Jubilaciones

Federico Pipet asumió la presdidencia de la Caproce

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La Caproce renovó autoridades: Federico Pipet asumió la presidencia y anunció objetivos para modernizar el sistema previsional de los profesionales contables

La Caja de Profesionales de Ciencias Económicas de Misiones (Caproce) puso en funciones a sus nuevas autoridades el 1° de diciembre. El contador Federico Pipet encabeza la nueva gestión, con un directorio integrado por representantes de las tres zonas de la provincia. La institución, creada a principios de los 2000 como un ente público no estatal de seguridad social, anticipa una agenda centrada en eficiencia administrativa, ampliación de beneficios y mejora de los sistemas de capitalización.

Transición institucional y estructura del nuevo directorio

La Caja de Profesionales de Ciencias Económicas (Caproce) formalizó el cambio de autoridades el 1° de diciembre, con la asunción del nuevo presidente, Cr. Federico Pipet, electo por la lista Compromiso Caproce. Pipet es egresado de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) en 2005, docente universitario y cuenta con una Especialización en Mercado de Capitales y una Diplomatura en Prevención de Lavado, ambas otorgadas por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El nuevo directorio está compuesto íntegramente por contadores públicos que representan las distintas zonas de la provincia:

Zona Sur: Marianela Fellau y Daniel Malica

Zona Centro: Cristina Woniatczuk y Macarena Schulz

Zona Norte: Leandro Niveyro y Guillermo Novak

Caproce es un ente público no estatal, administrado por sus afiliados, creado a comienzos de los años 2000 con el objetivo de administrar el sistema de seguridad social de los matriculados en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Misiones.

Funciones previsionales y servicios financieros: un esquema de capitalización con enfoque solidario

El organismo opera bajo un sistema de capitalización individual para la jubilación, pero sostiene un componente solidario que se traduce en diversas coberturas sociales.

Entre ellas: Jubilación por invalidez, Pensión por fallecimiento, Beneficios por maternidad, nacimiento o adopción, Cobertura por incapacidad transitoria, Asistencia por fallecimiento, Atención de familiar a cargo,

Además, Caproce otorga créditos a tasas convenientes, con montos significativos y plazos de hasta 60 cuotas, una herramienta financiera que permite a los afiliados acceder a financiamiento más accesible que el disponible en el sistema bancario tradicional, “dos o tres veces más oneroso”, según destaca la institución. Ese esquema favorece simultáneamente a los nuevos profesionales y a los afiliados, que obtienen una “buena rentabilidad” por sus aportes.

Los desafíos de la nueva gestión: más afiliados, eficiencia administrativa y una futura obra social

La nueva conducción adelantó que los próximos dos años estarán orientados a fortalecer a la Caproce en tres ejes estratégicos:

Incorporación de nuevos afiliados: La gestión buscará ampliar la base de profesionales activos, con foco en quienes recién inician su carrera y enfrentan mayores dificultades para integrarse al mercado laboral.

Mayor eficiencia en la administración: La modernización de procesos internos se vincula con la necesidad de analizar alternativas de inversión más rentables para mejorar el rendimiento de las cuentas de capitalización y proyectar mejores jubilaciones futuras.

Caminar hacia una obra social para jubilados: Pipet confirmó la intención de iniciar el proceso para desarrollar una futura obra social para profesionales jubilados, un objetivo de largo plazo que requerirá articular con otras cajas provinciales.

El nuevo equipo directivo asegura que trabajará bajo un criterio de transparencia y participación: “La principal intención es poner todos los temas sobre la mesa, brindar información a los afiliados, llevar las discusiones a las asambleas y lograr una mejor Caproce para todos”, señalaron.

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Entidades financieras se oponen a que las billeteras paguen sueldos y jubilaciones

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Los bancos rechazan que billeteras virtuales paguen sueldos y jubilaciones y alertan por “riesgos para trabajadores y jubilados”

Las principales entidades financieras del país cuestionaron la propuesta incluida en la reforma laboral que habilita a las billeteras virtuales a pagar salarios, jubilaciones y prestaciones sociales. Aseguran que el sistema bancario es el único con estándares regulatorios suficientes para garantizar seguridad, trazabilidad y protección de los haberes.

Un rechazo institucional: los bancos advierten sobre los riesgos de “bajar el nivel de formalidad” en el sistema de pagos

Las cámaras que nuclean a los bancos públicos, privados y extranjeros —ADEBA, ABA y ABAPPRA— emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron “de plano” la posibilidad de que las billeteras virtuales se conviertan en plataformas habilitadas para el pago de salarios, jubilaciones y prestaciones, tal como contempla la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Las entidades señalaron que el actual esquema de acreditación de haberes “ha sido una de las pocas políticas de Estado exitosas que tuvo la Argentina”, y destacaron que su implementación en las últimas décadas consolidó un sistema “formal, seguro y gratuito para trabajadores y jubilados”.

En su mensaje, los bancos recordaron que el sistema financiero argentino “demostró su fortaleza incluso en las crisis de las últimas tres décadas”, subrayando que esa resiliencia se sustenta en exigencias regulatorias, supervisión permanente y garantías que las billeteras virtuales —en su rol actual— no están obligadas a cumplir.

“El nivel de servicios para los usuarios es excelente, además de gratuito”, remarcaron, en referencia al alcance, estabilidad y cobertura del sistema bancario en materia de pagos previsionales y laborales.

Argumentos técnicos y regulatorios: sin beneficios claros, con “costos y riesgos” potenciales

En otro tramo del comunicado, ADEBA, ABA y ABAPPRA enfatizaron que, “en línea con la legislación vigente y las mejores prácticas internacionales”, los haberes deben mantenerse dentro del sistema bancario formal, que opera bajo un marco normativo más rígido que el que aplica para las fintech y billeteras virtuales.

Las entidades alertaron que “no se observan beneficios —pero sí costos y riesgos— de bajar el nivel de formalidad y exigencias para las entidades que tienen la responsabilidad de velar por el pago y la seguridad de sueldos y jubilaciones”.

El punto central del planteo bancario es la seguridad de los fondos: “Quienes promueven relajar las condiciones para el pago de salarios y jubilaciones deben ser conscientes de que dicha decisión expone a los trabajadores y jubilados al riesgo de perder sus haberes, en casos de que la billetera en la que cobren tenga dificultades o desmanejos económicos”, advirtieron.

Con esta afirmación, las cámaras buscan subrayar que el sistema bancario no solo opera con garantías legales y regulatorias más estrictas, sino que además está obligado a implementar sistemas de respaldo financiero, encajes y controles externos que las billeteras digitales no tienen.

Tensión entre bancos y fintech en medio de la reforma laboral

La discusión se inscribe en un contexto de fuerte competencia entre el sistema financiero tradicional y los nuevos actores del ecosistema digital. La reforma laboral propone ampliar el abanico de entidades donde pueden acreditarse haberes, un movimiento que beneficiaría directamente a las billeteras virtuales que buscan consolidarse como proveedores integrales de servicios financieros.

Para los bancos, esta flexibilización abre un escenario donde: se fragmenta el sistema de pagos, se reduce la trazabilidad, se amplifican riesgos operativos, y se debilita un ecosistema que consideran clave para la formalidad laboral.

Desde el lado fintech, si bien no se pronuncian en este texto, la expectativa suele estar enfocada en ganar participación en el mercado de pagos, profundizar la competencia y reducir costos de intermediación.

El debate promete escalar tanto en el Congreso como en el sistema financiero: mientras el Gobierno impulsa políticas de desregulación y competencia, los bancos buscan preservar el marco regulatorio vigente para el pago de salarios y jubilaciones, uno de los segmentos más sensibles del sistema.

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ANSES oficializó el aumento para diciembre de jubilaciones, pensiones y asignaciones

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este jueves un incremento del 2,34% en los haberes de diciembre para jubilados, pensionados y en los montos de las asignaciones familiares junto con los límites y rangos de ingresos del grupo familiar.

La actualización de los valores que estarán vigentes para el último mes del año se da en línea con el dato de inflación de octubre, siendo formalizados mediante las Resoluciones 359/2025 y 361/2025 publicadas en el Boletín Oficial.

El organismo previsional estableció en el texto oficial, “que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de diciembre de 2025, será de $340.879,59″. Mientras que el máximo, a partir del mes que viene, será de $2.293.796,92.

Como viene sucediendo hace más de un año, los que perciben la mínima cobrarán un bono de $70.000, y además en este mes se suma para todos los haberes el cobro del aguinaldo, por lo que las jubilaciones más bajas pasarán de $403.150 a $581.319.

  • Jubilación mínima: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo = $581.319,38
  • Jubilación máxima: $2.293.796,92 + aguinaldo = $3.440.695,38

En el documento oficial que lleva la firma del titular de ANSES, Fernando Bearzi, también se establecieron las bases imponibles mínima y máxima en $114.808,17 y $3.731.212,01, respectivamente, a partir del período devengado diciembre de 2025.

Al mismo tiempo, el organismo determinó que el importe de la Prestación Básica Universal (PBU), aplicable a partir del próximo mes, será de $155.936,86. Mientras que el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijó en la suma de $272.703,67. Con el bono de $70.000 y el aguinaldo, la PUAM ascenderá a $479.055.

Asignaciones familiares

Por otro lado, con la suba oficializada, los titulares de asignaciones universales para protección social pasarán a cobrar:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo: $122.492 (valor general)
  • AUH y Embarazo – Zona I (La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires): $159.240

AUH y Asignación Familiar Prenatal para trabajadores del sector formal – Valor general

  • Ingreso grupo familiar (IGF) no supera los $948.361: se cobrará por hijo $61.252.
  • IGF superior a $948.361 y de hasta $1.390.864: se cobrará por hijo $41.316.
  • IGF superior a $1.390.864 y de hasta $1.605.800: se percibirá por hijo $24.990. 
  • IGF mayor a $1.605.800 y de hasta $5.022.048, se cobrará por hijo $12.892.

Asignación por Hijo con Discapacidad – Valor general

  • Ingreso grupo familiar (IGF) no supera los $948.361: se cobrará por hijo $199.434.
  • IGF superior a $948.361 y de hasta $1.390.864: se cobrará por hijo $141.086.
  • IGF superior a $1.390.864: se percibirá por hijo $89.043.

Monotributo

En el caso de los contribuyentes del Monotributo, el monto a cobrar de las asignaciones familiares por hijo y prenatal varían según la categoría:

  • Categorías A: $61.252
  • Categoría B: $41.316
  • Categoría C: $24.990
  • Categorías D, E, F, G: $12.892

En cuanto a las asignaciones que la ANSES abona por única vez, entra las que están Matrimonio, Nacimiento y Adopción, a partir del mes que viene otorgarán los siguientes montos:

  • Nacimiento: $71.396
  • Adopción: $426.877
  • Matrimonio: $106.904
  • Ayuda Escolar Anual: $42.039 (valor general)

La suba que actualiza los montos detallados alcanza de igual manera a los veteranos de guerra, a los titulares del sistema previsional integrado argentino y a los de la prestación por desempleo, entre otros programas de asistencia económica.

En el artículo 4 de la normativa se aclaró que “la percepción de un ingreso superior a $2.511.024 por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar, excluye a dicho grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido”.

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El Gobierno oficializó bono extraordinario de $70.000 para jubilados con haberes mínimos

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El Gobierno otorgará un bono extraordinario de $70.000 a jubilados y pensionados en noviembre.

El beneficio alcanzará a titulares de haberes contributivos, no contributivos y PUAM. La medida busca compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada por los sectores de menores ingresos durante la vigencia de la anterior fórmula de movilidad.

Un refuerzo para los haberes más bajos en noviembre

El Poder Ejecutivo Nacional dispuso, a través del Decreto 771/2025, el otorgamiento de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 que será abonado por única vez en el mes de noviembre de 2025. La medida, publicada en el Boletín Oficial, tiene como finalidad compensar el deterioro del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados de menores ingresos, afectado por el desfase de la anterior fórmula de movilidad establecida por la Ley N° 27.609.

El decreto —firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello— abarca a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), las pensiones no contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y otras prestaciones a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El bono será liquidado por titular y tendrá un carácter no remunerativo, por lo que no estará sujeto a descuentos ni será computable para ningún otro concepto. En el caso de pensiones compartidas, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, el beneficio se considerará como un único pago.

Quiénes lo cobrarán y en qué condiciones

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2°, 3° y 4° del decreto, el Bono Extraordinario Previsional alcanzará a:

  • Jubilados y pensionados del SIPA y regímenes transferidos a la Nación.
  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Ley N° 27.260).
  • Titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez o maternidad de siete hijos o más, y pensiones graciables administradas por ANSES.

El monto total a percibir dependerá del nivel de ingresos del beneficiario:

  • Quienes perciban un haber igual o menor al haber mínimo previsional recibirán el bono completo de $70.000.
  • Aquellos que superen el haber mínimo obtendrán un monto variable, que ajustará su ingreso total hasta el equivalente al haber mínimo más el bono máximo establecido.

En todos los casos, los beneficios deben encontrarse vigentes en el mes de liquidación.

Compensación por los efectos de la fórmula anterior

El decreto fundamenta la medida en la necesidad de reparar los efectos adversos que generó la fórmula de movilidad jubilatoria de la Ley N° 27.609, en vigencia desde marzo de 2021, la cual —según el texto oficial— “no resguardaba el riesgo inflacionario que afectaba los haberes de los adultos mayores”, al no contemplar la variación de los precios y presentar un “gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes”.

En ese contexto, el Gobierno recuerda que desde enero de 2024 se implementaron distintos bonos compensatorios mensuales para mitigar el impacto en los sectores previsionales más vulnerables. La política se complementó con la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria mediante el Decreto N° 274/2024, que dispuso la actualización mensual de los haberes según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, a partir de julio de 2024.

Con este nuevo bono, el Ejecutivo busca sostener el poder de compra de jubilaciones y pensiones, manteniendo la pauta de asistencia transitoria a los haberes más bajos mientras se consolida el esquema de movilidad ajustado a la inflación.

Implementación y financiamiento

El decreto faculta a la ANSES a dictar las normas complementarias necesarias para la implementación, liquidación y control del bono, así como para la recuperación de percepciones indebidas.

La Jefatura de Gabinete de Ministros deberá realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes para garantizar el cumplimiento de la medida, cuyo costo fiscal se enmarca dentro de las partidas previsionales vigentes.

El beneficio entrará en vigencia a partir del mismo día de su dictado, es decir, el 27 de octubre de 2025.

Políticas de refuerzo

El Bono Extraordinario Previsional de $70.000 se suma a las políticas de refuerzo que el Gobierno viene aplicando desde 2024 para atenuar los efectos de la inflación en los ingresos de los jubilados y pensionados. En un contexto de alta sensibilidad social y ajuste fiscal, la medida apunta a preservar la capacidad de consumo de un sector que concentra más del 40% de los beneficiarios del sistema previsional nacional.

Si bien el decreto no establece nuevas fórmulas de cálculo, su implementación ratifica la continuidad del esquema de compensaciones directas como herramienta de contención económica, mientras se consolida la actualización automática por inflación dispuesta en 2024.

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Según un informe, salarios y jubilaciones “no logran recuperar nada de lo perdido” desde la asunción de Milei

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Un reporte del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía detalló, además, que la inflación “no ha vuelto a bajar” y lleva “casi 5 meses al alza”.

Un informe realizado por el Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) detalló que los salarios y las jubilaciones, al mes de septiembre, “no logran recuperar nada de lo perdido” desde el inicio del gobierno de Javier Milei, en diciembre del 2023.

El informe del MATE sostiene que la inflación “lleva casi cinco meses al alza”, siendo la última de agosto del 1,9%, y provoca “un valor que marca la persistencia del problema inflacionario”.

“Es un magro resultado teniendo en cuenta el alto costo social, financiero y productivo al que se sometió a la sociedad argentina con la excusa de bajar la inflación”, señaló el reporte económico.

Con relación al salario del sector público, quedó 19% por debajo del nivel de diciembre del 2023 y acumula 10 meses en ese mismo nivel.

De esta manera, cada trabajador del sector público perdió $8,1 millones desde el inicio del gobierno de Milei.

El salario del sector privado tampoco repuntó: se estancó cinco puntos por debajo del nivel que tenía al asumir Milei y, al igual que el de la administración pública, hace 10 meses que no crece.

Es decir, que desde diciembre del 2023 cada trabajador acumula una pérdida de $1,7 millones.

Con respecto a las jubilaciones, el poder de compra continúa estancado un 23% por debajo de 2023. Es decir, que cada jubilado acumula, en promedio, una pérdida de casi $4 millones.

En cuanto a la transferencia de ingresos que se produjo en la economía argentina, el informe del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía precisó que un total de $55 billones estuvo destinado a otros sectores de la economía como consecuencia de “la caída del costo salarial”.

De ese total, entre los sectores que más perdieron se encuentran los ingresos de los trabajadores asalariados (-$40,1 billones), la recaudación de la seguridad social (-$9,4 billones), las obras sociales (-$4 billones) y los sindicatos (-$1,5 billones).

“Con una inflación que no ha vuelto a bajar y lleva casi 5 meses al alza, los salarios y las jubilaciones no logran recuperar nada de lo perdido al inicio del gobierno de (Javier) Milei, configurándose así una nueva realidad con salarios y jubilaciones bajas para todos y todas”, señaló el MATE.

El Informe de la coyuntura económica, realizado por el Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía, elabora datos con información proveniente de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; el Ministerio de Economía; la Secretaría de Hacienda; el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y dependencias provinciales de estadísticas y censos, el Banco Central (BCRA); la Oficina Nacional del Presupuesto; la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES); la Comisión Nacional de Valores (CNV); la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA); y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, entre otros organismos.

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