La Armada Argentina intenta salir de la crisis interna que se generó tras la desaparición del ARA San Juan. Con el oficial infante de marina José Luis Villán como jefe (interino, pero será confirmado como jefe efectivo), se produjeron ahora varios desplazamientos, pero también algunos ascensos que vale la pena destacar.
Hay cambios en la Armada Argentina que, por primera vez en la historia de las Armadas de todo el mundo, tendrá como jefe a un oficial infante de marina: el jefe interino José Luis Villán será confirmado como jefe efectivo.
Hubo varios desplazados y también varios ascensos. Entre los que fueron beneficiados con un ascenso a vicealmirante se encuentran el contraalmirante Pedro Eugenio Galardi, jefe de Logística en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (quien parece dejar así en el olvido su apoyo al desplazado Luis López Mazzeo, quien fue puesto en disponibilidad al iniciarse la investigación interna sobre el ARA San Juan…). También fue ascendido el contraalmirante Eduardo Luis Malchiodi, ratificado como jefe de Mantenimiento y Arsenales. Con estos dos ascensos podría entenderse que se los ha desvinculado de la investigación por el submarino desaparecido.
En tanto, hay 7 ascensos de Capitanes de navío a Contraalmirantes (con lo cual no habrá reducción del almirantazgo). Los ascendidos serán Julio Horacio Guardia, Leonardo Sergio Mariot, Fernando Emir Maglione, Eduardo Antonio Traina, Edgar Daniel González, Fabián Gerardo D’ Angelo y Alejandro Miguel García Sobral. La lista de los ascensos
Por otra parte, entre los que fueron desplazados, figuran los dos jefes del capitán de navío Enrique Balbi, vocero de la fuerza: el subsecretario de Relaciones Institucionales contraalmirante Roberto Larrosa, y el Secretario General de la Armada Contraalmirante, Jorge Lorenzo Cisneros. Según pudo saber Urgente24, a ambos les achachan cierto disgusto por la política de comunicaciones, espcialmente en todo el tema del ARA San Juan.
También fue desplazado el director general de Asuntos Jurídicos, contraalmirante Dardo Rubén Di Falco, quien mantenía una relación tensa con la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez.
Puede ser un juicio que marque un antes y un después en la justicia misionera. En el banquillo de los acusados estarán el irresponsable conductor y el mismo sistema legal que hasta ahora inclina la balanza hacia los victimarios. Es la primera vez que un conductor alcoholizado puede ser juzgado por homicidio simple y no por homicidio culposo. La diferencia, sustancial, es que se considera homicidio doloso cuando se interpreta que hubo intención de matar o que el autor tenía conocimiento de que podía provocar la muerte. Tiene penas de ocho a 25 años.
El homicidio culposo, carátula habitual en los incidentes de tránsito, solo contempla condenas de hasta cinco años de prisión, por lo que los responsables terminan en libertad. El protagonista del caso es Gastón Brunner, el joven que con 1,44 gramos de alcohol en sangre manejaba a alta velocidad y desató una tragedia cuando chocó de frente con otro vehículo y mató a dos personas, además de herir a varias más.
El juez Carlos Giménez, a cargo de la instrucción del caso Brunner, asegura que “toda la sociedad debe replantearse los excesos de velocidad, el alcohol, la política mejorar las herramientas legislativas, la Policía mejorar los controles y la Justicia, ser más rigurosa”.
La mirada del juez coincide con el reclamo de miles de familias en todo el país. El propio presidente Mauricio Macri planteó ante el Congreso la necesidad de penas más duras para la irresponsabilidad al volante. Hace algunos años, en Buenos Aires se abrió el debate. Sebastián Cabello fue condenado por un caso similar, en el que mató a una madre y su hija en un choque a alta velocidad cuando manejaba un auto preparado. Fue condenado, pero una apelación lo dejó en libertad.
Con sus 34 años y cuatro como juez, Giménez no siente que haya decidido nada extraordinario, sino que encontró los elementos necesarios para desandar un camino distinto. Sin embargo, admite que no siempre se cuenta con todos los indicios que requiere la actual legislación para encuadrar con mayor severidad los casos.
Para aplicar la figura de dolo eventual fue clave el testimonio de una joven que iba con Brunner en el Volkswagen Vento que conducía a alta velocidad. Habían pasado la noche de fiesta. Entraron a Posadas y pretendían volver a salir para extender la diversión en las afueras. Pero la joven advirtió de lo peligroso del momento y en varias oportunidades pidió que Brunner baje la velocidad e incluso parara. Pero no. Cruzaron un semáforo en rojo y casi chocaron previamente en la avenida Tulo Llamosas. La tragedia los esperaba segundos después. A las 10.25 del 13 de febrero de 2016, el VW se cruzó de carril frente al Campus de la UNaM y chocó de frente con un Ford Fiesta Max que era conducido por Carmen Susana Prestes (41) y en el que también viajaba Oscar Meza (57), además de otra mujer y una menor. Prestes y Meza murieron en el acto, mientras que las otras dos víctimas sufrieron lesiones graves. Además, una pareja que iba en un VW Country que también fue alcanzado por el impacto sufrió lesiones leves.
Brunner terminó detenido y tras las rejas durante 44 días, hasta que fue liberado tras cumplir una caución de un millón de pesos. Permanece en libertad y así llegará al banquillo, donde la Justicia resolverá qué grado de responsabilidad le cabe. Foto gentileza Primera Edición.
Giménez desde un primer momento sostuvo la calificación de homicidio doloso, carátula que todavía puede ser modificada por el fiscal del Tribunal que juzgará al acusado. Sin embargo, el trabajo del juez fue ratificado por la Cámara de Apelación en un voto en disidencia.
El camarista José López confirmó la carátula, José Jacobo Mass votó en disidencia al advertir que no se acreditaba el extremo del dolo eventual, y finalmente, Ricardo Venialgo votó en consonancia con López.
Pese al voto en mayoría, los camaristas, con una mirada garantista, tampoco comparten la figura del dolo eventual, porque el Código sólo refiere a hechos intencionales o dolosos o ad culposos imprudentes. Sin embargo, dan un paso adelante al admitir que se resuelva en el debate. La Ley Penal aplicable más benigna se tiene que dirimir en la etapa procesal siguiente que es el juicio, que en definitiva pondrá fin al conflicto. El fiscal también puede reformar la carátula, en beneficio del imputado, pero no agravar la situación.
Los camaristas consideraron que no se puede “cercenar la teoría del caso homicidio intencional”, que sustenta la fiscalía con el apoyo de una testigo presencial de los pre-momentos del hecho. ¿Eso es lo que está en disputa?
Acá estamos en un grado de probabilidad, pero la sentencia la da el juicio, o el final de juicio. Va a ser un juicio donde estarán en la mira el acusado y la propia legislación…
Vamos a ver. Tenemos un juzgado muy abierto y verá qué elementos hay. Yo fui testeando y si bien muchos dicen que no existe el “dolo eventual” o que es muy difícil de probar, que sólo está en el ambiente científico, pero es muy difícil comprobarlo, yo creo que están los elementos, como para empezar a hacer ese cambio de paradigma. ¿Por eso se animó a sostener esa acusación?
Sí, me la jugué. Sé que a mi edad es complicado abrir caminos, porque es como que te dicen: “Está loco este vago, qué le pasa”. Pero creo que había que hacerlo, es el momento, con la estadística negativa que tenemos, cada vez vienen peor. Hay una cosa en la sociedad que es como que “en la justicia no pasa nada”. “Vos chocás, matás y no pasa nada”. Y es la misma sensación que por ahí tengo yo, a mí me llegan a matar a mis hijos, o algún familiar y yo quiero que sea condenado. Es lo que toda la sociedad quiere, pero también hay algo de hipocresía, de no hacerse cargo de los propios excesos, como la velocidad o el alcohol…
Coincido. Creo que tenemos que hacer un poco de mea culpa como sociedad, y definir qué tipo de sociedad queremos.
Giménez es una de las caras nuevas de la Justicia misionera. Tiene 34 años y asumió a los 30, en 2014. Es uno de los jueces nacidos en los albores de la democracia.
Reconoce que la tarea penal es agobiante, con más de tres mil causas por turno. Pero no pierde la frescura de sus primeros días como juez. “Yo creo que un juez de Instrucción tiene que estar en todos los lugares de los hechos que le sea materialmente posible, porque si no judicializás en el momento, cuando pasa el tiempo se vuelve muy poco probable que se esclarezcan los hechos”, decía entonces. Lo mismo sostiene ahora, sentado en su despacho lleno de libros de derecho penal y una estatuilla de la Justicia vendada y con una balanza en delicado equilibrio. Técnicamente, ¿Qué pasa si se comprueba su teoría y se lo condena? ¿Otro deberá tomar una medida similar?
No es obligatorio. No hace obligatorio un fallo a las decisiones de los demás jueces, salvo que sea un fallo plenario, pero que no sucede acá. Esto por ejemplo en una cámara de casación penal, si las salas 2,3,4,5 salas deciden en ciertas cuestiones, eso es obligatorio, pero para ellos. Ahora, no es obligatorio en los demás jueces penales. Pueden mantener la teoría de la culpa con representación o que para ellos no exista el dolo eventual, y que lo decida un tribunal o que lo juzgue en consecuencia. Sin embargo, el fiscal puede apelar, lo puede rever una cámara o un tribunal y lo pueden dar vuelta. ¿Para comprobar esto hay que trabajar un poco más?
Se tiene que dar un conjunto de cosas. Yo si no tenía el testimonio de esta chica que le dijo: “Frená, pará, me bajo”, se me iba a hacer imposible mantener. Tiene que haber elementos, de lo que haya en el expediente, en la causa, en el sumario, a lo mejor ese policía que no le puso esa coma, o no le puso ese: “Pará”, y a mí se me cae la teoría del caso y mi calificación. En este caso se dio todo. Foto gentileza Primera Edición.
El de Brunner es apenas un caso entre tantos con elementos similares: jóvenes alcoholizados matando personas a alta velocidad. Belén Michalec, Rocío Santa Cruz, Ángel Ramón Martínez, y tantos otros nombres vinculados a la muerte de personas inocentes. Misiones está entre las cinco provincias con mayor cantidad de muertes en tránsito. Cientos de casos de muertes que sólo forman parte de las crónicas periodísticas y un inmenso dolor de familiares, que nunca encuentran consuelo.
Las causas que se apilan en los archivos judiciales tienen hoy una mínima esperanza para que de una vez por todas algo cambie. No es casual que ese cambio llegue de la mano de un juez joven, con una mirada más humana que la fría letra del Código.
Los fallos son mensajes, y la sociedad hace mucho tiempo que hoy espera que ese mensaje sea, respeto por el dolor del ajeno y justicia.
El legislador del Partido Agrario y Social (PAyS), autor de la iniciativa, se reunió con el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Froilán Zarza, para darle a conocer detalles de la propuesta que tomará estado parlamentario cuando se inicien las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados de Misiones.
Busca establecer un piso mínimo presupuestario del 6% del total del presupuesto general de gastos y recursos de la provincia -casi el doble de lo que se destina en la actualidad- con el objeto de asegurar la inversión en infraestructura judicial, en equipamiento adecuado, en conectividad y en mejoramiento de los salarios más bajos de los trabajadores de este poder del Estado.
El proyecto de Ley se encuentra en “etapa de elaboración, porque al referirse a un tema tan complejo y de tanta importancia institucional, vamos socializando la iniciativa con todos los sectores involucrados” explicó el diputado.
Según detalló, la reunión con Zarza “fue muy enriquecedora en este sentido, ya que nos puso al tanto de cómo se desarrolla la administración de justicia con la realidad financiera actual y en un contexto que no es fácil, ya que está atado a los avatares de la economía en general y a las restricciones que plantea la legislación tal como está dada”.
Isaac Lenguaza fue presidente del Colegio de Abogados de Misiones y desde entonces, plantea la necesidad de fortalecer la independencia del Poder Judicial también con más presupuesto y, sobre todo, con previsibilidad, un paso previo a la autarquía presupuestaria que debe sancionarse en Misiones mediante el proceso de enmienda constitucional.
Hace una semana presentó el mismo proyecto al Colegio de Abogados ahora presidido por Ernesto Báez. La institución se mostró a favor de avanzar en la propuesta, aunque condicionando el uso de los eventuales mayores recursos a la ampliación de más juzgados y a la recomposición de la grilla salarial de los trabajadores que menos ganan.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó el fallo a cuatro años de cárcel impuesto al empresario de transporte Emilio Casals, tras la llamada Tragedia de Rancho Quemado, despiste de un micro misionero que le costó la vida a ocho jubilados del IPS en Brasil en 2009. Por esto, el Tribunal Federal de Posadas dispuso este lunes su detención y alojamiento en la Unidad Penal Federal 17 de Candelaria.
El hombre fue encontrado culpable de haber presentado papeles truchos para que el colectivo que llevaba el contingente de abuelos de Misiones hacia el Brasil pudiera trasponer la frontera.
El fallo había sido dictado en febrero de 2015 por los jueces Norma Lampugnani (presidenta del Tribunal Federal que llevó adelante el debate), Manuel Alberto Jesús Moreira y Mario Hachiro Doi.
La causa por el accidente fatal fue tramitada por la Justicia brasileña. El único imputado era el chofer del micro, Daniel Alberto Meza. Pero el conductor, que llegó a estar preso durante meses en el vecino país, se suicidó en Garupá tiempo después del accidente.
En el 2009 el colectivo de la firma Emilio Viajes (de Casals) traía desde Camboriú a un contingente de afiliados del IPS. A la altura del paraje Rancho Quemado (Santa Catarina), el micro se desbarrancó y perdieron la vida ocho abuelos.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, participó de una mesa debate con Rodolfo Urtubey, Eduardo Casal, Stella Maris Martínez y Miguel Piedecasas sobre los mecanismos para avanzar en la implementación del sistema acusatorio penal.
En la reunión “Consensos por el nuevo Código Procesal Penal Federal”, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, debatió con autoridades de los tres poderes sobre los consensos alcanzados en torno a la reforma de ese texto normativo. Participaron el presidente de la Comisión Bicameral Especial de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, Rodolfo Urtubey; el presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas; en representación de la Corte Suprema, el juez Julián Ercolini; el titular interino de la Procuración General, Eduardo Casal; y la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez.
En el piso 11 de la sede ministerial, el ministro, junto a fiscales, jueces y defensores de todo el país, también concretó una puesta en común de las necesidades y los aportes que se realizarán para poder implementar el nuevo Código Procesal Penal Federal. El proyecto fue presentando en octubre de 2016 en el Senado y se estima que este año será discutido en el Congreso. Busca modernizar los mecanismos de persecución penal de los delitos federales.
“El nuevo proyecto del Código Procesal Penal fue elaborado en el marco de diálogo institucional que promueve el programa de gobierno abierto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A partir de reuniones con actores judiciales, instituciones y la sociedad civil, se generó una norma jurídica que establece procesos ágiles y transparentes a través del juicio oral y público, y que da un rol protagónico a la víctima durante el proceso penal”, dijo Garavano.
El ministro explicó que la instrumentación del nuevo Código Procesal Penal Federal supone un profundo cambio en el sistema judicial. “Implica un antes y un después en la forma de tramitar una causa penal. Por eso es imprescindible contar con la puesta en común de un criterio federal para la elaboración del plan de implementación”, destacó.
Este Código nació de la modificación del proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Nación. La diferencia radica en que mientras el antiguo proyecto se instauraba como un cuerpo normativo “nacional”, la propuesta “federal” responde a que se pensó de modo que su aplicación pudiera ser efectiva en todo el país sin entorpecer la adaptación gradual de las diferentes jurisdicciones, y los cambios que trae aparejado.
En ese sentido, Garavano se refirió a la importancia de “avanzar hacia un sistema adversarial”, en el que los fiscales son los que investigan y no los jueces. Y señaló que de la mesa que se conformó surgirán las acciones que se deberán tomar para cumplir la meta de octubre: ese mes se prevé que el Código esté en pleno funcionamiento. Y precisó que se necesitarán entre cinco y siete años para que su aplicación sea total en todo el país. “Estamos planificando una implementación que llegue en última instancia a las provincias con estructuras más complejas y mayor cantidad de casos”, explicó.
Garavano también indicó que este nuevo cuerpo normativo viene acompañado de medidas que, entre otras cosas, lograron en 2017 fuera mayor el número de personas privadas de su libertad con condena que las que estaban procesadas. Un proyecto enriquecido
El senador Rodolfo Urtubey señaló la importancia de pasar a un sistema en el que los fiscales sean los encargados de llevar adelante las investigaciones: “Hoy todo se juega en la etapa de instrucción, donde un dictamen prácticamente es una condena”. “El proyecto sancionado en 2015 (en relación al viejo proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Nación) ha sido enriquecido con institutos que se han incorporado en los últimos dos años”, destacó. Se refirió así a la figura de flagrancia, a los juicios unipersonales y la Ley de Víctimas, entre otros.
“La mejor política es el resultado de los consensos. Estoy impresionado por la cantidad y calidad de actores del proceso judicial penal presentes en esta mesa”, afirmó Urtubey.
El titular del Consejo de la Magistratura de la Nación, Miguel Piedecasas, señaló que implementar este Código se tratará de un “cambio cultural, un cambio de diseño. El Consejo va a asumir su responsabilidad institucional para que esto suceda”, adelantó.
La defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, dijo que “se equivocan al decir que no nos convienen” los cambios en relación al tipo de investigación y a los procedimientos penales. Es que, explicó, uno de los principales problemas que tienen las personas privadas de su libertad es la falta de certeza con respecto a su condena, y con estas metodologías este aspecto se resuelve más rápidamente.
“Para las personas detenidas, las angustias y sufrimientos que provoca no saber qué pasa con ellos es fundamental. Quieren ser condenados o liberados”, destacó. Y agregó que el sistema acusatorio con audiencias públicas es transparente: “La sociedad podrá juzgar cómo trabaja la justicia”.
Formaron parte de la mesa de trabajo el secretario de Justicia, Santiago Otamendi; el jefe Gabinete de la cartera, Martín Casares; el subsecretario de Política Criminal, Juan José Benítez; y el representante del Ministerio de Seguridad, Guillermo Soares Gache. También el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Eduardo Riggi; el presidente de la Cámara Federal de Salta, Ernesto Sola Espeche y su par de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Javier María Leal de Ibarra; la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, María Lilia Díaz Cordero y el titular de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, Julio Piumato. Las experiencias provinciales
Por la mañana hubo otra una reunión de trabajo con operadores del sistema de justicia que intervinieron en reformas procesales penales en distintas provincias: Catamarca, Salta, Córdoba, Chubut, La Pampa, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe.
Durante la reunión, Benítez destacó: “El trabajo en equipo con personas que a nivel provincial ya han visto estas modificaciones con distintas magnitudes y desde distintos puestos institucionales, es clave para el proceso de reforma. Es necesario conocer las experiencias del sistema acusatorio en las jurisdicciones provinciales, para conocer los desafíos que supone la Reforma Procesal Penal Federal”.
