JUJUY

El gobierno de Jujuy demandó a petroleras por “daño ambiental colectivo”

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El área afectada es el Parque Nacional Calilegua, debido a aguas contaminantes que fluyen de un pozo cerrado y abandonado en 1970, informó el ministerio de Ambiente provincial.

El gobierno de Jujuy demandó este miércoles por “daño ambiental colectivo” a empresas petroleras para que reparen el área afectada en el Parque Nacional Calilegua por aguas contaminantes que fluyen de un pozo cerrado y abandonado en 1970, informó la ministra de Ambiente provincial, María Inés Zigarán.

“En la fecha nos presentamos con una demanda en la Justicia Federal por daño ambiental colectivo pidiendo la reparación del área y el cese de las situaciones” que lo provoca, con un planteo “contra todos aquellos que hayan tenido la concesión del pozo en su momento”, dijo Zigarán a la prensa.

La demanda fue presentada por la procuradora general de la provincia, Josefa Herrera, con el patrocinio de Mariano Zurueta, ante el Juzgado Federal de Jujuy y en los términos del artículo 28 de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

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La CIDH recomienda otorgarle la prisión domiciliaria a Milagro Sala

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado Nacional que brinde prisión domiciliaria a la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, y la Casa Rosada cursó el pedido de inmediato a “las autoridades judiciales y administrativas de la Provincia de Jujuy”.

De esta manera, el organismo internacional otorgó una medida cautelar a la referente social pidiéndole al Gobierno “medidas alternativas” a la prisión preventiva. En ese contexto, la CIDH sugiere el arresto domiciliario, o bien, que Sala “pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le propinó una revés a la dirigente kirchnerista Milagro Sala al recomendarle al Gobierno Nacional que procure la adopción de “medidas alternativas” para la prisión preventiva que la líder de la Tupac Amaru cumple en Jujuy imputada por diversos delitos.

De esta forma, la CIDH convalidó la detención de Sala a pesar de que su intervención había sido producto de una presentación de organizaciones de Derechos Humanos que denunciaron que la dirigente es una “presa política” del gobierno de Gerardo Morales, en Jujuy.

De hecho, en una primera pronunciación, a fines de 2016, el organismo dependiente de la OEA se había hecho eco de la recomendación del Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria de la ONU, que había instado al Gobierno a dejar a Sala en libertad de manera inmediata.

No obstante, tras una visita al penal de Alto Comedero, donde Sala está alojada, la CIDH recomendó “medidas alternativas” en el marco de la detención como “el arresto domiciliario”, o bien que la líder de la Tupac Amaru “pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica”.

Así surge de un resumen del dictamen donde se le solicita al Estado que “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de la señora Milagro Sala”.

Para arribar a esa conclusión, la CIDH tomó en cuenta “la excepcionalidad de la prisión preventiva, y el agravamiento de la situación de riesgo a la vida e integridad personal como resultado de las particularidades que tiene la continuidad de la privación de libertad de la beneficiaria, así como los presuntos hostigamientos que habría enfrentado y la necesidad de salvaguardar tales derechos”.

Además, le piden al Gobierno que “informe, dentro del plazo de 15 días contados a partir de la fecha de la presente resolución, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualice dicha información en forma periódica”.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación emitió luego un comunicado confirmando la noticia. “Respecto a las medidas solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado Argentino, en relación con las condiciones de detención de la señora Milagro Sala -tendientes a garantizar su integridad personal-, el Gobierno Nacional comunicará dicha solicitud a las autoridades judiciales y administrativas de la Provincia de Jujuy para su conocimiento e intervención, en el marco del pleno respeto a la independencia de poderes y las autonomías provinciales”, dice.

“El Gobierno Nacional reafirma su apoyo y respeto al sistema interamericano de derechos humanos, reiterando su compromiso con la defensa de las garantías individuales, para avanzar en el fortalecimiento de nuestra democracia”, concluye el texto.

Por su parte, el CELS, ONG que impulsó la presentación ante la CIDH, afirmaba en una conferencia de prensa que el pronunciamiento de la organización internacional es “una cautelar a favor de Milagro Sala y establece que debe ser liberada”. “El Estado argentino debe cumplir de inmediato con la cautelar de la CIDH y liberar a Milagro Sala”, agregaron.

Vale recordar que Sala está detenida desde el 16 de enero de 2016, cuando la Justicia de Jujuy ordenó su detención por presunta instigación, tumulto y sedición durante una protesta social organizada por la Tupac Amaru.

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Lanzaron un “compromiso provincial” contra la violencia hacia las mujeres

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El gobierno de Jujuy lanzó una campaña de concientizacion que pretende llegar a cada rincón de la provincia para dar batalla contra la violencia de género.

El gobierno de Jujuy lanzó este jueves una campaña comunicacional de concientizacion que pretende llegar a cada rincón de la provincia, con la adhesión por parte de la sociedad a un “compromiso” con el que se dé batalla a la violencia hacia las mujeres, a partir de estar informados e involucrarse en atacar la problemática.

“Todos tenemos que comprometernos en esta lucha porque se trata de una batalla cultural en la que no alcanza con las medidas de políticas públicas”, aseguró el gobernador Gerardo Morales, quien encabezó el lanzamiento del “compromiso provincial” ante la presencia de referentes de los distintos poderes y de la sociedad civil, que fueron los primeros en firmar el acuerdo.

Al convocar a todos los jujeños adherir a la iniciativa, y habiendo alcanzando Jujuy, en 2016, la tasa de femicidios más alta del país según datos de la Corte Suprema, el mandatario explicó que la idea es que todos puedan “conocer los protocolos, saber a qué número hay que llamar, cuándo hay que hacer una denuncia”, entre otros.

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La educación, esa arma poderosa

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Quienes nacieron después de 1983, tienden a pensar que la democracia y el respeto a las normas son parte del cotidiano. Derechos adquiridos e inalienables. Nada de eso. La democracia no es un derecho, sino una construcción. Diaria. Que debe sostenerse, fortalecerse y alimentarse.

Hace 30 años estuvo en riesgo, cuando los militares hicieron la primera sublevación “carapintada”, en la Semana Santa de 1987, liderados por el teniente coronel Aldo Rico, un comando que estaba al frente del Regimiento de Infantería de San Javier, en Misiones.

Estuvo al borde de la disolución durante la crisis de fin de siglo pasado, que hizo eclosión con la huida del fugaz presidente radical Fernando De la Rúa, dejando un legado de muertos y una sociedad empobrecida y hambreada. “Que se vayan todos”, pedía la sociedad a gritos.

Hoy no hay riesgos de asonadas militares y la oposición está decididamente colaborando para que al Gobierno, como institución, le vaya bien. No hay clima destituyente ni nada que se le parezca. Pero los derechos que nutren a la democracia, que le dan sentido, son acosados permanentemente y están, cada uno, en peligro de extinción. Y no es por un esfuerzo opositor, sino por acciones y omisiones del propio Gobierno.

El allanamiento de la Policía jujeña a una Universidad, de donde se llevaron detenidos a dos estudiantes, es un alarmante retroceso. No se recuerdan antecedentes de una Policía irrumpiendo en una universidad desde la recuperación de la democracia.

En la provincia de Jujuy, gobernada por el radical Gerardo Morales, sin embargo, todo es posible, como tener encarcelada a una militante social hasta “probarle” los delitos. O autorizar a la Policía entrar a los empujones en una universidad y detener a dirigentes estudiantiles, violando la respetada autonomía universitaria. El relato de Joaquín Quispe, el presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Jujuy, parece sacado de las horas más oscuras de la Dictadura cívico-militar y remite indefectiblemente a la Noche de los Bastones Largos, cuando el presidente de facto, Juan Carlos Onganía ordenó el desalojo de cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires, ocupadas por estudiantes que se oponían a la intervención de las casas de estudio.

Morales es uno de los principales aliados del presidente Mauricio Macri y pertenece a la Unión Cívica Radical, socio menor de la alianza gobernante. La UCR quiere el año que viene celebrar el centenario de la Reforma Universitaria, de la que se ufana, por siempre, la colorida Franja Morada.

Morales hizo silencio, pero a través de las redes sociales esbozó unas disculpas y “repudió” el accionar de la Policía. De lejos, como si no fuera él el jefe político de la fuerza. Dijo que dispuso la “separación” de los responsables del operativo, pero nada más sobre los que comandan la fuerza de seguridad.

 

Sumiso, el radicalismo no ha dicho nada de la detención de los estudiantes acusados de cometer una “contravención”.

Es poco probable que lo hagan. Han defenestrado la lucha docente por la apertura de paritarias federales y, asumen como propio el discurso macrista que todo reclamo lo vincula con el kirchnerismo.

Es paradójico para la historia del radicalismo. La Carpa Blanca, montada el 2 de abril de 1997, contra las políticas de ajuste de Carlos Menem, después de extensas huelgas docentes durante el año anterior –en Misiones hubo un paro que duró 45 días-, fue una de las simientes del triunfo de la Alianza en 1999. Marta Maffei (dirigente de la CTERA en ese momento) llamó a los docentes a “saber votar” y la carpa se desarmó un mes después de haber asumido Fernando De la Rúa.

Ya como parte de otra alianza, con el PRO, el radicalismo volvió a montar una carpa, esta vez contra una reforma judicial impulsada por el kirchnerismo, recordada no por sus efectos, sino por la foto caricaturesca del hijo de Don Raúl tocando las partes íntimas de Alfonso Prat Gay.

Ya en el Gobierno, y alentados por un electorado afín, están decididos a limitar el uso del espacio público siempre que sea una protesta en contra de sus políticas. No es una mirada aislada, sino que es una estrategia deliberada. Ahora apareció en el Congreso un proyecto para penalizar con hasta diez años cárcel a quienes participen en manifestaciones públicas “a cara tapada” o con “elementos contundentes”, limitando de esta manera el derecho constitucional de peticionar.

No es la única reforma en mente. Aunque ya no le dan los tiempos, en Cambiemos piensan eliminar las elecciones de medio tiempo para “evitar la politización” de corto plazo. La iniciativa fue deslizada primero por la vicepresidenta, Gabriela Michetti, en el momento en que peor le daban las encuestas.

El radical Mario Barletta cuestionó la “excesiva exigencia” que impone cada año electoral y sostuvo que Santa Fe, su provincia, funciona bien sin renovación parlamentaria intermedia.

Hoy la imagen del Presidente está mejor. Incluso fortalecida por el respaldo callejero de sus votantes. Pero una encuesta realizada por el consultor Gustavo Córdoba, revela que una mayoría votará en contra de los candidatos del Gobierno en las legislativas de octubre.

Es mayoría la que cree que la economía seguirá empeorando. El 32,8 piensa que estará peor y el 19,4, que seguirá “igual de mal”. Los optimistas son el 34,4 por ciento y los que esperan que siga “igual de bien”, el 9,1 por ciento.

Es allí donde Macri muestra las mayores flaquezas, pese a que era una de las promesas potenciales de éxito. La economía no arranca ya pasados 16 meses, el empleo solo crece en algunos sectores de “brotes verdes” y la inflación, que parecía dominada, volvió a crecer a una tasa del 2,4 por ciento en marzo. Por eso, el Banco Central incrementó en 150 puntos básicos su tasa de Política Monetaria, elevándola así a 26,25%, el mayor nivel en cinco meses, mostrando su preocupación por los últimos índices inflacionarios.

La primera reacción relevante ante esta decisión del Banco Central provino del sector industrial, con un tono crítico hacia la política monetaria ortodoxa de Federico Sturzenegger y a la que comenzaron a relacionar con las instrumentadas en su momento por los exministros de Economía José Martínez de Hoz y Domingo Cavallo.

“Medidas de esta naturaleza tienen impacto en el corto y en el largo plazo sobre la economía del país: en el corto plazo, queda claro que la especulación financiera es el único negocio en Argentina y, a largo plazo, esta elevación de la tasa, junto al retraso cambiario y el ingreso irrestricto de capitales, dan como resultado un país carísimo para producir e imposibilidad de financiación para las pymes y las industrias”, dijo el expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y actual diputado massista, José Ignacio de Mendiguren.

Más duro incluso fue un aliado táctico del PRO, el economista José Luis Espert: “Con la tasa de interés a nivel extravagante quien va a producir así. Es una bicicleta financiera atroz“, señaló.

“El otro error del Gobierno de Macri es poner a dos millonarios que saben hacer plata como Gustavo Lopetegui y Mario Quintana que de economía no saben nada y la economía es una ciencia. No podés poner ocho ministerios de Economía coordinados por dos tipos que solo saben hacer plata. Tenés que tener unidad de mando”, criticó.

Las tasas por las nubes conspiran contra las inversiones productivas, de la economía real, mientras que generan pingües ganancias en el mercado financiero. Y generan atraso cambiario, lo que presiona hacia abajo a las economías regionales como la de Misiones, asfixiada por las asimetrías con Paraguay y la imposibilidad de competir en el mercado exportador por el elevado costo productivo.

La Renovación sabe que las condiciones económicas y políticas no cambiarán hasta octubre. Pese a la cercanía de las elecciones, no hay señales de que haya una reactivación profunda de la economía ni algún gesto especial para Misiones. Las obras públicas reciben recursos a cuentagotas y no alcanzan para compararse con los mejores años previos a 2015.  

Por eso, el misionerismo como proyecto político que debe fortalecerse también desde la diferencia.

El gobernador Hugo Passalacqua entiende que la diferenciación o, por contrario, la identidad, de la Renovación, debe enriquecerse desde la cercanía. “En la Renovación trabajamos para que la gente sea feliz, eso es la alta política”, definió esta semana durante un acto de entrega de títulos de propiedad en Gobernador Roca.

“Sólo entendemos la acción de gobernar si se está cerca de la gente, si se la mira, si se ve la esperanza, la desesperanza, en qué estamos acertando, en qué estamos fallando. No somos un gobierno perfecto, nos equivocamos pero tenemos la sabiduría, la humildad de dar marcha atrás, de corregirnos, pero sólo se puede hacer si se está cerca de la gente, si no es imposible. Es una mentira, no le crean nunca a los políticos que quedan encerrados en los despachos y no se mueven de ahí, que conocen la realidad por la tele, no le crean”, añadió haciendo hincapié en el estilo de trabajo de cara a la gente, que impulsa el Gobierno provincial.

Agregó que “solamente confíen en aquellos que están siempre al lado de ustedes, que intentan, a veces con éxito y a veces no, pero que intentan hacerle un poco más fácil la vida. Ese es nuestro deber, ustedes ya demasiado hacen todos los días para hacer crecer a Misiones. Si Misiones es lo que es, es porque los misioneros la seguimos remando. Es cuando sale lo más hermoso, lo más profundo de nuestro espíritu que es el misionerismo”.

El poder de ese misionerismo, explica el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, está en el conocimiento, en la educación y capacitación. En la formación de los jóvenes y de los dirigentes y en la multiplicación de escuelas para el futuro. El conductor de la Renovación sostiene que la Renovación debe sostener ese eje, independientemente de los vaivenes de la economía o de quien esté sentado en el sillón de Rivadavia.

La educación ha ido ocupando un rol preponderante en la política de la Renovación, no sólo en materia presupuestaria, sino con innovaciones como la escuela de Robótica, un ejemplo de avanzada en el país, que además integra al sector privado como actor clave.

El éxito de Tecnópolis Federal en Posadas marca a las claras que el conocimiento debe ser el norte de las nuevas generaciones. En dos semanas hubo más de 820 mil visitantes a la megamuestra de Ciencias. Los dinosaurios no fueron la atracción, sino que las ciencias duras y aplicadas, captaron el interés de miles de estudiantes, muchos de los cuáles, llegaron incluso por primera vez a la capital provincial.

La diferencia está a las claras. A diferencia de la Nación, que manda a la policía a frenar el reclamo docente, en Misiones se selló un temprano acuerdo. Quienes disienten, expresan su protesta en libertad, incluso con el montaje de carpas fugaces en la plaza 9 de Julio, enfrente mismo de la Casa de Gobierno. El diálogo permanente con los gremios es una marca registrada.

En la Renovación comenzaron a trabajar en el diseño de la oferta electoral, que tendrá mucho de caras nuevas y una mirada decisiva del propio Passalacqua en el armado de las listas y movimiento del gabinete.

La oposición, mientras tanto, trabaja también en el tejido de sus alianzas para llegar a octubre en buen estado competitivo. Cambiemos ya tiene casi todo definido en los primeros lugares de las listas, con Humberto Schiavoni como seguro candidato a senador y el radical Luis Pastori como aspirante a la reelección en la Cámara de Diputados de la Nación. Como se anticipaba, el también diputado nacional Alex Ziegler asoma como un díscolo para la estrategia de Cambiemos y reclama que se hagan internas para dirimir las candidaturas. Él mismo se puso al frente del reclamo después de unos días de rumores que lo daban fuera de la alianza, de la que, asegura, sigue siendo parte. “No quiero que Cambiemos caiga en el defecto del pensamiento único”, lanzó. Uno de sus lugartenientes fue incluso más duro horas antes. “El marketing electoral no nos interesa. Nosotros somos verdaderamente el cambio”, dijo Sergio Peñalva, vicepresidente del partido Libertad, Valores y Cambio.

Si no confirma su pertenencia a Cambiemos, Ziegler deberá buscar otros frentes.

Ramón Puerta, actual embajador en España también asoma en el horizonte. El ex gobernador y fugaz presidente recibió el respaldo de su gente para volver al Senado, donde llegó a ocupar la presidencia en el prolegómeno de la caída de De la Rúa. Hace unos días hubo un encuentro de Unión Popular en el que se postuló a Puerta al Senado y a su hijo Pedro a la Legislatura provincial. Sensato, el joven prefiere hablar de “un buen armado provincial” antes de que su nombre esté en alguna lista.

El tercer sector en pugna es el massismo. Pasada la Semana Santa se terminará de definir si amanece un nuevo frente, entre Adolfo y Alejandro Velázquez, el radicalismo de Vanguardia, Trabajo y Progreso de Claudio Wipplinger y el partido Agrario de Héctor Bárbaro, que podría perder definitivamente a la diputada Miriam Duarte, hoy más de la filosofía de la Renovación. Si se avanza, el objetivo es desplazar a Cambiemos como segunda fuerza en la Legislatura provincial. Pero hay detalles todavía no pulidos. Una de las condiciones es que los Velázquez no pueden encabezar dos listas distintas. La otra, es que la construcción debe ser de largo plazo, en la que los actores cedan espacios personales en pos del conjunto. Difícil tarea en un espacio donde sobran los protagonismos.

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El Consejo Interuniversitario repudió los hechos ocurridos en Jujuy

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Luego del operativo policial realizado el jueves a la madrugada en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju) el Consejo Interuniversitario Nacional emitió un comunicado repudiando los hechos.

Debido a la detención ilegal y arbitraria de dos estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy, el Consejo Interuniversitario Nacional expresa su rechazo al accionar de la Policía de la Provincia de Jujuy por considerar que el procedimiento llevado a cabo fue violatorio del artículo 31 de la Ley N° 24.521 de Educación Superior que determina: “La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”

Hacemos un llamado a las fuerzas policiales de Jujuy para que se respete el Estado de derecho y la autonomía universitaria, garantizando la libre acción de todos los claustros universitarios, tal es el espíritu de la Universidad Pública, Abierta e Inclusiva que caracteriza a la República Argentina.

Sin respeto por los derechos más elementales, no hay democracia.

Consejo Interuniversitario Nacional

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