Tras el pedido de la Justicia al BCRA, este informó que “no existen contratos que registren el envío de oro al exterior”
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) quedó en el centro de una controversia institucional de alto impacto económico y político tras un fallo de la Justicia que lo obliga a brindar información pública sobre el eventual envío de reservas de oro al exterior. La decisión judicial, adoptada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, reavivó el debate sobre la transparencia en la gestión de activos estratégicos del Estado, el riesgo de embargos en el marco del juicio por la expropiación de YPF y la estrategia oficial para obtener rendimientos financieros en un contexto de escasez de dólares.
El conflicto enfrenta al Gobierno nacional, que alega razones de seguridad y confidencialidad, con sectores sindicales, legislativos y de control que reclaman acceso pleno a la información, al amparo de la Ley de Acceso a la Información Pública. En paralelo, el BCRA sostuvo ante la Justicia que “no existen contratos que registren el envío de oro al exterior”, una afirmación que profundiza la incertidumbre sobre el destino y el uso de las reservas.
El fallo judicial y la obligación de informar
La Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, integrada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, dispuso que el Banco Central debe brindar información pública vinculada al eventual traslado de lingotes de oro fuera del país. La resolución revocó un fallo de primera instancia que había avalado la negativa del organismo monetario a responder los pedidos de información formulados por la Asociación Bancaria.
La presentación judicial se inscribió en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública y contó con el respaldo de directores de la Auditoría General de la Nación (AGN), que asiste al Poder Legislativo en el control externo del sector público. Para estos actores, la falta de información constituye un “escándalo institucional”, mientras que desde el Poder Ejecutivo se argumenta que revelar datos sensibles podría exponer las reservas a eventuales embargos por parte de acreedores externos.
El trasfondo inmediato es el juicio por la expropiación de YPF, que se tramita en tribunales de Nueva York y que podría derivar en reclamos por más de USD 18.000 millones. En ese contexto, la localización precisa de activos estratégicos, como el oro del BCRA, es observada con atención por fondos de inversión de alto riesgo, conocidos como “fondos buitre”.
El oro del Banco Central y la estrategia financiera oficial
Según la información disponible, el envío de oro al exterior impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, tuvo un antecedente directo en 2017, cuando durante la gestión de Federico Sturzenegger se transfirieron al Banco de Inglaterra activos por un valor estimado en USD 462 millones, con el objetivo de obtener rentabilidad en el mercado internacional.
La actual administración sostiene que la operatoria apunta a hacer rendir activos ociosos en un contexto de restricciones externas severas. En ese marco, se analizan operaciones de tipo Repo, que consisten en la venta de un activo —en este caso oro— con el compromiso de recomprarlo en un plazo y precio determinados, a cambio de liquidez inmediata en dólares para afrontar vencimientos.
El BCRA afirma que el stock declarado de oro, equivalente a 1,98 millones de onzas, se mantiene estable desde hace al menos cinco años y que las reservas de oro están valuadas actualmente en USD 4.900 millones. Sin embargo, tanto la oposición como la AGN reclamaron precisiones sobre fechas, destino, bancos custodios y tipo de operación financiera involucrada.
La controversia se profundizó cuando trascendió que, según la respuesta oficial del Central, “los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior no existen a la fecha ni los había al 31/12/2024”, y que, en consecuencia, “no se han tenido que elaborar informes del servicio jurídico del BCRA”.
Antecedentes históricos y disputa política
El oro en cuestión tiene un fuerte contenido simbólico y económico. Fue incorporado mayoritariamente durante la gestión de Néstor Kirchner, cuando el BCRA adquirió 54,8 toneladas del metal por un desembolso estimado entre USD 700 y 750 millones, anticipando la revalorización internacional del oro tras la salida de la Convertibilidad. Esa estrategia generó, según estimaciones, una ganancia contable de USD 2.600 millones para el Banco Central.
Posteriormente, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y con Mercedes Marcó del Pont al frente del BCRA, el stock se elevó a 61,74 toneladas, el nivel más alto de la historia reciente. En los años siguientes, parte de esas reservas se utilizó como respaldo crediticio y se vendieron cerca de cinco toneladas para afrontar compromisos externos, una porción de las cuales fue recomprada durante la pandemia.
El actual conflicto refleja un quiebre político profundo. Desde sectores del oficialismo se considera que la exigencia de información favorece a los acreedores externos, mientras que desde el gremio bancario y la AGN se insiste en que el acceso a la información pública es un principio básico del control democrático. La tensión se trasladó incluso al funcionamiento de la auditoría, cuyos integrantes denunciaron que el BCRA solo ofreció acceso restringido a datos “sensibles”, sin posibilidad de copias ni registros, lo que imposibilita técnicamente la tarea de control.
Un escenario abierto y de alto impacto institucional
Con el fallo judicial firme, el Banco Central deberá ahora ratificar su postura en sede judicial y definir el alcance de la información que entregará. El desenlace del caso tendrá implicancias directas sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y los organismos de control, la credibilidad institucional del BCRA y la percepción de riesgo por parte de los acreedores externos.
Mientras tanto, el debate por el oro del Banco Central se consolida como uno de los focos más sensibles de la agenda económica y política, en un contexto donde la escasez de divisas, la presión judicial internacional y la disputa interna por la transparencia configuran un escenario de alta incertidumbre.
