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El gasto en justicia creció tres veces más que el PBI

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La desaparición de un militante genera polémicas y profundiza los desencuentros sociales. El hecho vuelve a poner en evidencia la incapacidad de la Justicia para investigar con efectividad. Que la Justicia funcione tan mal, no solo para resolver casos complejos sino también los rutinarios, resulta contradictorio con el acelerado crecimiento de sus presupuestos. Esto sugiere que no se trata de insuficiencia de recursos sino de falta de gestión, transparencia y responsabilidad.
La desaparición de Santiago Maldonado crea otra división en la sociedad. Por un lado, una parte de la población endilga al Gobierno la responsabilidad con encendidas campañas de reivindicación, exigencias de conocimiento de su paradero o el destino sufrido, llegando a provocar graves hechos de violencia. Sin negar que su búsqueda debe ser irrenunciable, el resto de la sociedad toma distancia por el carácter ideológico y por los hechos de violencia que se asocian a la persona en cuestión.
Esta división viene a profundizar la ocasionada por otros casos resonantes como la desaparición de Julio López, la muerte de Alberto Nisman, la liberación de condenados por delitos de lesa humanidad apoyándose en la extinta regla del 2×1 o la inoperancia para probar y condenar los hechos de corrupción de funcionarios públicos y dirigentes sociales. Si la Justicia investigara y aplicara las penas con ecuanimidad y agilidad habría menos motivos para las polémicas y los posicionamientos extremos y violentos.  
Para aproximar las condiciones en las que se trabaja la Justicia argentina resulta pertinente considerar la cantidad de recursos públicos que se le asigna a su funcionamiento. Así, según datos del Ministerio de Hacienda de la Nación se observa que: 
  • En el año 2004 la Justicia nacional y la de todas las provincias contó con un presupuesto consolidado equivalente al 0,68% del PBI por año.
  • En el año 2015 (último disponible) el consolidado de las erogaciones de la Justicia nacional y de las provincias llegó al 1,2% del PBI.
  • Esto significa que, mientras que entre los años 2004 y el 2015 el PBI creció un 50%, el gasto público en Justicia aumentó un 160%.
Estos datos muestran que el gasto público en la Justicia creció al triple de lo que aumentó la producción. Es decir, el sector fue beneficiado con una enorme redistribución de recursos desde el resto de la ciudadanía en su favor. Puede ser que haya más demanda de intervención judicial, pero no alcanza para justificar semejante incremento de recursos. Por el contrario, la enorme expansión del gasto con tan malos resultados hace presuponer que lo que falta en la Justicia no son recursos sino capacidad para innovar en la gestión.  
Personas que desaparecen, muertes y casos de corrupción que no se esclarecen testimonian el fracaso de la Justicia. A esto se suma lentitud y dudas sobre la ecuanimidad en la resolución de casos simples y rutinarios. En una sociedad sin Justicia prevalecen las divisiones, los rencores, la violencia y actitudes que degradan la calidad de vida. Pero fundamentalmente quita la inteligencia del lugar en donde hay que colocarla. Por ejemplo, se llega al extremo de que en lugar de debatir cómo mejorar la capacidad lectora y el dominio de las matemáticas por parte de los alumnos frente a los pésimos resultados educativos, la atención se desvía a discutir si la desaparición de esta persona debe ser incluida en los contenidos de la educación pública.
Un factor clave que explica el mal funcionamiento de la Justicia es el apego a estilos de trabajo obsoletos que facilita su captura por parte de intereses espurios. Se usan mecanismos presenciales y manuales, a papel, sin control de gestión y sin sanción por las demoras. Esto tiene asociado que uno de los principales y recurrentes temas de agenda sea sumar beneficios a sus empleados, a pesar de que cuentan con sueldos superiores al resto de los trabajadores, no pagan el impuesto a las ganancias y tienen un régimen de vacaciones y licencias mucho más generoso. Ante la acumulación de expedientes, demoras y falta de respuesta, la reacción más común es clamar por más presupuesto, incremento que generalmente se destina a contratar más empleados seleccionados de manera discrecional o comprar nuevos edificios con dudosos procedimientos de contratación.
La degradación del sistema judicial es otro caso en el que aplicar gradualismo en la modernización es una decisión arriesgada. No hacen falta más recursos sino inteligencia y audacia para rediseñar procedimientos y usar intensamente la tecnología. A esto hay que sumarle medición de resultados del personal, en especial, de los jueces y fiscales. Así se dejará de desperdiciar esfuerzos en trámites presenciales y burocráticos, liberándose energías para resolver con efectividad y agilidad las investigaciones y los conflictos.
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Posadas firmó un convenio con el Poder Judicial en materia de perspectiva de género

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El intendente de Posadas, Joaquín Losada, junto con el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Froilán Zarza; rubricaron un convenio a través del cual se brindarán capacitaciones en perspectiva de género a agentes municipales. La articulación se lleva adelante a través del Centro de Capacitación y Gestión Judicial de Misiones ‘Dr. Mario Dei Castelli’ y la Dirección de Equidad de Género de la Municipalidad de Posadas, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social.
 
Al respecto, el jefe comunal expresó que “romper desde lo público con paradigmas de inequidad es una apuesta de esta gestión. Hay que sumar las herramientas existentes para profundizar la formación, ya que es importante que los agentes públicos incorporen esta mirada.”
 
Por su parte, Zarza declaró que las instancias de formación “son una herramienta muy importante, de probada eficacia para poner a disposición de la comunidad. Los procesos de transformación cultural llevan años, pero requieren de un trabajo de concientización que es muy importante.”
 
La concejal Natalia Giménez, una de las impulsoras de la articulación, expresó sus agradecimientos a la Dra. Alejandra Barrionuevo -Directora del Centro de Capacitación y Gestión Judicial- y a todo su equipo, planteando que “es muy importante que el Estado pueda articular. Es un trabajo enorme que lo queremos hacer con mucha humildad (…) tenemos que plantear la sensibilización en todos los ámbitos.”
 
 
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Promulgan ley que limita las excarcelaciones y salidas transitorias por delitos graves

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El Gobierno nacional promulgó la ley que limita las excarcelaciones o salidas anticipadas a condenados por delitos graves, aprobada por el Congreso a principios de mes.

Se trata del proyecto que reformó la norma de “ejecución de la pena privativa de la libertad“, que era reclamada por familiares de víctimas y que cobró impulso tras el femicidio de la joven entrerriana Micaela García, crimen por el que está acusado un hombre que había sido condenado por violación y al momento del homicidio gozaba del beneficio de la libertad condicional.

Junto a la promulgación de la ley Nº 27.375 a través del decreto 573/2017, firmado por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Justicia, Germán Garavano; el Poder Ejecutivo también publicó en el Boletín Oficial el texto de la norma por la cual a partir de ahora los autores de crímenes graves ya no tendrán acceso a las salidas transitorias y a la libertad condicional, sino que deberán cumplir todas sus condenas en la cárcel.

En ese marco, la ley establece que no podrán otorgarse esos beneficios comprendidos en el período de prueba a los condenados por los siguientes delitos: homicidios agravados; delitos contra la integridad sexual; privación ilegal de la libertad coactiva seguida de muerte; tortura seguida de muerte; robo con armas, o en despoblado y en banda; secuestro extorsivo seguido de muerte; trata de personas; violaciones a la ley antiterrorista; financiamiento del terrorismo; contrabando agravado, y producción y comercialización de estupefacientes.

El proyecto de reforma de la ley de “ejecución de la pena privativa de la libertad” se había votado en noviembre de 2016 en Diputados, pero el 26 de abril pasado el Senado introdujo cambios para acotar a determinados delitos la prohibición de otorgar la libertad condicional o transitoria, y luego la iniciativa volvió a la Cámara baja, que le dio sanción definitiva el 5 de julio último.

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“Estoy ansiosa de tener un expediente en las manos”, dijo emocionada Liliana Picazo

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Luego de asumir como ministra del Superior Tribunal de Justicia, la doctora Liliana Mabel Picazo se tomo su tiempo para saludar a todos los que la acompañaron en este momento. Luego charló con Economis sobre su nuevo rol en la Justicia misionera.

Afirmó que “ustedes me adoptaron a mí y estoy agradecida por todo lo que me dieron”. Ratificó que seguirá trabajando con el mismo empeño que en la Fiscalia, explicando que en el Superior Tribunal se buscaran consensos, “pero cuando haya disenso se debatirá con el mayor de los respetos, siempre poniendo como prioridad el derecho de los misioneros”.

Afirmó que llega al cargo esperando cumplir con la expectativa ciudadana. “Buscaremos el consenso para mejorar el servicio de justicia” afirmó la flamante ministra del STJ. Para ella la impronta es mejorar el servicio de justicia en las bases, que es la primera instancia.

“El espejo nuestro es la primera instancia, en todos los fueros, por eso es necesario fortalecer a los empleados con mensajes de mejor servicio de justicia y trabajar en función de la gente que espera una respuesta para lograr un derecho que cree vulnerado. La prioridad es resolver las causas que esperan resolución, conozco la problemática ampliada, son 40 años de recorrer el mismo camino, de escuchar y hablar con la gente”.

Al ser consultada sobre los constantes reclamos de la ciudadanía de mayor celeridad en las resoluciones judiciales, manifestó “es como una obligación de dar tratamiento prioritario. La persona que tiene un dolor necesita que le demos respuesta” lo más inmediatamente posible.

Picazo reconoció que existe una importante retracción en el sistema en cuanto a infraestructura, pero también indicó que en un momento de dificultades económicas es necesario agudizar mecanismos para por ejemplo redireccionar el capital humano de trabajo y lograr soluciones a los conflictos de los ciudadanos.

Remarcó que que cuando una persona pierde un derecho las respuestas deben ser “rápidas y eficientes. Tenemos que estar atentos. La gente se tiene que llevar una respuesta a su problema, y si no le resolvemos por lo menos e expliquemos el porqué. Tratamos con personas,  no con papeles.

“Acercar la Justicia a la gente quiere decir, que la gente que está judicializada tenga una respuesta entendible a su reclamo de derecho, si le corresponde o no le corresponde. Que la gente sepa porque le damos o le quitamos un derecho y ese trabajo debemos hacerlo en el menor tiempo posible” dijo concluyente.

Sin dejarse llevar por la emoción del acompañamiento de la gente, Picazo remarcó que “estoy ansiosa por tener un expediente en las manos”. Para refrendar esto queda como anécdota que al finalizar los saludos, participó de una reunión con los demás miembros del Superior Tribunal para comenzar a trabajar.

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Liliana Picazo asumió como ministra del Superior Tribunal de Justicia

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Con la presencia de las máximas autoridades del Poder Judicial de la provincia, el gobernador Hugo Passalacqua y parte de su gabinete, el vicepresidente de la Legislatura, Orlando Franco, y la familia y amigos en la primera fila, asumió este miércoles como ministra del Superior Tribunal de Justicia Liliana Mabel Picazo.

El nombramiento de la prestigiosa profesional del Derecho fue aprobado por unanimidad, el pasado 6 de julio por los integrantes del Poder. En esa instancia la Cámara de Representantes prestó el acuerdo legislativo para designar a la entonces titular de la Fiscalía del Tribunal Penal Nº 1 como nueva ministra del máximo órgano judicial misionero. Con su inclusión, el cuerpo vuelve a contar con nueve miembros y una mayoría femenina: se suma a Ramona Velázquez, Cristina Leiva, María Laura Niveyro y Pía Rossana Venchiarutti Sartori. Los ministros son Froilán Zarza, Rubén Uset, Jorge Rojas y Cristian Marcelo Benítez. 

 

En medio de una ovación inédita para este tipo de ceremonias, el acto de jura se concretó en el hall del Palacio de Justicia de la avenida Santa Catalina casi Centenario.

Del acto participaron funcionarios judiciales de toda la provincia, de distintos fueros. Se vio a magistrados de Instrucción, civiles y comerciales, camaristas y, claro está, los demás miembros de la Corte misionera. También estuvieron jefes de fuerzas de seguridad, representantes de la Justicia Federal y el intendente de Posadas, Joaquín Losada.

Primero se leyó el decreto de nombramiento. Y después vino el esperado juramento, que lo tomó el actual presidente del STJ, el doctor Froilán Zarza. Nuevamente la máxima instancia judicial de la provincia vuelve a tener nueve miembros.

La ahora ministra empezó en el Poder Judicial hace 43 años cosiendo expedientes. Fue jueza entre 1987 y 1991, año en que asumió como fiscal del Tribunal Penal Uno, cargo que desempeñó hasta esta semana.

Cuando respondió el “Sí, juro”, decenas de presentes empezaron a corear “Liliana, Liliana”. Muy emocionada, Picazo saludó uno a uno a sus pares, al gobernador y al procurador Miguel Ángel Piñero. Después se ubicó en el estrado al lado de ellos.

Finalizado el acto, la fila para saludarla fue interminable. La acompaño en este emocionante momento toda su familia, incluso su hija que viajó desde Londres, donde está viviendo actualmente.


Fotos gentileza Flavia Zeidel

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