JUSTICIA FEDERAL

Policía de Misiones separó a dos suboficiales tras denuncias por delitos de instancia privada y causas federales

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La Policía de Misiones dispuso medidas disciplinarias inmediatas ante denuncias por delitos de instancia privada y causas federales.

La Jefatura de la Policía de Misiones resolvió separar preventivamente del servicio a dos suboficiales, tras denuncias judiciales por hechos de distinta naturaleza. En el primer caso, un sargento ayudante fue denunciado en San Ignacio por un presunto delito de instancia privada; en el segundo, un efectivo fue detenido por Gendarmería Nacional en el marco de una investigación federal vinculada a estupefacientes. Ambas medidas se enmarcan en los protocolos institucionales de control y transparencia que rigen en la fuerza.

Disponibilidad preventiva por denuncia en San Ignacio

El 27 de octubre, una joven de 18 años formalizó una denuncia en la Comisaría de la Mujer de San Ignacio, dependiente de la Unidad Regional XIII, por un presunto hecho de instancia privada.

Ante la presentación, la Policía de Misiones activó los protocolos de atención integral, que incluyeron asistencia psicológica, médica y asesoramiento jurídico a la denunciante.

En paralelo, la Jefatura de la Policía provincial dispuso el pase a disponibilidad preventiva del suboficial denunciado, un Sargento Ayudante, y ordenó la intervención inmediata de la Dirección de Asuntos Internos, para garantizar el debido proceso administrativo y judicial.

El hecho fue comunicado a la autoridad judicial competente, que instruyó la realización de pericias médicas y la recolección de pruebas. Por el momento, el efectivo permanece separado de sus funciones y a disposición de la Justicia, mientras se sustancia la investigación.

Desde la institución informaron que todos los elementos reunidos fueron puestos a disposición del Poder Judicial, en cumplimiento de los procedimientos internos de actuación frente a denuncias de carácter penal.

Separación del cargo en una causa judicial federal

En otro procedimiento, la Jefatura de Policía de Misiones resolvió el pase a disponibilidad inmediata y separación del cargo de un Suboficial detenido en el marco de una causa federal, vinculada a presuntas irregularidades en una investigación por estupefacientes.

El caso se originó el 29 de octubre, tras una denuncia formal presentada ante la Dirección General de Drogas Peligrosas, en la que un ciudadano advirtió sobre posibles irregularidades cometidas por el efectivo investigado.

En cumplimiento de los protocolos de transparencia y control institucional, la Jefatura informó de inmediato a la Justicia Federal. Remitiendo todos los antecedentes y elementos recabados.

Por disposición del magistrado interviniente, la Gendarmería Nacional ejecutó el procedimiento que derivó en la detención del suboficial. Mientras que la Dirección de Asuntos Internos inició las actuaciones administrativas correspondientes.

El efectivo permanecerá en situación de disponibilidad preventiva hasta que se determine su responsabilidad en sede judicial.

Transparencia y control institucional

Las decisiones adoptadas por la Jefatura de Policía se inscriben en la política de “tolerancia cero” ante conductas irregulares y en la aplicación estricta del Reglamento de Disciplina Policial. Que establece la separación preventiva de los agentes involucrados en causas penales, a fin de garantizar imparcialidad y preservar la integridad institucional.

En ambos casos, la fuerza reiteró su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas. Y la cooperación plena con la Justicia, tanto provincial como federal.

De esta manera, la Policía de Misiones busca sostener estándares de integridad y control interno. En línea con la política pública de fortalecimiento institucional y confianza ciudadana impulsada por el Gobierno provincial.

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Investigan si una mujer hallada en Paraguay podría ser Marita Verón

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Investigan si una mujer hallada en Paraguay podría ser Marita Verón, la Justicia argentina analiza huellas y ADN

La Justicia Federal argentina investiga si una mujer hallada en situación de extrema vulnerabilidad en Paraguay podría ser Marita Verón, desaparecida en Tucumán en abril de 2002. La información fue confirmada por Susana Trimarco, madre de Marita y fundadora de la Fundación María de los Ángeles, quien aseguró haber recibido una llamada desde Asunción alertando sobre una mujer “en condiciones inhumanas, desnutrida y desorientada”, cuya descripción coincide con la de su hija.

Una llamada que reabre una herida de 23 años

La madrugada del lunes, Susana Trimarco recibió un llamado desde Paraguay con una noticia que conmocionó nuevamente al país. “Anoche a la 1:30 de la mañana recibí una noticia desde Asunción del Paraguay, de un pueblo, donde apareció una persona que anda comiendo de los basurales y que supuestamente es mi hija”, relató en una entrevista radial.

Trimarco explicó que, de inmediato, se comunicó con su equipo de la Fundación María de los Ángeles, organización que lidera desde hace más de dos décadas en la lucha contra la trata de personas, para verificar la información. Según su testimonio, la mujer encontrada se encontraba “comiendo de la basura, completamente deteriorada, carne y hueso, y sin lucidez mental”.

Me mandaron una foto que no quiero mostrar porque es horrorosa. La situación de esa mujer, para mí como madre, fue como si me clavaran un puñal en el pecho”, expresó visiblemente conmovida.

La mujer fue vista por vecinos de una zona periférica en Paraguay, quienes alertaron a las autoridades locales por su estado. A partir de esa información, la Justicia argentina fue notificada y se inició un proceso para comparar las huellas y ADN con los registros disponibles en el expediente de la desaparición de Marita Verón.

La Justicia Federal ya interviene en la investigación

Trimarco confirmó que sus abogados activaron los protocolos judiciales pertinentes. “La Justicia Federal ya fue informada. En la causa están las huellas dactilares y las muestras de ADN de mi hija”, explicó.

Fuentes judiciales señalaron que la colaboración entre las autoridades argentinas y paraguayas será clave para verificar la identidad de la mujer encontrada. El proceso incluirá un cotejo genético con las muestras de ADN almacenadas en el Banco Nacional de Datos Genéticos, así como la revisión de registros biométricos obtenidos durante la investigación original.

Desde el entorno judicial destacan que el procedimiento debe realizarse “con extremo cuidado y rigor técnico”, dado el estado físico y mental en el que fue hallada la mujer. Por el momento, no se confirmó oficialmente su identidad, y las autoridades mantienen la reserva del caso hasta que los resultados periciales sean concluyentes.

Una causa emblemática contra la trata de personas

El caso Marita Verón se transformó en un símbolo nacional en la lucha contra la trata y la explotación sexual. La joven desapareció el 3 de abril de 2002 en Tucumán, cuando tenía 23 años. Desde entonces, su madre emprendió una búsqueda incansable que derivó en investigaciones judiciales, juicios emblemáticos y la creación de la Fundación María de los Ángeles. Una organización que asiste a víctimas de trata y violencia de género en todo el país.

Mientras ayudamos a más de 360 mujeres con alimentos, contención y ropa, pienso que puede ser mi hija la que hoy está sobreviviendo entre la basura. Imaginate mi desesperación”, declaró Trimarco.

Durante más de dos décadas, la fundación logró rescatar a cientos de mujeres víctimas de redes de trata, visibilizando un flagelo que afecta a miles de personas en Argentina y América Latina.

Cada dato, cada imagen, es una nueva puñalada. Pero vamos a investigar hasta el final, con respeto y sin apresurarnos”, sostuvo Trimarco. Reafirmando su compromiso con la búsqueda y con la lucha por la verdad.

El impacto institucional y social del caso

La posible reaparición de Marita Verón, aún sin confirmación científica, reabre un caso de alto impacto judicial y político. La desaparición, ocurrida en un contexto de debilidad institucional y connivencia con redes de trata, llevó a la creación de marcos legales más estrictos y a la consolidación de políticas públicas contra la explotación sexual.

El caso también fue motor de la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas, promulgada en 2008. Y de su posterior modificación en 2012, que eliminó el requisito del consentimiento de la víctima como eximente de delito.

Hoy, el caso Verón sigue siendo una referencia obligada en la política de derechos humanos y de género, y la aparición de esta nueva pista en Paraguay vuelve a poner en primer plano la necesidad de cooperación internacional y de fortalecimiento de los mecanismos de búsqueda.

Próximos pasos y cautela judicial

Las pericias para confirmar la identidad de la mujer podrían demorar varios días. Ya que implican el traslado de muestras biológicas y la verificación cruzada entre ambos países.

El Ministerio Público Fiscal argentino mantiene comunicación con la Fiscalía General de Paraguay, que interviene en la asistencia y resguardo de la mujer encontrada.

Hasta tanto se obtengan resultados concretos, la familia Verón y la Fundación María de los Ángeles pidieron prudencia mediática y respeto por la privacidad de la investigación.

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La Justicia Federal asegura que “no hay células terroristas en la frontera misionera”

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“El Comando Vermelho, el PCC y el Ejército del Pueblo Paraguayo no cruzaron a Argentina”, aseguró el juez federal de Iguazú sobre los terroristas en la región.

El juez federal de Iguazú, Misiones, Marcelo Alejandro Cardozo, descartó que en su jurisdicción fronteriza —que abarca las ciudades de Iguazú, Andresito, San Antonio, Bernardo de Irigoyen, Puerto Libertad, Wanda y Puerto Esperanza, en límites con Paraguay y Brasil— existan células dormidas de terroristas.

“Del lado misionero no actúan los grupos terroristas como el Comando Vermelho, el Primeiro Comando da Capital (ambos brasileños, este último con ramificaciones en Uruguay) ni el Ejército del Pueblo Paraguayo (grupo revolucionario marxista que opera en el norte de Paraguay). Estos grupos no cruzaron a la Argentina”, aseguró el magistrado.

Cardozo explicó que, a raíz de los hechos delictivos registrados recientemente en Río de Janeiro. Las fuerzas de seguridad nacionales, en especial Gendarmería, le informaron que se está reforzando la seguridad en la frontera. “El Juzgado Federal está atento ante cualquier persona sospechosa”, indicó.

El Juzgado Federal de Iguazú fue creado hace apenas dos meses y ya cuenta con unas 2.000 causas entre civiles, comerciales y penales. Antes de su puesta en funcionamiento, toda esa jurisdicción dependía del Juzgado Federal de Eldorado, ubicado a unos 100 kilómetros al sur de la ciudad de las Cataratas. “Aún no tuve contacto con mis pares de Foz de Iguazú y Ciudad del Este”, agregó Cardozo.

Respecto al tema del terrorismo, el magistrado señaló que tiene conocimiento de detenciones de integrantes del Comando Vermelho y del PCC en Foz de Iguazú. Pero insistió: “Reitero, no cruzaron integrantes de estos grupos por la frontera argentina”.

Cardozo aclaró además que las causas anteriores, como la que involucró la detención del Clan Barakat —liderado por el libanés Assad Ahmad Barakat. Vinculado a operaciones financieras y de contrabando en la Triple Frontera y señalado por sus presuntos lazos con el grupo terrorista Hezbollah—, siguen bajo la órbita del juez federal de Eldorado, Miguel Guerrero.

La “Pedra”, la droga que preocupa en Iguazú

Más adelante, en diálogo con MDZ, el juez federal de Iguazú se refirió a otra preocupación creciente en la zona: el consumo de “Pedra”. “La mayor preocupación de la gente de Iguazú es el consumo de esta droga. Es barata, muy adictiva y destruye las neuronas”, advirtió.

“Estamos en una tarea titánica para sacar esta droga de las calles, porque es consumida por chicos cada vez más jóvenes. Hicimos varios allanamientos en lugares donde sabíamos que se comercializaba y tuvimos éxito en la mayoría de ellos. Se secuestró una importante cantidad de Pedra”, explicó. Según el juez Cardozo, la sustancia ingresa desde Brasil y es inhalada por adolescentes y jóvenes de todas las clases sociales.

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La Justicia pidió autorización a la Cámara de Diputados para avanzar con medidas contra Espert

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El juez federal Lino Mirabelli le envió un oficio a Martín Menem para que la Cámara habilite una medida de registro y otra de secuestro sobre bienes del legislador investigado por el cobro de US$200.000

El juez federal Lino Mirabelli solicitó a la Cámara de Diputados permiso para allanar y secuestrar bienes del legislador de La Libertad Avanza, investigado por recibir una transferencia de US$200.000 del empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos.

El pedido judicial y el alcance de la investigación

El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, elevó este martes un oficio al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para que autorice medidas de registro y secuestro sobre bienes del diputado José Luis Espert, quien se encuentra protegido por los fueros parlamentarios.

La solicitud judicial, presentada a través del fiscal Fernando Domínguez, se enmarca en una causa por lavado de dinero iniciada a partir de una denuncia formulada por Juan Grabois, tras detectarse una transferencia de US$200.000 enviada a Espert por el empresario Federico “Fred” Machado, actualmente detenido y en proceso de extradición a Estados Unidos.

Mirabelli no puede avanzar con allanamientos ni secuestros hasta que la Cámara baja habilite el procedimiento, según lo establecido en la Ley de Fueros (Ley 25.320), que dispone que “no se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones sin la autorización de la respectiva Cámara”.

La decisión ahora recae sobre Menem, quien deberá definir si somete el pedido directamente al pleno de Diputados o si lo remite previamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su análisis.

El contrato hallado y las pruebas en la causa

En el marco de la misma causa, el juez Mirabelli ordenó un allanamiento en el domicilio de Viedma donde Machado cumplía arresto domiciliario, hasta que fue trasladado a un destacamento policial tras la aprobación de su extradición por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Durante ese procedimiento, efectivos de la Policía Federal Argentina hallaron un contrato roto y parcialmente quemado, dentro de un tacho de basura, que registra un acuerdo de US$1 millón firmado entre Machado y Espert el 7 de junio de 2019, quince días antes de que el economista se presentara oficialmente como candidato a presidente.

El documento, firmado por Espert y Machado, estipulaba una asesoría económica para la firma guatemalteca Minas del Pueblo, una empresa vinculada al empresario y actualmente bajo investigación en la justicia estadounidense.

La transferencia por US$200.000, detectada por el Bank of America y agregada a la causa que se tramita en el Distrito Judicial Este de Texas, figura también en documentación oficial utilizada como prueba en el juicio contra Debra Mercer-Erwin, socia de Machado, condenada en 2023 por narcotráfico y lavado de activos.

Según Espert, ese pago correspondía a un anticipo por trabajos de consultoría económica. Sin embargo, el contrato encontrado en el allanamiento contempla pagos por US$100.000 mensuales durante nueve meses, además de un adelanto inicial, lo que eleva el total a US$1 millón.

Implicancias institucionales y próximos pasos

El fiscal Domínguez, además de imputar a Espert, solicitó levantar el secreto fiscal y bancario del legislador para rastrear movimientos financieros y determinar el origen y destino de los fondos.

La investigación apunta a establecer si el dinero recibido provino de una estructura de lavado internacional vinculada al narcotráfico, en la que Machado habría operado a través de una red de empresas pantalla y operaciones financieras trianguladas.

La causa tiene potenciales derivaciones políticas e institucionales, dado que involucra a un diputado en ejercicio y exige la intervención del Congreso para autorizar medidas de prueba. De concretarse la autorización, sería la primera vez en el actual período legislativo que la Cámara baja habilita un procedimiento judicial de este tipo sobre un miembro de su cuerpo.

Mientras tanto, Machado, señalado por la justicia norteamericana como parte de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y lavado de dinero, permanece detenido a la espera de su extradición definitiva a Estados Unidos, tras la resolución favorable de la Corte Suprema.

El Poder Ejecutivo Nacional ya adelantó que no se opondrá al traslado, lo que podría acelerar el envío del empresario al exterior y aportar nuevos elementos a la causa local.

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Departamento en Miami, yates y $2.400 millones: qué ofrecieron los imputados en la causa Cuadernos

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En una audiencia ante el Tribunal Oral Federal N.° 7, imputados en la causa Cuadernos intentaron evitar el inicio del juicio ofreciendo departamentos en Miami, embarcaciones de lujo y sumas superiores a los $2.400 millones. La Unidad de Información Financiera (UIF) y la fiscal Fabiana León rechazaron los planteos, advirtiendo que aceptar estas propuestas significaría “mercantilizar la corrupción”.

La estrategia de los empresarios: bienes y dinero a cambio de no ir a juicio

Este viernes, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.° 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, escuchó a las defensas de más de 40 imputados arrepentidos en la llamada causa Cuadernos, el expediente que investiga un esquema de corrupción sistémica durante los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015.

La audiencia, celebrada de manera virtual, se amparó en el artículo del Código Penal que habilita la “reparación integral” mediante acuerdos resarcitorios. Bajo ese paraguas legal, los acusados ofrecieron sumas millonarias y bienes de alto valor para evitar el juicio oral fijado para el 6 de noviembre de 2025.

Entre las propuestas más resonantes:

  • Ernesto Clarens: un departamento en Miami y una embarcación valuada en USD 1,5 millones.
  • Ángelo Calcaterra (ex primo político de Mauricio Macri): $2.492.654.900.
  • Benito Roggio: $1.875.907.639.
  • Mario Rovella: $731.828.906.
  • José Paolini: $826 millones.
  • Marcelo Aznar: $240 millones (actualizado).
  • Osvaldo De Souza: $200 millones.
  • Adrián y Mauricio Pascucci: $133 millones.
  • Roberto Orazi: $136.403.400.
  • Otros imputados ofrecieron cifras menores, desde $45 millones hasta $100 millones.

En total, las defensas presentaron un menú de propuestas que, según argumentaron, equivalen a la actualización de los embargos ya trabados en la causa.

La oposición de la UIF y la fiscalía: “La corrupción no se paga”

La Unidad de Información Financiera (UIF), representada por Mariano Galpern en la audiencia, fue categórica: rechazó de plano las ofertas económicas al considerar que aceptar los acuerdos sería “mercantilizar la corrupción” y habilitar la impunidad de quienes tuvieron poder político y económico.

El organismo recordó que los delitos investigados —cohecho, dádivas y asociación ilícita— no representan un perjuicio patrimonial individual sino un daño institucional y colectivo, que debe ser juzgado en un debate oral y público.

El titular de la UIF, Paul Starc, señaló en un escrito: “El dinero eventualmente ofrecido no compensa la pérdida de confianza en el sistema democrático ni el descrédito de la administración pública. Aceptar estos acuerdos enviaría un mensaje de impunidad”.

En la misma línea, la fiscal Fabiana León reiteró su oposición a este tipo de mecanismos. Aunque los empresarios esperaban que su criterio fuera diferente en esta ocasión, León sostuvo que el proceso debe avanzar hacia el juicio oral para garantizar transparencia, condenas y decomisos de bienes.

Un juicio de magnitud inédita

La audiencia de este viernes expuso las tensiones entre las defensas, que reclaman un acuerdo económico, y los organismos de control que buscan llegar a un juicio histórico por corrupción.

Los defensores alegaron que un juicio oral demandaría entre 500 y 1.000 audiencias, lo que podría extenderse por más de una década e impactar en el funcionamiento del sistema judicial federal. “No se paga para zafar del juicio”, defendió el abogado Alfredo Huber, representante de Walter Fagyas.

Sin embargo, tanto la UIF como la fiscalía remarcaron que, más allá de la magnitud del proceso, el debate público es imprescindible para restaurar la confianza institucional y fijar un precedente frente a los delitos de corrupción sistémica.

El Tribunal Oral Federal N.° 7 deberá resolver en las próximas semanas si acepta alguna de las propuestas o si mantiene el cronograma que establece el inicio del juicio para el 6 de noviembre de 2025.

El resultado será clave no solo para los imputados, sino también para el sistema judicial y político argentino, ya que la causa Cuadernos sigue siendo uno de los expedientes más emblemáticos sobre corrupción estatal y privada en las últimas décadas.

Si el tribunal rechaza las propuestas, como pidió la UIF, se abrirá un proceso oral de dimensiones inéditas en el país, con más de 40 imputados, cientos de testigos y un fuerte impacto político en plena coyuntura electoral y económica.

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