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Preocupación de Cámaras Federales por recorte presupuestario al Poder Judicial

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Los integrantes de la Junta de Presidentes de las Cámaras Federales con competencia penal expresaron su “profunda preocupación” ante el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2026 impulsado por el Consejo de la Magistratura, al advertir que el crédito asignado implicaría una reducción del 8% en términos generales y del 74% en el rubro Bienes de Uso.

A través de un comunicado, los magistrados alertaron que, de mantenerse esa previsión, se vería “gravemente afectado el normal funcionamiento de los tribunales y, con ello, la independencia del Poder Judicial”, a la que calificaron como un “pilar esencial del Estado de Derecho y garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

En ese sentido, remarcaron que la suficiencia presupuestaria y la autarquía financiera son condiciones “indispensables” para asegurar la efectiva independencia judicial, y advirtieron que “asignaciones insuficientes derivan en infraestructura inadecuada, deterioro salarial y un acceso a la justicia cada vez más restringido”.

El pronunciamiento también hizo hincapié en la necesidad de contar con recursos para avanzar en la modernización del sistema judicial. Ypara garantizar la implementación del nuevo sistema procesal penal federal. 

Según señalaron, la fuerte reducción en el presupuesto para Bienes de Uso “impediría sostener obras, mantenimiento edilicio y actualización tecnológica”. Considerados elementos claves para ofrecer “un servicio de justicia eficiente y moderno”.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la independencia judicial. Y exhortamos a que el presupuesto del Poder Judicial sea revisado y adecuado a sus reales necesidades”, concluyeron los jueces. En defensa del “equilibrio republicano, la plena vigencia de la Constitución Nacional y el derecho de todos los ciudadanos a una justicia independiente, eficiente y accesible”. 

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Comenzó el juicio por la causa Cuadernos: 87 acusados con Cristina Kirchner en el centro de la escena

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El juicio oral a la ex presidenta Cristina Kirchner por la causa Cuadernos comenzó este jueves de manera remota con la lectura de la acusación fiscal por los delitos de asociación ilícita y cohecho ante el Tribunal Oral Federal 7.

La ex mandataria se conectó vía Zoom y fue obligada por los jueces a mostrarse en cámara.

“Se da inicio a este juicio oral y público” anunció el presidente del tribunal, Enrique Médez Signori, luego de haber comprobado la presencia en el megazoom de los 87 acusados, sus abogados, la fiscal Fabiana León y la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Comenzó así la lectura íntegra del requerimiento de elevación a juicio del fiscal que instruyó el caso, Carlos Stornelli: llegaron a enumerarle a la ex presidenta 40 de los casos de presunto pago de sobornos por parte de empresarios de los que la acusación la considera coautora en su carácter de beneficiaria final.

Los jueces Méndez SignoriFernando Canero y Germán Castelli se conectaron desde una sala de audiencias del Palacio de Justicia en Talcahuano 550, donde ese tribunal tiene su sede y donde minutos antes permitieron el acceso de reporteros gráficos para tomar imágenes.

Con todas las partes ya en el Zoom, se inició la lectura interrumpida a los pocos minutos por el juez Méndez Signori porque no todos los acusados se dejaban ver ante las cámaras, uno de ellos Cristina Kirchner.

“Advierto que no todos los imputados aparecen en cámara. El Tribunal debe velar por la presencia de todos, les pido a las personas que no aparecen en cámara que lo hagan y arbitren las medidas necesarias para que yo los pueda ver”, expresó el juez.

Entonces la ex presidenta se mostró en la imagen junto a su abogado Carlos Beraldi desde el departamento de San José 1111, donde cumple arresto domiciliario de seis años por administración fraudulenta en el caso Vialidad.

Primera jornada: las lecturas

La secretaria del tribunal, María Cecilia Chichizola, comenzó la lectura del requerimiento que narra cómo se inició la causa y el detalle de acusaciones a la ex presidenta como coautora en relación a, por lo  menos, 40 hechos de presunto pago de sobornos por parte de empresarios a entonces funcionarios de su gobierno como Roberto Baratta y José López, también juzgados en un total de 87 acusados.

A lo largo de la jornada se escucharon los cargos que pesan contra los acusados en la causa principal, la 9.608 abierta en 2018, cuando el fallecido juez federal Claudio Bonadio ordenó medidas en base al dictamen de impulso de la investigación resuelto por Stornelli.

En ese juzgado tramitaba la causa por delitos con la compra de gas licuado en el kirchnerismo y había declarado Hilda Horowitz, la ex esposa del remisero Oscar Centeno, autor de los cuadernos, y quien se presentó para decir que tenía información.

Según la acusación, Centeno, temeroso de ser allanado, entregó a un amigo, Jorge Bacigalupo, una caja de cartón con los ocho cuadernos y otros documentos, todo lo cual recibió de manos de este último el periodista Diego Cabot a principios de 2018, según la causa judicial.

El periodista llevó la evidencia a Comodoro Py en el marco de esta causa ya abierta y Bonadio resolvió iniciar una nueva investigación.

Todo eso se repasó en la lectura de la acusación trasmitida por el canal de Youtube del Poder Judicial. En el juicio interviene la fiscal Fabiana León y la querella de la UIF.

El debate se inició poco antes de las 10.30, casi una hora después de lo previsto, terminó a media tarde y se reanudará el jueves próximo con otra jornada de lectura de la acusación fiscal.

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El Gobierno crea el Centro Nacional Antiterrorista bajo la órbita de la SIDE para coordinar la lucha contra el terrorismo

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El Gobierno crea el Centro Nacional Antiterrorista, un nuevo eje estratégico bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia de Estado. “No se combate con improvisación”, dijo Patricia Bullrich al presentar el organismo.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el Centro Nacional Antiterrorista, un organismo creado con el objetivo de articular las políticas de prevención y respuestas ante las amenazas de grupos armados extremistas, las que “no se combaten con improvisación”, consideró la funcionaria.

Según la candidata a senadora nacional de La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires, el CNA “viene a cerrar una brecha histórica” debido a “la falta de coordinación entre organismos” públicos “para responder” a las intimidaciones del Estado Islámico (ISIS), Hamás, Al Qaeda y Hezbolá (implicado en los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994), entre otros.

De acuerdo a su explicación, la entidad funcionará bajo el control de la Secretaría de Inteligencia del Estado, al tiempo que la cartera de Seguridad se encargará de activar protocolos y coordinar fuerzas federales en todo el territorio nacional.

Por Decreto 717/2025, el Poder Ejecutivo formalizó la creación de un organismo destinado a integrar información, coordinar acciones y diseñar estrategias nacionales frente a las amenazas terroristas. La medida se enmarca en las recomendaciones del GAFI y busca fortalecer la cooperación internacional y la capacidad operativa del Estado argentino.

Un nuevo esquema de coordinación en inteligencia y seguridad nacional

El Gobierno nacional oficializó este 7 de octubre la creación del Centro Nacional Antiterrorista (CNA), que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), con el objetivo de centralizar el análisis, la coordinación y la respuesta frente al terrorismo.

El decreto 717/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro del Interior Guillermo Francos, define al CNA como un espacio de integración interinstitucional para recibir, analizar y compartir información estratégica, elaborar lineamientos y protocolos operativos y diseñar políticas específicas de prevención, detección y respuesta ante amenazas terroristas.

El organismo actuará como unidad de comando nacional y coordinará acciones con las fuerzas de seguridad federales, organismos de inteligencia, la UIF, la ARCA y Migraciones, además de ministerios clave como Defensa, Seguridad, Justicia y Relaciones Exteriores.

Según el texto oficial, el CNA contará con “recursos humanos y presupuestarios provistos por la SIDE” y su creación responde a la necesidad de fortalecer la capacidad estatal frente al “ciclo terrorista”, un concepto que comprende las fases de propaganda, radicalización, financiamiento, logística, reclutamiento y ejecución de actos terroristas.

Respuesta a recomendaciones internacionales y antecedentes locales

La medida surge en cumplimiento de observaciones formuladas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) durante la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua sobre la Argentina.
El informe del organismo recomendó “desarrollar medios y procedimientos adicionales para identificar actividades sospechosas de financiamiento del terrorismo”, más allá de los reportes de operaciones sospechosas, incluyendo una coordinación más estrecha entre organismos de inteligencia, justicia y seguridad.

El decreto recuerda también los ataques terroristas contra la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994), aún sin resolución judicial definitiva, y señala que el país “ha adoptado múltiples reformas normativas con escaso resultado operativo”, por lo que se busca ahora institucionalizar un esquema de gestión centralizada para la prevención y respuesta.

En los fundamentos, el Ejecutivo advierte que el fenómeno terrorista contemporáneo se ha complejizado, con redes transnacionales que vinculan el extremismo violento con el crimen organizado, el tráfico ilícito de armas y el financiamiento ilegal. En ese marco, la creación del CNA pretende “incrementar la cooperación internacional y garantizar la vigencia del Estado de Derecho” bajo una estructura especializada.

La norma cita antecedentes internacionales como la creación del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (tras los atentados del 11-S) y el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista de España (CITCO), instaurado luego del atentado de Madrid de 2004, como modelos de referencia en la materia.

Estructura, integración y funciones del nuevo organismo

El Centro Nacional Antiterrorista estará dirigido por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), con una unidad operativa dedicada al diseño de directivas, estrategias y lineamientos técnicos, cuyo titular será designado a propuesta del Ministerio de Seguridad Nacional.

El CNA estará integrado por representantes de diez organismos del Estado nacional:

  • Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE)
  • Ministerio de Defensa
  • Ministerio de Seguridad Nacional
  • Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
  • Ministerio de Justicia (a través de la Secretaría de Justicia)
  • Unidad de Información Financiera (UIF)
  • Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)
  • Dirección Nacional de Inteligencia Criminal
  • Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar
  • Dirección Nacional de Migraciones

Además, el Ministerio Público Fiscal fue invitado a designar un enlace administrativo, y el CNA podrá convocar a organismos provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y entidades internacionales cuando sea necesario.

El organismo tendrá la potestad de requerir información a entidades públicas y privadas, celebrar convenios nacionales e internacionales, emitir informes y estadísticas oficiales sobre terrorismo, y proponer reformas legislativas y regulatorias para reforzar las capacidades estatales.

También podrá conformar Comités Especializados permanentes o temporarios, orientados a coordinar la respuesta frente a riesgos específicos o crisis vinculadas al terrorismo.

Un paso hacia una política integral de seguridad estratégica

El Decreto 717/2025 marca un punto de inflexión en la política de seguridad e inteligencia del país. La creación del CNA centraliza la información dispersa en distintos organismos y permite al Estado reaccionar con mayor rapidez y precisión frente a potenciales amenazas.

“El terrorismo no se combate con improvisación. Se combate con inteligencia, cooperación nacional e internacional, planificación y acción concreta. Eso es exactamente lo que va a hacer este centro”, agregó la ministra, quien remarcó que la Argentina será el primer país de América Latina en implementar una política pública de estas características.

La funcionaria estuvo acompañada por la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva,  el jefe de la SIDE, Sergio Darío Neiffert, y el subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, Ignacio Ernesto Cichello, durante la conferencia de prensa brindada en el barrio porteño de Recoleta.

La iniciativa, alineada con los estándares internacionales en la lucha contra el terrorismo, busca mejorar la capacidad preventiva y operativa del país, reforzando la cooperación interinstitucional y la articulación con organismos internacionales.

El Gobierno nacional sostiene que esta medida es parte de una estrategia de fortalecimiento institucional y defensa de los valores republicanos y democráticos, en un contexto global donde el terrorismo se presenta bajo formas no convencionales y vinculaciones financieras transnacionales.

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Congreso internacional COPAJU Paraguay-Argentina: “Respetar, proteger y garantizar los DESCA”

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Los capítulos Paraguay y Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) llevarán adelante este 17 y 18 de octubre el congreso internacional “Respetar, proteger y garantizar los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales”.

La actividad, que reunirá a magistradas y magistrados de distintos países, tendrá lugar en la unidad pedagógica que la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción posee en la localidad de San Ignacio Guazú, en el departamento de Misiones, a 225 kilómetros de la capital de Paraguay.

Junto a las expositoras y expositores que irán tomando la palabra, el encuentro contará además con las conferencias magistrales que brindarán el juez Roberto Andrés Gallardo, presidente de COPAJU, en la primera jornada; y el profesor emérito Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los directores del Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas (IFBC), como cierre del evento.

Apertura 

El viernes 17, las palabras de bienvenida estarán a cargo de María Esperanza del Puerto Benítez, directora general de la Unidad Pedagógica San Ignacio de la Universidad Católica; del nuncio apostólico Vicenzo Turturro; el Dr. Gallardo; la senadora Lilian Samaniego, coordinadora del Capítulo Paraguay de COPAJU; el juez César Raúl Jiménez, coordinador del Capítulo Argentina; y Delio Vera Navarro, presidente del Capítulo Paraguay. 

César Manuel Diesel Junghanns, presidente de la Corte Suprema de Justicia paraguaya, dará apertura al encuentro, cuya moderación y coordinación quedaráN en manos del Dr. Camilo Javier Cantero, integrante del Capítulo Paraguay.

El programa

La primera de las mesas presentará a Carolina Llanes, ministra de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, quien expondrá sobre el “Desafío de la Justicia Penal en relación a los Derechos Sociales”; al asesor tutelar Gustavo Daniel Moreno, secretario de COPAJU y vocal de su Capítulo Argentina, que se ocupará de “La exigibilidad de los derechos sociales en los adolescentes”; y a Genoveva Ferrero, vocal titular de la Asociación Civil Instituto Fray Bartolomé de las Casas y secretaria general de Administración y Presupuesto del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con la disertación “Estado, discapacidad y derechos sociales”.

La jornada inicial concluirá con una segunda mesa integrada por María Elodia Almirón, representante de los jueces, que reflexionará en torno a “Las garantías constitucionales en el estado social de derecho”; Sonia Sanguinés, en representación del Ministerio Público, cuya intervención estará dedicada a “La defensa de los derechos humanos desde la perspectiva de los derechos sociales”; José Félix Fernández Bilbao, por parte de la Defensa Pública, quien expondrá acerca del “Derecho ambiental en el Paraguay desde el punto de vista constitucional”; y Joy Lobrano, jueza de apelaciones del Cuarto Circuito de Luisiana y presidenta del Capítulo Estados Unidos de COPAJU, con una disertación sobre “Trata de personas: enfoque integral de prevención, protección y justicia”.

Por su parte, Lucas Ciarniello Ibáñez, secretario académico del IFBC, presentará los ejes de la propuesta del Instituto, tanto en materia de formación como de investigación.

Ya el sábado 18, la tercera mesa estará compuesta por el Dr. Jiménez, que expondrá sobre “La violencia infantil y los derechos sociales en la región”; Manuel Ramírez Candía, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, quien se ocupará de “La administración de justicia bajo la mirada de la doctrina social”; y el también ministro de la Corte y superintendente de la Circunscripción Judicial de Misiones, Víctor Ríos Ojeda, con la disertación “El concepto de dignidad humana en la Constitución paraguaya”.

Descargar programa

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Passalacqua solicita acuerdos legislativos para designaciones judiciales en Eldorado e Iguazú

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El Poder Ejecutivo de Misiones elevó a la Cámara de Representantes dos pedidos de Acuerdo Legislativo para la designación de magistrados en la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en las ciudades de Eldorado y Puerto Iguazú.

Por medio del expediente P.E. 11234/25, el Ejecutivo propone al doctor César Humberto Lirussi para ocupar el cargo de Juez de Instrucción del Juzgado de Instrucción N.° 2 de la Tercera Circunscripción Judicial, con sede en la ciudad de Eldorado.

De manera complementaria, también se remitió la solicitud de designación de la doctora Rosa Raquel Dionisia Mazal para desempeñarse como Juez de Paz Letrado de Primera Categoría de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Puerto Iguazú.

Ambos nombramientos deberán ser analizados y ratificados por el Parlamento provincial, en el marco del procedimiento constitucional que exige el Acuerdo Legislativo para la designación de jueces en Misiones.

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