La Policía de Misiones incautó una camioneta robada cargada con casi 900 kilos de marihuana durante un operativo realizado en Eldorado. Se presume que el conductor abandonó el vehículo ante el arribo de las patrullas y escapó hacia una zona de malezas y montes, donde actualmente permanece rodeado por distintas unidades operacionales que mantienen un intenso despliegue para concretar su captura.
Un importante golpe al narcotráfico se concretó este lunes en Eldorado, donde efectivos policiales secuestraron una camioneta Volkswagen Amarok cargada con 895 kilos de marihuana, valuados en más de 3.375 millones de pesos. Además, se estableció que el vehículo registraba un pedido de secuestro por robo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La intervención se inició cuando efectivos de la División Drogas Peligrosas detectaron la camioneta circulando a alta velocidad y en sentido contrario por la zona de las calles Bertoni e Independencia, en el kilómetro 3 de Eldorado. Al advertir la presencia policial y las señales de detención, el conductor aceleró la marcha y emprendió la fuga.
Ante esta situación, los uniformados desplegaron un seguimiento controlado y lograron reconstruir el recorrido realizado por el vehículo. Finalmente, a unos 3.000 metros del punto inicial, localizaron la Amarok, la cual era abandonada por un hombre sobre un camino terrado.
Durante la inspección, los policías detectaron numerosos bultos con características compatibles con estupefacientes. Con intervención de Criminalística y en presencia de testigos, se realizaron las pruebas orientativas correspondientes, las cuales arrojaron resultado positivo para Cannabis Sativa.
El pesaje final determinó un total de 895 kilos con 200 gramos de marihuana distribuidos en 46 bultos. Por disposición de la Justicia Federal se procedió al secuestro de la droga y del vehículo utilizado para su transporte.
Mientras avanzan las actuaciones judiciales, el operativo continúa con efectivos desplegados en la zona para ubicar y detener al responsable de la carga narco.
La Cámara Federal de Casación Penal dejó este jueves a Cristina Fernández de Kirchner al borde de una nueva instancia crítica en la causa Vialidad: ratificó el decomiso de bienes vinculado a la condena por administración fraudulenta y cerró el camino ordinario hacia la Corte Suprema. A la ex presidenta y a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, sólo les queda presentar un recurso de queja directa ante el máximo tribunal.
La resolución habilita al Tribunal Oral Federal 2 a avanzar en la ejecución patrimonial de bienes valuados en $684.990 millones, incluyendo propiedades, empresas y activos vinculados tanto a la familia Kirchner como al empresario Lázaro Báez.
El fallo tiene una dimensión judicial, pero también un impacto político y económico de largo alcance: consolida la etapa de ejecución de condena en uno de los expedientes más emblemáticos de la relación entre obra pública, poder político y negocios privados durante el kirchnerismo.
La decisión fue firmada por los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, aunque este último votó parcialmente en disidencia respecto de algunos bienes heredados por Máximo y Florencia Kirchner.
El núcleo del fallo ratifica un principio que Casación viene sosteniendo desde la confirmación de la condena: el delito no puede constituir una fuente legítima de acumulación patrimonial.
“El decomiso de los beneficios de origen delictivo encuentra su fundamento en que el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida”, sostuvo Hornos.
La resolución consolida así la posibilidad de que el Estado avance sobre: inmuebles, hoteles, departamentos, lotes, sociedades comerciales, y activos heredados o transferidos gratuitamente. En total, el universo patrimonial bajo ejecución alcanza 111 bienes.
El punto más sensible: los bienes heredados por Máximo y Florencia
El aspecto jurídicamente más delicado del fallo es el criterio aplicado sobre los bienes de los hijos de la ex presidenta.
Casación sostuvo que la condición de herederos o cesionarios no impide el decomiso cuando existe “una vinculación razonable” entre los activos y el beneficio económico derivado del delito investigado.
Ese razonamiento marca un precedente relevante en materia penal económica y patrimonial.
La Cámara consideró que: la transferencia hereditaria no neutraliza el decomiso; y que los bienes pueden ejecutarse aun cuando sus actuales titulares no hayan sido condenados en la causa principal. En juego aparecen 19 propiedades vinculadas a Máximo y Florencia Kirchner.
Borinsky, en minoría parcial, cuestionó específicamente algunos inmuebles adquiridos antes del período temporal fijado por el tribunal oral para analizar el circuito patrimonial investigado.
Entre ellos aparecen: departamentos en Río Gallegos; lotes vinculados al complejo Los Sauces; y activos asociados a empresas compradas por Báez.
La resolución llega en un momento de extrema sensibilidad política para el peronismo.
Cristina Kirchner ya cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica y enfrenta un escenario donde la ejecución patrimonial empieza a adquirir una dimensión concreta sobre bienes familiares históricos.
La señal judicial tiene además impacto interno sobre el sistema político: debilita la capacidad de reorganización del kirchnerismo; tensiona la estrategia opositora del PJ; y vuelve a colocar la corrupción en el centro de la agenda pública.
La causa Vialidad siempre tuvo una doble lectura: una jurídica y otra estructural.
No se discute solamente una condena individual, sino el funcionamiento de un modelo de administración de obra pública durante casi dos décadas en Santa Cruz.
La dimensión económica: obra pública, contratistas y poder
El expediente Vialidad se transformó en un caso testigo sobre la relación entre el Estado y empresarios contratistas durante los gobiernos kirchneristas.
Casación volvió a remarcar que existió un “flujo económico de magnitud extraordinaria en perjuicio del erario público”.
Ese punto tiene relevancia actual porque el Gobierno de Javier Milei busca utilizar políticamente el caso para reforzar su narrativa sobre: ajuste del gasto público, eliminación de intermediaciones, y cuestionamiento al modelo tradicional de obra pública nacional.
La ejecución de bienes también reabre un debate económico más amplio: cómo recuperar activos derivados de delitos contra el Estado y cuál es la verdadera capacidad del sistema judicial argentino para ejecutar patrimonios complejos después de condenas firmes.
Aunque el fallo pertenece al terreno judicial, el mercado financiero sigue de cerca este tipo de decisiones por una razón central: la percepción institucional.
En los últimos meses, el Gobierno nacional intentó instalar la idea de una Argentina con: mayor previsibilidad jurídica; disciplina fiscal; y fortalecimiento institucional.
En ese contexto, causas de alto impacto político funcionan también como señales hacia inversores internacionales sobre el comportamiento del sistema judicial argentino frente a delitos económicos y corrupción pública.
El dato no es menor en un país donde históricamente existió escepticismo sobre la capacidad efectiva del Estado para sancionar casos de corrupción estructural.
Santa Cruz, hoteles y el corazón patrimonial del kirchnerismo
Muchos de los bienes alcanzados tienen además un fuerte valor simbólico y político.
Entre ellos aparecen activos asociados a: Los Sauces, propiedades en Río Gallegos, y sociedades vinculadas históricamente al patrimonio familiar.
La causa vuelve así sobre uno de los núcleos históricos del kirchnerismo: la construcción patrimonial y empresarial desarrollada desde Santa Cruz hacia el poder nacional.
No se trata únicamente de bienes económicos. También son activos políticos y simbólicos acumulados durante más de tres décadas de construcción de poder territorial.
El próximo movimiento judicial será la presentación de recursos de queja ante la Corte Suprema.
Sin embargo, la decisión de Casación deja al Tribunal Oral en condiciones de profundizar medidas de ejecución y recuperación patrimonial mientras el máximo tribunal evalúa si toma o no intervención.
La discusión jurídica ahora gira sobre dos preguntas centrales: hasta dónde puede avanzar el decomiso sobre bienes heredados; y cuánto tiempo demorará la Corte en definir si revisa el caso.
Mientras tanto, el expediente Vialidad entra en una etapa distinta: menos enfocada en la condena penal y más centrada en la recuperación efectiva de activos.
Y ahí aparece un dato políticamente sensible para el sistema argentino: por primera vez, la discusión deja de ser abstracta y empieza a impactar directamente sobre el patrimonio histórico de la familia más influyente del peronismo de las últimas dos décadas.
El Senado avanzó este martes con el tratamiento de cerca de 80 pliegos judiciales impulsados por el Gobierno nacional, en una negociación política que involucró al oficialismo y a sectores dialoguistas del PRO, la UCR y bloques provinciales. Entre las postulaciones incluidas aparece la de la misionera Ruth María Ponce de León, propuesta para ocupar el cargo de jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas.
La movida representa uno de los acuerdos institucionales más amplios que logró hasta ahora La Libertad Avanza en la Cámara alta en materia judicial. El oficialismo obtuvo dictámenes favorables en la Comisión de Acuerdos luego de incorporar decenas de cargos reclamados por provincias y fueros federales del interior del país.
El pliego de Ponce de León quedó así habilitado para avanzar hacia la etapa de acuerdos legislativos, dentro de un paquete que incluye jueces, fiscales, defensores oficiales y camaristas para distintas jurisdicciones federales.
La negociación política se aceleró luego de que el Gobierno enviara alrededor de cincuenta nuevos pliegos vinculados a juzgados federales del interior. Esa decisión permitió que bloques opositores dialoguistas acompañaran los despachos que estaban pendientes desde audiencias anteriores.
En la práctica, el oficialismo logró consolidar una mayoría circunstancial para avanzar con designaciones estratégicas en la estructura judicial federal, un terreno históricamente sensible por su impacto institucional y político.
Dentro de ese esquema también se destacó la audiencia pública de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, postulado para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Su exposición concentró parte de la atención política de la jornada y funcionó como señal de acercamiento entre sectores del oficialismo y el entramado judicial federal.
Qué implica el avance del pliego para Misiones
La postulación de Ruth María Ponce de León se vincula directamente con el Tribunal Oral Federal de Posadas, órgano clave en causas federales vinculadas a narcotráfico, delitos económicos y criminalidad compleja en la región.
Aunque el texto base no detalla vacantes específicas ni tiempos de cobertura, el avance del pliego aparece en un contexto donde el Gobierno busca acelerar nombramientos en tribunales federales estratégicos del interior.
Para Misiones y el NEA, el movimiento tiene peso institucional porque los tribunales federales cumplen un rol central en una región atravesada por dinámicas fronterizas, comercio internacional y delitos transnacionales.
La inclusión de cargos para Chaco, Corrientes, Formosa, Salta y Misiones también refleja una lógica de distribución territorial en la negociación parlamentaria, un reclamo que sectores dialoguistas venían sosteniendo frente a la concentración de designaciones en Buenos Aires.
La Justicia federal volvió al centro de la negociación política
El tratamiento conjunto de más de 80 pliegos exhibe un dato político relevante: aun con minoría parlamentaria, el oficialismo consiguió articular acuerdos para intervenir en la conformación del mapa judicial federal.
La estrategia incluyó habilitar nombramientos en distintas provincias y fueros, una señal orientada a contener demandas de gobernadores, senadores provinciales y sectores judiciales que reclamaban cobertura de vacantes.
En paralelo, el debate volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre los mecanismos de selección de magistrados y el nivel de discrecionalidad en los concursos judiciales. Durante la audiencia, Emilio Rosatti sostuvo que existen distintos proyectos para modificar el sistema y “bajar la discrecionalidad” en las designaciones.
Aunque los dictámenes ya fueron habilitados en comisión, el proceso aún depende de futuras sesiones del Senado para convertir las postulaciones en designaciones efectivas.
La próxima etapa será observar si el oficialismo logra sostener la misma mayoría circunstancial en el recinto y cómo impacta esa negociación en otras discusiones legislativas abiertas entre el Gobierno y la oposición dialoguista.
En el caso de Misiones, la evolución del pliego de Ruth María Ponce de León quedará ligada a esa dinámica política nacional, en un escenario donde la Justicia federal continúa siendo uno de los espacios de mayor sensibilidad institucional y de disputa de poder.
El listado completo de los nuevos pliegos judiciales:
Ana María Busleiman para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca.
Sebastián Pedro Ruiz para juez del Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, Chubut.
Fernando Gabriel Alcaraz para fiscal federal de la Unidad Fiscal Mendoza.
Maximiliano Alberto Leandro Callizo para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58 de la Capital Federal.
Sergio Alejandro Echegaray para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44 de la Capital Federal.
Juan Manuel Cabral para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala K.
Albertina Anatonia Caron para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19 de la Capital Federal.
Pedro Manuel Crespo para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 28 de la Capital Federal.
Sebastián Rodrigo Ghersi para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 45 de la Capital Federal.
Patricio Nicolás Sabadini para fiscal federal de la Unidad Fiscal de Resistencia, Chaco.
Santiago José Martín para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Buenos Aires.
Santiago French para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.
Amanda Espino para defensora pública oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 7.
Evangelina María Lasala para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal.
José María Abram Luján para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 110 de la Capital Federal.
Pilar Fernández Escarguel para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 109 de la Capital Federal.
Hugo Daniel Froy para fiscal federal de la sede fiscal descentralizada de Paso de los Libres, Corrientes.
Juan Tomás Rodríguez Ponte para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, Buenos Aires.
Santiago Villagrán para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°19 de la Capital Federal.
Paula Vanesa Romeo para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal.
Julio César di Giorgio para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10 de la Capital Federal.
Juan Carlos Riccardini para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y N° 9 de la Capital Federal.
Ángel Roger Luna Roldán para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.
María Virginia Ise para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco.
Juan Marcelo Burella Acevedo para fiscal federal de la Unidad Fiscal de Corrientes.
Ruth María Ponce de León para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, Misiones.
Pablo Roberto Toledo para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.
Claudio Fabián Loguarro para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala III.
Diego Fernando Manauta para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala V.
Diego Javier Tula para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala II.
Marina Edith Pisacco para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VI.
María Claudia Jueguen para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala X.
Víctor Arturo Pesino para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VIII.
Leopoldo Jorge Rago Gallo para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de San Juan.
Matilde Evangelina Ballerini para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala B.
Pedro Mariano Rebollo para fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, Entre Ríos.
Natalia Cecilia Crede para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 3.
María Ángeles Ramos para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 4.
Santiago Roldán para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 2.
Gustavo Alejandro Roque Cultraro para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 10 de la Capital Federal.
Bernardo María Rodríguez Palma para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, Buenos Aires.
Fernando Carlos Damián Pascual para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 41 de la Capital Federal.
Mariana Salduna para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25 de la Capital Federal.
Vanesa Silvana Alfaro para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16 de la Capital Federal.
Bárbara Rastellino para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 27 de la Capital Federal.
Javier Rodrigo Pereyra para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal.
Agustín Raúl Rubiero para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala D.
Alicia Isabel Braghini para vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala III.
Florencia Inés Córdoba para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 66 de la Capital Federal.
Lucila Califano para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 9 de la Capital Federal.
Hernán Enrique Figueroa para defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Defensoría N° 2.
Germán Luis Artola para defensor público oficial adjunto ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 11.
Nuria Saba Sardañons para defensora pública oficial adjunta ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 15.
José Nicolás Celestino Chumbita para defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja.
Sofía Beatriz del Milagro Martín para defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Santiago del Estero.
Maximiliano Eduardo Nicolás para defensor público de menores e incapaces ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 4.
María Laura Irastorza para defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Río Negro.
María Esther Pinos para defensora pública oficial federal del interior del país con asiento en la ciudad de Formosa.
Ana Clarisa Galán Muñoz para defensora pública oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal, Defensoría N° 3.
Maximiliano Abel Chávez, Andrea Cristina Di Gregorio, Agustín García Fauré, Gabriel Andrés Marnich, José Eduardo Di Lena y Fernando Gabriel Saraboso, conjueces de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
El juez federal Sebastián Casanello ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial Manuel Adorni y actual diputado bonaerense de La Libertad Avanza, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito que impulsa el fiscal Guillermo Marijuan.
La resolución judicial incluye una batería de medidas para reconstruir la evolución patrimonial del legislador provincial, entre ellas la verificación de un crédito hipotecario por 60 millones de pesos, la compra del 50% de un vehículo y un incremento patrimonial estimado en 84% en apenas un año. También se solicitaron sus declaraciones juradas a la Oficina Anticorrupción.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien advirtió presuntas inconsistencias en el patrimonio declarado por Francisco Adorni desde su desembarco en la función pública, primero como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF).
En las últimas elecciones, Francisco Adorni obtuvo una banca en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y se incorporó al bloque de La Libertad Avanza.
El expediente tramita en el Juzgado Federal N°6, originalmente a cargo de Daniel Rafecas, aunque esta semana fue subrogado por Casanello, quien avanzó con las primeras medidas patrimoniales.
Por su parte, Manuel Adorni también enfrenta otra investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, aunque el fiscal aclaró que esa causa no forma parte de este expediente, ya que se encuentra bajo la órbita del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita.
En un dictamen de 19 páginas, Marijuan precisó que la pesquisa se concentrará exclusivamente sobre Francisco Adorni. Como primer paso, convocó a Pagano para ratificar formalmente la denuncia y dispuso el cruce de información en organismos nacionales, provinciales y municipales.
Entre los pedidos más sensibles figura el requerimiento a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que deberá informar declaraciones juradas, pagos, bienes registrables, regímenes de facturación y eventuales sanciones aduaneras desde 2020 hasta la actualidad. También deberá precisar si el dirigente adhirió a algún régimen de sinceramiento fiscal.
La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Inmueble y el Registro bonaerense deberán informar sobre propiedades, impuestos activos, operaciones realizadas y titularidad de bienes.
El Banco Central también recibió un pedido de información reservado para que releve cuentas bancarias, depósitos, transferencias, movimientos en efectivo, tarjetas, cajas de seguridad, plazos fijos, compra de divisas y tenencias financieras a nombre del legislador.
En paralelo, el Banco Provincia deberá ampliar la información sobre el crédito hipotecario detectado en la denuncia, detallando cronograma de pagos, refinanciaciones, saldos y toda la documentación respaldatoria.
La Justicia también pidió informes a Migraciones sobre salidas del país, a la Inspección General de Justicia sobre participación en sociedades comerciales y a la Unidad de Información Financiera (UIF), que deberá elaborar un informe patrimonial, financiero y societario integral.
Además, Marijuan solicitó al fiscal Pollicita una certificación sobre la causa que involucra a Manuel Adorni para determinar si Francisco Adorni aparece mencionado en ese expediente y bajo qué carácter.
La investigación recién comienza, pero la decisión de levantar el secreto fiscal y bancario marca un avance de peso en una causa que puede tener alto impacto político dentro del oficialismo libertario.
La Policía de Misiones interceptó anoche un camión que transportaba 2.145 kilos de cannabis ocultos en un cargamento de madera, tras una investigación encubierta. El conductor fue detenido y se detectó una logística para evadir controles.
La fuerza provincial asestó un golpe clave al narcotráfico al interceptar un camión que transportaba más de 2 toneladas de droga, ocultas en un semirremolque cargado con madera. El procedimiento se concretó en un control vial en Apóstoles, tras semanas de tareas investigativas llevadas adelante por la Dirección General de Investigaciones Criminales.
La pesquisa se inició a partir de información recolectada por el área de inteligencia criminal de la Jefatura de Policía, que permitió montar un seguimiento discreto sobre el rodado, el cual circulaba desde la zona de Aristóbulo del Valle. Durante el operativo, los investigadores detectaron maniobras evasivas y la presunta utilización de un vehículo de apoyo tipo “puntero”, que advertía sobre controles en ruta.
Con esta información, se desplegó un operativo cerrojo que permitió interceptar el camión sin que lograra evadir el control. Posteriormente, el rodado fue trasladado bajo custodia hasta el puente internacional Posadas–Encarnación, donde fue sometido al escaneo del sistema ARCA, confirmándose la presencia de bultos sospechosos ocultos entre la carga.
En total, se secuestraron 72 bultos —65 paquetes compactados y 7 bolsas con cogollos— que totalizaron 2.784 panes de cannabis, con un peso final de 2.145 kilogramos. El aforo de la droga supera los 7.800 millones de pesos.
El conductor, identificado como Ulises A., fue detenido y puesto a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para determinar la estructura logística detrás del transporte.
