Jujuy imita el modelo fiscal de Misiones para frenar la evasión tributaria

Compartí esta noticia !

El Gobierno de Jujuy aclaró hoy que “no existe un nuevo régimen para cobrar el ingreso de mercadería” a la provincia y sostuvo que se mantiene un sistema que viene utilizando desde 2017, aunque se modernizó en una réplica del sistema de controles ruteros y anticipo de Ingresos Brutos, que percibe Misiones sobre la mercadería que se va a comercializar dentro de la provincia.

“Jujuy no implementó ningún régimen nuevo” y ratificó la vigencia del “régimen que se venía utilizando desde 2017 a partir de la Resolución 1476”, sostuvo el subdirector de Rentas de Jujuy, Mariano Merubia, a través de un comunicado.

El funcionario hizo alusión a la resolución publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial de la provincia sobre el sistema de cobro de impuestos al ingreso de mercadería a Jujuy, que es gobernada por el radicalismo por tercera vez consecutiva.

En ese marco dijo que “se están aprovechando las nuevas herramientas tecnológicas que tiene la Dirección de Rentas, las cuales facilitan la operatoria de los contribuyentes, haciendo más rápidas las labores, de manera que el sujeto responsable pueda hacer desde su lugar de origen, la carga de toda la documentación”.

“Lo que nosotros hacemos en ruta es el control de la carga, de la información mediante la lectura de un QR también así los medios de pagos digitales disponibles por la repartición”, afirmó Merubia.

Añadió que “esto va en línea de lo que se viene realizando dentro de la repartición, tratando de hacer la menor cantidad de trámites personales y que todos los trámites sean digitalizados”.

“Son muy pocos los trámites que hoy por hoy, requieren la presencia física del contribuyente dentro de la Dirección y no es algo nuevo o algo que se haga solo en Jujuy, sino que, en otras reparticiones de otras provincias, como la de Salta, Formosa y Misiones, tienen el mismo régimen”, detalló.

A esto se debe agregar que Rentas se encuentra en una etapa de información a todos los choferes y a las personas que vayan entrando con mercadería, para que sepan cómo va a hacer la nueva operatoria en cuanto a la parte informática.

“Es un gran esfuerzo que se hace desde la Dirección para adecuar informáticamente el sistema a los nuevos tiempos”, resaltó Merubia finalmente.

Sin embargo, la Resolución General N° 1661 del Boletín Oficial de la provincia de Jujuy publicada el pasado viernes señala que “es objetivo de esta Dirección mejorar el control en determinados sectores de la economía con elevada tasa de evasión tributaria y alto grado de incumplimiento de los deberes formales y sustanciales a cargo de los sujetos pasivos”.

Agrega que “una de las herramientas con la que cuenta este Organismo Fiscal para proteger al comerciante legal y propugnar la igualdad y equidad tributaria, son los Puestos de Control establecidos en las rutas de la Provincia de Jujuy“.

Y más adelante precisa que, “como medida de política fiscal es conveniente exigir el ingreso de un pago a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos a abonar por los contribuyentes y responsables a los cuales el Código Fiscal les atribuya el hecho imponible y que transporten por sí o por intermedio de terceros, productos o mercaderías cuyo destino sea comercial o su posterior procesamiento”.

Asimismo, establece en su primer artículo: “un Régimen de Pago a Cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos respecto de los productos y mercaderías que ingresen o egresen a la provincia de Jujuy o se trasladen dentro de ella, por cualquier medio, para su compraventa, remisiones entre fábricas o sucursales, o entregas en depósito o en consignación”.

Más adelante precisa que los rubros de productos y mercaderías sujetas al Pago a Cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por Traslado de Mercaderías son ganado en pie; carne vacuna faenada y sus subproductos; carne porcina faenada y sus subproductos; pollo faenado y sus subproductos; pescados; verduras; frutas.

A la lista se suman oros productos e insumos alimenticios, entre ellos “harinas, huevos, arroz, aceite, cerveza y fideos”; además de “todo tipo de mercadería que ingrese a zonas fronterizas y que provenga de ferias mayoristas o predios de similares características”.

Compartí esta noticia !

Los puntos conflictivos de la nueva Constitución de Jujuy: limita la protesta social y los derechos aborígenes

Compartí esta noticia !

Impulsada por el gobernador y precandidato presidencial Gerardo Morales, la reforma parcial de la Constitución de Jujuy, que prohíbe los cortes de calles y de rutas en la provincia, fue aprobada y jurada hoy en medio de graves incidentes en las calles de la ciudad capital.

La Carta Magna jujeña, que no era reformada desde 1986, causó una ola de rechazos entre los sectores de los trabajadores, organizaciones sociales, desocupados y comunidades de pueblos indígenas que ven con preocupación la quita de derechos conquistados en democracia.

En la Cámara de Diputados, Morales, presidente de la convención constituyente, dirigió el proceso de modificación del texto constitucional, aprobado y jurado entre los convencionales del oficialismo y del Partido Justicialista elegidos el 7 de mayo pasado en las elecciones generales de la provincia.

Desde su nacimiento como proyecto, para ser convertida en Ley a fines de septiembre del año pasado, la iniciativa fue tomada como un caballito de batalla de la actual gestión, convocando a “un gran debate de los jujeños” en sus comienzos.

Se abrió una etapa de consultas con diversos sectores de la sociedad que emitieron su opinión en torno a las modificaciones a incluir, pues el nuevo texto abarca más de 60 artículos.

Sin embargo, los cuestionamientos a la reforma fueron en aumento, en especial en este mes, cuando las protestas de los estatales por salarios dignos sumaron a la consigna el “No a la nueva reforma”, ya que sostienen que es “retrógrada y quita derechos”.

Las comunidades originarias fueron las que levantaron la bandera de reclamo en gran parte de la provincia y esto se visibilizó con más fuerza en estos días con cortes de ruta para exigir directamente la anulación de la reforma constitucional oficialista.

Frente al conflicto y antes de la jura, Morales dio marcha atrás para revisar dos artículos, el 36 y el 50 (relacionados con derechos de los pueblos originarios), que ya habían sido aprobados y volvieron a la redacción vieja del ’86.

A la vez ratificó el contenido del artículo 67 que limita la protesta social.

“No solo es solo por uno o dos artículos contra nuestros derechos, la lucha es contra toda la reforma”, dijeron a Télam referentes de Nación Kolla que representa a comunidades indígenas de la quebrada y puna jujeña.

La sesión preparatoria de la Convención Constituyente se realizó el 22 de mayo, tras lo cual se habilitó un plazo de tres meses para llevar adelante un debate de la norma, aunque la discusión concluyó en menos de un mes.

Tras quedar reglamentado el funcionamiento del cuerpo, se dio inicio trabajo de las siete comisiones sobre educación, cultura, salud, seguridad, derechos, deberes, garantías, régimen electoral, municipal y de otros temas, incluyendo la comisión redactora.

Un tema que fue apareciendo sobre la marcha y que generó un fuerte rechazo fue la intención del Gobierno y sus constituyentes de suprimir las elecciones de medio término (cada dos años) modificando la Carta Magna, pero esto quedó en el camino ya que ni siquiera se lo presentó como parte de un artículo.

De los 48 constituyentes solo terminaron el debate 40 ya que los restantes presentaron sus renuncias, entre ellos los seis convencionales del Frente de Izquierda disconformes por el funcionamiento de las comisiones con falta de difusión y escasa participación en las consultas, y se firmaron despachos de mayoría y minoría.

Con el artículo 50, bajo el título “Derechos y Garantías de las Comunidad de los Pueblos Indígenas”, el Gobierno anunciaba una nueva Constitución ampliando derechos que protegen la identidad, la cultura, la espiritualidad y los modos de vida ancestrales, además de garantizar la propiedad comunitaria.

En sus enunciados fijaba que la Constitución “reconoce la preexistencia étnica y cultural de las comunidades originarias y pueblos indígenas de Jujuy y garantiza el respeto a su identidad, espiritualidad, herencia cultural conocimientos ancestrales y el derecho a una educación bilingüe e intercultural”.

El punto 2 establecía: “El Estado es el encargado de reconocer tanto la personería jurídica de las comunidades dentro del territorio provincial como la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, con el fin de garantizar y reafirmar la integridad territorial de la provincia en la Nación”.

En el 3. El Estado promueve la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano y el 4. Ninguna de las tierras mencionadas en los incisos anteriores serán enajenables, transmisibles ni susceptibles de gravámenes o embargos.

Asimismo, el artículo en su inciso 5. “El Estado garantiza el derecho a la participación y consulta previa e informada de las comunidades originarias reconocidas en la provincia respecto a sus recursos naturales y a los intereses que las afecten de manera directa”.

Mientras que el Artículo 50 se mantiene con el texto “Garantiza la protección a los aborígenes”, con lo cual “la provincia deberá proteger a los aborígenes por medio de una legislación adecuada que conduzca a su integración y progreso económico y social”.

Tampoco se modificó el Artículo 36 que reconoce el derecho a la propiedad privada que marca que “la propiedad es inviolable y ningún habitante puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia firme fundada en ley”, entre otros aspectos.

En cambio, se ratificó el Artículo 32 “Derecho de Reunión y Manifestación” que expresa: “Queda asegurado a todos los habitantes de la provincia y sin permiso previo el derecho de reunión y de manifestación cuando fueren pacíficas y sin armas”.

Por otro lado, la Convención constituyente ratificó en su plenitud el Artículo 67, titulado “Derecho a la Paz Social y la Convivencia Democrática Pacífica”, y al cual se apunta porque “cercena” los derechos a la protesta y manifestación callejera.

En los incisos se marca que: “Todas las personas tienen derecho a vivir en una sociedad basada en la paz social, la tolerancia mutua y la convivencia democrática pacífica, libre de violencia e intimidación”.

Además, que “el Estado debe asegurar, como base fundamental de la convivencia democrática pacífica, que las personas ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de las otras” y que “la ley establecerá los mecanismos para proteger el derecho a la paz social y a la convivencia democrática pacífica”.

En ese contexto, se incluyó la “reglamentación del ejercicio del derecho a la manifestación, ante casos en los que sea necesaria la gestión adecuada de la misma para garantizar el disfrute común del espacio público, o la libre circulación de las personas…”.

Quedó expresado también “la prohibición de cortes de calles y cortes de rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la provincia”.

Estos cambios relacionados con el derecho a la protesta generaron el repudio de los sectores sindicales especialmente al entender que se trata de “una imposición más del Gobierno contra los trabajadores”.

“Esta constitución no reúne toda la legalidad ni la legitimidad que tiene que tener un cuerpo normativo de esta entidad”, expresó hoy la secretaria general de la Asociación del Personal de Organismo de Control (Apoc) Susana Ustárez, y afirmó que el gobernador “está poniendo en riesgo el control público en la provincia”.

“Está creando una auditoría con alcance y funciones totalmente disminuidas”, por encima del Tribunal de Cuentas, dijo, con lo cual este organismo “va a dejar de existir”.

Además con la nueva constitución, hay “graves declaraciones contra la protesta social criminalizándola y cercena derechos a casi todo los espacios laborales y en particular los organismo de control reduciendo su alcance y funciones”.

Compartí esta noticia !

Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich justificaron la represión ordenada por Morales en Jujuy

Compartí esta noticia !

Con la presencia de los precandidatos a presidente de Pro, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, la cúpula nacional de Juntos por el Cambio dará una conferencia de prensa en respaldo al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por los disturbios que hay en su provincia a partir de la reforma de la Constitución local.

Más de 70 heridos, uno de gravedad por traumatismo de cráneo, y unos 31 detenidos era el saldo hasta las últimas horas de esta tarde de una violenta represión policial que se extendió hoy en Jujuy por más de cuatro horas sobre manifestantes que protestaban contra la reforma de la Constitución provincial, aprobada y jurada hoy en la Legislatura local.

El avance policial comenzó poco después de las 11 contra una nueva y multitudinaria marcha que congregó a múltiples sectores de la sociedad en la capital jujeña contra la reforma en las puertas de la Legislatura, mientras en su interior se aprobaba y juraba la nueva Carta Magna local.

Efectivos de infantería de la policía jujeña se enfrentaron con los manifestantes, arrojando balas de goma y gases lacrimógenos, respondiendo al lanzamiento de piedras, en un clima de tensión en las calles de la capital jujeña que se mantenía hasta esta tarde por diversas arterias.

Durante los incidentes, la policía arrojó capsulas de gas lacrimógeno, piedras con hondas y balas de goma, lo que provocó una gran cantidad de heridos integrantes de distintos sectores.

Asimismo, a la represión se sumaron efectivos del Grupo Especial Motorizado, mientras se agudizaban los enfrentamientos, pero esta vez en calles más alejadas de la Legislatura provincial.

Uno de los manifestantes -perteneciente al Movimiento Argentina Rebelde (MAR), identificado como Nelson Mamaní- fue herido gravemente en la cabeza y trasladado en ambulancia al hospital Pablo Soria.

Mamaní fue intervenido quirúrgicamente y permanecía internado “con pronóstico reservado” señaló a Télam Gladys Aramayo, integrante del MAR, quien reclamó: “Ojalá todo salga bien porque en único responsable de todo esto es Gerardo Morales”.

Además, en los incidentes resultaron heridos varios periodistas, entre ellos el camarógrafo de Télam Daniel Bello, quien resultó lesionado en la cara por el impacto de una bala de goma policial.

Por otra parte, organismos provinciales de derechos humanos denunciaron la detención de varios integrantes de la agrupación HIJOS-Jujuy, como Eva Arroyo, Carolina Luna, Néstor Mendoza, y Ana Uro, quienes participaban de la marcha.

Desde el colectivo HIJOS advirtieron que tanto Arroyo como Uro son testigos con protección en causas por delitos de lesa humanidad que tramita la Justicia federal en la provincia de Jujuy.

A ellos se suman Claudia Ayarde, Ana Arroyo, Cintia Díaz, Analía Vilca, Sara Pérez, Juan José Flores, Mayra Vilca, Carolina Luna, Enzo Cruz, Agustina Gasparovic, Elsa Ochoa, Noemí Torres, e Irma Ramos.

La lista se completa con Malena Tolay, Karen Tolay, Any Romero, Brian Torres, Georgina Valero, Marcela Díaz, Inés Quispe, Ayelen Ruiz, Cecilia Cano, Andrea Martínez, Luis Pietro, y Cintia Díaz.

La mayoría fue trasladada a las unidades penales 3 y 7 del barrio Alto Comedero, en el acceso sur a la capital jujeña, bajo las carátulas “atentado y resistencia a la autoridad”, “daños de bienes de uso público” y “atentado y resistencia a la autoridad en grado de tentativa” por orden del fiscal Walter Rondón, precisaron a Télam abogados de derechos humanos.

Ante esta situación, los mismos asesores legales confirmaron la presentación de la ampliación de dos habeas corpus ante la justicia provincial a favor de las personas encarceladas con el objetivo de conseguir su libertad.

En relación a los heridos, el número superaba las 70 personas, entre ellos docentes, integrantes de organizaciones de derechos humanos, sindicales, sociales y policías provinciales.

“Tenemos unos 70 heridos por las manifestaciones y enfrentamientos, uno de los cuales es de gravedad”, afirmó a Télam, Pablo Jure, director del Same en la provincia de Jujuy, quien agregó que las personas lastimadas eran atendidas en el hospital Pablo Soria, San Roque, el Centro de Especialidades Norte y en el puesto médico del Same.

“Hay muchos heridos de balas de goma y por los piedrazos que arrojó la policía apuntando a la cabeza”, indicó Fernando Acosta, integrante de ATE quien fue agredido con una cápsula de gas en la sien.

Previamente, algunos manifestantes ingresaron al edificio de la Legislatura y prendieron fuego algunas de sus instalaciones, luego de que, en el interior del edificio, los convencionales constituyentes votaron y juraron el nuevo texto.

La Policía local no pudo contener a los activistas, algunos de los cuales entraron a las oficinas de la parte posterior de la Legislatura luego de avanzar contra las vallas de contención emplazadas en calles cercanas al recinto.

En ese mismo momento, los convencionales oficialistas junto a los del Frente Justicialistas a puertas cerradas dieron por aprobada y jurada la reforma parcial de la Constitución, la cual quedará en vigencia tras su publicación.

“Habiendo jurado la nueva Constitución de la provincia de Jujuy, los señores y señoras convencionales y presidentes de los tres poderes del Estado y habiendo sido aprobada la nueva Constitución de la provincia, la misma entra en vigencia partir de su publicación. Con esto damos por finalizada la tarea de la convención constituyente, damos por aprobada y jurada la nueva Constitución de Jujuy”, expresó Morales.

En la sesión ordinaria, los convencionales constituyentes que responden a Morales aprobaron la marcha atrás en dos artículos vinculados a los pueblos originarios, como había prometido el gobernador, pero se mantuvo la prohibición de cortes de calles y rutas.

Los incidentes sucedían mientras docentes, pueblos indígenas, trabajadores estatales, organizaciones sociales y sindicales avanzaban por las calles de San Salvador de Jujuy con un “banderazo”, portando banderas argentinas.

Las protestas en la provincia se replican con al menos 22 cortes de ruta en las localidades de La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara, Libertador San Martín, Susques, Caimancito, San Pedro, Fraile Pintado, y Purmamarca, donde el pasado sábado hubo represión contra comuneros indígenas.

Tras el brutal accionar policial de este martes, los gremios que componen la Intergremial de Jujuy, convocados frente a la Casa de Gobierno local, pidieron a Morales “el inmediato cese de la represión” y le exigieron que “actúe con conciencia ciudadana de respeto”.

Además, avanzaron en anunciar un paro total de actividades para mañana miércoles y demandaron que la medida se extienda a nivel nacional.

Por otro lado, reclamaron saber el número de heridos y señalaron que “hay por lo menos uno en situación de gravedad, que le tiraron un cartucho de gas en la cabeza”, refirió Santiago Seillant, dirigente del Seom.

“Hacemos un llamamiento a dirigentes de sindicatos y de partidos políticos; a organismos de derechos humanos; a funcionarios del Gobierno nacional, que vengan a Jujuy porque está siendo un laboratorio de represión para llevar como modelo a nivel nacional”, expresó, y advirtió que seguirán resistiendo en las calles.

Compartí esta noticia !

Jujuy: siguen detenidas 21 personas y condena social a la “brutal represión” de Morales

Compartí esta noticia !

Organismos de derechos humanos, sindicatos, organizaciones sociales, campesinas y políticas condenaron hoy la represión policial en Purmamarca, al norte de Jujuy, contra pobladores que rechazan la reforma constitucional aprobada recientemente, que dejó numerosas personas detenidas y heridas, mientras continuaba cortada la ruta nacional 9 y 52 en el ingreso al poblado.

El clima tenso de la víspera se mantenía hoy, ya que efectivos policiales nuevamente se movilizaron hacia el lugar para intervenir por los cortes que se vienen registrando en las rutas, aunque se flexibilizaba cada hora para permitir la circulación vehicular.

A raíz de los hechos que tomaron trascendencia nacional, llegaron a Jujuy el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social para brindar asistencia y contención a los afectados, entre ellos las personas detenidas, y tomar intervención directa en el conflicto generado en Purmamarca y en la zona norte de la provincia.

En esa localidad -ubicada a 65 kilómetros de San Salvador de Jujuy- se registraron ayer cuatro represiones por parte de la policía jujeña contra integrantes de comunidades indígenas que se manifestaban contra la reforma parcial de la Constitución local aprobada recientemente, dijeron, “a espaldas del pueblo”.

Durante el accionar policial fueron detenidas más de 40 personas y hubo al menos una decena de heridos.

Los detenidos en su mayoría fueron trasladados hasta la unidad penal ubicada en el barrio Alto Comedero de la capital jujeña.

En la tarde del domingo permanecían detenidas 21 personas (13 varones y ocho mujeres) y varias de ellas se entrevistaron con sus abogados que verificaron su situación y conocieron las causas de imputación por el delito establecido en el Código Penal.

“La policía utilizó mecanismos represivos que dejan sin posibilidad de reacción, porque va contra los centros neurálgicos, causando lesiones gravísimas. La pérdida de un órgano es una lesión gravísima”, dijo hoy a Télam la abogada Alejandro Cejas, quien se presentó por la defensa de Camilo Galli, periodista de Purmamarca, y Hernán Oviedo, un turista de Buenos Aires, también arrestado el sábado. Por ambos en la causa interviene la Fiscalía de Delitos Complejos, y pedirá el cese de detención.

“Había un joven que perdió un ojo y permanecía internado en Maimará y otra señora está con perdigones en la cara, en la boca y en el ojo, pero no podían ser derivados en las ambulancia ya que solo esto estaba disponible para los efectivos policiales”, denunció.

“Las balas de goma, por más que sean de goma, no podés hacerla (disparar) a la cara. Es una locura lo que están haciendo jurídicamente”, apuntó.

Por su parte, Lucio Plaza, también abogado, comentó que su defendido “estaba bastante golpeado y atemorizado. Él ni siquiera estaba manifestando en ese momento porque estaba comiendo, pero lo señalaron como una persona infiltrada y se lo llevaron”.

Comentó que estuvieron varias horas sin conocer causa de imputación, por lo que “la detención era arbitraria”, expresó el letrado integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Jujuy.

Los abogados cuestionaron que “no hayan seguido los protocolos ni tampoco la reglamentación que establece el código procesal penal” y estudiaban los planteamientos legales a realizar.

La imputación contra los detenidos es por artículo 194 del Código Penal que establece la prohibición de cortes de vías de comunicación -con un máximo de tres años y un mínimo de tres meses de pena- con lo cual “absolutamente todas las personas pueden acceder al cese de detención y recuperar la libertad inmediatamente”, explicaron.

Carlos “Perro” Santillán, que preside la Comisión de Derechos Humanos de Jujuy, le dijo a Télam que “para vivir en paz como pretende el gobernador Morales, tiene sentido la lucha por buenos salarios y para que se caiga la reforma”.

Sostuvo que “las fuerzas han actuado ferozmente contra el pueblo jujeño, por lo que hacemos responsable al gobernador Morales por la sangre derramada y por cualquier otro atropello que siguiera realizando contra el pueblo”.

“El único camino para lograr una verdadera paz es que se retire la reforma y resuelvan las necesidades de los diferentes sectores”, añadió.

Por su parte, la referente del Frente de Izquierda Natalia Morales, quien también fue detenida y luego liberada, destacó la “enorme resistencia de las mujeres indígenas y los pueblos originarios de Jujuy en Purmamarca tras la represión” y criticó “la aprobación de la reforma antiderechos de Morales y el PJ”.

“Las comunidades indígenas están de pie en defensa de sus territorios, del agua y contra el saqueo. Saben que la reforma afecta sus derechos.

Gerardo Morales reprime, Jujuy resiste”, publicó en su cuenta de Facebook.

La titular del INADI, Greta Pena, sostuvo que “el derecho a la protesta deber ser garantizado en un sistema democrático. La violencia es inadmisible”.

Pidió “la urgente libertad de los detenidos y que se retome la vía de diálogo”.

En toda la provincia, las protestas encabezadas por los docentes fue creciendo en las últimas semanas en sintonía con el reclamo de otros sectores de trabajadores por aumentos salariales y expresar en conjunto su rechazo contundente a la reforma constitucional aprobada entre jueves y viernes.

Sus gremios ratificaron en asambleas la continuidad de las medidas de fuerza con paro por tiempo indeterminado, y repudiaron la represión policial contra las comunidades que protestaban contra la reforma Constitucional.

“Estamos haciendo una olla popular y permanencia hasta las 20 en el acceso sur de San Salvador de Jujuy, el martes habrá un banderazo y el miércoles haremos gran caminata desde los gremios hasta el ministerio de Educación pidiendo la reapertura de paritarias”, le dijo a Télam la secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) Mercedes Sosa, que sostiene la consigna “Arriba los salarios, abajo la reforma”.

El plan de lucha es también llevado adelante por la Asociación de Educadores Provinciales, que agrupa a los docentes de nivel inicial y primario, que exigió “la renuncia del gobernador Gerardo Morales y de todo su gabinete”. Además lo denunciarán por el “amedrentamiento a los docentes de nivel primario”.

Los gremios exigen un básico de 200 mil pesos y la derogación del decreto que determina el premio por asistencia perfecta, incorporando dicho monto al básico y que no se les descuenten los días de paro.

Con la reforma impulsada por Morales se modificaron más de 60 artículos de la Constitución y ante esto los docentes presentarán denuncias en el Superior Tribunal de Jujuy por la “inconstitucionalidad” de la iniciativa.

También denunciarán a los convencionales constituyentes que participaron de la reforma “en contra del pueblo” y presentarán un habeas corpus “por posibles detenciones”.

Compartí esta noticia !

A James Cameron no le mostraron toda la película

Compartí esta noticia !

El director de Hollywood James Cameron –conocido por Terminator, Titanic y Avatar- estuvo de visita en Argentina desde el 8 de junio, invitado para ser orador en un importante evento sobre desarrollo sostenible, realizado en Buenos Aires por el Global Institute for the Future of Tourism. Aprovechando su visita a nuestro país, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, lo invitó a conocer su provincia y ver de cerca el trabajo que allí se viene realizando por “un futuro más sostenible y respetuoso con el planeta”.

Así fue como el afamado cineasta, además de dar su charla en el predio ferial de Palermo, voló interesado por conocer -por ejemplo- lo que le dijeron era el parque solar más grande de la región, en la provincia del norte. Una vez allá, el 9 de junio, el gobernador Morales le mostró una película institucional especialmente realizada en inglés para el huésped, contando todo el trabajo que vienen haciendo por ser una provincia sustentable, se sacaron la foto de rigor, y aunque el clima no le permitió llegar al parque solar, todo terminó de manera amena.

Sin embargo, regresando a Buenos Aires, se acercaron a Cameron representantes de los pueblos originarios de Jujuy y le entregaron una carta donde le hicieron saber sobre la intensa lucha que vienen llevando estas comunidades por conservar las salinas donde viven y no ser atropellados por los negocios que empresas mineras llevan adelante en el conocido como Triángulo del litio en general, y en particular con la provincia gobernada por Morales.

A las pocas horas, James Cameron furioso, convocó a la prensa e hizo fuertes declaraciones afirmando que “el gobierno de Jujuy lo había emboscado para una acción de greenwashing”. Declaró que había sido usado por el gobernador para dar una impresión de que está llevando adelante una gestión amigable con el ambiente, pero que le ocultaron buena parte de la verdad. No me contaron toda la película, afirmó.

Finalmente, el último sábado 10 de junio, James Cameron se dedicó especialmente a recibir en un hotel de Buenos Aires a Verónica Chávez -referente en Santuario Tres Pozos, parte de los pueblos originarios de Jujuy- y le pidió disculpas por desconocer su problemática, además explicó que su última película Avatar es justamente una metáfora del conflicto entre las firmas mineras y los indígenas, ratificando que él siempre estará del lado de las comunidades indígenas. 

La lideresa le explicó cómo resisten ante la explotación que afecta la provisión de agua, su derecho a habitar su territorio ancestral y a una vida digna. Y que todos los pueblos de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc reclaman por sus derechos a una consulta libre, previa e informada sobre estos asuntos.

Según James Cameron, las emisiones generadas por nuestros vehículos hoy representan un 12% de las emisiones totales de Gases de Efecto Invernadero, GEI, que desencadenan el Calentamiento Global y cómo pasar esos vehículos a fuentes de energía limpia es un tema sustancial, que no puede desatenderse, pero destacó que hay otras alternativas al litio y que poco lograremos si no cambiamos, además nuestros hábitos alimenticios, con una industria de los alimentos que actualmente genera 15% de los GEI a nivel Global. 

En las últimas horas, el mismo Gerardo Morales, respondió desde su twitter con un mensaje en inglés dirigido al Cameron, diciendo que se le ha proporcionado información falsa, de mala fe y con una clara intención de explotación política. Si bien Verónica Chávez es una voz respetada y escuchada, no hay ningún proyecto de litio en curso en esa zona. Y destacó en su extenso mensaje que quienes se oponen al litio deberían reconsiderar el uso de celulares, computadoras, diversos dispositivos tecnológicos y autos eléctricos.

James Cameron es conocido por su trabajo como ecologista desde mucho antes de hacer Titanic. Inspirado en los documentales de Jacques Cousteau, él mismo cuenta que la película con Leonardo Dicaprio, solo fue una excusa para poder financiar la compra de drones submarinos y poder explorar libremente el fondo del mar. 

Es difícil de creer que una mente brillante como la del premiado director pueda ser engañado por activistas ambientales, y hoy decida estar del lado de personas con mala fe.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin