendrá un tope de reintegro de hasta $ 5.000 por usuario por semana, sobre las compras abonadas con las tarjetas de débito Mastercard y crédito Visa y Mastercard de la entidad a través de “BNA+ MODO”.

Además, se acumula con las promociones vigentes y estará disponible en las principales cadenas de supermercados del país adheridas (Carrefour, ChangoMás, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea).

Es importante destacar que del universo de beneficiarios que cobran sus haberes jubilatorios a través del Banco, solo el 60% tiene la aplicación instalada de “BNA+”, necesaria para acceder a los descuentos y ver la acreditación diaria de los saldos remunerados, las promociones de Semana Nación y otros beneficios.

Contar con esta aplicación es un trámite simple, ágil y seguro que se realiza a través del celular solamente con el DNI. Para aprender a utilizarla con simuladores y descargarla ingresar a https://www.mayoresactivos.com.ar/PracticasbnaMAS

De esta manera, el Banco Nación impulsa el acompañamiento hacia los adultos mayores, ofreciendo herramientas que mejoran su bienestar económico y fortalecen su capacidad de consumo.

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Nuevas reglas para denuncias de aportes impagos: cómo impacta en empleadores y trabajadores

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso cambios en la tramitación de las denuncias “Z”, que habilitan a trabajadores y derechohabientes a denunciar incumplimientos previsionales de sus empleadores. La medida actualiza competencias internas tras la reestructuración de la Dirección General Impositiva y apunta a cerrar grietas frente a maniobras fraudulentas.

La Disposición Conjunta 1/2025, publicada este 19 de agosto en el Boletín Oficial, reordena el procedimiento de las llamadas denuncias “Z”, una figura prevista en el artículo 13 inciso a) punto 3 de la Ley 24.241 (Sistema Integrado Previsional Argentino – SIPA).

Estas denuncias permiten que trabajadores o sus derechohabientes reclamen por incumplimientos de sus empleadores en el ingreso de aportes y contribuciones a la seguridad social. Sin embargo, en los últimos años se detectaron maniobras fraudulentas de personas sin relación laboral que buscaban obtener beneficios previsionales de manera indebida.

La instrucción general vigente (N° 1017/2017) había unificado las pautas operativas, pero la reciente Disposición ARCA 36/2025, que modificó la estructura de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Subdirección de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes, obligó a redefinir competencias administrativas.

Nuevas facultades para Grandes Contribuyentes

La resolución firmada por Claudio Ernesto Castagnola y Néstor Hernán Perlasco, directores interinos de las áreas de Control y Recaudación de Grandes Contribuyentes, establece un nuevo esquema de actuación:

  • Artículo 1: Se deroga la Disposición DI-2024-23, ya sin vigencia operativa tras la reorganización interna.
  • Artículo 2: El funcionario a cargo de la División Revisión y Recursos de la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes actuará como juez administrativo en los casos de denuncias “Z”, dictando resolución de admisión o rechazo.
  • Artículo 3: Los recursos de apelación interpuestos en los términos del artículo 74 del Decreto 1.397/79 contra dichas resoluciones serán resueltos por la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes.
  • Artículo 4: La disposición entra en vigencia inmediata desde su suscripción.

En la práctica, esto concentra la resolución de conflictos previsionales en el área de Grandes Contribuyentes, fortaleciendo el control en un segmento clave de la recaudación.

La medida tiene un doble alcance. Por un lado, garantiza la continuidad de la fiscalización previsional en línea con las atribuciones que la Ley 24.241 otorga a la administración tributaria. Por otro, busca cerrar grietas regulatorias frente a fraudes en las denuncias “Z”, que podrían comprometer fondos del SIPA y generar costos fiscales no previstos.

Fuentes del organismo remarcan que la reasignación de facultades responde al principio de eficiencia administrativa: “La reorganización procura unificar procedimientos y fortalecer el control sobre incumplimientos de grandes empleadores, que representan una parte sustancial de los aportes al sistema previsional”, señalaron.

Para los grandes contribuyentes, el cambio implica un mayor nivel de escrutinio y resolución más centralizada, lo que podría derivar en litigios administrativos más ágiles pero también en un endurecimiento de las sanciones.

Señales de endurecimiento fiscal

El rediseño de competencias se enmarca en la política del Gobierno nacional de fortalecer la recaudación previsional y combatir la evasión en un contexto de ajuste fiscal. La decisión de delegar funciones de juez administrativo en la División Revisión y Recursos marca una tendencia hacia procesos internos más expeditivos, con menor dispersión entre áreas.

Hacia adelante, analistas legales anticipan que este modelo podría replicarse en otras áreas sensibles de la seguridad social, ampliando la capacidad de ARCA para perseguir incumplimientos. La medida envía además una señal clara al sector privado: la fiscalización de aportes y contribuciones será uno de los ejes de control tributario en 2025.

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Veto presidencial: por qué Milei rechazó los proyectos de aumento previsional, moratoria y pensiones por discapacidad

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El presidente Javier Milei firmó el Decreto 534/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, por el cual vetó en su totalidad los proyectos de ley N° 27.791, 27.792 y 27.793, aprobados por el Congreso el 10 de julio pasado. Las iniciativas incluían un aumento extraordinario del 7,2% para jubilaciones y pensiones, una nueva ayuda previsional de hasta $110.000, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia nacional en discapacidad con nuevas prestaciones y beneficios.

Según el Poder Ejecutivo, estas normas “implicarían para el Estado un gasto adicional superior a $7 billones en 2025 y cerca de $17 billones en 2026”, lo que representa el 0,9% y el 1,68% del PBI, respectivamente. “Su promulgación afectaría profundamente la sostenibilidad del sistema previsional y pondría en riesgo las metas fiscales”, señala el decreto firmado por Milei.

¿Qué preveían las leyes vetadas?

El proyecto más amplio (27.791) otorgaba un incremento excepcional del 7,2% a todas las jubilaciones y pensiones con movilidad por la Ley 24.241 y una ayuda económica previsional de hasta $110.000, actualizable por el índice de movilidad jubilatoria. También disponía transferencias adicionales a las provincias con cajas previsionales no transferidas y establecía modificaciones al financiamiento, como la eliminación de ciertas exenciones de IVA a directores de sociedades y a contratos de garantía recíproca.

Por su parte, el proyecto 27.792 prorrogaba por dos años el plan de pagos de la deuda previsional (moratoria) y reducía de 65 a 60 años la edad mínima para que las mujeres accedan a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), compatibilizándola con otras prestaciones e ingresos laborales.

Finalmente, el proyecto 27.793 declaraba la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta 2026, creaba una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo y garantizaba la actualización mensual de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, entre otras medidas de apoyo a personas con discapacidad y prestadores del sistema.

Las razones del veto: “Gasto exorbitante e insuficiente financiamiento”

El decreto firmado por Milei califica las normas como “técnicamente deficientes” y “manifiestamente inviables” por carecer de fuentes de financiamiento adecuadas.

Solo la ayuda económica previsional prevista en el proyecto 27.791 demandaría $1,3 billones este año (0,16% del PBI) y $3,2 billones en 2026. Sumando todas las medidas, el gasto adicional asciende a $4,45 billones en 2025 (0,54% del PBI) y a $8,9 billones en 2026 (0,89% del PBI). El impacto total de los tres proyectos eleva el gasto en 6% del gasto primario anual previsto.

“El Congreso no cumplió con el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige especificar fuentes concretas, específicas, actuales y suficientes de financiamiento. Pretender cubrir estos gastos con reasignaciones presupuestarias o eliminación de exenciones marginales es irresponsable”, sostiene el texto.

Además, el Ejecutivo cuestiona la prórroga de las moratorias previsionales, señalando que el 55% de las jubilaciones actuales corresponden a regímenes por moratoria, y que estas medidas “socavan los incentivos a la formalidad laboral y generan inequidades frente a quienes aportaron durante 30 años”.

Más allá del aspecto económico, el decreto denuncia “graves vicios” en el procedimiento legislativo del Senado. Según el Ejecutivo, los proyectos fueron tratados sin una citación formal a los senadores, con dictámenes “careciendo de los requisitos reglamentarios” y con votaciones que deberían haber requerido dos tercios de los presentes.

“La sanción de estos proyectos constituyó un atentado directo contra nuestra Constitución. No resulta tolerable que una mayoría circunstancial manipule las reglas del Congreso para imponerse sobre las minorías”, afirma el texto presidencial.

Milei: “El equilibrio fiscal es innegociable”

El veto se enmarca en la estrategia fiscal del Gobierno. “El equilibrio fiscal constituye uno de los principales compromisos asumidos por el Presidente y fue refrendado en el Pacto de Mayo firmado con 17 gobernadores”, señala el decreto, que reitera el objetivo de “emisión monetaria cero” y la defensa del valor de la moneda.

“El gasto aprobado por el Congreso aumentaría año tras año, condenando a nuestros jóvenes a más emisión, inflación y pobreza”, advierte el texto.

Con el veto, los proyectos regresan al Congreso, que podrá insistir con una nueva votación por dos tercios de ambas cámaras para convertirlos en ley. Sin embargo, en el oficialismo confían en que no existen los votos para revertir la decisión presidencial.

Desde la oposición, algunos bloques anticiparon que buscarán insistir, mientras que organizaciones de jubilados y de personas con discapacidad cuestionaron la medida por “afectar a los sectores más vulnerables”.

El Gobierno, por su parte, sostuvo que seguirá “generando las condiciones necesarias para evitar el deterioro de los haberes, la solvencia fiscal y el crecimiento genuino, basado en la sustentabilidad y la búsqueda de fuentes de financiamiento reales”.

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Milei vetó el aumento a jubilaciones y la ley de emergencia en discapacidad

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Este sábado, el presidente Javier Milei firmó los vetos a las leyes aprobadas en el Congreso que establecían mejoras para jubilaciones y para el sector de discapacidad. Las resoluciones se publicarán en el Boletín Oficial el lunes, cumpliendo con los plazos legales. A partir de allí, la oposición necesitará reunir dos tercios de los votos para insistir con su sanción.

Si bien las normas habían sido aprobadas por el Senado a comienzos de julio, el Poder Ejecutivo demoró la firma del rechazo con una estrategia política: evitar que el debate regresara rápidamente a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo teme una derrota si la oposición logra los votos necesarios para revertir el veto presidencial.

La Casa Rosada mantiene una intensa ronda de negociaciones con gobernadores y bloques aliados para sostener el rechazo a las leyes. El oficialismo busca blindar su respaldo con ofrecimientos que incluyen el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y acuerdos políticos de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

El Ejecutivo argumenta que ambas leyes son “fiscalmente inviables” en el marco del plan de ajuste estructural que impulsa la administración libertaria, orientado a alcanzar el déficit cero. Milei ya había anticipado públicamente que vetará cualquier norma que implique un aumento del gasto público.

Los proyectos vetados

  • Ley de Movilidad Jubilatoria: impulsada por la oposición dialoguista y el peronismo, proponía una fórmula que combinaba aumentos por inflación y por mejoras salariales, con un piso de incremento mensual superior al esquema de actualizaciones por decreto que utiliza actualmente el Gobierno.
  • Emergencia en Discapacidad: declaraba la emergencia en el sector por el recorte de fondos y buscaba garantizar prestaciones básicas, transporte y atención integral. La iniciativa respondió a los reclamos de organizaciones que denunciaban la discontinuidad en pagos y servicios.

El escenario en Diputados
El veto presidencial puede ser revertido si ambas cámaras lo rechazan con mayoría especial (dos tercios). Sin embargo, el oficialismo confía en que la oposición no alcanzará ese número en Diputados, donde La Libertad Avanza cuenta con mayor margen de maniobra gracias a sus aliados circunstanciales.

Mientras tanto, crece la tensión política, en especial entre los sectores vulnerables que habían celebrado la aprobación de ambas leyes. Organizaciones sociales y de discapacidad ya anticiparon movilizaciones frente al Congreso si no se avanza con una solución alternativa.

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