Jubilaciones

Informe del IARAF: cuatro de seis sectores cerraron 2025 con ingresos reales negativos

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Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, la mayoría de los ingresos reales registrados en la Argentina perdió poder adquisitivo, en un período que coincide con el inicio de la gestión de Javier Milei. Así lo revela un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), difundido por el economista Nadin Argañaraz, que muestra caídas reales en cuatro de los seis sectores analizados. Solo dos grupos lograron ganarle a la inflación: los receptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los jubilados que cobran el haber mínimo sin bono.

El estudio cuantifica pérdidas y ganancias acumuladas en términos reales, expone diferencias significativas entre sectores públicos y privados y aporta un diagnóstico preciso sobre la evolución del poder adquisitivo en los primeros dos años del actual gobierno.

Pérdidas generalizadas: trabajadores y jubilados con bono, los más afectados

El informe de IARAF concluye que cuatro de los seis sectores con ingresos registrados terminaron 2025 con variaciones reales negativas respecto de noviembre de 2023. Entre los más golpeados aparecen los trabajadores públicos nacionales, los empleados del sector privado, los trabajadores públicos provinciales y los jubilados que perciben el haber mínimo más bono compensatorio.

En el caso de los asalariados del sector privado, el documento señala que “habrían finalizado el 2025 con una pérdida acumulada de poder adquisitivo equivalente al 80% del poder adquisitivo del mes de noviembre de 2023”. En términos concretos, esa merma equivale a 24 días del ingreso real de aquel mes.

Para los trabajadores públicos nacionales, la situación resulta aún más severa: la pérdida acumulada asciende a 7 ingresos reales de noviembre de 2023. El informe detalla que, aunque cobraron 25 salarios mensuales durante el período, esos ingresos equivalen en términos reales a 18 salarios de noviembre de 2023. En tanto, los trabajadores públicos provinciales cerraron 2025 con una pérdida acumulada de 2,8 salarios reales de referencia.

Los jubilados que cobran el haber mínimo más el bono tampoco lograron sostener su poder de compra. Según IARAF, este grupo perdió el equivalente a 1,4 ingresos reales de noviembre de 2023, reflejando el impacto de la inflación sobre una prestación que combina haber y refuerzos discrecionales.

En términos de pérdidas acumuladas, el informe subraya que los empleados públicos nacionales fueron el sector con mayor deterioro real, al resignar en 25 meses el equivalente a siete ingresos completos.

Los ganadores: AUH y jubilados sin bono le ganaron a la inflación

En contraste con el panorama general, el estudio identifica dos sectores con mejoras reales acumuladas. El primero es el de los receptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se consolidó como el principal ganador del período.

Según el informe, quienes perciben la AUH finalizaron 2025 con un mayor poder adquisitivo acumulado equivalente a 21,3 ingresos reales de noviembre de 2023. En términos prácticos, esto implica que, en 25 meses de ingresos, obtuvieron un ingreso extra equivalente a 21 ingresos reales de aquel mes base, lo que se tradujo en un aumento del 85% del ingreso real acumulado en dos años.

El segundo grupo con resultado positivo fue el de los jubilados que cobran únicamente el haber mínimo, sin bono. Para este segmento, el cierre de 2025 significó un aumento real acumulado de 0,8 haberes de noviembre de 2023, un desempeño que el propio informe destaca como exactamente opuesto al de los trabajadores privados registrados.

Poder adquisitivo y clase media: un deterioro persistente

El análisis de IARAF también aborda la evolución del poder adquisitivo al cierre de 2025, con resultados que refuerzan la tendencia observada en los ingresos acumulados. De acuerdo con lo explicado por Argañaraz, los trabajadores privados registrados llegaron a diciembre de 2025 con un poder de compra casi 1% por debajo del nivel de noviembre de 2023.

Para los trabajadores públicos nacionales, la pérdida fue mucho más profunda: 33% de poder adquisitivo, aproximadamente, respecto del mismo mes de referencia. Los empleados públicos provinciales, tras una fuerte caída inicial, cerraron el período con una pérdida real del 6,5%. En tanto, los jubilados que cobran haber mínimo más bono finalizaron 2025 con una merma del 7,5% en su poder de compra.

Del lado positivo, los jubilados que perciben solo el haber mínimo registraron una suba real del 9,3%, mientras que los beneficiarios de la AUH duplicaron su poder adquisitivo frente a noviembre de 2023, consolidándose como el sector poblacional con mayor mejora real en los últimos dos años.

El informe concluye que esta dinámica se traduce en una clase media más empobrecida, con fuertes asimetrías entre sectores y con un esquema de ingresos donde las políticas de transferencias sociales explican buena parte de las mejoras relativas.

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Según CEPA los jubilados tuvieron una pérdida del 27,4% en los haberes previsionales

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El cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria impulsado por el Gobierno desde diciembre de 2023 provocó una pérdida acumulada del 27,4% en los haberes previsionales, según un estudio privado. El impacto es mayor en quienes cobran la jubilación mínima, debido al congelamiento del bono compensatorio, una de las principales herramientas de refuerzo del ingreso. La modificación fue clave para el superávit fiscal, pero consolidó un deterioro del poder adquisitivo del sistema previsional.

La alteración del esquema se implementó a través del DNU 274/2024, que dejó sin efecto la Ley 27.609 y estableció un mecanismo de actualización exclusivamente atado a la inflación. De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), esta decisión implicó un quiebre en la dinámica de recuperación de los haberes y consolidó una pérdida real significativa.

El cambio de fórmula y la brecha en los haberes

Según el relevamiento de CEPA, tras los aumentos por inflación aplicados en diciembre, la jubilación mínima sin bono se ubicó en $340.886. Sin embargo, de haberse mantenido vigente la fórmula anterior, el haber mínimo habría alcanzado los $434.279, lo que representa una brecha mensual de $93.393 para los beneficiarios.

El informe sostiene que “la fórmula anterior, en el tiempo, hubiera sido superadora para los haberes jubilatorios, y se la eliminó intencionalmente antes de que se produjeran las mejoras”. En esa línea, remarca que la modificación por decreto se produjo en el “preciso momento en que la fórmula anterior podría haber significado una mejora real en los haberes”.

El esquema derogado combinaba la recaudación de la seguridad social y la variación salarial, dos variables que presentan rezagos respecto de la inflación y que, cuando los precios comienzan a desacelerarse, permiten una recuperación real del ingreso. Con el sistema actual, CEPA advierte que las jubilaciones “no perderán poder adquisitivo, pero tampoco podrán recuperar” lo ya perdido.

El bono congelado y el mayor impacto en la jubilación mínima

La situación es más crítica entre quienes perciben la jubilación mínima, debido al congelamiento del bono compensatorio. Desde marzo de 2024, este refuerzo se mantiene fijo en $70.000, lo que implicó una fuerte licuación de su valor real.

El análisis precisa que “mientras que los haberes se incrementaron entre marzo de 2024 y diciembre de 2025 un 154%, la mínima, con bono incluido, solo aumentó 101%”. Para conservar el poder de compra original frente a la evolución del haber básico, el bono debería haber ascendido en diciembre de 2025 a $177.485.

La diferencia de $107.485 mensuales representa, según el estudio, el recorte efectivo que enfrentan los jubilados de menores ingresos por la falta de actualización del refuerzo. En consecuencia, las jubilaciones con bono se ubican 16,8% por debajo de los niveles registrados en el último trimestre de la gestión anterior.

Efectos fiscales, vetos y fin de la moratoria previsional

El informe vincula directamente el cambio en la movilidad con la estrategia fiscal del Gobierno, al señalar que la nueva fórmula fue una de las herramientas que permitió alcanzar el superávit fiscal. Sin embargo, subraya que el ajuste recayó de manera significativa sobre el sistema previsional.

En términos históricos, el inicio de la actual gestión implicó un retroceso rápido de los haberes: una caída del 26,3% para las jubilaciones sin bono y del 21,3% para aquellas que lo perciben. Estos niveles sitúan el poder de compra actual un 3% por debajo del promedio de la década de 1990.

A este escenario se suman decisiones legislativas y administrativas. El informe recuerda que en agosto de 2025 el Poder Ejecutivo vetó una ley que preveía un aumento excepcional del 7,2% para completar la inflación de enero de 2024 y la actualización del bono a $110.000. De haberse aplicado, la jubilación mínima con bono “hubiera alcanzado en agosto los $446.935, recuperando el poder adquisitivo perdido” tras la asunción del actual gobierno.

Finalmente, la finalización de la moratoria previsional en marzo de 2025 agrava el panorama. Sin esta herramienta, CEPA advierte que “9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones que alcanzan la edad de retiro no pueden jubilarse” por no reunir los 30 años de aportes. En esos casos, solo pueden acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de una jubilación mínima y con una edad de acceso más elevada para las mujeres.

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El Gobierno oficializó el Presupuesto 2026 con eje en el superávit fiscal y una inflación proyectada del 10,1%

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El Gobierno nacional promulgó la Ley de Presupuesto 2026 (Ley 27.798), que fija gastos totales por $148 billones, un superávit primario del 1,5% del PBI y un resultado financiero positivo del 0,2%. La norma, sancionada por el Congreso el 26 de diciembre y publicada en el primer Boletín Oficial del año, establece además una inflación anual proyectada del 10,1%, un dólar a $1.423 para diciembre de 2026 y un crecimiento económico del 5%. El texto redefine prioridades de gasto, consolida el sendero fiscal y anticipa impactos clave sobre educación, jubilaciones, salud y el frente externo.

La oficialización del Presupuesto 2026 se concretó mediante decreto del Poder Ejecutivo, luego de la aprobación legislativa en el Senado con 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención. La ley se presenta como la hoja de ruta económica y financiera del Estado nacional para el próximo ejercicio y busca dotar de previsibilidad a la política fiscal, monetaria y cambiaria.

Marco macroeconómico y metas fiscales: superávit, crecimiento y tipo de cambio

El Presupuesto 2026 proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5%, acompañado por una inflación anual del 10,1%, en línea con un escenario de desaceleración inflacionaria. En materia cambiaria, el texto fija un tipo de cambio de $1.423 por dólar para diciembre de 2026, variable clave para el comercio exterior y la planificación de inversiones.

En el plano fiscal, la norma establece gastos totales por $148 billones, con un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,2%, consolidando el objetivo de equilibrio de las cuentas públicas. Según la ley, este resultado se apoya en una administración más estricta del gasto y en una expansión moderada de los recursos.

Las exportaciones aparecen como uno de los motores del crecimiento proyectado: el Presupuesto prevé un incremento del 10,6% interanual hacia finales de 2026, en un contexto de recuperación de la actividad y mejora del frente externo.

Asignación del gasto: universidades, jubilaciones, salud y educación

Entre los principales destinos del gasto, el Presupuesto 2026 asigna $4,8 billones a las universidades nacionales, garantizando su financiamiento operativo y de programas especiales. El texto también contempla un aumento del 5% en el gasto previsional, en un escenario de contención del déficit y revisión de compromisos del sistema jubilatorio.

En el área social, se destacan incrementos reales en partidas sensibles: el gasto en Salud crecerá un 17%, mientras que Educación recibirá un aumento del 8%, con impacto directo sobre programas, transferencias y funcionamiento del sistema educativo.

Estos lineamientos reflejan una priorización selectiva del gasto, orientada a sostener áreas consideradas estratégicas, en paralelo con el compromiso de mantener el resultado fiscal positivo.

PRESUPUESTO 2026 Ley 27798 by CristianMilciades

Previsibilidad y señales al mercado

Desde una perspectiva institucional, la sanción y promulgación del Presupuesto 2026 refuerza el rol del Congreso en la definición de la política económica anual y aporta previsibilidad al sector público y privado. La fijación de metas explícitas de inflación, tipo de cambio y resultado fiscal funciona como señal para inversores, provincias y agentes económicos.

En términos políticos, la aprobación con mayoría en el Senado, aunque con votos negativos, evidencia un escenario de debate intenso en torno al ajuste del gasto, la sostenibilidad del superávit y la distribución de recursos. Los sectores más directamente impactados por la norma serán el sistema universitario, los beneficiarios del sistema previsional, el sector salud, el educativo y las actividades exportadoras, que operarán bajo los supuestos macroeconómicos fijados por la ley.

Hacia adelante, la ejecución del Presupuesto será clave para evaluar la consistencia entre las proyecciones oficiales y la dinámica real de la economía, en un año en el que el equilibrio fiscal y la desaceleración inflacionaria se consolidan como ejes centrales de la política económica.

anexo PRESUPUESTO 2026 Ley 27798 by CristianMilciades

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El Gobierno otorgará un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 en enero de 2026

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El Poder Ejecutivo dispuso el otorgamiento de un Bono Extraordinario Previsional de hasta $70.000, que será abonado en enero de 2026 a jubilados, pensionados y titulares de prestaciones contributivas y no contributivas a cargo de la ANSES, mediante el Decreto 918/2025, dictado el 23 de diciembre de 2025 y publicado en el Boletín Oficial el 24 de diciembre. La medida apunta a compensar los efectos negativos de la fórmula de movilidad establecida por la Ley 27.609, especialmente sobre los beneficiarios de menores ingresos, y se inscribe en el esquema de asistencia previsional extraordinaria vigente desde enero de 2024.

El bono tendrá carácter no remunerativo, no estará sujeto a descuentos y no será computable para ningún otro concepto, reforzando el ingreso disponible de los adultos mayores alcanzados por la medida.

Fundamentos del decreto y antecedentes del sistema previsional

El decreto se apoya en la estructura normativa del sistema previsional argentino, conformado originalmente por la Ley 24.241, que creó el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), luego unificado en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) mediante la Ley 26.425, bajo un régimen público de reparto. A ello se suma la Ley 27.260, que instituyó la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y el marco de las pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y pensiones graciables.

En los considerandos, el Poder Ejecutivo señala que la Ley 27.609, que rige el índice de movilidad jubilatoria desde marzo de 2021, presentó “graves y serios inconvenientes”, al no contemplar la variación de precios y generar un “gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes”. Ese esquema, según el decreto, produjo efectos perjudiciales para jubilados y pensionados, en particular para aquellos de menores ingresos.

Como respuesta, desde enero de 2024 hasta diciembre de 2025 se instrumentaron ayudas económicas previsionales y bonos extraordinarios mensuales, mientras que el Decreto 274/2024 modificó la fórmula de movilidad, estableciendo desde julio de 2024 la actualización mensual de los haberes conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC. En ese contexto, el bono de enero de 2026 se define como una compensación adicional por los efectos acumulados de la normativa anterior.

Alcance del bono y criterios de liquidación

El Bono Extraordinario Previsional alcanzará a un amplio universo de beneficiarios. Según el artículo 2°, será liquidado por titular a:

  • Personas titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES otorgadas bajo la Ley 24.241, regímenes nacionales generales anteriores, regímenes especiales derogados o ex cajas provinciales y municipales transferidas a la Nación, cuya movilidad se rija por el artículo 32 de la Ley 24.241, así como las prestaciones del régimen del Decreto 160/2005.
  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
  • Titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y graciables a cargo de la ANSES.

El decreto establece dos criterios de cálculo:

  • Para quienes perciban haberes totales iguales o inferiores al haber mínimo previsional garantizado, el bono será abonado en su monto máximo, fijado en $70.000.
  • Para quienes superen el haber mínimo, el bono será variable, de modo tal que la suma del haber previsional y el bono no exceda el tope resultante del haber mínimo más $70.000.

En todos los casos, los beneficios deberán encontrarse vigentes en el mes de liquidación, y en el caso de pensiones con copartícipes, estas serán consideradas como un único titular a los fines del derecho al bono.

Impacto fiscal, institucional y proyección

Desde el punto de vista institucional, el decreto faculta a la ANSES a dictar las normas complementarias necesarias para la implementación, pago, control y eventual recupero de percepciones indebidas, mientras que la Jefatura de Gabinete de Ministros deberá realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes para financiar la medida.

El impacto económico del bono se concentrará en enero de 2026, reforzando el ingreso disponible de los sectores previsionales de menores recursos y manteniendo la lógica de transferencias compensatorias extraordinarias que caracterizó la política previsional durante 2024 y 2025. La decisión también anticipa que, aun con la nueva fórmula de movilidad indexada por inflación, el Ejecutivo considera necesario instrumentar refuerzos adicionales para amortiguar los efectos de los cambios normativos previos sobre los haberes.

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Aumentos previsionales no frenan la caída del poder adquisitivo de los jubilados

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La discusión sobre el envejecimiento poblacional, la sostenibilidad de los sistemas de retiro y la pérdida del poder adquisitivo de los adultos mayores se repite en buena parte del mundo, y Argentina no queda al margen de estas tensiones. En un contexto regional donde los países enfrentan desafíos similares, desde haberes insuficientes hasta aumentos en los costos de vida y dificultades para sostener la cobertura previsional, el debate sobre las jubilaciones se vuelve ineludible. 

Y es que mientras América Latina intenta equilibrar sus sistemas con reformas parciales y medidas coyunturales, la situación en Argentina se vuelve un espejo que refleja tanto las fragilidades estructurales de la seguridad social como las consecuencias cotidianas que enfrenta la población mayor. A partir de este escenario global, el Informe N.° 7 de Seguridad Social de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) expuso que, pese al incremento de los aportes, el sistema previsional argentino volvió a mostrar déficit a septiembre de 2025. 

Este retroceso se dio en paralelo a una caída del poder adquisitivo de las jubilaciones, cuyos aumentos nominales fueron insuficientes para contrarrestar el efecto de la inflación. Según el estudio, los recursos de la Seguridad Social crecieron 2,8% interanual en términos reales, pero con una reconfiguración de sus fuentes, ya que los Aportes y Contribuciones aumentaron en 5 billones de pesos y pasaron a representar más del 60% del total, compensando parcialmente la eliminación del Impuesto PAIS. El resto provino de impuestos indirectos altamente sensibles a la actividad económica, como el de Créditos y Débitos Bancarios (+5,7%), el de Combustibles (+68,4%) y el Monotributo Impositivo (+122%).

Sin embargo, ese aumento de recursos no logró equilibrar el gasto. Las erogaciones del sistema previsional crecieron 12,2% interanual, impulsadas principalmente por las Prestaciones Previsionales del SIPA, que avanzaron 16,4%. También aumentaron las Asignaciones Familiares (15,7%), mientras que las Pensiones No Contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor mostraron una caída del 4,5%. La estructura del gasto dejó en evidencia la enorme concentración del sistema en el pago de haberes y solo las jubilaciones y pensiones del SIPA representan el 68,6% del total.

En ese marco, el haber medio alcanzó los 675.510 pesos en septiembre, con una evolución nominal apenas positiva que no logró compensar la inflación. En el caso del haber mínimo con refuerzo, se ubicó en 390.277 pesos, pero su trayectoria fue descendente debido al congelamiento del bono de 70.000 pesos . Como consecuencia, la mitad de los jubilados sigue perdiendo capacidad de compra, especialmente aquellos que dependen exclusivamente del ingreso mínimo para sobrevivir.

La situación se agrava al analizar cuánto pueden cubrir esos ingresos frente al costo de vida real. La Defensoría de la Tercera Edad estimó en octubre una canasta básica de 1.514.074 pesos, que escaló 26,1% en apenas seis meses. Dentro de ese incremento, los medicamentos mostraron una suba alarmante del 54,8%, convirtiéndose en el rubro de mayor incidencia dentro del gasto mensual de un adulto mayor. 

Solo en fármacos, el promedio asciende a 402.880 pesos, cifra superior al monto completo que recibe un jubilado con la mínima. En tanto, los alimentos alcanzan los 348.000 pesos, la vivienda se eleva a 294.000 pesos y los servicios rondan los 123.050 pesos , dejando claro que el ingreso previsional apenas cubre una cuarta parte del gasto total estimado. 

En paralelo, la cobertura previsional también mostró un retroceso. De acuerdo al último dossier estadístico del INDEC, el porcentaje de personas en edad jubilatoria que recibe un beneficio -relevado hasta 2022- cayó del 88,7% al 82% en el tercer trimestre de 2024. La contracción fue más marcada entre los hombres, cuyo acceso bajó del 89,2% al 73% en un año. Esta caída refleja un escenario donde cada vez más personas mayores quedan fuera del sistema, ya sea por falta de aportes suficientes o por dificultades administrativas y laborales acumuladas durante décadas.

En un contexto donde los haberes no alcanzan, la prolongación de la vida laboral se vuelve una respuesta recurrente. El INDEC señaló que el 17,1% de las personas en edad jubilatoria continúa trabajando, especialmente entre los 60 y 74 años. Las razones varían según el nivel socioeconómico, pues entre los sectores más vulnerables predomina la necesidad económica, mientras que entre los de mayores ingresos influyen factores como ocupaciones menos exigentes y el deseo de mantenerse activos. 

Se suma a esto una brecha de género persistente. Las mujeres mayores perciben, en promedio, un 27% menos que los hombres y son quienes más recurren a las moratorias para poder acceder a una jubilación. Por su lado, el 80,3% de los varones logró jubilarse mediante aportes, en el caso de las mujeres ese porcentaje se reduce al 59,6%. Además, el 36,6% de ellas accede al beneficio vía moratoria, más del doble que los hombres. Las trayectorias laborales interrumpidas y la carga desproporcionada de tareas domésticas aparecen como las principales causas detrás de estas diferencias.

Esta brecha económica condiciona la calidad de vida durante la vejez y agrava la vulnerabilidad en un escenario de inflación persistente; a todo esto se suma el costo habitacional. Para quienes no tienen vivienda propia, la canasta les asigna un gasto mínimo de 294.000 pesos, lo que convierte al alquiler en un factor crítico en la ecuación del bienestar. En este escenario, miles de jubilados deben elegir entre pagar la renta, comprar medicamentos o alimentarse con lo básico.

Frente a un sistema deficitario, con menos aportantes y un gasto creciente, la conclusión de ASAP resulta contundente: la seguridad social enfrenta un deterioro estructural donde los ingresos crecen más lento que las necesidades, los haberes no logran recomponerse y la cobertura se reduce. En consecuencia, cada vez más adultos mayores viven con menos y dependen de estrategias individuales para sobrevivir, desde prolongar su vida laboral hasta recurrir a familiares, endeudarse o incluso tomar préstamos personales para cubrir gastos básicos que su jubilación no logra afrontar.

Envejecimiento poblacional en Argentina

El acelerado envejecimiento poblacional en Argentina agrega un elemento estructural más al desafío que enfrenta la seguridad social. Un nuevo informe elaborado por Argendata, plataforma dedicada al análisis de datos y estadísticas nacionales, advierte que el país está atravesando una transformación demográfica profunda, cuyos efectos ya comienzan a sentirse en el sistema previsional. El fenómeno, iniciado a comienzos del siglo pasado, modificó de manera drástica la composición por edades y anticipa una presión creciente sobre los recursos destinados a cubrir jubilaciones, pensiones y programas asistenciales para la población mayor.

Según este reporte, la pirámide poblacional argentina experimentó un cambio sustancial desde 1869. En aquel entonces, más del 54% de la población tenía menos de 20 años, reflejando una sociedad joven, con altas tasas de natalidad y una expectativa de vida limitada. Hoy esa proporción se redujo a menos del 30%, mientras que el segmento de mayores de 65 años pasó del 1,9% al 12,4% del total, consolidando un proceso de envejecimiento que se acentúa año tras año. 

Este viraje responde a dos tendencias simultáneas, una de ellas es la caída sostenida de la fecundidad, así como la disminución de la mortalidad, que permite que más personas alcancen edades avanzadas. Ambas fuerzas conforman la conocida transición demográfica, un proceso que siguen los países a medida que mejoran sus condiciones de vida y avanzan en su desarrollo.

Uno de los indicadores más ilustrativos es la edad mediana. De apenas 17 años en 1869 pasó a superar los 32 en 2025, con un incremento de más de cinco años solo entre 2000 y 2025. Este ritmo acelerado indica que Argentina envejece más rápido en períodos recientes, lo que implica un desafío adicional para un sistema previsional ya presionado por la caída de aportantes y el aumento sostenido del gasto. 

A nivel provincial, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encabeza la lista de jurisdicciones con mayor proporción de personas centenarias en Argentina, con 23,8 por cada 100.000 habitantes. En segundo lugar se ubica Río Negro, que registra 15,1, seguida por Corrientes con 13,0. Más abajo aparecen Santiago del Estero, también con 13,0, y Entre Ríos, que alcanza 12,8. 

Ante esto, el análisis subraya que el país aún transita un bono demográfico, una ventana favorable en la que la población en edad de trabajar supera a la dependiente. Esta etapa, iniciada en los años 90, permite potenciar el ahorro, la inversión y el crecimiento económico, siempre que existan políticas públicas capaces de transformar esa oportunidad en bienestar real. De lo contrario, Argentina podría enfrentar en pocos años un sistema previsional aún más tensionado, con una población mayor que crece más rápido que los recursos para sostenerla.

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