Puerto Iguazú tiene nuevo juez federal

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Tras un empate, definido a favor por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamorael oficialismo en el Senado consiguió este jueves aprobar una serie de pliegos judiciales, entre los que se destaca el de la jueza Ana María Figueroa, quien cumplió 75 años de edad el 9 de agosto pasado, por lo que la Corte Suprema de Justicia dispuso el 6 de septiembre que deje el cargo.

La designación propuesta por el Poder Ejecutivo -que extiende por cinco años su magistratura- resultó con 35 votos a favor y 35 en contra. Durante la votación, la vicepresidenta Cristina Kirchner no estuvo presente en el recinto, por eso definió a favor con su voto la santiagueña Ledesma Abdala de Zamora.

A continuación, detallamos los nombres de los pliegos que obtuvieron luz verde este jueves en la Cámara alta: 

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, al doctor Enrique Nicolás Baronetto;  

Defensora Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, a la doctora Alfonsina Bava

Defensor Público Oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, Defensoría N° 2, al doctor Agustín Carrique

Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a la doctora Verónica Raquel Escribano

Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Tartagal, provincia de Salta, al doctor Luis Francisco Valencia

Defensora Pública Oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, a la doctora María José Bonifacino

Defensor Público Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de San Martín, provincia de Buenos Aires, Defensoría N° 4, al doctor Alejandro Marcelo Arguilea

Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero a la doctora Ana Carina Farías

Defensora Pública Oficial ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes a la doctora Rosana Leonor Marini

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Rosario, provincia de Santa Fe, al doctor Román Pablo Lanzón

Fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Jujuy, Fiscalía Nº 1, a la doctora Lucía Romina Orsetti

Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de La Rioja al doctor José Nicolás Celestino Chumbita

Defensor Público Oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, al doctor Manuel Maximiliano Baillieau;  

Fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Rosario, provincia de Santa Fe, Fiscalía N°2, al doctor Matías Felipe Scilabra

Defensora Pública Oficial ante la Cámara Federal de Apelaciones y los Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, provincia de Buenos Aires, a la doctora Rosario Muñoz

Defensora Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, a la doctora Marcela Silvina Lamas

Defensor Público Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario, provincia de Santa Fe, Defensoría Nº 3, al doctor Ramiro Dillon Villamayor

Defensora Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Santiago del Estero a la doctora Silvina Soledad Leal Castaño

Defensora Pública de Víctima con asiento en la provincia de Corrientes a la doctora Patricia Isabel Kenny

Defensora Pública Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, a la doctora Paula Susana Muniagurria

Defensor Público Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe al doctor Pablo Andrés Vacani

Defensora Pública Oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de San Salvador de Jujuy a la doctora María Victoria Nager

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy al doctor Diego Martín Matteucci

Defensor Público de Víctima con asiento en la Provincia de Jujuy al doctor Gonzalo Stordeur

Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, al doctor Marcelo Alejandro Cardozo;  

Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Jujuy a la doctora Carina Inés Gregoraschuk

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, al doctor Roberto Fernando Minguillón

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, al doctor Martín Luciano Poderti

Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán al doctor Fernando Luis Rodolfo Poviña

Vocal de la Cámara Federal de Casación Penal a la doctora Ana María Figueroa

Defensor Público Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, provincia de Entre Ríos, al doctor Mauricio Gabriel Zambiazzo

Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de San Rafael, provincia de Mendoza, al doctor Omar Abdón Bittar

Fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Jujuy, Fiscalía Nº2, al doctor Sebastián Gabriel Jure.

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El Gobierno oficializó el nombramiento de Gallandat como Juez Federal de Oberá

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A través del Boletín Oficial, el Gobierno oficializó este martes el nombramiento de seis jueces, entre ellos a Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá, y tres defensores públicos oficiales, luego de que el Senado prestara acuerdo para sus respectivos pliegos.

A través de los decretos 573, 574, 576, 578, 579 y 580, publicados este martes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo nombró a Herman Mendel como integrante del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo número 30 de la Capital Federal; a Lucrecia Pedrini en el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo número 55 de la Capital Federal; y a Eliana Beatriz Ratta Rivas y Daniel Alejandro Doffo en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan.

También designó a Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá; y a María Gabriela D´Angelo en el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo número 48 de la Capital Federal.

En tanto, mediante los decretos 575, 571 y 577 la Casa Rosada designó como defensores públicos oficiales ante los Juzgados Nacionales en los Criminal y Correccional Federal y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal a Hernán Diego Silva; ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de La Plata a Pablo Eduardo Ordoñez; y ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de Mendoza a Jorge Omar Miranda.

Juzgado Federal de Oberá

En mayo pasado, Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga, expuso ante la Comisión de Acuerdos del Senado, entre los que se encontraban los senadores Madgalena Solari Quintana y Mauri Closs.

Gallandat dio entonces su conformidad a la ley que obliga a los jueces a pagar ganancias, como los demás ciudadanos, y por secretaría presentó un plan de acción para su gestión como juez federal en Oberá. “No veo objeciones para que un juez de la Nación pague impuesto a las ganancias”. afirmó.

Ante la comisión presidida por el senador de Salta, Rodolfo Urtubey mencionó el grave problema del narcotráfico, el narcomenudeo y las adicciones en crecimiento.

Citó en esta caso al obispo de Oberá, Damián Santiago Bitar, quien presentó ese flagelo ante el Papa Francisco en su reciente visita ad limina apostolorum en la Santa Sede, en el mes de abril

El juzgado de Oberá es uno de los tres de Misiones junto a los de Posadas y Eldorado. Gallandat mencionó su actividad profesional en Panamá, Buenos Aires y Posadas. No pasó por alto su sobresaliente actividad en el tenis deportivo, que lo llevó a residir varios años en Suiza.

Gallandat recordó ante aquella comisión senatorial que trabaja en sendas fundaciones en las que fue fundador y cofundador como la Asociación Civil Grupo Solidario y la de Transparencia.

Al citar el equipo del Juzgado creado en 2003, con una planta de 49 empleados, dijo que “la lucha más importante es el que el trabajo sea eficiente y eficaz como para tener la mayor cantidad de resoluciones jurídicas de calidad en el juzgado”.

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Juez federal de Paraná declaró inconstitucional la aplicación de fotomultas en Misiones

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Un entrerriano fue multado en la provincia mesopotámica, y al no ser notificado en el lugar se consideró ilegal el acto. El fallo sentaría un precedente para ser aplicado en todo el país.
UNO Entre Ríos – La Justicia Federal de Paraná declaró inconstitucional las multas a través del sistema de fotomultas que funciona en la provincia de Misiones. Se entendió en el pronunciamiento del magistrado de la capital entrerriana que tienen un fin recaudatorio y no el fijado por la ley nacional de Tránsito. Esta decisión sienta un precedente que podría provocar que se declaren inconstitucionales los mecanismos de infracciones de otras provincias.
En las últimas horas del jueves el juez federal N° 2 de Paraná, Daniel Alonso resolvió declarar inconstitucionales las leyes provinciales de Misiones “que autorizan prescindir del claro mandato legal del artículo 70° del Reglamento Nacional de Tránsito sobre rutas de jurisdicción nacional”.
De esa manera, el juez hizo lugar al amparo presentado por paranaense Diego Beber Brunner, declarando la nulidad del acta de infracción de tránsito que se le impuso en Misiones.
En el expediente, se conoció que el conductor de Paraná hizo una presentación de amparo en la Justicia Federal contra la provincia de Misiones, impugnando por “manifiesta ilegitimidad el acta de comprobación de infracción emitida por la demandada y solicitando la suspensión del proceso administrativo iniciado por la Policía de Misiones”.
El problema de fondo era establecer cuál era el verdadero fin de los operativos con radares y fotomultas, si existía un interés recaudatorio, o bien había un fin sancionatorio y reflexivo en el sistema.
Por los descargos que hicieron la policía y la provincia de Misiones, solo se tuvo en cuenta la emisión de la multa y su posterior interés en intimar al infractor que debería saldarla en un tiempo perentorio.
Similar a lo sucedido en Entre Ríos
Se recordará que en la provincia de Entre Ríos, el Superior Tribunal de Justicia declaró inconstitucional el uso de radar y cobro de fotomultas por parte de la policía provincial, como también las municipalidades. Se objetó que había un interés recaudatorio, y que los conductores con infracción se enteraban de las multas al llegarle a sus casas las cartas con las intimaciones de pago acompañadas de la foto con la aparente infracción.
De ese modo, el gobierno provincial y la policía trabajaron en avanzar con los controles manteniendo los radares, para lo cual sólo serían admitidas las multas que fueran notificadas a los conductores en los mismos procedimientos.
Para ello la Policía diagramó los operativos que deberían ser anunciados con antelación, y luego de comprobarse una infracción de un automovilista, el mismo debería ser notificado y advertido de la transgresión en un próximo puesto de control de la fuerza, así como se le debería notificar a quien conduce qué tipo de sanción recibiría.
El análisis en el juzgado de Alonso se inició con el amparo presentado por el conductor de Paraná. Al regresar de sus vacaciones le llegó una carta a su domicilio. Había sido multado en Misiones, en la ruta nacional 12 por un exceso de velocidad.
En el expediente se constató la multa del 9 de enero de 2019. Allí fue sancionado el automóvil y con la patente se estableció el domicilio y de allí el envío de la carta al titular del auto.
El conductor nunca fue notificado, y se enteró de la supuesta infracción cuando le llegó a su domicilio la copia con la multa y la intimación de pago.
Ante esto, el juez marca con claridad que tiene la facultad de intervenir por contar con la competencia que le otorga la propia Constitución Nacional.
En los argumentos, Alonso marca que al hacer su descargo la provincia de Misiones, “solo se limitó a marcar la multa grave, pero no se dispuso la retención de la licencia”, como tampoco se lo notifica de la infracción.
El juez federal alertó que el mecanismo de multa de Misiones “no fue corroborada siguiendo la metodología establecida por el artículo 70 de la ley Nacional de Tránsito, sino por un sistema automático incapaz de actuar como mecanismo preventivo de siniestralidad vial”.
También inquirió el magistrado de Paraná: “Cuál sería la actividad preventiva cuando se permite que el presunto infractor continúe circulando supuestamente en infracción”.
No se verificó quién conducía, quién fue el policía que labró el acta, por qué iba con una excesiva velocidad y otras exigencias que reclama la Ley Nacional de Tránsito cuando autoriza el cobro de una multa por infracción sin afectar las garantías constitucionales.
Solo se identificó al supuesto conductor por la chapa patente, “sin haber realizado el mínimo esfuerzo para individualizar al conductor presuntamente infractor, es como responsabilizar al titular dominial de un inmueble donde se cometió un ilícito por su sola condición de tal”.
Este procedimiento “de comprobación automática de la eventual infracción, aparece viciado en su legitimidad formal y tal vicio conculca elementales garantías constitucionales y legales”, entendió el juez federal. Por ello, consideró necesario declarar “nula el acta de infracción de tránsito realizada por Misiones”.
Ante esto es que dispuso considerar “inconstitucional la normativa legal de la provincia de Misiones, en tanto autoricen prescindir del claro mandato legal del artículo 70 de la ley Nacional de Tránsito (24.449) sobre rutas de jurisdicción nacional, haciendo lugar a la acción de amparo promovida por Brunner”.

El juez Federal Daniel Alonso. Foto: Javier Aragón

Precedente y futuras inconstitucionalidades
Al fallo de juez Alonso se lo considera inédito a nivel nacional y podría provocar un antes y un después en el cobro de multas en las provincias.
La resolución del magistrado brinda un precedente judicial, ya que cualquier ciudadano de Entre Ríos que llegue a ser sancionado en otra provincia, sin ser notificado y alertado de la infracción, podría presentarse en los estrados judiciales promoviendo un amparo como el analizado en el caso de la provincia de Misiones.
En los últimos tiempos se han hecho famosas las modalidades a la hora de multar en Córdoba, Santa Fe y otros estados provinciales, por lo que en caso de ser idénticas las acciones de las fuerzas de seguridad, podrían recibir la misma declaración de nulidad del acta de infracción como de inconstitucionalidad de la ley provincial que ampare los controles en rutas nacionales violando la ley nacional de Tránsito.
Otro punto que se aclaró a UNO, es que para que sea válida la intervención de la Justicia Federal, el afectado que recurra con una infracción de tránsito, la misma se deberá haber impuesto en una ruta nacional.

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