El Tribunal decidió dar a conocer las declaraciones de los hermanos Sebastián y Germán Kiczka en el segundo día del juicio en el que están acusados de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. En ambos casos, siguen la línea marcada por la defensa, de cargar toda la culpa en el hermano mayor y deslindar responsabilidades del ex diputado de Activar.
La audiencia de debate por la causa contra Sebastián y Germán Kiczka por distribución de material de abuso sexual infantil avanzó este martes con declaraciones de ambos imputados. Sebastián asumió la responsabilidad por una de las computadoras, pero las pruebas contra su hermano Germán generaron fuertes contradicciones con su descargo.
Sebastián Kiczka, en primer término, se limitó a aclarar: “Soy responsable de la computadora que estaba en mi casa, solo la usaba yo”, en referencia a la notebook Acer secuestrada. Además, pidió disculpas a su hermano por involucrarlo.
Luego, Germán Kiczka declaró: “Me declaro total y absolutamente inocente”, negó haber buscado o compartido material de abuso sexual infantil y sostuvo ser víctima de una persecución política. Sin embargo, el expediente de elevación a juicio muestra inconsistencias.
Las pericias determinaron que en la notebook Acer, supuestamente dejada de usar por Germán desde 2019, figuraba su perfil de usuario, correo personal y registros de actividad hasta septiembre de 2023. También se hallaron más de 900 archivos ilegales organizados en carpetas vinculadas a búsquedas específicas de incesto y abuso infantil, muchas de ellas realizadas desde la aplicación eMule, usada activamente en ambas notebooks secuestradas.
Además, pese a que Germán negó haber distribuido material, el análisis forense comprobó que compartió al menos un video de contenido ilegal por WhatsApp.
Incluso el intento de desligarse de la notebook Lenovo quedó desmentido por las pruebas, que demostraron no solo que la utilizaba con regularidad, sino que en ella también se almacenaba y compartía material denunciado por organismos internacionales.
El Tribunal Penal N.º 1 de Posadas resolvió que el diputado provincial de Activar, Pedro Puerta, deberá declarar como testigo en el juicio que se sigue contra el exdiputado Germán Kiczka y su hermano Sebastián, acusados de tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI). El testimonio es clave, porque Puerta es amigo y socio político de Germán Kiczka, además de su jefe en la fábrica Cigarros Misioneros.
La medida fue solicitada por los fiscales Martín Rau y Vladimir Glinka y aprobada durante la segunda jornada del debate oral, a pesar del rechazo presentado por la defensa de los acusados, que había pedido que Puerta no testifique. La fiscalía argumentó que Puerta fue impulsor y aliado político de Germán Kiczka, a quien promovió hasta su llegada a la Cámara de Representantes.
Además, en esta segunda jornada de juicio, se incorporaron por lectura las declaraciones de los dos primeros testigos. El proceso se desarrolla en el Palacio de Justicia de Posadas, donde también está previsto que declare Leonardo Kiczka, otro de los hermanos.
Germán y Sebastián Kiczka enfrentan cargos por tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil, y uno de ellos además está denunciado por el abuso sexual de una adolescente de 15 años en la localidad de Apóstoles.
Pasadas las 8.35, los hermanos Germán y Sebastián Kiczka entraron a la sala de debates del Palacio de Justicia, donde se inició el juicio por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. Esposados ambos. Con una sonrisa Germán. Serio y abstraído su hermano Sebastián, quien además enfrenta una acusación de abuso sexual simple.
El proceso se inicia tras una extensa investigación que incluyó peritajes informáticos, allanamientos y material extraído de dispositivos electrónicos secuestrados.
La causa judicial se originó a partir de la operación internacional “Guardianes Digitales por la Niñez”, impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, en conjunto con organismos internacionales dedicados a combatir la explotación sexual infantil en internet.
Mediante el rastreo de direcciones IP y el monitoreo de plataformas de intercambio de archivos, la Unidad Fiscal logró identificar la actividad irregular proveniente de la ciudad de Apóstoles, donde residían los imputados. La Justicia misionera recibió la información y ordenó allanamientos, que derivaron en el secuestro de computadoras, notebooks, pendrives, discos ópticos y teléfonos celulares.
La pericia de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC) confirmó que tanto Germán como Sebastián Kiczka almacenaban en sus dispositivos material de abuso sexual infantil. En el caso de Germán, se contabilizaron más de 900 archivos, mientras que en el de Sebastián, unos 319. Parte de ese contenido coincidía con archivos previamente reportados por la Unidad Fiscal porteña.
La operación “Guardianes Digitales” fue clave para poner en marcha el proceso que hoy llega a juicio en Posadas. Durante el procedimiento, además, se detectaron conversaciones y registros que servirán como prueba en el debate oral que tendrá lugar en las próximas semanas ante el Tribunal Penal N.º1.
Según surge de las actas judiciales incorporadas a la causa, las pericias realizadas por la división de Cibercrimen de la Policía de Misiones y el uso del software forense Autopsy permitieron detectar en varias carpetas y dispositivos de los acusados una cantidad significativa de contenido MASI, con imágenes y videos de menores de edad -algunas de ellas menores de 13 años- en situaciones de abuso sexual, incesto y zoofilia.
La investigación judicial reveló que ambos imputados utilizaban redes de intercambio P2P, plataformas de mensajería y almacenamiento sistemático en dispositivos personales, incluyendo notebooks, teléfonos, pendrives y CDs, para acceder y distribuir material ilegal con víctimas menores de 13 años.
Según las pericias de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (SAIC), los hermanos tenían más de 900 archivos MASI en sus computadoras personales y participaban de redes P2P como eMule, donde compartían material desde su domicilio en Apóstoles.
La investigación detectó que Germán Kiczka configuraba su red para compartir automáticamente los archivos descargados, facilitando así su distribución global.
Pericias sobre la notebook Acer del ex diputado, socio y amigo de Pedro Puerta, indicaron la existencia de múltiples carpetas de respaldo y almacenamiento clasificadas por origen, fecha o dispositivo móvil, lo que para los investigadores demuestra una acción sostenida y organizada.
En ambos casos, los acusados no sólo consumían el material sino que lo mantenían disponible para otros usuarios de las mismas redes P2P. Además, en las conversaciones de WhatsApp recuperadas de Sebastián Kiczka, los chats sugieren una naturalización del intercambio de imágenes de menores y la búsqueda activa de este tipo de contenidos. En uno de ellos, incluso hace referencia a que “le cuesta dejar su adicción a las menores”.
El informe forense detalla que ambos imputados utilizaban alias o nicks recurrentes y que sus dispositivos tenían instalados programas diseñados para el intercambio directo de archivos con otros usuarios a nivel global. Esto les permitía intercambiar material de manera descentralizada y anónima, dificultando la detección hasta la intervención de la operación internacional “Guardianes Digitales”.
Asimismo, en el historial de navegación y en las conversaciones de la aplicación Telegram, se detectaron enlaces a grupos de intercambio de este tipo de material y mensajes explícitos sobre menores.
En uno de los apartados del expediente, se menciona incluso la participación de Germán Kiczka en grupos de mensajería donde se compartían enlaces y archivos que hacían alusión a contenido con “menores”, e incluso conversaciones donde se expresaban intenciones de acceder a menores de edad.
Además del hallazgo de archivos en formato de video e imagen, en la computadora de Germán Kiczka -identificada como una notebook marca Acer-, se encontraron múltiples perfiles de navegación vinculados a su nombre y correo electrónico personal, en los que se registraron visitas a páginas con contenido ilegal, búsquedas relacionadas con material prohibido y descargas de archivos sospechosos.
En paralelo, Sebastián Kiczka enfrenta una imputación por abuso sexual simple, en base a la denuncia de una víctima que se presentó ante la Justicia y cuyo caso fue incorporado a este mismo proceso.
La causa se inició en febrero y fue elevada a juicio a fines del año pasado, luego de concluir la etapa de instrucción. Los acusados llegaron al debate detenidos en el Penal de Cerro Azul, tras ser apresados luego de una fuga de la Justicia. El ex diputado puertista libertario fue hallado en Corrientes y su hermano en un camino vecinal entre Apóstoles y Cerro Azul.
El tribunal deberá resolver no solo la responsabilidad penal por la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, sino también el hecho de abuso sexual simple que se le atribuye a Sebastián.
En las próximas audiencias, que serán cerradas al público, declararán los peritos que realizaron los informes forenses, más de 60 testigos vinculados a la investigación, personal policial y las víctimas.
Este lunes comienza en el Tribunal Penal N°1 de Posadas el juicio oral contra el ex diputado Germán Kiczka y su hermano Sebastián, imputados por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI). Además, Sebastián enfrenta una acusación adicional por abuso sexual simple de una menor de edad de Apóstoles, de donde ambos hermanos son oriundos.
El proceso se da tras una extensa investigación que incluyó peritajes informáticos, allanamientos y material extraído de dispositivos electrónicos secuestrados. La magnitud del caso ha llevado a la designación de dos fiscales, Martín Rau y Vladimir Glinka, una decisión inédita en la provincia, pero prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La causa judicial que llevará al banquillo a Germán y Sebastián Kiczka se originó a partir de la operación internacional “Guardianes Digitales por la Niñez”, impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, en conjunto con organismos internacionales dedicados a combatir la explotación sexual infantil en internet.
Mediante el rastreo de direcciones IP y el monitoreo de plataformas de intercambio de archivos, la Unidad Fiscal logró identificar la actividad irregular proveniente de la ciudad de Apóstoles, donde residían los imputados. La fiscalía misionera recibió la información y ordenó allanamientos, que derivaron en el secuestro de computadoras, notebooks, pendrives, discos ópticos y teléfonos celulares.
La pericia de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC) confirmó que tanto Germán como Sebastián Kiczka almacenaban en sus dispositivos material de abuso sexual infantil. En el caso de Germán, se contabilizaron más de 900 archivos, mientras que en el de Sebastián, unos 319. Parte de ese contenido coincidía con archivos previamente reportados por la Unidad Fiscal porteña.
La operación “Guardianes Digitales” fue clave para poner en marcha el proceso que hoy llega a juicio en Posadas. Durante el procedimiento, además, se detectaron conversaciones y registros que servirán como prueba en el debate oral que tendrá lugar en las próximas semanas ante el Tribunal Penal N.º1.
Según surge de las actas judiciales incorporadas a la causa, las pericias realizadas por la división de Cibercrimen de la Policía de Misiones y el uso del software forense Autopsy permitieron detectar en varias carpetas y dispositivos de los acusados una cantidad significativa de contenido MASI, con imágenes y videos de menores de edad -algunas de ellas menores de 13 años- en situaciones de abuso sexual, incesto y zoofilia.
Germán Kiczka fue expulsado de la Legislatura, donde pertenecía al bloque Activar de Pedro Puerta, dentro de la alianza Cambiemos.
La investigación judicial reveló que ambos imputados utilizaban redes de intercambio P2P, plataformas de mensajería y almacenamiento sistemático en dispositivos personales, incluyendo notebooks, teléfonos, pendrives y CDs, para acceder y distribuir material ilegal con víctimas menores de 13 años.
Según las pericias de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (SAIC), los hermanos tenían más de 900 archivos MASI en sus computadoras personales y participaban de redes P2P como eMule, donde compartían material desde su domicilio en Apóstoles.
La investigación detectó que Germán Kiczka configuraba su red para compartir automáticamente los archivos descargados, facilitando así su distribución global.
Pericias sobre la notebook Acer del ex diputado, socio y amigo de Pedro Puerta, indicaron la existencia de múltiples carpetas de respaldo y almacenamiento clasificadas por origen, fecha o dispositivo móvil, lo que para los investigadores demuestra una acción sostenida y organizada.
En ambos casos, los acusados no sólo consumían el material sino que lo mantenían disponible para otros usuarios de las mismas redes P2P. Además, en las conversaciones de WhatsApp recuperadas de Sebastián Kiczka, los chats sugieren una naturalización del intercambio de imágenes de menores y la búsqueda activa de este tipo de contenidos. En uno de ellos, incluso hace referencia a que “le cuesta dejar su adicción a las menores”.
El informe forense detalla que ambos imputados utilizaban alias o nicks recurrentes y que sus dispositivos tenían instalados programas diseñados para el intercambio directo de archivos con otros usuarios a nivel global. Esto les permitía intercambiar material de manera descentralizada y anónima, dificultando la detección hasta la intervención de la operación internacional “Guardianes Digitales”.
Asimismo, en el historial de navegación y en las conversaciones de la aplicación Telegram, se detectaron enlaces a grupos de intercambio de este tipo de material y mensajes explícitos sobre menores.
En uno de los apartados del expediente, se menciona incluso la participación de Germán Kiczka en grupos de mensajería donde se compartían enlaces y archivos que hacían alusión a contenido con “menores”, e incluso conversaciones donde se expresaban intenciones de acceder a menores de edad.
Además del hallazgo de archivos en formato de video e imagen, en la computadora de Germán Kiczka -identificada como una notebook marca Acer-, se encontraron múltiples perfiles de navegación vinculados a su nombre y correo electrónico personal, en los que se registraron visitas a páginas con contenido ilegal, búsquedas relacionadas con material prohibido y descargas de archivos sospechosos.
En paralelo, Sebastián Kiczka enfrenta una imputación por abuso sexual simple, en base a la denuncia de una víctima que se presentó ante la Justicia y cuyo caso fue incorporado a este mismo proceso.
La causa se inició en febrero y fue elevada a juicio a fines del año pasado, luego de concluir la etapa de instrucción. Los acusados llegaron al debate detenidos en el Penal de Cerro Azul, tras ser apresados luego de una fuga de la Justicia. El ex diputado puertista libertario fue hallado en Corrientes y su hermano en un camino vecinal entre Apóstoles y Cerro Azul.
El tribunal deberá resolver no solo la responsabilidad penal por la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, sino también el hecho de abuso sexual simple que se le atribuye a Sebastián.
En las próximas audiencias, que serán cerradas al público, declararán los peritos que realizaron los informes forenses, más de 60 testigos vinculados a la investigación, personal policial y las víctimas.
El fiscal Martín Rau, uno de los dos representantes del Ministerio Público que intervendrán en el juicio oral por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI), aseguró que el proceso judicial que comenzará en pocos días en Misiones “será uno de los juicios más aberrantes de los últimos años”.
En diálogo con Open 101.7, Rau anticipó que el debate será “histórico” por la magnitud del expediente y la gravedad de los hechos imputados. Se trata del caso que tiene como principal acusado a Germán Kiczka, exdiputado provincial destituido tras su detención y procesamiento por el juez de Instrucción 4 de Apóstoles, Miguel Ángel Faría.
Entre los testigos propuestos por la fiscalía figuran peritos, médicos, psicólogos, familiares, allegados a los imputados, y también el diputado provincial Pedro Puerta, líder de la bancada Activar, que compartía espacio político con Kiczka. Su citación generó controversia: “Nosotros lo ofrecimos como testigo, pero la defensa presentó un recurso para impugnar esa convocatoria. El tribunal decidirá en las primeras horas del juicio si su testimonio se mantiene”, explicó Rau.
Puerta, en caso de ser aceptado como testigo, podrá elegir declarar de forma presencial o por escrito, tal como lo permite el Código Procesal Penal para legisladores.
El juicio será presidido por el juez Gustavo Arnaldo Bernie, junto a los vocales Viviana Gladis Cukla y César Antonio Yaya. Las audiencias se realizarán desde el lunes 31 de marzo hasta el miércoles 16 de abril en la sala de usos múltiples del Palacio de Justicia, en Posadas. Solo la apertura y la jornada de alegatos finales estarán abiertas a la prensa, dado que se trata de un delito contra la integridad sexual y se busca preservar la privacidad de las víctimas.
Rau destacó el volumen de evidencia digital reunida y la complejidad del análisis: “Estamos ante un tipo de prueba que no es tradicional. Lo que puede haber dentro de un teléfono equivale a miles de hojas de documentos. Por eso solicitamos la incorporación del Dr. Vladimir Glinka como fiscal colaborador. El volumen de información es enorme y requería un trabajo en equipo”.
Consultado sobre el peso específico del testimonio de Pedro Puerta, Rau evitó valoraciones anticipadas: “No suelo asignar un peso específico a cada prueba. Todo elemento forma parte de un rompecabezas que busca reconstruir la verdad real del caso”.
La causa se convirtió en una de las más sensibles de los últimos años en la provincia, no solo por la gravedad de los hechos investigados, sino también por el impacto institucional que implicó la detención y destitución de un legislador provincial en funciones.
