por Alejandro Miravet. El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia no es solo una fecha en el calendario, sino una tríada conceptual que sostiene el andamiaje democrático de la Argentina actual. El título de la conmemoración condensa un compromiso ético irrenunciable: la Memoria para no repetir los errores del pasado, la Verdad como base de la reparación histórica y la Justicia como el único camino posible para la resolución de conflictos institucionales. A 50 años del golpe de Estado de 1976, esta denominación oficial funciona como un recordatorio permanente de que la estabilidad del país depende de la integridad de estos tres pilares.
Desde la perspectiva de MRVT Consultora, el nombre de la efeméride resuena hoy con una vigencia renovada. Mientras que el 60% de los ciudadanos asocia directamente estos valores con la garantía de un “Nunca más” al quiebre democrático, el título también señala una deuda pendiente en la percepción social. Al hablar de Memoria, Verdad y Justicia, se convoca a un ejercicio activo que, según los datos recogidos, demanda mayor profundidad pedagógica y una integración real de estos principios en la vida cotidiana de las nuevas generaciones.
1. Nivel de conocimiento sobre la efeméride
Pregunta: ¿Sabe qué se conmemora el 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia?
SÍ: 90,7%
NO: 9,3%
Análisis MRVT: El desconocimiento es 100% generacional. Quienes manifestaron no saber qué se conmemora pertenecen exclusivamente al rango de 16 a 34 años, evidenciando un déficit en la transmisión educativa básica en los sectores más jóvenes.
2. Valoración de la fecha
Pregunta: ¿Qué importancia le asignas a la conmemoración de esta fecha? Muy importante: 60%
Importante: 11%
Poco importante: 18,5%
Nada importante: 10,5%
Análisis MRVT: El compromiso con la fecha crece con la edad. Mientras que en los mayores de 35 años la valoración positiva supera el 71%, en el segmento joven la importancia cae drásticamente, coincidiendo con su menor tasa de respuesta al estudio.
3. Canales de información y participación
Pregunta: ¿A través de qué medios participas o te informas sobre esta temática? Redes sociales y medios digitales: 45%
Actos públicos o marchas: 25,5%
Contenidos educativos: 20%
Programas de TV o radio: 9,5%
Análisis MRVT: Existe una “Paradoja Digital”. Los jóvenes encuestados se informan en un 80% por redes, pero presentan el menor nivel de conocimiento fáctico. La digitalización no garantiza profundidad informativa.
4. Propósito de la Memoria
Pregunta: ¿Cuál es el objetivo principal de mantener viva la memoria?
Garantizar el “Nunca más” al quiebre democrático: 60%
Homenajear a las víctimas y familiares: 19,5%
Promover el debate histórico y la educación: 15,5%
Continuar con los procesos de justicia: 5%
Análisis MRVT: El 60% coincide en que el fin último de la memoria es blindar el orden democrático ante posibles crisis institucionales, posicionándola como una herramienta de estabilidad para el presente.
5. Evaluación del Sistema Educativo
Pregunta: ¿Cómo calificas el abordaje de esta fecha en las escuelas?
Falta profundidad pedagógica: 35%
Está demasiado politizado: 32%
Adecuado y suficiente: 18%
Faltan visiones diversas: 15%
Análisis MRVT: Hay un fuerte reclamo de calidad y neutralidad. Un 67% de la muestra total cuestiona la forma en que el Estado y las escuelas transmiten esta historia en la actualidad.
6. Vigencia de los Derechos Humanos
Pregunta: ¿Consideras que los valores de DD.HH. están plenamente integrados en la sociedad hoy?
Parcialmente, aún falta camino por recorrer: 65%
No, se han debilitado con el tiempo: 20%
Sí, totalmente: 15%
Análisis MRVT: El 85% de los encuestados no percibe una integración plena de los Derechos Humanos hoy. Para la mayoría, es un desafío pendiente que requiere acción real y vigente.
Para la elaboración de este informe de MRVT Consultora, se optó por una metodología de recolección de datos primaria mediante la plataforma Google Forms, lo que permitió un despliegue ágil y una llegada directa a los dispositivos de los participantes. El proceso se estructuró bajo una lógica de muestreo dirigido, enviando el formulario a un universo controlado de 150 contactos seleccionados para representar diversos rangos etarios y perfiles socioeconómicos. Esta técnica garantizó un entorno de respuesta seguro y anónimo, fundamental para obtener opiniones genuinas sobre una temática de alta sensibilidad social como es el 24 de marzo.
La implementación digital fue clave para detectar uno de los hallazgos más relevantes del estudio: la tasa de deserción y participación. Al monitorear el flujo de respuestas en tiempo real, se pudo identificar que el 72% de efectividad se concentró mayoritariamente en los segmentos de 35 a adultos mayores. Por el contrario, la herramienta permitió registrar que la mayor parte del 28% que no completó el formulario pertenecía al rango joven de 16 a 34 años. Este comportamiento técnico en la plataforma Google Forms se tradujo en un dato sociológico de valor: el desinterés inicial o la apatía generacional hacia la temática antes incluso de profundizar en las preguntas. La encuesta fue realiza con habitantes de la ciudad de Posadas, capital de Misiones.
Puerto Iguazú fue durante dos días algo más que la sede de un congreso jurídico. Entre el jueves 19 de marzo y el viernes 20, el Poder Judicial de Misiones y la Universidad Católica de Santa Fe pusieron en escena un encuentro internacional sobre el “Presente y Futuro del Derecho Procesal” que, detrás del formato académico, dejó una señal institucional más amplia: la Justicia misionera busca intervenir en una discusión de época sobre cómo se tramitan los conflictos, qué margen conserva la decisión humana frente al avance tecnológico y qué lugar quiere ocupar la provincia en ese debate. No fue una actividad menor ni meramente protocolar. La presencia de ministros del Superior Tribunal de Justicia, del Procurador General, de autoridades judiciales de otras provincias, de representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo y de especialistas de América Latina y Europa mostró que la agenda procesal ya no se discute en un círculo técnico cerrado. Se discute, cada vez más, como una cuestión de diseño institucional.
La foto también tuvo una dimensión política concreta. El encuentro recibió declaraciones de interés provincial por parte de la Cámara de Representantes y de interés municipal por parte de la Municipalidad de Puerto Iguazú. Ese respaldo no solo jerarquiza el congreso. También confirma que, cuando la conversación gira sobre inteligencia artificial en la Justicia, procesos colectivos, oralidad y evidencia digital, lo que está en juego no es solo un cambio de lenguaje jurídico, sino una transformación que puede alterar tiempos, criterios y capacidades del sistema judicial.
Una agenda procesal que ya impacta en la estructura del poder judicial
El congreso fue impulsado por Adolfo Alvarado Velloso, de la Universidad Nacional de Rosario, y Silvia Barona Vilar, de la Universidad de Valencia. Pero la organización formal a cargo del Poder Judicial de Misiones y de la Universidad Católica de Santa Fe le dio al evento una impronta institucional definida. No se trató solamente de escuchar voces expertas. Se trató de montar, desde Misiones, un espacio de validación y producción de agenda sobre los cambios que vienen para la Justicia.
Los ejes elegidos no fueron casuales: inteligencia artificial y proceso, procesos colectivos y tutela de derechos en la era digital, y derecho procesal y oralidad. En cada uno aparece una tensión de fondo. La inteligencia artificial interpela la capacidad del sistema judicial para incorporar tecnología sin resignar control humano. Los procesos colectivos empujan a la Justicia a responder a conflictos que ya no son estrictamente individuales. Y la oralidad se vincula con un modelo que promete mayor inmediación y agilidad, pero que también obliga a rediseñar prácticas, roles y criterios.
En ese marco, la apertura a cargo de Juan Manuel Díaz fijó una línea política del encuentro. Su intervención no quedó en el agradecimiento formal. Introdujo una lectura sobre el contexto social e institucional en el que se inserta el debate jurídico. Habló de la necesidad de establecer canales de comunicación, de llegar a puntos de encuentro y de cuidar la vida en un tiempo en el que, según planteó, proliferan discursos de violencia y destrucción. La idea no fue lateral. Colocó al Derecho Procesal no como una técnica neutra, sino como parte de una arquitectura orientada a un “macrofin del derecho”, que identificó con la paz y el cuidado de la vida.
Ahí aparece una de las claves del congreso. La discusión procesal dejó de ser un asunto interno del foro para convertirse en una herramienta desde la cual el Poder Judicial también intenta construir legitimidad, mostrar capacidad de adaptación y fijar posición frente a debates públicos más amplios.
Misiones busca entrar en la conversación global sobre reforma judicial
La elección de Puerto Iguazú como sede también funciona como mensaje. La ciudad, presentada en el texto base como cuna de las Cataratas, se convirtió en punto de encuentro para especialistas de América Latina y Europa. Esa convocatoria no solo aportó volumen académico. Proyectó a Misiones como anfitriona de una conversación transnacional sobre los cambios en la Justicia.
Magín Ramón Ferrer, decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la sede Posadas de la UCSF, remarcó precisamente esa dimensión al destacar la presencia de profesores que “han cruzado el Atlántico” para compartir experiencias y conocimiento. Su definición de que el Derecho Procesal “traspasa fronteras” resume el tono de una parte importante del congreso: una provincia que no quiere quedar como receptora pasiva de reformas, sino que busca sentarse en la mesa donde se discuten.
Esa pretensión quedó reforzada con la participación de ministros del Superior Tribunal de Justicia y de la Corte de Justicia de Corrientes y Salta, junto con autoridades de los Poderes Judiciales de la Nación y de la Provincia, del Ministerio Público, de los poderes Ejecutivo y Legislativo provincial y municipal, además de alumnos de la UCSF. La amplitud del auditorio mostró que la cuestión procesal genera interés transversal cuando toca materias sensibles como justicia civil, laboral, penal, procesos electrónicos, litigio ambiental o evidencia digital.
En términos institucionales, el congreso funcionó así como un espacio de articulación. Reunió academia, magistratura, ministerios públicos, representantes políticos y juristas extranjeros alrededor de una agenda común. Ese tipo de convergencia no garantiza reformas inmediatas, pero sí ordena conversaciones que después pueden bajar a proyectos, capacitaciones, rediseños de prácticas o nuevas interpretaciones jurisprudenciales.
Inteligencia artificial, oralidad y evidencia digital: el corazón de una reforma en movimiento
La estructura del congreso dejó ver por dónde pasa hoy la preocupación central del mundo judicial. La conferencia inaugural de Silvia Barona Vilar abordó la “Inteligencia artificial en la Justicia Civil. Retos para la Abogacía del Siglo XXI”. No fue un tema decorativo. Fue, en los hechos, una puerta de entrada a una discusión sobre el modo en que la tecnología empieza a redefinir funciones, tiempos y márgenes de decisión.
A lo largo de las jornadas se sucedieron paneles sobre Derecho Procesal Civil, Laboral, procesos colectivos, proceso electrónico e inteligencia artificial y Derecho Procesal Penal. Esa diversidad muestra que la transformación no se limita a un fuero. Atraviesa todo el sistema.
Valeria Fiore Cáceres planteó, en el panel de Derecho Procesal Civil, un tema que conecta directamente con la reforma judicial: “Proceso y métodos adecuados de solución de controversias: hacia un modelo integrado de tutela efectiva”. Su definición posterior fue todavía más precisa en clave institucional. Dijo que la importancia del congreso se nota en el intercambio de experiencias, en las preguntas y en la posibilidad de aprender de personas que ya recorrieron caminos que en Misiones todavía representan desafíos. Esa formulación traduce el valor práctico del encuentro: no solo teorizar, sino observar modelos ya ensayados en otros contextos para mejorar el sistema de justicia provincial.
La oralidad también apareció como una de las piezas centrales de esa transición. Manuel González Castro expuso sobre los desafíos en la implementación eficaz de la regla de debate oral en el fuero civil. Gustavo Calvinho, por su parte, llevó la experiencia del nuevo Código Procesal Civil Adversarial de la provincia de Neuquén. Allí se coló otro dato relevante: Misiones no discutió en abstracto, sino mirando experiencias concretas de rediseño procesal dentro del país.
El proceso electrónico y la inteligencia artificial tuvieron un lugar específico en el cuarto panel, con exposiciones sobre plataformas digitales y resolución de conflictos, la “Soberanía Sintética” y los horizontes de la inteligencia artificial en el derecho. El solo repertorio de temas evidencia que la Justicia enfrenta un cruce complejo entre automatización, independencia de criterio, validación de evidencia y garantías.
En materia penal, la discusión sobre evidencias en entornos digitales, el rol de la víctima en el proceso acusatorio y el ciberespacio dejó ver otra capa del problema: cuando el delito, la prueba y la interacción social se trasladan a ámbitos digitales, el proceso penal necesita rediseñar herramientas sin debilitar garantías constitucionales.
Un congreso académico, pero con señales para la gobernanza judicial
El encuentro tuvo además un fuerte componente simbólico. La apertura incluyó la presentación del coro de las comunidades aborígenes, que interpretó dos canciones en lengua nativa. El gesto aportó una marca de identidad territorial y cultural a un congreso dominado por discusiones técnicas. En una provincia donde la representación de la diversidad suele adquirir valor político, esa escena no fue un detalle menor.
También hubo señales de reconocimiento institucional. Los diputados provinciales Aryhatne Bahr, Rudi Bundziak y Horacio Martínez entregaron el proyecto de declaración de interés provincial presentado ante la Cámara de Representantes. Leopoldo Lucas, en nombre de la Municipalidad de Puerto Iguazú, hizo lo propio con la declaración de interés del municipio. Ese acompañamiento de actores legislativos y municipales muestra que el evento fue leído como algo más que una actividad universitaria o judicial. Hubo una decisión de darle volumen político.
Esa validación importa por una razón adicional. Cada vez que el sistema judicial abre debates sobre oralidad, procesos electrónicos, litigios colectivos o inteligencia artificial, inevitablemente se acerca a la frontera donde convergen gestión, presupuesto, capacitación, regulación y política pública. La gobernanza judicial ya no depende solo de sentencias. También depende de su capacidad de anticipar transformaciones y construir consensos internos y externos.
La sabiduría humana como límite frente al avance tecnológico
En el cierre de los paneles, Juan Manuel Díaz volvió sobre un punto que atravesó todo el congreso. Al exponer sobre obligaciones de procedimiento en la jurisprudencia internacional frente a la emergencia climática, subrayó que al hablar de asuntos ambientales hay tres ejes fundamentales: la información, la participación y el acceso a la justicia. Esa tríada conecta con una visión del proceso como garantía de derechos y no solo como mecanismo formal.
Pero además dejó una frase que condensa una de las tensiones más profundas del encuentro. En un ámbito donde se habló de inteligencia artificial, sostuvo que lo que debe mantenerse siempre presente es la sabiduría, porque, según afirmó, “la sabiduría es solamente humana”. La definición funciona como advertencia institucional. La Justicia puede incorporar herramientas tecnológicas, pero no delegar el núcleo de su responsabilidad.
En tiempos de automatización creciente, esa idea tiene peso. No solo marca un límite conceptual. También anticipa el tipo de discusión que probablemente gane centralidad en los próximos años: cuánto puede apoyarse el sistema judicial en procesos automatizados sin comprometer la deliberación, la prudencia y la legitimidad de sus decisiones.
Repercusiones: qué se fortalece y qué queda bajo presión
El principal actor fortalecido por el congreso es el Poder Judicial de Misiones, que logró proyectarse como anfitrión de una agenda jurídica contemporánea y sensible. También gana centralidad la articulación entre el sistema judicial y la academia, en este caso a través de la Universidad Católica de Santa Fe. Esa alianza muestra que la formación, la producción doctrinaria y la discusión institucional pueden funcionar como una misma plataforma de legitimación.
A la vez, el encuentro pone presión sobre el propio sistema judicial. Porque abrir la discusión sobre inteligencia artificial, oralidad, procesos electrónicos y litigios colectivos genera una expectativa inevitable: que esas conversaciones no queden en el plano declarativo. El desafío empieza después del congreso. Cómo se traducen estas discusiones en capacitación, modernización, reformas prácticas o nuevas pautas jurisprudenciales será la medida real de su impacto.
También se fortalece la idea de que Misiones quiere tener una voz propia en la conversación sobre reforma judicial. No necesariamente desde una ruptura, pero sí desde una construcción gradual de agenda. El intercambio con especialistas de la Universidad de Valencia, de Zaragoza, de Salamanca, de la Universidad Católica del Paraguay, de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Austral, de la Universidad Nacional del Nordeste y de otras instituciones muestra que la provincia busca nutrirse de experiencias externas sin resignar protagonismo local.
Un cierre emotivo y una escena que deja proyección
El congreso cerró el viernes 20 con la entrega de un presente a Adolfo Alvarado Velloso de manos de Juan Manuel Díaz, Cristina Irene Leiva y Valeria Fiore. El homenaje tuvo una carga simbólica evidente. A lo largo de ambas jornadas fue reconocido como referente y maestro del Derecho Procesal por distintos disertantes. Además, el cierre incluyó el “Manifiesto Garantista” a su cargo, y él mismo definió la organización del encuentro como “una hermosísima fiesta misionera”.
La escena final reforzó una lectura doble. Por un lado, la reivindicación de una tradición doctrinaria y de referentes consolidados. Por otro, la necesidad de poner esa tradición a dialogar con los cambios que empujan la inteligencia artificial, la digitalización, la oralidad y los litigios complejos. Ahí radica la tensión central que dejó el congreso: cómo actualizar la Justicia sin vaciarla de sus garantías.
Puerto Iguazú fue, durante esas dos jornadas, el punto de encuentro de esa discusión. Queda por ver si esa conversación se convierte en insumo para reordenar prácticas concretas dentro del sistema judicial, si alimenta futuras reformas o si funciona, sobre todo, como un movimiento de posicionamiento institucional. Lo cierto es que la Justicia ya empezó a discutir su futuro en voz alta, y cuando eso ocurre, lo que se redefine no es solo un procedimiento.
El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7, Enrique Lavié Pico, rechazó este miércoles la presentación que había hecho la CGT contra dos artículos de la reforma laboral que establecen el traspaso del Fuero Laboral a la órbita de la ciudad de Buenos Aires.
“Teniendo en cuenta la sumarísima vía escogida –acción de amparo– por la actora y la inminencia de su decisión, en la cual se tratará el fondo del asunto y la ilegalidad y/o ilegitimidad de la conducta desplegada por la demandada, se descarta la existencia de un perjuicio irreparable que torne ilusoria la futura sentencia”, expresó el magistrado en el fallo
En el amparo presentado el viernes último, la CGT había reclamado “el dictado de una medida cautelar de no innovar que suspenda de inmediato la operatividad de los artículos 90 y 91 de la Ley de Modernización Laboral y del acuerdo de Transferencia aprobado por el art. 90 en cuanto disponen el cierre de treinta (30) Juzgados de Primera Instancia del Trabajo y de la Sala VII de la CNAT y la progresiva eliminación y cierre de la Justicia Nacional del Trabajo, así como de las transferencias cuestionadas en el presente pedido de amparo”.
La central argumentó que los cambios vulneran derechos constitucionales y dejan a los trabajadores en situación de indefensión.
En el fallo, Lavié Pico consideró que “no se acreditaron los requisitos de urgencia o arbitrariedad necesarios para frenar o modificar” una ley del Congreso recientemente sancionada.
“Por otra parte, tampoco puede dejar de señalarse que no se advierte, en este estado del proceso, la configuración en la presente causa del peligro en la demora que justifique la tutela requerida y la alteración del orden natural del proceso, en la medida que los elementos aportados por la parte actora, no resultan suficientes para acceder a la tutela requerida, en el marco expedito dela acción de amparo formulada”, concluyó el magistrado
El Tribunal Penal Uno de Posadas condenó a José Raúl G. a 12 años de prisión efectiva tras hallarlo culpable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, cometido en perjuicio de su hija cuando tenía 5 años. Los hechos ocurrieron entre 2012 y mayo de 2013.
El veredicto fue comunicado minutos después de las 17:30, luego de un extenso debate oral que retomó una causa iniciada hace 13 años. El imputado ya había sido absuelto en un primer juicio realizado en 2022, pero esa decisión fue anulada en 2024 por el Superior Tribunal de Justicia de Misiones, lo que derivó en la realización de un nuevo proceso.
El tribunal estuvo integrado por los jueces Gustavo Bernie, Juan Carlos Sosa y Miguel Mattos, estos últimos actuando por subrogación. Tras analizar las pruebas y escuchar los alegatos finales, los magistrados resolvieron condenar al acusado por dos hechos de abuso sexual en concurso real, conforme al artículo 119 (segundo y cuarto párrafo, inciso b) en función del artículo 55 del Código Penal argentino, con más accesorias legales y costas.
Alegatos y posiciones de las partes
La acusación estuvo representada por el fiscal Vladimir Glinka y el abogado querellante Hugo Zapana, quienes solicitaron una pena de 16 años de prisión efectiva, al considerar acreditada la responsabilidad penal del acusado en los hechos denunciados.
La defensa, a cargo del defensor oficial Mario Ramírez y del abogado particular Federico Tilli —incorporado en la última audiencia—, pidió la absolución del imputado, argumentando que durante el debate no se logró probar el delito.
De manera subsidiaria, los defensores solicitaron que, en caso de condena, se aplicara la figura de abuso sexual simple, con una pena de tres años de prisión en suspenso.
Planteos rechazados y situación procesal
Durante la sentencia, el tribunal también resolvió rechazar diversos planteos procesales, entre ellos un pedido de nulidad de la defensa respecto de la acusación fiscal y una solicitud de sanción contra el defensor particular planteada por el Ministerio Público Fiscal.
Asimismo, los jueces dispusieron convertir la detención de José Raúl G. en prisión preventiva, manteniendo su alojamiento en la Comisaría Seccional Cuarta de Posadas a disposición del tribunal.
También se ordenó abrir un incidente para analizar el pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa, que será evaluado en una instancia posterior.
Lectura de fundamentos
El Tribunal Penal Uno fijó audiencia para la lectura de los fundamentos completos de la sentencia el 26 de marzo de 2026 a las 12, en la sala de debates ubicada en avenida Santa Catalina 1561 de Posadas.
Una vez firme el fallo, se ordenó comunicar la resolución al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y a las dependencias judiciales correspondientes, conforme a lo previsto por la legislación vigente.
El Senado debatirá este viernes desde las 11 los proyectos de reforma laboral y Ley Penal Juvenil, y el oficialismo buscará obtener su última victoria legislativa del período de sesiones extraordinarias en la antesala del discurso del domingo del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa.
Según el orden de labor parlamentario se debatirá primero la reforma laboral y luego la Ley Penal Juvenil.
Ley Penal Juvenil
La reforma de la ley Penal Juvenil, aprobada el jueves último, por la Cámara de Diputados, reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y propone para los menores desde sanciones breves hasta 15 años de cárcel para los delitos graves.
El régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión e incluye medidas complementarias de resocialización.
Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, mientras para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.
Reforma laboral
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, tendrá un fuerte impacto en las relaciones del trabajo porque contempla profundas reformas en el sistema de despidos, vacaciones, negociaciones colectivas y derecho de huelga en servicios esenciales.
El Senado convocó la sesión para aprobar el único cambio introducido por la Cámara de Diputados, donde se eliminó el polémico artículo 44 que rebajaba los salarios para las licencias por enfermedades o accidentes fuera del ámbito laboral.
La Libertad Avanza, que preside Patricia Bullrich, llegará a la sesión luego un día después de haber tratado los proyectos de Régimen Penal Juvenil y la reforma de la ley de Glaciares, y tras haber sancionado en diciembre las leyes de Presupuesto e Inocencia Fiscal.
El oficialismo debió realizar un trámite exprés entre la sanción de esa iniciativa en la Cámara de Diputados el viernes último y la emisión del dictamen del Senado que se produjo en el mediodía de ese mismo viernes, lo que provocó airadas quejas opositoras.
Como sucedió cuando la reforma se aprobó en primer término, el 11 de febrero, el Gobierno ya tiene garantizado el respaldo de los gobernadores aliados de Chubut, Ignacio Torres; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Corrientes, Juan Pablo Valdés; de San Juan, Marcelo Orrego; de Neuquén, Rolando Figueroa; de Misiones, Hugo Passalacqua, y de los peronistas de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Salta, Gustavo Sáenz.
Pero la sanción de la ley no fue sencilla y requirió que la Mesa Política del Gobierno, que encabeza secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encarara negociaciones con gobernadores y legisladores de bloques dialoguistas a lo largo de casi dos meses.
Con esos consensos enhebrados, el oficialismo logró aprobar el 11 de febrero el proyecto en el Senado y el jueves 19 en Diputados, aunque con la modificación del artículo 44.
Detalles del proyecto
La ley impactará de lleno en las relaciones laborales ya que introducirá cambios en las vacaciones, horas extras, negociaciones colectivas y derecho de huelga.
Entre otras reformas, el proyecto establece que las vacaciones podrán no otorgarse durante el verano ya que una vez cada 3 años le corresponderán al empleado en la temporada estival, además de que se podrán fraccionar en plazos no menores a 7 días.
Además, las empresas no tendrán obligación de pagar a los empleados horas extras porque habrá un sistema de compensación: si un trabajador trabaja 12 horas en lugar de 8, se le podrán dar 4 horas a compensar.
La jornada máxima será de 12 horas (con 12 horas obligatorias de descanso) y esa extensión laboral será compensada con la reducción de la jornada en otra fecha del calendario.
Los despidos serán mas económicos para las empresas ya que no se computará el aguinaldo, vacaciones o premios, y solo se hará en base al salario básico; se tomará como base el salario promedio de la actividad.
Las indemnizaciones se podrán pagar en 12 cuotas en las empresas grandes y 18 en las pymes, igual que las sentencias judiciales.
En materia de gremios, se mantendrá el aporte que le descuentan a los trabajadores para el sindicato con un tope del 2%, y el empleador se mantendrá como agente de retención, como exigía la CGT.
En tanto, los convenios colectivos con plazo vencido no mantendrán sus efectos en el transcurso de tiempo hasta la firma de un nuevo acuerdo colectivo.
También se permitirá en la negociación colectiva de actividad, rama, región, acuerdo de empresa y/o mediante acuerdo individual o decisión unilateral del empleador, incorporarse por encima de los salarios otros componentes retributivos dinámicos adicionales, transitorios, fijos o variables.__IP__
Se restringe el derecho a huelga al declararse determinadas actividades como “servicios esenciales”, con la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75%, y “servicios trascendentales”, con la obligación de garantizar una cobertura mínima del 50%.
Asimismo, serán consideradas “infracciones muy graves”, con el impedimentos a realizar bloques, cuando se cumpla alguna de las siguientes hipótesis: “Afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza mediante actos y/o hechos y/o intimidaciones o amenazas”.
