KARINA MILEI

Costo marginal

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“El ajuste lo paga la política, jaja”. El posteo en redes sociales de Victoria Villarruel, la titular del Senado, se burla del jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el paseo con su esposa en Nueva York en medio de una gira oficial. 

La ironía del comentario no pasó inadvertida: en pocas palabras, la Vicepresidenta condensó una crítica implícita al relato de austeridad del Gobierno y dejó expuestas, una vez más, las fisuras internas que atraviesan al oficialismo mientras se discute hasta dónde llega -y a quién alcanza realmente- el ajuste.

Argentina Week no será recordada por la lluvia de inversiones generada, sino por el affaire Adorni, que fue a “deslomarse” a Nueva York en compañía de su esposa, a quien subió al avión presidencial contradiciendo el decreto que él mismo anunció hace unas pocas semanas, que limitaba el número de funcionarios en los viajes y excluía a familiares y amigos.

El paseo puede costarle caro al jefe de Gabinete y hombre de confianza de Karina y Javier Milei. No por los reproches que los hermanos puedan hacerle -salieron a “bancarlo” en forma instantánea-, sino porque el desliz daña el contrato tácito con la sociedad: los libertarios prometían “ser mejores” y el paseo por la Gran Manzana, pagado “con la del contribuyente” es una réplica del deterioro de la casta a la que se vino a combatir. 

El Presidente ensayó una suerte de defensa de Adorni y su esposa con un argumento economicista que no alcanza a cubrir -ni a entender- la magnitud del problema: “Costo marginal”, dijo Milei y sus acólitos salieron a repetirlo como un mantra. ¿Qué es el costo marginal? Como el avión debía volar a Estados Unidos y sobraba un asiento, la esposa de Adorni no significó un gasto extra. Mismo argumento podrían ahora utilizar kirchneristas residuales y futuros inquilinos de la Casa Rosada. Incluso, si el avión de todos modos iba a ir a Río Gallegos, no había nada de malo en llevar los diarios a Cristina. Era un costo marginal irreprochable según la lógica presidencial. 

Sin embargo, lo está en discusión no es una fórmula matemática, sino la ética de un funcionario que hace lo contrario a lo que pregona desde el atril. La estatura moral se derrumba por eso, no por un puñado de dólares extra. 

La fractura expone a Adorni con gustos que no condicen con su nivel de ingresos. Viajes en avión privado pagados por el Estado, como confesó su amigo a quien visitó en Punta del Este y gastos de tarjeta de crédito que no coinciden con su sueldo. Un repaso de movimientos de consumo de acceso público muestra un dato difícil de pasar por alto: tras la victoria legislativa de fines de octubre de 2025, los gastos con tarjetas atribuidas a Manuel Adorni y a su esposa, Bettina Angeletti, se dispararon.

Solo con una tarjeta del Banco Galicia, Adorni habría registrado consumos cercanos a los 30 millones de pesos frente a ingresos por unos 10,5 millones. En paralelo, la tarjeta a nombre de Angeletti suma gastos por más de 65 millones en los últimos meses, sin ingresos conocidos en ese período. En total, entre ambos plásticos, los consumos entre agosto y enero rondarían los 115 millones de pesos contra ingresos declarados cercanos a los 21 millones. Un contraste que, al menos, merece explicaciones que no sean ecuaciones matemáticas ni evasivas. Fin. 

En definitiva, el affaire Adorni rompe la conexión que le quedaba intacta al Gobierno: la promesa de borrar a la casta del poder. Sin ese acuerdo electoral, la alianza libertaria no tiene muchos más éxitos que mostrar, por más que el relato se esmere en contar éxitos donde no los hay. Incluso, el presidente tiene más problemas para explicar su vínculo con el escándalo $Libra y aparecen contactos fluidos entre él y los promotores, junto a su hermana, quien tiene su propio escándalo con la Andis. Manchas que quitan lo impoluto. 

La inflación lejos está de ser contenida y ya lleva diez meses consecutivos en alza, con un acumulado de 280 por ciento desde que asumió en diciembre de 2023. En febrero marcó 2,9 por ciento, muy lejos de las promesas optimistas de llegar a cero en el segundo semestre. Pese a la nula emisión y el inédito ajuste, el ministro de Economía, Luis Caputo, justificó la ausencia de éxitos en la contención de los precios, en que la economía atraviesa “un proceso de corrección de precios relativos” tras “dos décadas de acumular distorsiones”. Para agosto, septiembre u octubre, insistió, la inflación será cero. 

El impacto de los precios se visualiza en la caída del consumo.En febrero, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, las ventas pymes cayeron 5,6% interanual, con un acumulado del 5,2% en lo que va del año.
El informe de la Came es contundente: “El consumo se concentró en bienes de subsistencia y artículos escolares por la reasignación del gasto de los hogares. La demanda operó con selectividad, priorizando ofertas y financiamiento para sostener las operaciones”.

El relato se agranda en la voz del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien rechazó que el modelo destruya empleo y, por el contrario, aseguró que en dos años se crearon 400 mil empleos. Los propios números oficiales lo desmienten, pero para el siempre presente funcionario, el dato no mata relato. Sin embargo, hay 200.941 empleos registrados menos desde que asumió Javier Milei. En paralelo, hay un fuerte incremento de la informalidad y el empleo asalariado representa apenas el 71,9 por ciento de los ocupados totales, cuando hace un año eran de 74,8%. El boom del Delivery o chofer de App. Los únicos sectores que están generando empleo son los vinculados a Vaca Muerta y las finanzas. 

Sturzenegger tiene a la yerba como un fetiche. En Argentina Week aseguró que la eliminación de la autoridad regulatoria del sector y de su capacidad para fijar precios redujo a la mitad el valor del producto para el consumidor -en realidad, aumentó por debajo de la inflación-, al tiempo que impulsó un aumento del 29% en la producción durante 2024 y llevó a casi 58 millones de kilos las exportaciones en 2025, un récord histórico.

En esa mezcolanza, Sturzenegger omite que la producción está hundida en la miseria y que la propia industria atraviesa momentos delicados.

El semáforo de Coninagro revela un mapa muy distinto a lo que exhibe Sturzenegger. Son ocho las economías que están en rojo, dos más que el mes pasado y apenas cuatro en verde y siete en amarillo. La yerba mate está en rojo desde la desregulación del mercado en diciembre de 2023. Se desplomaron los precios de la materia prima y, aunque la industria recuperó presencia en el mercado interno y bate récord de exportaciones, también atraviesa una crisis por encarecimiento de costos operativos, como energía y combustible y una menor rentabilidad. El argumento tiene números concretos: en conjunto, las principales industrias yerbateras deben a los bancos 230 mil millones de pesos, el equivalente al 83 por ciento de la canchada en stock.

Las consecuencias del “éxito” de Sturzenegger se sienten en la provincia. No sólo en la yerba mate, sino en el té y el sector forestal, con caída de exportaciones y rentabilidad por el suelo. La Provincia intenta contener a los distintos sectores con las pocas herramientas que tiene. La yerba es la mayor preocupación por el volumen de productores afectados, aunque son pocas las alternativas para mejorar su situación. El precio de referencia, que sugirió Misiones al Instituto Nacional de la Yerba Mate, tuvo una recepción negativa en la industria. El principal argumento fue que se trata de un mercado privado en el que cada empresa tiene estructuras de costos diferentes, por lo que consideran difícil establecer un valor único.

En la reunión con la industria que se hizo esta semana, el Gobierno insistió en que contar con un valor orientativo podría ayudar a ordenar el mercado y a sostener el sistema productivo frente a las distorsiones actuales.

Además, los funcionarios señalaron que un precio de referencia permitiría mejorar las condiciones de financiamiento del sector, ya que hoy las empresas enfrentan dificultades para obtener crédito mediante warrants debido a la ausencia de valores de mercado claros para la yerba mate.

En ese marco también se mencionó la implementación de herramientas de monitoreo y trazabilidad como el CeTYM, impulsado tras la desregulación del sector, con el objetivo de seguir la evolución de la cadena yerbatera.

La Provincia sabe que las herramientas con las que cuenta son pocas. Pero el gobernador Hugo Passalacqua se muestra decidido a utilizarlas a fondo para sostener el equilibrio interno. Promoción para el turismo en Perú, obras públicas en la medida que se pueda y austeridad al máximo, como la prohibición de compras de nuevos vehículos para el Estado, forman parte de la misma preocupación: sostener el empleo.

La realidad, esa que en Buenos Aires se esmeran en combatir, marca que Misiones registró en diciembre de 2025 unos 98.721 trabajadores en el sector privado formal, con un descenso del 0,4% contra el mes anterior, lo que equivale a la pérdida de unos 403 empleos.

De este modo, se observa una profundización en el deterioro del mercado de trabajo misionero en este segmento, ya que de los doce meses del año solo creció en tres (enero con +0,2%, abril con +0,5% y mayo con +0,2%), en tanto que cayó en los otros nueve meses, con descensos consecutivos entre junio y  diciembre. El saldo del año en Misiones fue negativo en 4.675 empleos.

Desde que asumió Milei, en tanto, la caída es de 10.152 empleos (-9,3% vs. noviembre de 2023). En este caso, la provincia  presenta la sexta caída más fuerte del país. A la par, otro agravante de suma a la situación: el volumen actual de empleo es el más bajo desde enero de 2021, momento donde el trabajo estaba transitando una recuperación  luego de los impactos de la pandemia. 

Empleo privado registrado en el NEA – Diciembre

Provincia 2024 2025 Variación
Misiones 99,6 95 -4,7%
Corrientes 80,1 78,1 -4,3%
Chaco 73,7 70,5 -4,3%
Formosa 22,5 22,1 -1,8%

Misiones: el empleo privado registrado cerró diciembre con 95 mil puestos, lo que implica una caída de 4,7% interanual. El nivel representa 10.152 empleos menos (-9,3%) respecto de noviembre de 2023.

En el ámbito nacional el empleo privado formal cayó 0,2% mensual  en diciembre, perdiendo 12.399 asalariados privados en todo el país respecto al mes  anterior. Este descenso se explica principalmente por las caídas en sectores como la Minería (-1,0%), Hoteles y Restaurantes (-0,6%) e Industria Manufacturera (-0,5%), entre otros. 

A nivel acumulado de la era Milei (diciembre 2025 vs. noviembre de 2023,  desestacionalizado) son 200.941 los empleos perdidos en el sector privado formal (-3,2%).

Raro el contraste. Sturzenegger jura que se crearon 200 mil empleos por año desde que llegó Milei. La realidad, esa que se empecina en decir otra cosa, marca que son pocos los sectores con saldo positivo. La industria manufacturera argentina comenzó el año con una señal clara de enfriamiento. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la utilización de la capacidad instalada se ubicó en enero en apenas 53,6%, un nivel inferior al registrado en el mismo mes de 2025, cuando había alcanzado el 55%. El dato no solo confirma una caída interanual, sino que además representa el peor inicio de año para la actividad industrial desde la crisis económica de 2002.

El indicador mide qué proporción de la capacidad productiva instalada en las fábricas está efectivamente en uso. Cuando ese porcentaje desciende, significa que las plantas industriales trabajan por debajo de su potencial, ya sea por caída de la demanda, aumento de importaciones o dificultades macroeconómicas que afectan la producción.

Los sectores más golpeados por la caída de la demanda y el cambio en el escenario comercial son la industria automotriz, que operó en enero con apenas el 24% de su capacidad instalada, mientras que los productos textiles utilizaron solo el 23,7%. La metalmecánica -excluyendo automotores- registró un nivel del 31,4%, el sector de caucho y plástico 36,1% y los productos minerales no metálicos 45,5%.

La caída más marcada se observa en la metalmecánica, donde el uso de capacidad instalada descendió desde el 38,1% de enero de 2025 hasta el 31,4% en el inicio de 2026. El informe vincula este retroceso principalmente con la fuerte reducción en la fabricación de maquinaria agrícola y de electrodomésticos, dos segmentos que experimentaron una contracción significativa de la producción.

La industria automotriz también refleja un deterioro considerable. Con apenas el 24% de su capacidad en uso, el sector registra una caída significativa frente al 34,8% del mismo mes del año pasado. La producción de vehículos retrocedió más de 30% interanual, lo que explica buena parte del menor dinamismo industrial.

Algo similar ocurre con el sector textil, que en enero utilizó apenas el 23,7% de su capacidad instalada. La caída responde principalmente a la disminución en la producción de tejidos y de hilados de algodón, que registraron retrocesos superiores al 30% interanual.

El 53,6% de utilización de capacidad instalada registrado en enero refleja que casi la mitad de la capacidad productiva del sector industrial permanece ociosa. Para encontrar un inicio de año con un nivel inferior hay que remontarse a enero de 2002, en pleno colapso económico de la Argentina, cuando la industria utilizaba apenas el 48,2% de su capacidad productiva.

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La causa $LIBRA: la Justicia revela llamadas que conectan a Novelli con el círculo íntimo de Milei

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La investigación judicial sobre el colapso del criptoactivo $LIBRA volvió a impactar en el corazón del poder político argentino. Un peritaje realizado sobre el teléfono celular del empresario Mauricio Novelli reveló una intensa red de comunicaciones con el entorno inmediato del presidente Javier Milei durante la noche del 14 de febrero de 2025, fecha en la que se lanzó el token.

Los registros muestran que Novelli mantuvo ocho comunicaciones con el Presidente ese mismo día, además de siete contactos con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. También aparecen intercambios con el asesor presidencial Santiago Caputo —al menos 14 comunicaciones registradas— y con el entonces jefe de asesores Demian Reidel.

El dato central no es solo la existencia de contactos, sino la sincronía entre esas comunicaciones y el lanzamiento del criptoactivo, un episodio que más de un año después continúa generando repercusiones judiciales y políticas. La aparición de estos registros vuelve a colocar bajo escrutinio la relación entre el ecosistema cripto que impulsó el proyecto y el núcleo político que rodea al mandatario.

La pregunta que sobrevuela la escena es inevitable: ¿se trató de una interacción circunstancial con actores del sector tecnológico o de un vínculo más estrecho en la gestación del proyecto?

El ecosistema $LIBRA y los actores que orbitaban alrededor del proyecto

El peritaje reconstruye una red de empresarios y operadores tecnológicos que mantuvieron contacto con el Presidente en distintos momentos previos al lanzamiento del token.

En el centro de esa red aparece Mauricio Gaspar Novelli, fundador del evento tecnológico Tech Forum y de la firma N&W Professional Traders. Según registros oficiales, el empresario había establecido vínculos con Milei desde 2020, cuando el entonces economista dictaba capacitaciones en su academia.

Con la llegada de Milei a la presidencia, el vínculo continuó. Novelli visitó seis veces la Casa Rosada, siendo recibido por Karina Milei en su primer ingreso el 8 de enero de 2024. Los encuentros se produjeron en el contexto de la organización del Tech Forum realizado en octubre de 2024, evento patrocinado por la Presidencia de la Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Ese foro tecnológico funcionó como un punto de contacto entre el mandatario y figuras del ecosistema cripto global. Entre ellas aparecen el empresario Hayden Davis, señalado por la investigación como la figura detrás de Kelsier Ventures, y Julian Peh, quien participó como expositor.

La propia documentación analizada por la Justicia agrega un elemento adicional: un archivo titulado “LOI_KELSIER.docx”, recuperado del teléfono de Novelli. El documento fue enviado por el empresario a sí mismo por WhatsApp el 29 de enero de 2025, un día antes de una reunión entre Milei y Davis en la Casa Rosada.

Ese encuentro quedó registrado públicamente cuando el Presidente publicó una selfie con el empresario en redes sociales, señalando que lo estaba asesorando en temas vinculados a blockchain.

El “triángulo de hierro” y la dinámica interna del poder

Los registros telefónicos también iluminan la estructura política que rodeaba al Presidente durante los primeros meses de gestión.

En ese momento, el Gobierno funcionaba con un esquema informal de poder en el que Karina Milei y Santiago Caputo representaban dos vértices centrales del llamado “triángulo de hierro” que articulaba las decisiones estratégicas del oficialismo.

La aparición de comunicaciones frecuentes entre Novelli y Caputo —14 registros telefónicos— introduce un elemento sensible en esa dinámica. No porque pruebe responsabilidades directas, sino porque vincula al núcleo político del Gobierno con los actores que promovían el proyecto cripto.

En ese entramado también figura Demian Reidel, economista y físico que había asumido como jefe del Gabinete de Asesores al inicio del mandato presidencial. Su salida del cargo el 21 de julio de 2025 ya había marcado un cambio en la estructura de asesores del Gobierno.

Posteriormente fue designado al frente de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que opera las centrales nucleares del país. Sin embargo, su gestión quedó bajo presión en las semanas previas a su renuncia el 9 de febrero, tras cuestionamientos internos por un contrato tecnológico cuyo costo habría pasado de 600.000 dólares a 7 millones.

La coincidencia temporal entre esas tensiones y el avance de la investigación judicial sobre $LIBRA vuelve a ubicar a su figura dentro del radar político del caso.

Empresarios, tecnología y acceso al poder

La investigación también reconstruye el rol de otros actores vinculados al proyecto.

Uno de ellos es Manuel Terrones Godoy, socio de Novelli en distintas iniciativas empresariales y participante del Tech Forum. Los peritajes registran un mensaje de WhatsApp entre ambos el 20 de febrero, en el que Novelli escribió: “Llevo eso para allá, pero borrá”.

El contenido de ese intercambio se suma a la reconstrucción judicial de los vínculos entre los organizadores del foro tecnológico y el entorno presidencial.

En paralelo, el empresario estadounidense Charles Hoskinson, que también participó del Tech Forum, declaró en una entrevista internacional que le pidieron dinero para concretar una reunión con el presidente argentino. Su testimonio lo convirtió en uno de los 20 citados a declarar en la investigación.

La causa, sin embargo, atraviesa un momento procesal particular: se encuentra parcialmente paralizada tras maniobras de dilación atribuidas al bloque libertario y a sus aliados parlamentarios.

La política detrás del expediente

La aparición de los registros telefónicos tiene un impacto político inmediato. No modifica por sí sola el estado judicial de la causa, pero vuelve a colocar el caso $LIBRA dentro del debate público y legislativo.

El oficialismo enfrenta así una tensión que combina dos dimensiones sensibles:
por un lado, la relación del Presidente con el ecosistema tecnológico y financiero que impulsaba el token; por otro, la cercanía de algunos de esos actores con el núcleo político del Gobierno.

La investigación también expone un rasgo estructural de la administración actual: la fuerte interacción entre el poder político y redes informales de asesores, empresarios y promotores tecnológicos.

Ese modelo de interacción —que en otros contextos suele presentarse como una apuesta a la innovación— se vuelve más complejo cuando la Justicia intenta reconstruir responsabilidades en torno a proyectos financieros de alto riesgo.

Un expediente que podría reactivarse en medio del calendario político

La causa $LIBRA todavía no definió responsabilidades penales. Sin embargo, el avance de los peritajes informáticos y la citación de empresarios extranjeros indican que la investigación sigue abierta.

Además, existe un elemento que podría aumentar la tensión política: las declaraciones judiciales previstas podrían producirse en pleno escenario electoral, lo que amplificaría el impacto del caso.

El expediente, en ese contexto, deja de ser solo una investigación sobre un criptoactivo fallido. También se convierte en una ventana para observar cómo se articuló el vínculo entre tecnología, financiamiento y poder político durante los primeros meses del gobierno de Milei.

Por ahora, los registros telefónicos ofrecen piezas de un rompecabezas que todavía está lejos de completarse.

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La Libertad Avanza ordena su estrategia: impulsa Boleta Única y acelera la consolidación territorial

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La Libertad Avanza reunió en la Ciudad de Buenos Aires a sus 24 jefes provinciales y definió una hoja de ruta con dos ejes centrales: impulsar la implementación de la Boleta Única en todo el país y consolidar el partido con estructura propia en cada distrito. El encuentro, encabezado por la presidenta partidaria Karina Milei y el vicepresidente Martín Menem, se realizó en la sede de Avenida de Mayo y funcionó como señal interna tras la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso.

La decisión no es menor. El oficialismo busca transformar el instrumento de votación de cara a las próximas elecciones y, al mismo tiempo, dejar atrás la dependencia de alianzas locales para fortalecer su identidad política. La pregunta que sobrevuela es si este movimiento consolida liderazgo hacia adentro y ordena la estrategia parlamentaria, o si abre un nuevo frente de tensión con sectores políticos que resisten cambios en el sistema electoral.

Boleta Única y arquitectura institucional: la agenda del Gobierno

El impulso a la Boleta Única aparece como el principal acuerdo político del encuentro. El propio presidente Javier Milei ya había marcado ese objetivo en su discurso ante el Congreso de la Nación Argentina, donde lo vinculó con la transparencia y la modernización del sistema electoral.

Ahora el partido lo traduce en línea orgánica. La conducción nacional pretende avanzar en su concreción e implementación para las próximas elecciones, lo que supone un debate legislativo que requerirá mayorías y acuerdos más allá del núcleo propio.

La reunión también sirvió para repasar el paquete de 90 proyectos de ley que el Ejecutivo planea enviar este año al Congreso. Tras la aprobación en extraordinarias de la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad, el oficialismo apunta a reformas estructurales: un nuevo Código Penal y una ley de “libertad educativa”, entre otras iniciativas que, según lo expresado por el Presidente, buscan rediseñar la arquitectura institucional del país durante nueve meses consecutivos de impulso legislativo.

En términos políticos, el mensaje es claro: el Gobierno no quiere un año defensivo, sino ofensivo en materia de reformas.

Partido propio y control territorial: el otro frente estratégico

El segundo eje acordado fue acelerar las afiliaciones en cada provincia. La conducción nacional quiere que La Libertad Avanza tenga sello propio en todos los distritos, sin depender de alianzas locales.

Ese movimiento tiene lectura de poder. Un partido con estructura formal en cada provincia fortalece la capacidad de negociación, ordena candidaturas y reduce intermediaciones. También permite disciplinar estrategias electorales y parlamentarias bajo una conducción nacional más centralizada.

En paralelo, amplía la base territorial de un espacio que llegó al Gobierno con armado heterogéneo. La consolidación institucional se convierte así en una condición para sostener la agenda de reformas en el Congreso.

Correlación de fuerzas y desafíos legislativos

Impulsar la Boleta Única exige debate parlamentario y construcción de mayorías. Allí se medirá la capacidad del oficialismo para articular con aliados y administrar diferencias con la oposición.

La agenda de 90 proyectos también tensiona el calendario legislativo. Reformas como el nuevo Código Penal o la ley de “libertad educativa” abren discusiones de alto impacto institucional y político. El Gobierno propone avanzar con un paquete de diez iniciativas durante nueve meses ininterrumpidos, un ritmo que exigirá coordinación fina entre el Ejecutivo y el Congreso.

En este contexto, la consolidación partidaria no es solo organizativa. Es una herramienta para respaldar la ofensiva legislativa y sostener cohesión interna ante debates que pueden fragmentar apoyos.

Un movimiento táctico con proyección

La reunión en la sede de Avenida de Mayo dejó una señal doble: orden interno y agenda externa. La Libertad Avanza busca institucionalizar su fuerza y, al mismo tiempo, acelerar reformas que redefinan reglas de juego.

Si la Boleta Única avanza, el sistema electoral argentino podría modificarse de manera estructural. Si la consolidación territorial prospera, el oficialismo llegará a las próximas elecciones con mayor autonomía en cada distrito.

Queda por ver cómo responderán las demás fuerzas en el Congreso y qué nivel de consenso logrará el Ejecutivo para sostener un año legislativo intenso. La estrategia está delineada. Su viabilidad dependerá de la correlación de fuerzas que logre construir en las próximas semanas.

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Diputados aprobó la reforma laboral y ahora vuelve al Senado con cambios

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En una sesión atravesada por el paro general convocado por la CGT y una fuerte movilización sindical en las inmediaciones del Congreso, la Cámara de Diputados aprobó en general la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La votación arrojó 135 votos positivos y 115 negativos, sin abstenciones, y fue celebrada con una ovación del oficialismo y sus aliados.

El texto, sin embargo, deberá retornar al Senado –cámara de origen– para que ratifique la eliminación del polémico artículo 44, que proponía reducir el salario durante las licencias médicas por enfermedad o accidente no laboral. Ese cambio obliga a una nueva revisión en la Cámara alta, donde el oficialismo ya activó el calendario para convertir la iniciativa en ley antes del 1° de marzo, cuando el Presidente inaugure el período de sesiones ordinarias.

Una mayoría construida con aliados provinciales

El resultado fue posible gracias al respaldo de Pro, UCR, MID, Innovación Federal y bloques provinciales alineados con los gobernadores de Salta, Misiones, Catamarca, San Juan, Tucumán y Santa Cruz. También acompañaron diputados peronistas referenciados en Catamarca y Tucumán, lo que generó fuertes reproches desde Unión por la Patria, que los tildó de “traidores”.

Minutos antes de la votación se asomaron a los palcos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli, en un gesto político que subrayó la relevancia estratégica del proyecto para la Casa Rosada.

El kirchnerismo intentó, sobre el cierre del debate, hacer caer la sesión aprovechando la momentánea ausencia de legisladores oficialistas, pero la maniobra no prosperó. Superado el escollo de la votación en general, el oficialismo avanzó luego en la aprobación en particular de uno de los capítulos más sensibles: la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que obtuvo 130 votos afirmativos, 117 negativos y tres abstenciones.

Qué cambia: indemnizaciones, jornada y negociación colectiva

El proyecto –de más de 200 artículos– introduce modificaciones estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo y en el esquema de relaciones laborales. Entre los puntos centrales se destacan:

  • Indemnizaciones: se reduce la base de cálculo al excluir adicionales como aguinaldo y premios.
  • Fondo de Asistencia Laboral (FAL): mecanismo de capitalización con aportes patronales –que hoy van a la Anses– para financiar indemnizaciones. Sus críticos advierten que podría desfinanciar el sistema previsional y convertirse en una herramienta de fondeo estatal.
  • Banco de horas: permite compensar horas trabajadas con días de descanso en lugar de pagar horas extra.
  • Jornada laboral: habilita ampliar la jornada diaria hasta 12 horas, siempre que se respete un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas.
  • Vacaciones: podrán fraccionarse y tomarse dentro de una ventana ampliada.
  • Negociación colectiva: prioriza acuerdos por empresa o región sobre convenios sectoriales nacionales.
  • Derecho de huelga: establece limitaciones y redefine servicios esenciales.
  • Justicia laboral: dispone la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo y el traspaso de sus competencias a la justicia porteña.
  • Derogación de estatutos profesionales: capítulo que también genera resistencias y podría sufrir modificaciones.

Un debate áspero y advertencias de judicialización

La oposición más dura –Unión por la Patria, la izquierda y parte de Provincias Unidas– calificó la reforma de “regresiva” e “inconstitucional” y anticipó que, de convertirse en ley, será judicializada.

Máximo Kirchner sostuvo que la norma “va a fracasar” y advirtió que el Gobierno no podrá alegar falta de herramientas legislativas. Sergio Palazzo la definió como “la regresión más brutal en la historia de los derechos laborales”, mientras que Vanesa Siley habló de una “transferencia fenomenal de riqueza” hacia los empleadores.

Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro recordó que desde el inicio de la gestión se perdieron 120.000 puestos de trabajo y más de 22.000 empresas cerraron, y cuestionó que la ley “facilita la salida de trabajadores más que su ingreso al sistema formal”.

En defensa del proyecto, el miembro informante Lisandro Almirón (LLA) sostuvo que “primero tiene que haber trabajo para que la legislación laboral tenga sentido” y que el actual marco normativo “expulsa a las personas de la formalidad”. Desde la UCR, Lisandro Nieri replicó que quienes hoy critican la reforma no impulsaron cambios cuando tuvieron mayoría parlamentaria.

Carrera contra el reloj

El oficialismo activó una estrategia acelerada en el Senado. La jefa del bloque libertario convocó a un plenario de comisiones para dictaminar el texto modificado y llevarlo al recinto el próximo viernes 27. Solo entonces la reforma quedará definitivamente sancionada.

Para el Gobierno, se trata de una pieza clave de su programa de desregulación económica y modernización del mercado laboral, junto con el régimen penal juvenil y el acuerdo Mercosur–Unión Europea.

Para la oposición sindical y política, en cambio, la norma implica una flexibilización estructural que tensionará el sistema judicial y el equilibrio institucional.

La pulseada ahora se traslada a la Cámara alta. Y, eventualmente, a los tribunales.

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Adorni reactiva la mesa política y acelera la reforma laboral

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volverá a reunir este martes a la mesa política que encabeza para encarar las negociaciones parlamentarias de la reforma laboral, que se convirtió en la prioridad legislativa del Ejecutivo para las próximas semanas. En paralelo, durante febrero, deberá avanzar en una reducción del 20% de la estructura administrativa y del 20% del personal de la Jefatura de Gabinete, un ajuste que forma parte del rediseño interno del Gobierno.

La reactivación de la mesa política será el segundo encuentro del año y se da en un contexto de reorganización del poder interno, con Adorni consolidado como una figura clave del esquema libertario, respaldado de manera directa por el presidente Javier Milei y por Karina Milei, un aval que resulta central para la negociación con el Congreso y la coordinación de la gestión.

Reforma laboral, negociación política y nuevo esquema de poder interno

El eje de la agenda inmediata del jefe de Gabinete está puesto en un triángulo estratégico que combina negociación política, seguimiento de la gestión ministerial y monitoreo de la reforma laboral, que comenzará a tratarse en febrero en el Congreso. Desde el oficialismo admiten que este proceso demandará varias semanas de conversaciones parlamentarias.

La mesa política se intercala con una intensa agenda de reuniones bilaterales que Adorni mantiene con los ministros del Gabinete, en una dinámica que busca reforzar la coordinación interna. Según reconstruyó LA NACION, estos encuentros funcionan como reuniones de seguimiento, donde se evalúa lo realizado y se definen las prioridades del Presidente en cada cartera, con una mirada proyectada hacia adelante.

En ese marco, Adorni mantiene un respaldo político que, dentro de la Casa Rosada, sintetizan con una frase elocuente: “Manuel es Karina”, en alusión a la confianza directa de la hermana presidencial. Ese aval es considerado determinante para lograr acuerdos parlamentarios más estables que en la etapa anterior, encabezada por Guillermo Francos, tras la salida de Nicolás Posse, primer jefe de Gabinete del actual gobierno.

Ajuste en la Jefatura y mayor control de la gestión

Además de la agenda legislativa, febrero estará marcado por el recorte de la estructura de la Jefatura de Gabinete, que actualmente cuenta con más de 2.400 empleados. Según reconocieron fuentes oficiales, el objetivo es concretar una reducción del 20% tanto en la estructura como en el personal, en línea con la política de ajuste administrativo del Gobierno.

Desde los ministerios señalan que, tras el cambio de conducción, existe un mayor seguimiento de la gestión y una mejora en la articulación entre carteras, un aspecto que era señalado como una debilidad en la etapa anterior. “Ahora hay más seguimiento de lo que se hace y de lo que se necesita”, reconocen en distintas áreas.

Aunque no se expresan críticas directas a Francos, dentro del oficialismo predomina la percepción de que su gestión estaba más enfocada en el diálogo político que en la dinámica cotidiana de la administración, una lógica que Adorni busca revertir con controles más frecuentes y definición clara de prioridades.

Agenda internacional y reformas en reserva para el Congreso

En paralelo, el jefe de Gabinete participará de la Argentina Week en Nueva York, en una agenda que incluye el discurso del Presidente ante bancos y fondos internacionales, en un esquema organizado por el embajador argentino en Estados Unidos, Alex Oxenford.

Mientras tanto, en la Casa Rosada mantienen bajo estricta reserva los proyectos de ley que cada ministerio prepara, con el objetivo de no interferir en las negociaciones parlamentarias actuales. No obstante, admiten que el Ejecutivo proyecta enviar más de una treintena de iniciativas al Congreso durante 2026, una vez superada la etapa inicial de la reforma laboral.

“Hay que avanzar con las reformas y, en los próximos dos años, seguir avanzando con las cosas prioritarias que tienen que suceder en cada ministerio”, sintetizan en Balcarce 50. Por ahora, la mayoría de las carteras está abocada a asegurar la aprobación de la reforma laboral, mientras se pone en marcha el ajuste interno de la Jefatura de Gabinete.

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