Cajas previsionales: una pulseada entre Nación y las provincias que avanza en la Justicia

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Una decena de distritos tiene frentes abiertos con el Gobierno por los regímenes jubilatorios. Córdoba agenda audiencia con la Corte Suprema a la espera de lograr un acuerdo.

Más allá de los chispazos coyunturales entre Javier Milei y los gobernadores, algunas problemáticas de antaño vuelven a percutir en el vínculo con las provincias. Una de las principales es la deuda millonaria que Nación mantiene con las cajas previsionales de diversos distritos, cuestión billonaria con novedades en el frente judicial.

La génesis del tema data de la década de 1994, durante el gobierno de Carlos Menem, cuando 13 jurisdicciones decidieron no transferir sus cajas previsionales a la órbita del Estado. Se trata de Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Formosa, La Pampa, Misiones, Chaco, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Con altas y bajas, la pulseada entre los jefes provinciales y la Casa Rosada se profundizó a partir de la llegada de la gestión libertaria y sus recortes en numerosos ítems que, sumados a las acreencias jubilatorias, pusieron en jaque a las arcas distritales. Así las cosas, los reclamos se mantienen a la orden del día.

La dificultad del caso para llegar a un número concreto consiste en que las provincias informan un déficit y Nación, vía auditoría con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), tiene que ratificar o modificar lo que reconoce como déficit. A la vez, las administraciones no suelen publicar a tiempo la información.

Dentro del grupo mencionado, la Región Centro es una de las que suele elevar la voz por la cuestión. Allí coexisten tres provincias en la misma situación: Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Ante la consulta de este medio, en la gestión del santafesino Maximiliano Pullaro señalaron que el Gobierno debe $850 mil millones para su caja previsional.

La deuda total, en tanto, incluyendo los tres créditos principales, las obras en la Autovía Ruta Nacional 19 y el alojamiento de presos federales en cárceles provinciales, trepa a $1,1 billones.

Similar escenario atraviesa el cordobés Martín Llaryora, quien estima acreencias cercanas a los $700.000 millones con actualizaciones. La puja fue judicializada por su antecesor, Juan Schiaretti; posteriormente el propio Llaryora amplió la demanda. Ahora, la Corte Suprema convocó a una audiencia conciliatoria para el 23 de abril, donde las partes buscarán alcanzar un acuerdo.

En tanto, la gestión entrerriana de Rogelio Frigerio hizo valer a fines de 2024 su buena sintonía con la gestión libertaria y alcanzó un acuerdo para que el fisco se haga cargo de $2.000 millones mensuales correspondientes a la caja jubilatoria de la provincia. “Logró reducir a la mitad el déficit de la caja”, indicaron desde su gestión.

La firma fue rubricada en diciembre por el gobernador litoraleño junto al vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, el titular de la ANSES, Mariano de los Heros, y el Secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Se trata de un adelanto a cuenta de la deuda total, que se determinará una vez que finalice la auditoría ordenada por el Gobierno para establecer el monto exacto adeudado. El pedido de la provincia se estima en 9 mil millones de pesos por mes, a fin de cubrir el déficit mensual de la caja de jubilaciones entrerriana.

Mismo camino eligió su compañero de escudería, el chubutense Ignacio Torres. El patagónico consignó que ANSES mantiene un déficit de más de $60.000 millones con el distrito.

En septiembre, Torres y el ministro de Economía, Luis Caputo, firmaron un acuerdo de compensación de deuda que incluye al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial; y estipula compensar dicho monto con las deudas que mantiene la ANSES con el Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) por el Financiamiento del Déficit Previsional; el dinero que se debe del Consenso Fiscal y la reactivación de obras públicas nacionales postergadas. En el Chubut, sin embargo, aclaran que Nación todavía no empezó a pagarlo.

Por su parte, en noviembre pasado, la provincia de Buenos Aires realizó un desagregado sobre los pasivos que el Gobierno mantiene con su caja jubilatorio y los estimó en más de $1 billón. “El total adeudado por el Gobierno nacional a las y los bonaerenses llega a los 7,8 billones de pesos”, comentó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

Y agregó: “Entre muchas otras, se trata de deudas en obra pública, en programas de salud, en fondos que le corresponden a la Provincia de Buenos Aires y en los salarios de nuestros trabajadores de la policía y de la educación”.

En Misiones sostienen que, según estimaciones propias, el rojo con su caja jubilatoria es de $200.000 millones, aunque la falta de cálculos por parte desde ANSES desde el 2018 dificulta tener precisiones. Se está trabajando con ANSES con intercambio de información, pero va muy lento. No solo ahora, también en la gestión anterior”, apuntaron. A la par, La Pampa calcula que la deuda es $850.000 millones, mientras que Corrientes habla de más de $156.000 millones.

Al coctel de pedidos que llega desde los distritos se suma la falta de Presupuesto 2025, que dificulta tener coordenadas precisas sobre las finanzas del Estado y sus partidas. Cabe recordar que actualmente rige la ley de leyes del 2023, postergada en 2024 y nuevamente ahora. La misma fue redactada en el 2022, por lo que desfasaje es de casi tres años.

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Con el voto radical, Milei logró frenar aumentos a las jubilaciones

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Con el voto clave de cinco radicales que mutaron su voto original, entre los que se encontraba el misionero Martín Arjol, la Cámara de Diputados ratificó esta tarde el veto del presidente Javier Milei a la ley de reforma jubilatoria sancionada por la oposición y que buscaba aumentar los haberes del sector previsional. El Gobierno necesitaba 85 votos. Consiguió 87.

Fue clave el cambio en el sentido del voto de varios legisladores nacionales de la UCR. Fueron los cinco diputados radicales visitaron el martes a Javier Milei en la Casa Rosada. Se trata de Mariano Campero, el correntino Federico Tournier, el cordobés Luis Picat, el neuquino Pablo Cervi y el misionero Martín Arjol. Salvo Tournier, el resto votó a favor de la reforma en junio.

Mientras que también colaboraron las ausencias. La radical santacruceña Roxana Reyes que había votado a favor en junio ahora no estuvo en el recinto. La misma actitud tomó el radical chaqueño Gerardo Cipolini. Pedro Galimberti, diputado de la UCR por Entre Ríos, renunció a su banca para ir a ocupar una silla en la comisión técnica que administra la represa Salto Grande y su lugar fue ocupado por una diputada del PRO que votó a favor del veto.

La ley vetada establecía una recomposición del 8,1% en las jubilaciones, de modo de complementar el 12,5% de incremento adicional otorgado en abril por el DNU 274/24 del Gobierno, de modo de alcanzar a compensar lo que fue la inflación más alta del año, la de enero, con 20,6%.

Asimismo, se establecía una fórmula de movilidad para la actualización de los haberes previsionales que contemplaba el índice de inflación como referencia, al igual que el DNU. En estos dos aspectos el oficialismo se había mostrado a favor con un dictamen de minoría en el Senado, y se llegó a pensar que el veto podría haber sido parcial, sosteniendo el Poder Ejecutivo estos artículos. Pero finalmente no pasó.

Además, la norma establecía un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE) en marzo de cada año; y una garantía para el haber mínimo en 1,09% lo equivalente al valor de la Canasta Básica Total.

Por otro lado, se instruía a la ANSeS a cancelar la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional, como así también con los beneficiarios del SIPA que cuentan con sentencia firme dentro de un plazo de seis meses, prorrogable por seis más.

El pasado 2 de septiembre, a través del decreto 782/24, el Poder Ejecutivo vetó totalmente la ley y fundamentó que el proyecto sancionado por el Congreso “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.

“Dar cumplimiento a la medida sancionada por el Honorable Congreso de la Nación dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo, sea a través de deuda pública o aumento de impuestos”, agregó el Gobierno. 

Una serie de incidentes se registraban esta tarde en las inmediaciones del Congreso después de que la Cámara baja confirmara el veto presidencial a la ley que buscaba incrementar las jubilaciones.   

Los manifestantes, entre los que había jubilados y organizaciones políticas, fueron reprimidos con gases lacrimógenos por la Policía Federal después de haber tirado las vallas de seguridad que rodeaban la zona.

Organizaciones de jubilados, la CGT, movimientos sociales y hasta periodistas fueron hoy reprimidos en las inmediaciones del Congreso tras la ratificación de la Cámara de Diputados del veto del presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria.

Si bien el clima de tensión se vivió durante toda la mañana, los incidentes se registraron por la tarde, después de la ratificación del veto en la sesión de la Cámara de Diputados, cuando los manifestantes fueron reprimidos con gases lacrimógenos por la Policía Federal después de haber tirado las vallas de seguridad que rodeaban la zona.

La protesta se realizaba frente al anexo del Parlamento en la Plaza Congreso, ubicada sobre la Avenida Entre Ríos entre Callao e Hipólito Yrigoyen.

Organizadores sociales, piqueteras y sindicales desafiaban a las fuerzas de seguridad, que tenían la orden de aplicar el protocolo antipiquetes, como sucedió durante las movilizaciones de las últimas semanas. 

La cartera de Seguridad tenía desplegado un megaoperativo con fuerzas federales para evitar el corte de arterias y la circulación vehicular.

Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, había apostados efectivos de la Policía Federal, la Prefectura Naval, la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

También, a modo de prevención, se encontraban apostados oficiales de la Policía de la Ciudad.

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Las jubilaciones siguen corriendo de atrás a la inflación

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El poder adquisitivo de los jubilados que no perciben bonos cayó 14% en el último año mientras que en el caso de los que cobran el refuerzo bajaron 65, según surge de cifras oficiales.

Quienes perciben un haber mínimo y suman a ese ingreso el bono mensual de $70.000, el poder adquisitivo de mayo fue 6% más bajo que el de seis meses atrás. 

En ete grupo está casi la mitad de los jubilados y pensionados, de acuerdo con datos de la Subsecretaría de Seguridad Social publicados por LaNación.

Las prestaciones pagadas por la Anses acumularon una pérdida de poder adquisitivo desde 2017, que se profundizó en los primeros meses de este año, antes de que comenzaran a reajustarse primero por la fórmula de movilidad que perdió vigencia y, desde abril, por inflación y con frecuencia mensual. 

En 2023, la caída del poder de compra fue de 14,2% para quienes cobran el haber mínimo más bono; de 32,3% para los que nunca tuvieron refuerzo (sin tener necesariamente ingresos que puedan considerarse medios o altos), y 37,4% para el grupo de quienes percibieron un adicional durante un año y dejaron de cobrarlo en septiembre del año pasado.

No obstante, en los primeros cinco meses del año la suba de haberes fue de 79,9% y la inflación, de 71,9%. 

En julio se aplicará un alza de 4,2% y el ingreso más bajo de sistema (incluido el bono de $70,000) se ubicará en $285.600, aproximadamente.

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Se oficializó la sesión para tratar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria

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Será el próximo martes a las 11. Hay cinco dictámenes, pero los despachos de Unión por la Patria y de la oposición moderada son los que corren con más chances dado que son similares y podrían unificarse en caso de arribar a un acuerdo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, oficializó hoy la convocatoria a sesión especial para el próximo martes pedida por la UCR y otros bloques “dialoguistas” para tratar los proyectos que proponen una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

La citación llegó con suspenso, ya que pasaban los días y no terminaba de concretarse. En total se pondrán en consideración del recinto cinco dictámenes, entre los cuales los de Unión por la Patria y de la oposición moderada son los que corren con más chances dado que son similares y podrían unificarse en caso de arribar a un acuerdo. 

De hecho, el 15 de mayo pasado en el plenario de Previsión Social y Presupuesto, UP y la oposición “dialoguista” estuvieron a punto de dar el batacazo: hubo conversaciones hasta última hora para presentar una propuesta conjunta pero no fue posible.

Sin embargo, los esfuerzos no cayeron en saco roto ya que estas fuerzas políticas se comprometieron a limar las pequeñas diferencias entre ambos dictámenes de cara a la sesión del próximo martes a las 11 hs.

En definitiva, se firmaron cinco dictámenes: el de mayoría fue el de Unión por la Patria con 33 firmas, y le siguió el de UCR+Hacemos+CC con 19. La Libertad Avanza (19), el PRO (8) y el Frente de Izquierda (2) presentaron dictámenes propios.

Unión por la Patria accedió a rebajar sus pretensiones originales de recomponer inicialmente las remuneraciones en un 30% y se acopló a la propuesta de “los dialoguistas” de fijar esa compensación en el 20,6% correspondiente a lo perdido por los jubilados en el mes de enero.

Con esta fórmula, la jubilación mínima quedaría en 285 mil pesos en el mes de junio, según calculó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Al ajuste mensual por IPC (inflación medida por el INDEC) se sumaría además un aumento adicional: en marzo de cada año se establecería un cálculo por el cual se reconocería un aumento del 50% de la variación del RIPTE (variación salarial) por sobre la variación del IPC el año calendario anterior.

Lo que dinamitó el acuerdo con Unión por la Patria fue la decisión de Hacemos Coalición Federal de “meter por la ventana” en el dictamen la obligación de ANSES de cancelar en un plazo máximo de seis meses la totalidad de las deudas que mantiene con las cajas previsionales provinciales así como con los jubilados con sentencias firmes favorables a partir de lo producido de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del organismo.

Además, el dictamen de la oposición moderada elimina los regímenes jubilatorios especiales para presidente y vicepresidente de la Nación.

Como muestra de buena fe del kirchnerismo y de la voluntad de llegar a un acuerdo de acá a la fecha de la sesión, el dictamen que presentó Unión por la Patria no fue el original, más ambicioso en términos de recuperación de capacidad adquisitiva para los jubilados, sino que respetó los términos del estado de negociación que se había alcanzado con los dialoguistas.

La Libertad Avanza firmó un dictamen que reproduce los dispuesto en el decreto 274/24 del Poder Ejecutivo Nacional, es decir, ajuste mensual por IPC con impacto a los dos meses y compensación del 12,5%. Con esta fórmula, la jubilación mínima será de 265 mil pesos en junio.

El PRO, en tanto, firmó un dictamen que incorpora en la fórmula de actualización no solamente el IPC sino un componente vinculado a la variación salarial (RIPTE), y agregan un 8% de recomposición al 12,5% dispuesto por el Gobierno (en total 20,5%) pero dándole al Poder Ejecutivo la posibilidad de liquidar ese adicional a su criterio.

También el dictamen del PRO elimina las jubilaciones de privilegio tanto para presidente como vice, y pone esos cargos en el sistema general.

El dictamen de minoría del Frente de Izquierda prevé que la jubilación mínima en ningún caso esté por debajo del monto equivalente a la Canasta Básica del Adulto Mayor, y propone una actualización de haberes tomando alternativamente el IPC o el RIPTE, según cual resulte más favorable. Además, asegura el 82% móvil para todos los jubilados. 

Así las cosas, Diputados volverá a sesionar el martes próximo y es posible que Unión por la Patria pida una ampliación del temario con la incorporación de los proyectos sobre financiamiento universitario y restitución del FONID, toda vez que había adelantado su intención de pedir una sesión especial para la misma fecha del 4 de junio.

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Buena noticia para un grupo de jubilados: recibirán un plus por una cláusula poco conocida

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La medida beneficia a quienes no se hayan jubilado bajo moratoria. A pesar de que siguen cobrando un magro haber, un grupo de jubilados y pensionados del sistema que gestiona la Anses tendrá una buena noticia, ya que cobrará un plus originado en el reajuste del salario mínimo, vital y móvil que estableció una resolución de la Secretaría de Trabajo publicada hoy en el Boletín Oficial. 

Esto será así por una disposición legal que rige desde 2018 y que garantiza que el haber mensual no puede ser inferior al 82% del mencionado valor de referencia para los ingresos laborales. 

La garantía rige solamente para quienes obtuvieron su prestación previsional sin haber recurrido a una moratoria (es decir, habiendo completado durante la etapa activa la cantidad de aportes exigida por el régimen). La gran mayoría de las jubilaciones de monto mínimo fue obtenida por moratoria.

La resolución 9 de la Secretaría de Trabajo fijó el salario mínimo de abril en $221.052 y el de mayo en $234.315,12. 

El pago de un suplemento a los jubilados que cumplan con los requisitos para la garantía legal tiene, entonces, un efecto retroactivo.

Con respecto a lo correspondiente a abril, el 82% del salario mínimo es $181.262,64; la jubilación mínima (sin contar el bono) fue ese mes de $171.283,31. 

Por lo tanto, el suplemento que debe pagar el Estado es de $9.979 en el caso de quienes cobran el ingreso básico, y de un importe inferior para quienes tienen prestaciones superiores a la mínima, pero solo de hasta $181.262. 

Por ejemplo, si el haber bruto fue de $175.000, la Anses liquidará un adicional de $6.262.

En el caso de mayo, el 82% del salario mínimo es $192.138,40. Y la jubilación mínima es de $190.141.60, ya que se aplicó un reajuste de 11%, equivalente a la inflación de marzo. 

Entonces, el suplemento es de un monto pequeño: como máximo, de $1996,80. Esa será la cifra para quienes tienen el haber mínimo, en tanto que, por ejemplo, con un ingreso de $191.000, se liquidará un plus de $1138,40.

Como la resolución sobre los salarios se oficializó de manera tardía, la Anses tendrá que hacer una reliquidación por esos montos.

El pago del plus por la garantía del 82% es independiente del correspondiente al bono de hasta $70.000, que este mes alcanza a quienes tienen haberes brutos de hasta $260.141,60, sin tener que cumplir con el requisito de no haber recurrido a una moratoria. 

El pago en mayo de ese refuerzo, en concepto de “ayuda económica previsional” fue dispuesta por el decreto 340, publicado el 22 de abril último.

Más allá del bono y del suplemento, este mes todos los jubilados y pensionados del sistema general de la Anses están alcanzados por un reajuste de 11% de los haberes. 

Y en junio habrá otro incremento, de un porcentaje equivalente a la inflación que informe el Indec para abril (el dato aún no se conoce).

Según el calendario dispuesto por la Anses, quienes perciben el haber mínimo accederán a sus ingresos entre el 9 y el 22 de mayo, dependiendo el día de la finalización del número de documento.

Quienes tienen ingresos que superan el haber mínimo cobrarán entre el 23 y el 29 de este mismo mes.

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