KARINA MILEI

Milei enfrenta su peor umbral político: 71,2% cree que hace falta un cambio de gobierno

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El gobierno de Javier Milei ingresó en mayo de 2026 en una zona de desgaste político estructural. No se trata ya de una oscilación coyuntural de la opinión pública ni de un mal mes aislado, sino de una consolidación de tendencia: la desaprobación nacional alcanza el 64,5%, mientras que apenas el 34,3% aprueba la gestión libertaria. En paralelo, siete de cada diez argentinos consideran que hace falta un cambio de gobierno, un dato que en cualquier otro contexto sería leído como una señal de crisis terminal. Sin embargo, la singularidad del escenario argentino reside en que ese rechazo no se traduce todavía en una alternativa consolidada.

Así lo muestra el último informe “Domingo de Datos” de la consultora Zuban & Córdoba, elaborado entre el 25 de abril y el 1 de mayo sobre una muestra nacional de 2.000 casos, con un margen de error de +/- 2,19% y un nivel de confianza del 95% .

La encuesta revela una administración que perdió iniciativa política, pero también una oposición que aún no logra apropiarse del descontento social.

El principal dato del relevamiento es que la desaprobación presidencial se sostiene en un piso alto y persistente. Milei registra 64,5% de rechazo contra 34,3% de aprobación, prácticamente sin señales de recuperación respecto de meses anteriores. La serie comparada muestra que desde octubre de 2025 el oficialismo fue perdiendo respaldo de manera sostenida: pasó de 37,1% de aprobación a apenas 34,3%, mientras la desaprobación saltó de 62,8% a 64,5%.

A mitad de mandato, esos números colocan a la administración libertaria en una zona históricamente delicada para cualquier oficialismo argentino. 

La fractura de género

Uno de los datos más contundentes del informe aparece en la segmentación por género. Entre los hombres, Milei conserva una aprobación de 38,5%, con una desaprobación de 59,4%. Pero entre las mujeres el rechazo escala a 69,5%, mientras la aprobación cae a apenas 30,1%.

Casi siete de cada diez mujeres desaprueban la gestión y ocho de cada diez creen que hace falta un cambio de gobierno. Ese segmento aparece como el principal límite electoral del oficialismo hacia 2027. Sin recuperar terreno allí, La Libertad Avanza difícilmente pueda ampliar su techo político.

No se trata de un fenómeno nuevo, pero sí de uno cada vez más consolidado: el voto femenino se convirtió en el principal termómetro del desgaste presidencial.

La erosión no alcanza sólo a Milei, sino al conjunto del armado libertario. En el ranking de imagen de dirigentes nacionales, Patricia Bullrich aparece paradójicamente como la mejor posicionada dentro del universo oficialista, con 37,3% de imagen positiva y 55,5% negativa. El propio Javier Milei tiene 34,8% positiva y 60,6% negativa.

Más abajo aparecen Karina Milei, con 20,3% positiva y 66,3% negativa, y Manuel Adorni, quien exhibe uno de los peores registros del tablero: apenas 16,5% de imagen positiva frente a 72,1% negativa.

El dato de Adorni es particularmente relevante porque simboliza algo más profundo: el desgaste ya no es exclusivamente presidencial, sino también comunicacional. El vocero, que fue una de las piezas centrales del relato libertario, pasó de ser activo político a pasivo electoral.

La pregunta más política del estudio es directa: “¿Hace falta un cambio de gobierno en Argentina?

La respuesta es contundente: 71,2% dice que sí, apenas 21% está en desacuerdo y 7,8% no sabe.

Pero que exista una mayoría favorable a un cambio no significa que exista claridad sobre quién debería protagonizarlo.

La demanda de reemplazo es mucho más fuerte que la oferta de representación.

Entre mujeres, ese acuerdo sube a 76,9%; entre hombres, a 65,1%. La brecha vuelve a confirmar que el rechazo femenino es el principal problema político del oficialismo.

Incluso entre quienes votaron a Milei en el ballotage aparece una señal de alerta.

Ante la frase “Voté a Milei y me defraudó”, el 40,1% de sus propios votantes dice estar de acuerdo, mientras 49,7% está en desacuerdo .

Cuando cuatro de cada diez votantes propios reconocen decepción, el problema deja de ser opositor y pasa a ser identitario.

El peronismo lidera, pero sin hegemonía

En el escenario electoral presidencial 2027, el PJ/Fuerza Patria aparece primero con 28,4%, seguido por La Libertad Avanza con 22,1%. El PRO obtiene 5,4%, la izquierda 5,1%, la UCR 4,1%, el espacio de Victoria Villarruel 3,5% y las alianzas provinciales 3%. Sin embargo, el dato más alto después del peronismo es otro: 27,2% no sabe aún a quién votaría. Ese “no sabe” es hoy el verdadero territorio en disputa.

En un segundo escenario, con una alianza UCR-PRO-partidos provinciales consolidada, el PJ sube a 31,7%, La Libertad Avanza llega a 23,9%, esa coalición opositora marca 9,5% y el no sabe se mantiene altísimo en 30,5% .

En potencialidad de voto, Axel Kicillof aparece con el mejor desempeño: 44,1% dice que lo votaría, contra 43,8% que nunca lo haría. Sergio Massa registra 34,6% de intención favorable y Patricia Bullrich 32,4%.

Javier Milei, en cambio, exhibe un dato preocupante: sólo 31,4% dice que lo votaría nuevamente, mientras 57,2% asegura que no lo votaría .

La fotografía de mayo no muestra todavía un reemplazo político definido, pero sí una certeza social: una mayoría creciente ya no quiere continuidad.

La administración Milei enfrenta una doble dificultad: perdió aprobación y todavía no encuentra un nuevo relato que compense el deterioro económico, la caída del salario, el desgaste institucional y la frustración de parte de su propio electorado.

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Caso Libra: en Diputados, el oficialismo bloqueó el tratamiento de proyectos para citar a Karina Milei y Adorni

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Al inicio de la sesión especial en la Cámara de Diputados, la oposición sometió a votación una moción de apartamiento de reglamento para incorporar al tratamiento los tres proyectos de ley vinculados al caso Libra, dos de los cuales apuntaban a citar al Congreso a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero no alcanzó una mayoría suficiente.

El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro fue quien planteó la moción para poner en tratamiento las iniciativas orientadas a que los dos altos funcionarios del Gobierno de Javier Milei comparezcan a la Cámara baja a rendir cuentas sobre su presunta participación en la trama de la cripto estafa.

El tercer expediente que se puso en consideración para incluirlo en la sesión, y que salió rechazado, busca que Javier Milei de respuesta sobre los llamados telefónicos y/o mensajería con el intermediario cripto Mauricio Novelli, y también sobre posibles pagos recibidos por el presidente de parte de este empresario.

La votación arrojó 125 votos positivos y 116 negativos, pero como los expedientes no tenían dictamen se hubiera requerido una mayoría agravada de las tres cuartas partes de los diputados presentes.

Luego de la votación Ferraro expresó: “Hubo 125 votos afirmativos, sumando algunas ausencias del día y otros diputados ya comprometidos, en las próximas semanas tendremos el número para emplazar las comisiones y aprobar los pedidos de informes e interpelación”

“A Comodoro Py muchas veces le cuesta investigar al poder cuando está en el poder, y es más que evidente el encubrimiento del fiscal Taiano en relación a lo sucedido con la estafa Libra, en donde se ha malversado la investidura presidencial. Hay pruebas más que evidentes, ha transcurrido un año y más de 3 meses, y no se ha hecho una sola citación a prestar declaración, ni siquiera testimonial, ni siquiera a indagatoria a personajes como Novelli, Morales o Terrones Godoy (.. .) y que hasta el momento, si el presidente no tuvo nada que ver, no hizo una sola denuncia con respecto a estos personajes”, sostuvo Ferraro durante la sesión.

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Nuevos audios complican a Milei y reavivan dudas en el caso $LIBRA

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La investigación judicial por la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo con la aparición de audios atribuidos al empresario Mauricio Novelli, que refuerzan las sospechas sobre su influencia en la estrategia comunicacional del presidente Javier Milei, especialmente en redes sociales.

Según surge del peritaje realizado sobre el celular de Novelli por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), el lobista habría mantenido una relación fluida y directa con el mandatario y su entorno inmediato en momentos clave del lanzamiento del token.

Uno de los principales puntos bajo análisis es cómo Milei accedió al código alfanumérico de 44 caracteres que publicó en su cuenta de X el 14 de febrero de 2025, apenas minutos después del lanzamiento de $LIBRA. Ese dato, central para operar la criptomoneda, sigue sin una explicación concluyente dentro del expediente.

Audios, chats y coordinación en tiempo real

Los nuevos audios revelan que Novelli no solo tenía contacto directo con el Presidente, sino que además intervenía en la dinámica de publicaciones en redes sociales.

En distintas grabaciones, el empresario afirma que enviaba contenido para que Milei lo difundiera, e incluso menciona la necesidad de insistir para lograr que se publiquen determinados mensajes vinculados a sus negocios.

El análisis forense también detectó una intensa actividad de comunicaciones: entre el 14 y el 16 de febrero de 2025, Novelli registró 38 contactos con Milei, su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo. Solo el día del lanzamiento del token hubo 19 intercambios, en una franja horaria que coincidió con la salida al mercado y posterior colapso de la criptomoneda.

Estas evidencias contrastan con la explicación pública que dio el propio Milei tras el escándalo. En una entrevista televisiva, el Presidente aseguró que había difundido el proyecto por interés personal en temas tecnológicos y sin una vinculación previa con sus impulsores.

Sin embargo, la información surgida del celular de Novelli plantea un escenario distinto: una posible coordinación previa en la difusión del activo digital, lo que abre interrogantes sobre el grado de conocimiento e involucramiento del jefe de Estado.

En paralelo, la causa judicial continúa su curso en el Juzgado Federal a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi. La querella solicitó la indagatoria de Novelli, de los hermanos Milei y de otros actores vinculados al lanzamiento de $LIBRA.

Por su parte, la defensa de Novelli pidió la nulidad del peritaje sobre su celular, argumentando presuntas irregularidades y filtraciones durante el proceso.

El expediente se encamina hacia una etapa clave, con posibles definiciones judiciales en los próximos días que podrían reconfigurar el alcance político y penal del caso.

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Caso $Libra: la oposición reactiva la ofensiva en el Congreso y apunta al rol de Milei y al fiscal Taiano

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La causa conocida como Criptogate volvió a escalar en el escenario político nacional. Tras la aparición de nuevas pruebas sobre comunicaciones entre el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y el operador cripto Mauricio Novelli, diputados de la oposición lanzaron una contraofensiva institucional para reactivar la investigación del caso $LIBRA, el token promocionado por el mandatario el 14 de febrero de 2025.

El movimiento se expresó en una conferencia de prensa de legisladores que integraron la Comisión Investigadora Libra, donde se anunció una batería de medidas: desde denuncias contra el fiscal Eduardo Taiano por posible “encubrimiento”, hasta pedidos formales de informes al Poder Ejecutivo y solicitudes de interpelación en el Congreso.

El episodio reabre una disputa que había quedado en segundo plano en el debate político. Ahora, con nuevos elementos sobre llamadas telefónicas previas y posteriores al tuit presidencial que promocionó la criptomoneda, la oposición busca reinstalar una pregunta incómoda para el Gobierno: si el presidente estaba efectivamente al margen del proyecto o si tuvo un rol activo en la operatoria.

Las llamadas que vuelven a poner el foco en el Presidente

El eje de la ofensiva política se concentra en los registros telefónicos que vinculan al jefe de Estado y a la secretaria general de la Presidencia con Mauricio Novelli, señalado por los legisladores como uno de los articuladores de la operatoria del token.

El diputado Juan Marino (Unión por la Patria) sostuvo que esos registros contradicen la versión oficial que el Presidente había planteado cuando estalló el escándalo.

Según explicó, las comunicaciones se produjeron en las horas previas y posteriores al mensaje publicado por Milei en la red social X, donde el mandatario promocionó el token como una iniciativa vinculada a inversión para pymes.

Desde la oposición interpretan que esa secuencia abre interrogantes sobre el nivel de conocimiento que tenía el Presidente sobre el proyecto.

En paralelo, el ex presidente de la comisión investigadora, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), calificó el caso como una “estafa y un hecho de corrupción millonario” que, según su interpretación, implicó una utilización indebida de la investidura presidencial.

Ferraro sostuvo además que el Presidente habría sido “partícipe necesario” de la operatoria, una afirmación que eleva el tono político del conflicto y anticipa un escenario de mayor confrontación parlamentaria.

La ofensiva institucional: denuncias y pedidos de interpelación

El movimiento opositor no se limita al plano discursivo. Los legisladores anunciaron una serie de acciones institucionales que buscan presionar sobre distintos frentes.

La primera apunta al fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación judicial del caso. Los diputados resolvieron denunciarlo ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal y pedir formalmente su apartamiento de la causa.

El argumento central es que habría existido “entorpecimiento de la investigación” y posible encubrimiento de los hechos denunciados.

La decisión se produce en un momento particularmente sensible para la causa: el fiscal dejó sin efecto la citación como testigo de la abogada y periodista Natalia Volosin, quien había difundido documentos y datos que colocaron bajo presión a la investigación.

En paralelo, los legisladores anunciaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que se esclarezca el contenido de las conversaciones entre funcionarios y Mauricio Novelli.

El requerimiento incluye a: Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo, y Demian Reidel,

La oposición también anticipó que solicitará la interpelación del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de Karina Milei en el Congreso.

Se trata de un movimiento con fuerte carga política: la interpelación parlamentaria funciona como uno de los instrumentos institucionales más visibles de control legislativo sobre el Ejecutivo.

El oficialismo se repliega y apuesta al silencio

Mientras la oposición intenta reinstalar el tema en la agenda pública, el Gobierno mantiene una estrategia de silencio político.

En la Casa Rosada no hubo respuestas directas sobre las nuevas revelaciones. Funcionarios consultados se limitaron a reiterar la postura expresada por el jefe de Gabinete: la investigación debe seguir su curso en la Justicia.

Al mismo tiempo, desde el entorno oficialista transmiten una señal de tranquilidad política.

Según esa posición, no aparecerá información que comprometa al Presidente en la causa.

La lógica del Gobierno parece clara: evitar ampliar el conflicto político y dejar que el caso se tramite en el plano judicial. No hubo, sin embargo, señales adicionales de respaldo institucional al mandatario más allá de esa postura.

En paralelo, el oficialismo intenta desplazar el foco del debate hacia la agenda económica. En su reciente disertación en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el Presidente volvió a centrarse en el programa económico y reiteró que su plan apunta a erradicar la inflación.

El Congreso vuelve a ser el escenario de la disputa

El movimiento opositor también tiene una dimensión parlamentaria más amplia.

Los legisladores que integraron la comisión investigadora anticiparon que evaluarán una segunda etapa investigativa en la Cámara de Diputados para continuar delimitando responsabilidades políticas.

Entre las iniciativas en discusión aparece nuevamente la posibilidad de impulsar un juicio político contra el Presidente.

Sin embargo, el propio Juan Marino reconoció que la oposición no cuenta con la mayoría necesaria para iniciar el proceso. El mecanismo exige la mitad más uno de los votos para avanzar en Diputados y una mayoría agravada de dos tercios para prosperar.

Ese dato marca uno de los límites estructurales de la ofensiva política: la oposición puede abrir debates y presionar institucionalmente, pero enfrenta dificultades para transformar esa presión en decisiones formales del Congreso.

Periodismo, investigación y tensión institucional

El caso también reactivó un frente adicional: la relación entre el Gobierno y el periodismo.

Los diputados opositores repudiaron los cuestionamientos del Presidente hacia los periodistas que investigaron el tema y anunciaron que pedirán la convocatoria de la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso.

La intención es que los periodistas que publicaron las investigaciones puedan exponer sus hallazgos en el ámbito parlamentario.

De esta manera, la disputa deja de ser exclusivamente judicial o política y se proyecta también sobre la relación entre el poder político, el sistema institucional y el trabajo periodístico.

Un conflicto que vuelve a abrir interrogantes

El caso $LIBRA vuelve a instalar una tensión que parecía haberse disipado: hasta dónde llega la responsabilidad política del Presidente en una operación que combinó criptomonedas, redes sociales y promoción pública de inversiones.

La oposición intenta reactivar el expediente parlamentario y presionar sobre la investigación judicial.

El Gobierno, en cambio, apuesta a que la causa no avance hacia pruebas que comprometan al jefe de Estado.

Entre ambas estrategias se mueve un escenario todavía abierto. En las próximas semanas habrá que observar si el Congreso logra reactivar su capacidad investigativa, si la Justicia modifica el rumbo de la causa y, sobre todo, si aparecen nuevos elementos que alteren el equilibrio político que hasta ahora mantiene contenido el conflicto.

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Adorni admite “una pésima decisión” por el viaje de su esposa y denuncia un intento de “desestabilización” contra el Gobierno

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Una semana después de que estallara la polémica por la presencia de su esposa en la comitiva que viajó con el presidente Javier Milei a Estados Unidos, el jefe de Gabinete Manuel Adorni reconoció que se trató de “una pésima decisión”, aunque insistió en que el episodio no constituyó un delito ni generó gasto público. El funcionario eligió el canal LN+ para hacer su descargo y, además de pedir disculpas, planteó una interpretación política del conflicto: aseguró que la controversia forma parte de una serie de maniobras destinadas a “desestabilizar al Gobierno”.

La explicación introduce una tensión que atraviesa la comunicación política de la administración libertaria: hasta qué punto los errores propios se convierten en episodios de desgaste interno o en señales de conflicto político más amplio. Adorni asumió el error de haber aceptado que su esposa integrara la comitiva presidencial, pero simultáneamente sostuvo que el episodio fue utilizado como “un golpe más” contra la gestión.

“Fue una mala decisión, una pésima decisión. No advertí el error y por eso pido disculpas”, afirmó el funcionario. Al mismo tiempo, subrayó que el viaje “no generó ni un dólar de gasto para el Estado”.

Un episodio que expone el sistema de comunicación del Gobierno

El descargo volvió a mostrar una dinámica que se consolidó en los últimos meses: la Casa Rosada evita conferencias de prensa abiertas y canaliza sus respuestas a través de entrevistas en medios afines. En este caso, Adorni utilizó LN+, del mismo modo que el propio Javier Milei había elegido ese espacio televisivo antes de su gira por Estados Unidos.

En el centro del conflicto está la inclusión de su esposa en el vuelo presidencial. Según explicó el jefe de Gabinete, la invitación provino de Presidencia y él aceptó sin advertir que la decisión podía generar cuestionamientos políticos. La defensa que construyó se apoya en dos ejes: por un lado, que no hubo uso de recursos públicos; por otro, que la reacción política frente al caso responde a un estándar de exigencia más alto para la actual administración.

“No somos casta y por eso estoy acá dando explicaciones”, sostuvo el funcionario, al intentar marcar una diferencia con gobiernos anteriores.

El episodio se volvió más complejo cuando comenzó a circular un video que mostraba a Adorni junto a su familia en el aeródromo de San Fernando durante el feriado de Carnaval, cuando viajaban hacia Punta del Este. El funcionario aseguró que el viaje fue pagado con recursos personales y que el material audiovisual podría haber sido filtrado desde dentro del propio gobierno.

“El video salió de las puertas para adentro”, afirmó.

Sospechas internas y disputa política

El jefe de Gabinete fue más allá de la autocrítica y dejó entrever que la difusión del video podría responder a disputas internas. Según señaló, las imágenes fueron grabadas desde el interior del aeropuerto, lo que —a su entender— sugiere que alguien con acceso a ese espacio habría registrado y guardado el material durante semanas antes de hacerlo público.

El planteo se produjo cuando se le consultó por versiones sobre tensiones dentro del oficialismo, particularmente en torno a la relación entre Karina Milei y el asesor Santiago Caputo. Adorni no confirmó esa hipótesis, pero reforzó la idea de que la filtración se produjo desde el propio entorno gubernamental.

La sospecha introduce una dimensión política adicional: el episodio deja de ser solo un problema de comunicación o transparencia y se transforma en un indicador de posibles disputas internas dentro del espacio oficialista.

Adorni también rechazó una acusación de la diputada Marcela Pagana, quien había mencionado un gasto de 30 millones de pesos en tarjetas de crédito. El funcionario afirmó que ese dato es falso y sostuvo que la información financiera está protegida por ley.

El relato oficial y la narrativa de la “desestabilización”

La explicación pública del jefe de Gabinete incluyó una lectura política más amplia. Adorni vinculó la polémica con lo que describió como una ofensiva sistemática contra la gestión libertaria.

“Ayer fue el vuelto para Federico Sturzenegger y hoy fue para mí”, afirmó, al sugerir que distintos episodios mediáticos forman parte de una secuencia dirigida contra el Gobierno.

En ese marco, insistió en que el escándalo no debe interpretarse como un problema personal sino como un ataque institucional. “La operación no fue contra mí sino contra el Gobierno”, sostuvo.

Ese enfoque refleja una estrategia discursiva cada vez más visible en el oficialismo: los errores administrativos o políticos se explican dentro de un marco de confrontación permanente con sectores que, según el relato gubernamental, buscan erosionar la gestión.

Lo que queda abierto

Más allá de las disculpas públicas, el episodio deja varias preguntas sin resolver. Por un lado, el impacto político de la controversia en la imagen de un gobierno que construyó buena parte de su legitimidad sobre la promesa de diferenciarse de las prácticas de la “casta”. Por otro, la posibilidad de que las filtraciones y disputas internas se conviertan en un factor de desgaste dentro del propio oficialismo.

También queda por observar si la estrategia de atribuir estas polémicas a intentos de desestabilización logra cerrar la crisis o, por el contrario, amplifica el debate sobre los límites entre decisiones personales, responsabilidades institucionales y transparencia en el ejercicio del poder.

Por ahora, el caso muestra algo más que un error administrativo. Expone la tensión permanente entre un gobierno que busca consolidar su narrativa política y un escenario donde cada episodio puede transformarse rápidamente en un frente de conflicto.

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