JUSTICIA FEDERAL

Las prestamistas declararon que Adorni les debe 70 mil dólares

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La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo con las declaraciones testimoniales de las mujeres que financiaron la compra de su departamento en Caballito. Ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, las acreedoras ratificaron la existencia de un crédito privado y precisaron las condiciones del acuerdo, mientras la Justicia avanza sobre la trazabilidad de los fondos.

Según los testimonios de Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, el financiamiento fue otorgado en noviembre de 2024 por un total de 100.000 dólares, bajo la modalidad de préstamo hipotecario no bancario. De ese monto, Molina aportó 85.000 dólares y Cancio los 15.000 restantes.

Las testigos indicaron que el acuerdo contempla cuotas mensuales en curso y un vencimiento final previsto para noviembre de este año. Además, detallaron que el crédito fue pactado con una tasa de interés del 11% anual. De acuerdo con lo declarado, al funcionario aún le resta cancelar un saldo de 70.000 dólares más intereses.

En paralelo, la investigación judicial busca determinar si las acreedoras -ambas integrantes de la Policía Federal- contaban con la capacidad económica suficiente para otorgar el financiamiento, así como reconstruir el origen de los fondos utilizados en la operación inmobiliaria.

Un punto de tensión en el expediente surge a partir del testimonio de la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en la certificación de firmas tanto de este inmueble como de otra propiedad en Exaltación de la Cruz. La profesional negó la existencia de préstamos en efectivo y sostuvo que la operación se encuadró dentro de un esquema “normal”, describiéndola como una compraventa con pago en cuotas, es decir, un financiamiento directo entre partes y no un crédito externo.

La causa continuará esta semana con nuevas declaraciones. Para el miércoles 15 están citadas Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, también vinculadas a la compra del inmueble. En tanto, la semana pasada prestó testimonio vía Zoom el exfutbolista Hugo Morales, quien había sido el propietario original del departamento antes de venderlo a las actuales acreedoras.

Con estos elementos, la Justicia busca determinar si existió un circuito financiero transparente o si hay inconsistencias que puedan configurar un incremento patrimonial no justificado.

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Declaró la escribana de Manuel Adorni y ante los medios aseguró que no hubo “ninguna irregularidad”

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La escribana Adriana Nechevenko declaró durante casi 3 horas este miércoles (08/04) ante el fiscal Gerardo Pollicita, en la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni. Al retirarse de los tribunales de Comodoro Py, dialogó brevemente con los medios presentes.

“Eso pregúntenle a él”, respondió cuando se la consultó sobre el origen del dinero con el que Adorni compró el departamento del barrio porteño de Caballito y la casa en el country Indio Cua.

También aseguró que no hubo “ninguna irregularidad” en la adquisición de las propiedades. Mencionó que en la compraventa del departamento de Caballito “no hubo préstamo de dinero en efectivo, sino que se trató de una hipoteca normal sin ningún problema”.

La escribana consideró habitual que se hipotequen propiedades por un 90% de su valor, en relación al porcentaje que las vendedoras -dos jubiladas- accedieron a financiarle con una “hipoteca con saldo de precio”, precisó. Ambas mujeres están citadas mañana a declarar, también como testigos, para dar precisiones sobre la venta del departamento de casi 200 metros cuadrados por 230 mil dólares, de los cuales financiaron 200 mil.

“Todas las operaciones están explicadas”, agregó la escribana sobre su declaración en la fiscalía.

Luego, cuando le consultaron acerca de sus 7 visitas a la Casa de Gobierno, se negó ante la prensa a responder sobre los motivos. “No lo puedo decir, a mi cliente no le gustaría que yo lo diga”.

Su declaración, que forma parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el actual jefe de Gabinete, duró más de dos horas. Allí habría indicado que fue una compra-venta “con una hipoteca por saldo de precio” y remarcó que “hace muchos años” tiene un vínculo profesional y laboral tanto con Adorni como con su esposa, Bettina Angeletti.

Trascendió que Nechevenko presentó toda la documentación requerida por el fiscal, sin embargo, al llegar al lugar, la escribana le adelantó a la prensa y aseguró que “no iba a explicar absolutamente nada“.

Paralelamente, se investiga su pasado profesional, debido a reportes que la vinculan con servicios prestados anteriormente a organizaciones de narcotráfico. Esta declaración se suma a otras medidas en la causa, como la reciente citación a las cuatro jubiladas que figuran como prestamistas del funcionario.

Por otro lado, las cuatro mujeres que le facilitaron hipotecas no bancarias al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que le permitieron comprar dos propiedades, fueron citadas a declarar por el fiscal Gerardo Pollicita.

Se trata de Claudia Sbabo y Beatriz Viegas (que facilitaron la compra del departamento de Caballito en la calle Miró donde en la actualidad vive Adorni) y Graciela Isabel Molina Victoria María José Cancio, que le otorgaron una hipoteca privada en un inmueble de la calle Asamblea, en el mismo barrio porteño.__IP__

Las dos primeras fueron citadas este jueves 9 y las otras dos mujeres, el lunes 13.

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Cada vez más complicado: Manuel Adorni inicia su estrategia judicial para presentarse en Comodoro Py

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La Justicia federal avanza sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una investigación que combina sospechas de enriquecimiento ilícito, operaciones inmobiliarias bajo análisis y viajes internacionales que generan más dudas que respuestas. En el centro de la escena aparece la escribana Adriana Nechevenko, quien se presenta esta semana en tribunales de Comodoro Py, al igual que el propio funcionario, que también deberá dar explicaciones ante la Justicia.

El expediente pone especial foco en la adquisición de un departamento en Caballito, escriturado en noviembre pasado, para el cual Adorni habría recibido un préstamo de 200 mil dólares de dos mujeres: Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. La situación generó sospechas luego de que una de ellas afirmara públicamente no conocer al funcionario, lo que encendió alarmas en la investigación judicial sobre el origen de los fondos.

La declaración tanto de Nechevenko como de Adorni será clave para determinar el próximo paso del fiscal Gerardo Pollicita y del juez Ariel Lijo, quienes evalúan citar a las supuestas prestamistas o incluso imputarlas. Además, también se analiza el testimonio del anterior propietario del inmueble, el exfutbolista Hugo Morales, para esclarecer el valor real de la operación, ya que el precio declarado estaría por debajo del mercado.

En paralelo, otra causa investiga un vuelo privado que Adorni tomó hacia Punta del Este durante los feriados de carnaval, junto a su entorno cercano. También se suman sospechas sobre un presunto viaje a Aruba y el financiamiento de su regreso desde Nueva York tras participar en la Argentina Week, lo que abre interrogantes sobre posibles irregularidades en el uso de fondos.

Mientras el gobierno de Javier Milei intenta bajar el impacto político del caso y ratifica al funcionario en su cargo, en los tribunales aseguran que la investigación continuará con celeridad. Con múltiples frentes abiertos y pruebas en evaluación, el futuro judicial de Adorni se vuelve cada vez más incierto.

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La Justicia levantó la proscripción y habilitó a Arrúa, Comparin y Kornuta a competir en las internas del PJ

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El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas resolvió hacer lugar a un planteo judicial presentado por el ex apoderado del Partido Justicialista, Martín Kornuta, junto al abogado Leandro Maidana, y dispuso suspender provisoriamente la suspensión preventiva de afiliación que pesaba sobre el diputado nacional Pedro Alberto Arrúa, Myriam Analía Comparin y el propio Kornuta.

La decisión judicial habilita a los tres dirigentes a participar del proceso electoral interno del PJ mientras se resuelve la cuestión de fondo ante la Cámara Nacional Electoral.

Según la resolución, el tribunal consideró que la suspensión preventiva de afiliación implicaba una restricción directa al ejercicio de derechos políticos y de participación partidaria, especialmente en el contexto de un proceso electoral interno ya en marcha.

En ese sentido, el fallo señala que la verosimilitud del derecho surge de la naturaleza de los derechos involucrados, dado que la medida disciplinaria afectaba la condición de afiliados y, por lo tanto, la posibilidad de intervenir en la vida institucional del partido.

Riesgo de afectar derechos políticos

El juzgado también evaluó el denominado “peligro en la demora”, al advertir que el desarrollo del calendario electoral interno podría generar perjuicios de difícil reparación si los dirigentes quedaban excluidos del proceso mientras se tramita la apelación.

En materia electoral, remarca el fallo, el paso del tiempo puede volver ilusorio el ejercicio de los derechos políticos si no se adoptan medidas cautelares que preserven la participación de los afiliados hasta que exista una resolución definitiva.

Bajo ese criterio, el tribunal resolvió suspender provisoriamente los efectos de la suspensión preventiva de afiliación y garantizar la posibilidad de que Arrúa, Comparin y Kornuta participen en las elecciones internas del justicialismo.

Apelación ante la Cámara Nacional Electoral

En paralelo, el juzgado concedió el recurso de apelación contra la resolución cuestionada, que será analizado por la Cámara Nacional Electoral conforme al régimen previsto por la Ley 23.298 de partidos políticos.

De esta manera, la cautelar mantiene vigente el ejercicio de los derechos políticos de los dirigentes hasta que el tribunal de alzada se pronuncie sobre el fondo del conflicto partidario.

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Microeventos en Cataratas: el juez Marcelo Cardozo exige un informe detallado a Parques Nacionales

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En el marco de la acción de amparo ambiental presentada por la Asociación Orembaé, el juez federal de Puerto Iguazú Marcelo Cardozo ordenó a la Administración de Parques Nacionales que, en un plazo de cinco días, remita un informe exhaustivo sobre la autorización de microeventos en el área Cataratas del Parque Nacional Iguazú.

El requerimiento judicial, fechado el 9 de febrero, se funda en los principios de prevención, precaución y acceso a la información ambiental, considerados claves para la correcta resolución del amparo. “La información solicitada resulta relevante para la adecuada tutela del ambiente”, sostiene el escrito remitido por el Juzgado Federal a la APN.

La orden se apoya en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente N° 25.675, en el artículo 41 de la Constitución Nacional y en normativa complementaria. En ese marco, el juez exige que Parques Nacionales informe si se han autorizado, promovido o permitido microeventos -culturales, recreativos, turísticos, promocionales o de cualquier otra índole- dentro del Parque Nacional Iguazú, con especial énfasis en el área de Cataratas, durante los últimos años.

El pedido judicial incluye el detalle de tipo de evento, fechas, duración, cantidad estimada de asistentes y sectores específicos del Parque donde se desarrollaron, así como la identificación de la autoridad interviniente y el acto administrativo que avaló cada autorización (resoluciones, disposiciones, convenios u otros instrumentos), acompañando copia de la documentación correspondiente.

Además, el juez solicita que la APN precise si se realizaron evaluaciones de impacto ambiental o estudios técnicos previos, indicando su alcance, conclusiones y aportando copia en caso de existir. En la misma línea, requiere información sobre medidas de mitigación, control y monitoreo ambiental implementadas o previstas para evitar afectaciones al ecosistema, la biodiversidad, la fauna, la flora y el patrimonio natural del Parque, reseña el sitio especializado El Paranaense.

El oficio también exige que se informe si existen protocolos, reglamentos internos o normativa específica que regulen la realización de eventos o microeventos dentro del Parque Nacional Iguazú, solicitando la remisión de dichos instrumentos.

La Administración de Parques Nacionales deberá responder en el plazo fijado. En caso de incumplimiento o de una contestación parcial, el magistrado podría presumir como ciertos los hechos denunciados, favoreciendo el planteo de la organización ambiental.

El conflicto se originó en diciembre pasado, cuando la APN aprobó un régimen excepcional, transitorio y experimental mediante la Resolución N° 460/2025, que autoriza la realización de microeventos de hasta 60 participantes en sectores de uso público intensivo del Área Cataratas. El 16 de enero de 2026, Orembaé presentó un amparo ambiental solicitando la nulidad absoluta e insanable de esa resolución.

Posteriormente, el 1 de febrero, la organización amplió la demanda con informes científicos y documentación de la Auditoría General, que -según argumenta- confirman un escenario de alta vulnerabilidad para la biodiversidad del Parque Nacional Iguazú.

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