JUSTICIA FEDERAL

Procesan al dueño de Manaos por presunta evasión fiscal y embargan bienes por $250 millones

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El empresario Orlando Eduardo Canido, propietario de Manaos y presidente de Refres Now S.A., fue procesado sin prisión preventiva por la Justicia Federal en una causa por presunta evasión tributaria vinculada al Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2020. La resolución, dictada por el Juzgado Federal N.º 2 de Morón, representa un nuevo capítulo judicial para uno de los empresarios más influyentes de la industria nacional de bebidas, cuyo crecimiento desafió durante las últimas dos décadas a las grandes multinacionales del sector.

El fallo, firmado por el juez federal Jorge Rodríguez en el expediente N.º 5439/2024, también alcanzó a Refres Now S.A., la empresa fabricante de Manaos, que fue procesada por el mismo hecho investigado. En ambos casos, el magistrado resolvió mantener la libertad de los imputados durante la tramitación de la causa, aunque dispuso un embargo preventivo de 250 millones de pesos sobre los bienes de Canido y otro de igual monto sobre el patrimonio de la compañía para garantizar una eventual reparación económica.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó presuntas irregularidades en la liquidación del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2020. El procesamiento constituye una etapa procesal en la que el juez considera reunidos elementos suficientes para avanzar hacia un eventual juicio, aunque no implica una condena definitiva ni prejuzga sobre la responsabilidad penal de los imputados.

Un empresario acostumbrado a desafiar al mercado

Canido construyó Manaos como una de las pocas compañías nacionales capaces de disputar participación de mercado a gigantes internacionales del negocio de las bebidas gaseosas. Su estrategia comercial basada en precios competitivos y una amplia red de distribución permitió que la marca alcanzara una fuerte presencia en todo el país, especialmente en el consumo masivo.

Sin embargo, el empresario también ha cultivado un perfil mediático poco convencional, con declaraciones que suelen generar repercusión pública.

En una entrevista concedida a fines de 2025, Canido relató cómo concretó la compra de la tradicional marca Cunnington mediante una operación realizada íntegramente al contado.

“Hablé con el número dos de Cunnington y le dije que le convenía vendérmela a mí. Fuimos al banco e hicimos la operación en efectivo, de contado”, sostuvo durante su participación en La Fábrica del Podcast.

Durante esa misma conversación hizo referencia, en tono distendido, a la investigación judicial que ya enfrentaba por presunta evasión fiscal.

“En los diarios dice que evadí como mil millones; entonces pensé dónde pongo esa plata, fui y compré Cunnington, y en blanco la compré”, ironizó.

La compra de Cunnington como estrategia de mercado

El empresario explicó que la adquisición respondió a una decisión estratégica para consolidar su posición dentro del mercado argentino de bebidas.

Según detalló, cuando comenzó su actividad existían más de cuarenta fabricantes de gaseosas en el país, mientras que actualmente sobreviven apenas unas pocas empresas nacionales.

Canido sostuvo que decidió avanzar sobre Cunnington luego de conocer que la marca podría ser adquirida por un competidor internacional, escenario que, según afirmó, habría incrementado significativamente la presión competitiva sobre Manaos.

En ese contexto, explicó que negoció directamente con Guillermo Raed, vinculado al grupo propietario de Cunnington, Seco y Torazzo, para concretar la operación y evitar el ingreso de un jugador de mayor escala internacional.

Una causa que continúa en etapa de investigación

El procesamiento dispuesto por el Juzgado Federal de Morón no implica el cierre del expediente. La causa continuará con la producción de prueba y las instancias procesales correspondientes hasta determinar si existen elementos suficientes para elevar el caso a juicio oral.

Mientras tanto, Canido conserva su libertad y podrá ejercer plenamente la conducción de Refres Now, aunque tanto él como la empresa deberán afrontar el avance de una investigación que podría tener impacto no sólo judicial sino también reputacional para una de las compañías nacionales más importantes del mercado de bebidas.

El expediente también vuelve a poner bajo análisis el cumplimiento tributario de grandes empresas nacionales en un contexto en el que el Gobierno nacional busca reforzar los mecanismos de fiscalización y aumentar la eficiencia recaudatoria a través de ARCA, organismo que impulsó la denuncia que dio origen al proceso penal.

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El ministro Martín Recamán presentó su renuncia al Partido Encuentro Misionero, espacio del que nunca formó parte

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El ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, Arq. Martín Recamán, presentó su desafiliación del Partido Encuentro Misionero (ex Concordia Social), cuya afiliación fue registrada sin haber sido consultado previamente.

La solicitud fue realizada de manera personal ante la Justicia Federal con competencia electoral, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 25 bis y concordantes de la Ley Nº 23.298, Orgánica de los Partidos Políticos. En la presentación, el funcionario requirió la baja inmediata del Registro de Afiliados y la notificación formal al partido político sobre su decisión.

Con este trámite, dejó formalmente asentada ante la autoridad judicial electoral su voluntad de desafiliarse, dando cumplimiento a los procedimientos previstos por la normativa vigente.

La documentación fue recepcionada y registrada en el día de la fecha por el juzgado competente, quedando formalizado el inicio del proceso administrativo correspondiente para hacer efectiva la desafiliación.

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Enriquecimiento ilícito: la Justicia le prohibió a Manuel Adorni que salga de Argentina

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El juez federal Ariel Lijo dispuso que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni no podrá salir del país sin autorización judicial, en el marco de la investigación que lo tiene como principal imputado por presunto enriquecimiento ilícito. La medida fue adoptada este viernes por la noche, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien impulsa la causa y espera nuevos informes contables para profundizar la investigación.

La resolución, dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 4, obliga a Adorni a solicitar autorización cada vez que desee viajar al exterior. Además, si obtiene el permiso, deberá informar su regreso al país y acreditar los traslados mediante la presentación de los pasajes utilizados.

La decisión judicial se conoce en medio de versiones sobre una eventual radicación del exfuncionario en Uruguay, posibilidad que habría sido evaluada por el entorno de Adorni debido al hostigamiento que, según trascendió, estaría sufriendo su familia.

El fiscal Pollicita aguarda para la próxima semana un informe elaborado por los peritos contables del Ministerio Público Fiscal sobre la evolución patrimonial y los movimientos financieros del exfuncionario durante los últimos meses de su gestión.

Según trascendió, el análisis incluye la adquisición de inmuebles, la compra de un vehículo, viajes al exterior, consumos con tarjetas de crédito y otras operaciones económicas realizadas mientras Adorni ejercía la Jefatura de Gabinete. Con esa información, la Fiscalía evaluará los próximos pasos del expediente y no se descarta que el exfuncionario sea citado a declaración antes del inicio de la feria judicial del 17 de julio.

Las operaciones bajo la lupa

La investigación se inició luego de que trascendiera la compra, junto a su esposa Bettina Angeletti, de un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito y de una vivienda en el country Indio Cuá, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.

En su última declaración jurada patrimonial, Adorni también incorporó un departamento en la ciudad de La Plata, que atribuyó a una herencia, bien que no figuraba en presentaciones anteriores.

Uno de los episodios que concentró la atención de la causa está vinculado con las refacciones realizadas en la vivienda del country. El contratista Matías Tabar declaró haber recibido un pago de 245.000 dólares en efectivo por los trabajos realizados y entregó su teléfono celular a la Justicia, donde constaban conversaciones mantenidas con el exfuncionario durante la ejecución de la obra. También trascendieron mensajes en los que, según distintas publicaciones periodísticas, Adorni le ofrecía ayuda para que su testimonio no lo comprometiera.

El denominado “Caso Adorni” se extendió durante más de tres meses y se profundizó tras la difusión de una fotografía en la que su esposa integraba la comitiva oficial que acompañó al presidente Javier Milei en un viaje a Nueva York.

Pese al respaldo político que recibió durante ese período por parte del Presidente y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, Adorni presentó su renuncia como jefe de Gabinete el 27 de junio. Días después también dejó su cargo como director de YPF.

Su reemplazante es Diego Santilli, quien juró esta semana al frente de la Jefatura de Gabinete y asumió además las funciones del Ministerio del Interior tras la reestructuración del gabinete nacional.

Mientras tanto, la causa judicial continúa avanzando con nuevas medidas de prueba para determinar si el incremento patrimonial registrado durante la gestión de Adorni guarda relación con sus ingresos declarados como funcionario público.

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El Gobierno quitará instancias de participación ciudadana en la selección de jueces y ministros de la Corte

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La administración nacional modificó el procedimiento para la selección de jueces de la Corte Suprema, magistrados federales, fiscales y defensores públicos. El objetivo declarado es reducir tiempos administrativos y acelerar la cobertura de vacantes en un sistema judicial que arrastra demoras estructurales. Para el sector productivo, la medida reabre el debate sobre la velocidad y previsibilidad de la Justicia, un factor cada vez más relevante para inversiones, contratos y resolución de conflictos económicos.

A través del Decreto 467/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional reformó los mecanismos administrativos previos a la nominación de jueces de la Corte Suprema de Justicia, integrantes del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.

La modificación apunta a eliminar instancias que el Ejecutivo considera redundantes respecto de los procedimientos que ya realiza el Senado durante el tratamiento de los acuerdos. La decisión llega después de un período marcado por dificultades para cubrir vacantes judiciales y tras la reciente aprobación de 74 pliegos en la Cámara alta.

La principal novedad es la eliminación de la etapa de observaciones ciudadanas y publicación de antecedentes que se desarrollaba dentro del Ministerio de Justicia antes de que los candidatos fueran enviados al Senado. A partir de ahora, los mecanismos de participación y control público quedarán concentrados exclusivamente en la instancia legislativa.

Menos burocracia administrativa, mismos requisitos constitucionales

El Gobierno sostiene que la reforma no modifica el esquema previsto por la Constitución Nacional. Los candidatos seguirán necesitando el acuerdo del Senado y continuarán sometidos a audiencias públicas, impugnaciones y evaluaciones por parte de la Comisión de Acuerdos.

La apuesta oficial es reducir tiempos administrativos en una estructura judicial que presenta un elevado número de cargos vacantes. Según los fundamentos del decreto, las demoras en la cobertura de puestos afectan el funcionamiento de los tribunales y generan mayores tiempos de tramitación de expedientes.

La reforma también incorpora plazos específicos para organismos que intervienen en el proceso. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá emitir en un máximo de cinco días los informes sobre cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales de los postulantes, un trámite que hasta ahora carecía de un límite temporal uniforme.

Además, los candidatos dispondrán de cinco días para presentar sus declaraciones juradas patrimoniales y de potenciales conflictos de interés.

Aunque la medida se inscribe dentro del funcionamiento del sistema judicial, sus efectos potenciales trascienden el ámbito jurídico.

Para empresas, inversores y sectores productivos, la velocidad de respuesta de la Justicia constituye una variable relevante en la toma de decisiones. Litigios comerciales, concursos preventivos, conflictos tributarios, controversias regulatorias o causas vinculadas al comercio exterior dependen de tribunales que actualmente operan con niveles significativos de vacancias.

La demora en la designación de magistrados genera cuellos de botella que terminan afectando la resolución de expedientes con impacto económico directo.

La lógica del Gobierno apunta a que una reducción de los tiempos administrativos en la etapa de nominación permita acelerar los procesos de cobertura de cargos y contribuir a una mayor capacidad operativa del sistema judicial.

Qué cambia concretamente

Entre los principales cambios introducidos por el decreto se destacan: Se elimina la instancia administrativa de observaciones ciudadanas previa a la nominación presidencial. La publicación de antecedentes deja de realizarse en diarios de circulación nacional y se concentrará en el Boletín Oficial y en la página web del Ministerio de Justicia. Se fijan plazos máximos para declaraciones juradas e informes fiscales. Se unifican criterios de transparencia patrimonial para jueces, fiscales y defensores. Se mantienen intactas las audiencias públicas y el requisito de acuerdo del Senado.

La reforma incorpora una novedad política relevante: desaparece del texto normativo la recomendación que figuraba desde 2003 para considerar criterios de diversidad de género, procedencia regional y especialización jurídica en la selección de candidatos.

El Ejecutivo argumenta que esas valoraciones forman parte de las facultades discrecionales del Presidente al momento de proponer postulantes y que no requieren estar expresamente reglamentadas.

Desde el punto de vista institucional, la decisión concentra aún más el peso político de la etapa de nominación en el Poder Ejecutivo y traslada el control público al Congreso, donde continuará realizándose el examen de antecedentes y las instancias de participación ciudadana.

Qué puede significar para las provincias y el interior

Para jurisdicciones del interior, donde numerosas causas económicas, ambientales, comerciales y vinculadas al comercio internacional dependen de la Justicia Federal, la cobertura más rápida de vacantes podría tener efectos sobre la capacidad de respuesta de los tribunales.

En provincias con fuerte perfil exportador y fronterizo como Misiones, Corrientes o Formosa, la eficiencia de la Justicia Federal tiene incidencia sobre investigaciones vinculadas a contrabando, delitos económicos, propiedad intelectual, comercio exterior y cumplimiento regulatorio.

La clave estará en verificar si la simplificación administrativa efectivamente se traduce en una reducción de los tiempos de designación o si las demoras continúan concentrándose en la etapa legislativa, donde permanece intacto el requisito político de construir mayorías especiales para los acuerdos.

La reforma busca atacar un problema concreto: la lentitud en la cobertura de vacantes judiciales. El éxito de la medida no dependerá de la eliminación de trámites administrativos sino de su capacidad para acelerar efectivamente los nombramientos sin afectar los mecanismos de control y transparencia.

Para el sector productivo, el indicador relevante no será la modificación del procedimiento, sino si durante los próximos meses comienza a reducirse el número de cargos vacantes y mejora la capacidad de respuesta de los tribunales. La calidad institucional y la previsibilidad judicial siguen siendo variables centrales para la competitividad económica y la atracción de inversiones.

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La Justicia Federal retrasa la implementación del sistema acusatorio en Córdoba y refuerza el cronograma para Posadas

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La puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal Federal en Córdoba fue postergada hasta el 8 de marzo de 2027, una decisión que reordena el calendario de reforma judicial impulsado por el Gobierno nacional y deja a Posadas como una de las próximas jurisdicciones clave en adoptar el sistema acusatorio, previsto para el 24 de agosto de 2026. La medida tiene implicancias que exceden el ámbito judicial: impacta sobre la capacidad del Estado para investigar delitos complejos vinculados a la economía formal e informal, desde el narcotráfico hasta el contrabando y los delitos económicos.

La Resolución 274/2026 del Ministerio de Justicia fundamenta el diferimiento en la necesidad de completar inversiones en infraestructura, tecnología y capacitación en uno de los distritos federales más complejos del país. Córdoba concentra un elevado volumen de causas federales y una posición logística estratégica que la convierte en un nodo central para investigaciones vinculadas a cadenas delictivas de alcance nacional e internacional.

Aunque el debate suele concentrarse en los aspectos jurídicos, la implementación del sistema acusatorio tiene una dimensión económica relevante. El modelo reemplaza esquemas procesales más lentos por uno basado en la oralidad y la conducción de las investigaciones por parte de los fiscales, con el objetivo de acelerar los procesos y optimizar el uso de recursos judiciales.

Para sectores productivos, especialmente aquellos vinculados al comercio exterior, la logística y las actividades reguladas, una justicia federal más ágil puede traducirse en mayor previsibilidad institucional. Los delitos económicos, aduaneros, financieros y vinculados al crimen organizado forman parte de la agenda de competencia federal que este sistema busca abordar con herramientas más modernas.

El propio Ministerio de Justicia destacó que Córdoba requiere una preparación adicional debido al peso de investigaciones relacionadas con narcotráfico, contrabando y criminalidad económica, fenómenos que también impactan sobre la competitividad de las economías regionales y la formalidad de los mercados.

Posadas sigue en agenda y gana relevancia estratégica

La postergación cordobesa deja a Posadas como una de las próximas etapas relevantes del proceso de implementación nacional. Según el cronograma oficial, la capital misionera mantiene su fecha de entrada en vigencia para el 24 de agosto de 2026.

Para Misiones, la reforma adquiere características particulares. La provincia comparte extensas fronteras internacionales y concentra una intensa dinámica comercial y logística, factores que incrementan la relevancia de la Justicia Federal en materias como delitos transfronterizos, contrabando, lavado de activos y comercio ilegal.

La experiencia acumulada en distritos donde el sistema ya funciona constituye un antecedente importante para la jurisdicción misionera. El Ministerio de Justicia señala que actualmente el modelo acusatorio ya opera en nueve distritos federales, incluyendo provincias del NEA como Chaco, Formosa y Corrientes.

Las razones detrás de la postergación

La resolución revela que tanto la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba como la Procuración General de la Nación habían advertido sobre necesidades pendientes para garantizar una transición ordenada.

Entre los aspectos observados aparecen: Adecuación de salas de audiencias y espacios físicos específicos para el nuevo sistema. Fortalecimiento de infraestructura tecnológica y telecomunicaciones. Capacitación de magistrados, funcionarios y equipos técnicos. Incorporación de herramientas de análisis forense digital para investigaciones complejas. Organización de recursos humanos para convivir temporalmente con causas del sistema anterior y del nuevo modelo.

La decisión oficial refleja un criterio que puede resultar relevante para futuras implementaciones: priorizar la operatividad efectiva por encima del cumplimiento estricto de los plazos.

Un indicador para las provincias que aún esperan

Además de Córdoba y Misiones, todavía resta implementar el Código Procesal Penal Federal en jurisdicciones como Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos, La Rioja, sectores de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La postergación cordobesa muestra que el Gobierno nacional está dispuesto a recalibrar el cronograma cuando detecta déficits operativos. Para las provincias que se encuentran en proceso de adaptación, el mensaje es claro: la infraestructura tecnológica, la capacitación y la coordinación institucional serán determinantes para sostener las fechas previstas.

La atención del NEA se concentrará ahora en Posadas. Si la implementación prevista para agosto se concreta sin modificaciones, Misiones pasará a integrar el grupo de jurisdicciones que operan bajo el sistema acusatorio federal. El desafío no será únicamente judicial: también servirá como prueba de capacidad institucional para enfrentar delitos complejos que afectan directamente la competitividad regional, la seguridad de las cadenas logísticas y la transparencia de los mercados fronterizos.

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