KICZKA

Caso Kiczka: los fiscales anticipan un juicio inédito en Misiones

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El próximo 31 de marzo comenzará en Misiones el juicio contra el exdiputado provincial Germán Kiczka y su hermano Sebastián, acusados de delitos vinculados al abuso sexual infantil. La magnitud del caso ha llevado a la designación de dos fiscales, Martín Rau y Vladimir Glinka, una decisión inédita en la provincia, pero prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Ambos funcionarios fueron entrevistados en el programa El Periodista, que se emite por Canal 12. La fiscalía sostiene que Germán Kiczka está imputado por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, mientras que Sebastián enfrenta una acusación adicional por abuso sexual simple contra una niña de Misiones

En total, la causa involucra 67 testigos y un volumen considerable de evidencia digital, lo que explica la duración del juicio, estimada en al menos dos semanas y media, un período que supera la media en procesos similares.

Dos fiscales, un caso disruptivo

“Esta es la primera vez que se designan dos fiscales en Misiones para un juicio, pero no es una medida excepcional ni improvisada para esta causa”, explicó el fiscal Glinka. “Es una facultad del Procurador General, que ha impulsado un Ministerio Público técnico y sólido, que trabaje en equipo”.

El caso presenta un volumen inédito de evidencia digital, lo que justifica la intervención de dos fiscales. “No estamos ante un expediente tradicional en papel. La cantidad de material incautado en dispositivos electrónicos es muy grande y requiere un análisis minucioso”, detalló el fiscal Rau. “Secuestrar una computadora es muy diferente a secuestrar un arma. Hay protocolos estrictos para garantizar la legalidad de la prueba”.

Las pruebas y la estrategia del juicio

La fiscalía enfrentará un desafío técnico y jurídico complejo. “No se trata solo de demostrar la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, sino también de analizar cómo operaba esta red, de dónde provenían los archivos y si se puede identificar a las víctimas”, señalaron los fiscales.

En el caso de Sebastián Kiczka, se suma la acusación de abuso sexual simple, que involucra “tocamientos a una niña en Misiones”, según la carátula de la causa. “No solo estamos frente a un delito digital, sino que también hay un hecho de abuso presencial”, subrayaron.

El tribunal deberá evaluar testimonios, pericias digitales y pruebas forenses. “Nuestro trabajo es demostrar, con la mayor claridad posible, que hubo un accionar delictivo y persuadir al tribunal con pruebas sólidas”, explicó Rau.

El impacto social y la mirada de la justicia

El caso Kiczka ha generado un fuerte impacto en la sociedad, no solo por la gravedad de los delitos, sino porque el principal acusado fue un representante electo por la ciudadanía. “La gente confió en él con su voto, y encontrarse con estas pruebas fue un shock”, admitió Glinka.

Sin embargo, los fiscales insisten en que el foco debe estar en la justicia y no en el cargo político del acusado. “Lo importante es que la justicia actúe con rapidez y eficacia. No se trata de quién era Kiczka, sino de que cualquier persona que cometa este tipo de delitos enfrente las consecuencias”, afirmó Rau.

Además, remarcaron que este caso es solo la punta del iceberg de una problemática en crecimiento. “Después de la pandemia, los delitos de abuso infantil en entornos digitales se dispararon”, advirtió Glinka. “La sociedad debe entender que la pedofilia está mucho más cerca de lo que imaginamos”.

Expectativas para el juicio

El debate oral se desarrollará bajo estrictos protocolos de seguridad y confidencialidad. Aún no está definido si será de acceso público o si se permitirá la presencia de la prensa. “La decisión final la tomará el tribunal”, explicaron.

El juicio comenzará con la lectura de la acusación fiscal y continuará con la declaración de testigos y la exposición de pruebas digitales. “Nada está escrito, todo se resuelve en el momento. Puede haber sorpresas, nuevos testimonios y elementos que cambien la dinámica del juicio”, anticipó Rau.

Para los fiscales, la sentencia que se dicte marcará un precedente clave en la lucha contra los delitos de abuso sexual infantil en Misiones. “Este caso nos ha abierto los ojos como sociedad. Ahora nos toca demostrar que la justicia está a la altura del desafío”.

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El escándalo de la pedofilia: alegatos del juicio a los hermanos Kiczka serán abiertos al público

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El juicio oral y público contra los hermanos Germán y Sebastián Kiczka, acusados del delito de tenencia y distribución de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI), y abuso sexual, comenzará el próximo lunes 31 de marzo en el Tribunal Penal N°1 de la Primera Circunscripción Judicial.

Según lo previsto por el tribunal, el proceso se extenderá hasta el miércoles 16 de abril. En el banquillo de los acusados estarán el exdiputado provincial y su hermano, quienes enfrentan cargos por delitos vinculados a la tenencia y distribución de MASI. Además, en el caso de Sebastián Kiczka, también se le imputa abuso sexual.

El tribunal estará presidido por el juez Gustavo Arnaldo Bernie, con los vocales Viviana Cukla y César Antonio Yaya. La fiscalía estará representada por Martín Rau y Vladimir Glinka, mientras que la defensa de los acusados estará a cargo de Eduardo Paredes y Gonzalo de Paula.

Este juicio se considera un caso sin precedentes en Misiones, no sólo por las implicancias políticas -Germán es ex diputado, amigo y socio político de Pedro Puerta-, sino porque se trata del primer proceso de este tipo que llega a instancia de debate oral. Se confirmó que gran parte de las audiencias serán públicas y con acceso a la prensa, lo que ha generado expectativa a nivel nacional e internacional.

“Es un caso de gran magnitud, con un expediente voluminoso que contiene cientos de archivos con material de abuso sexual infantil”, señaló el procurador general de Misiones, Carlos Giménez.

La causa fue elevada a juicio a mediados de enero, y tras no presentarse objeciones por ninguna de las partes, en las últimas horas se confirmó la fecha de inicio.

Desde agosto del año pasado, los hermanos Kiczka permanecen detenidos en la unidad penitenciaria de Cerro Azul. Durante el juicio, se espera la presentación de pruebas y declaraciones de testigos clave, en un proceso que será seguido de cerca por los medios de comunicación.

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Padre y madre detenidos por distribución de material de abuso sexual infantil de su hija

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Tras una alerta internacional, la Policía de Misiones detuvo a los padres de una menor, por presunta distribución de material MASI, los cuales fueron puestos a disposición de la Justicia por el delito de corrupción de menores. Actualmente, los padres siguen detenidos y la menor fue puesta a resguardo.

El operativo inició el miércoles a la mañana, tras una alerta por la detección del material, cuya investigación fue derivada a la Policía de Misiones a través del área de la Dirección de Investigaciones Complejas.

Consecuente a ello, los agentes detectaron que los presuntos involucrados se estarían moviendo entre viviendas ubicadas en el barrio San Onofre. Es así, que con la presencia del juez Juan Manuel Monte, el fiscal de Ciberdelito, Juan Pablo Espeche, y el personal de la SAIC, se llevaron a cabo tres allanamientos.

En la primera irrupción, demoraron a la madre de 29 años, y secuestraron su teléfono para ser peritado por el personal de la secretaria de Apoyo para las Investigaciones Complejas. En la intervención, el hermano de la mujer intentó entorpecer el procedimiento policial, por lo que fue arrestado.

Seguidamente, en el mismo barrio, allanaron otro inmueble donde presuntamente se encontraría el padre, quien no estaba en el lugar, pero si hallaron a la menor en compañía de sus abuelos. Por disposición del Magistrado Interviniente, la niña fue asistida por especialistas del Gabinete Interdisciplinario de la Fuerza Provincial.

Posteriormente la brigada de investigaciones de la Unidad Regional I, allanó una tercera vivienda en cercanías de la avenida Francisco de Haro y Calle 124, donde finalmente fue detenido el padre de la víctima, un hombre de 30 años, a quien también le secuestraron su celular.

Finalmente, por disposición del Juez de Instrucción Nro. 2 de la Ciudad de Posadas, ambos detenidos fueron alojados en la sede policial jurisdiccional. La menor se encuentra resguardada. La investigación prosigue a la espera de los resultados del peritaje de los dispositivos secuestrados.

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Operativo Guazaratí

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Ahora vamos a ir al plan Guazaratí”, prometió convencida la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 

No busque la palabra en el diccionario ni en el traductor. No existe ese vocablo en guaraní. La ministra confundió Guazaratí con Guazurarí o Guaçurarí, el apellido del indio misionero, ascendido a general del Ejército Argentino por decreto nacional del 1 de abril de 2014. No fue el único desliz. La ministra estaba anunciando un “nuevo plan” de seguridad, apuntado a militarizar Bernardo de Irigoyen, que comparte frontera con Brasil y por donde circulan diariamente miles de personas en un tráfico vecinal comercial, turístico y familiar.

La ministra equiparó a la frontera misionera con Piedras Blancas, el municipio de Salta que comenzará a construir un alambrado de 200 metros para “evitar” el ingreso de migrantes y de cocaína boliviana, en una frontera que se extiende por 742 kilómetros. Como en el municipio salteño, donde hasta los concejales libertarios salieron a protestar por no haber sido consultados y a advertir que el alambrado tendrá un impacto comercial, pero nulo en la seguridad, en Misiones también los comerciantes de Bernardo de Irigoyen señalaron que el tráfico vecinal en esa ciudad es cultural y ajeno a grandes problemas de seguridad. Cuando les conviene, vienen los brasileños y cuando no, cruzan los argentinos, como sucede ahora. No es una zona de grandes conflictos y, a pesar de los anuncios, ya tiene una fuerte presencia militar, con el Ejército y de seguridad, con Gendarmería y Policías, que trabajan en forma coordinada. 

¿Cuál es el trasfondo de la confusión y la descoordinación? Hace unos días vino a Misiones una funcionaria de la cartera de Seguridad a “conocer el terreno”. Estuvo en Iguazú y se quedó sorprendida cuando la llevaron a conocer la frontera seca de Bernardo de Irigoyen y Dionisio Cerqueira. Con un poco de sentido común, en la Provincia le hicieron notar que la frontera noreste no es la más problemática, sino la frontera oeste, desde Puerto Libertad hacia abajo, por donde ingresa la marihuana de Paraguay y donde las fuerzas federales compiten entre sí con escasa eficiencia. No hubo forma de convencerla de que lo que había visto no era ciudad de Juarez. Así se pergeñó el “plan” que inicialmente iba a ser bautizado simplemente Bernardo de Irigoyen, pero que, nuevamente la Provincia, sugirió que sea denominado Guaçurarí, para al menos equipararlo con el héroe salteño Juan Manuel de Güemes. La ministra lo rebautizó Guazaratí

¿Sabés qué va a pasar?”, preguntó un veterano oficial de una fuerza de seguridad que opera en la Triple Frontera -zona estigmatizada si las hay-. “Nada”, se respondió. Para el especialista el “plan” Güemes, Guazaratí o Guaçurarí, no son más que un poco de ruido para tapar una realidad que está a la vista en el Conurbano bonaerense, que en algunas zonas parece tierra de nadie, y particularmente en Rosario, donde la propia Bullrich desembarcó con toda la pompa con la promesa de bajar la inseguridad, pero los muertos se siguen contando de a varios por día. Claramente, tanto en Buenos Aires como en Santa Fe, la seguridad es un problema mal atendido y que no ha mejorado con la militarización, como sucedió en Rosario. Los funcionarios nacionales, como en otras gestiones -Bullrich no es siquiera original-, pretenden imponer recetas, muchas veces parecidas o iguales, para zonas con problemáticas distintas y sin escuchar a los actores locales. Un problema del unitarismo histórico de la Argentina, que cíclicamente parece agigantarse. 

Para el presidente Javier Milei, los gobernadores son unos “gastadores compulsivos” y administradores ineficientes que “despilfarran” los recursos que generosamente les gira “la Nación”. 

Sin entrar en discusiones abstractas sobre el concepto ni sobre la preexistencia de las provincias, lo cierto es que no todas las situaciones son iguales ni todas las provincias están administradas de la misma manera. 

Ahora la discusión es sobre la carga fiscal de las provincias en la economía. Misiones desde hace décadas tiene a la producción primaria libre de impuestos, pero es rigurosa con los demás eslabones de la cadena, lo que generó una inédita autonomía económica y recursos propios para sostener políticas aún en tiempos de contracción como los actuales. 

Los unicornios como Mercado Libre y los pooles sojeros, claman por baja de impuestos para aumentar ganancias, pero se desentienden de las demandas que deben ser atendidas localmente. 

En Santa Fe, Marcos Galperín se quejó por una suba de Ingresos Brutos a las operaciones de Mercado Libre, pero se llamó a silencio cuando el gobierno de esa provincia reveló que sólo en diciembre del año pasado hubo más de 40 mil operaciones en negro a través de la aplicación. Doble moral que le dicen. 

Los números oficiales también revelan una profunda asimetría en el reparto de los recursos federales, que, una vez más, no pertenecen a “la Nación”, sino que son generados por las provincias. En 2024 Misiones nuevamente fue la que más aportó al Tesoro Nacional, en el NEA, en materia de recaudación de impuestos nacionales, pero fue la que menos recibió por esos conceptos. Si se suma la recaudación de IVA, impuesto a las Ganancias, Bienes Personales, Impuestos Internos y Monotributo impositivo (todos coparticipables) el NEA recaudó, 762.828 millones. De ese total, Misiones aportó el 35,4%, un valor superior a Corrientes, que  sumó el 26,6%, Chaco el 25,3% y Formosa el 12,7%. 

Pero Misiones apenas recibió apenas el 21,3% de los fondos que llegaron al NEA, el valor más bajo en la región, ya que Chaco captó el 31,8%, Corrientes el 23,9% y Formosa el 23%.

En el Gobierno señalan que la asimetría es incluso más profunda, ya que los datos de la Afip contemplan las empresas por jurisdicción y muchas compañías que operan en Misiones tienen domicilio fiscal en Capital Federal y por ende tributan allí. Si se evaluara por lugar de operación, el municipio ahora gobernado por Jorge Macri no sería el más productivo, como se jacta con desdén el primo del ex presidente.

Sin embargo, esa idea de “Nación responsable” y provincias nadando en la abundancia del despilfarro, se impone en la discusión política y alimenta la centralidad del discurso presidencial. Pocos se animan a contradecirlo en tiempos en que las encuestas le son favorables. 

El gobernador Hugo Passalacqua marcó distancia al señalar que Misiones no sube alícuotas y desde hace años tiene a toda la producción primaria exenta del impuesto a los Ingresos Brutos. Ese modelo se mantiene firme, mientras que el alivio fiscal llega a través de la suba del piso, como en el caso de los sujetos obligados a la percepción y retención de Ingresos Brutos o los beneficios anunciados para el pago del Impuesto al Parque Automotor, un tributo que aumentó por debajo de la inflación. La economía se puede incentivar por distintas vías. Bajar impuestos no es el único camino. Durante los 90 Misiones tenía impuestos cero para la industria. El resultado no fue positivo: Estado desfinanciado y endeudado, IETE, desempleo en alza y pobreza récord. No pasó hace tanto, aunque algunos parezcan tener memoria de corto plazo. 

El intendente de Concepción de la Sierra, Hugo Humeniuk, un miembro del partido Activar, que lidera Pedro Puerta, el hijo del ex gobernador de los 90, aplicó una inédita suba de las tasas por Carnaval. Para aprovechar los días de celebración popular, el alcalde decidió cobrarles -por anticipado- hasta 185 mil pesos por día a los comercios locales que abran en los lugares de desfile. Puerta, quien por estas horas intenta eludir los coletazos del escándalo de su amigo y socio político Germán Kiczka, en sus discursos suele prometer una rebaja de impuestos para “impulsar una provincia productiva”. Haz lo que digo…

Los impuestos no definen resultados económicos. La producción yerbatera, que tiene impuestos cero, atraviesa ahora una profunda crisis con un desplome de los precios de la materia prima producto de la desregulación que impuso el presidente Javier Milei en diciembre de 2023. En paralelo, el consumo interno cayó durante el año pasado 9,33 por ciento, en lo que fue el peor año desde 2017. La industria cerró un año en rojo, con costos operativos que se dispararon y ventas en baja. Apenas las exportadoras “salvaron el año” con un récord de envíos al exterior. 

Paradójicamente, el radicalismo que tuvo mucho que ver con el diseño del Instituto Nacional de la Yerba Mate, se dedicó en los últimos años a minar la confianza en esa institución -salvo durante la gestión Cambiemos- ahora insta a los productores a “autorregular” la cosecha para presionar por mejores precios. “Cosecha por goteo”, sugirió un veterano boina blanca. 

Pero con la cosecha del año pasado, que llegó a los 986.737.613 kilos, con un alza de 27,35 por ciento en relación con 2023, la industria tiene suficiente stock para también “autorregular” los precios. El factor externo que significó la desregulación, golpeó de lleno a todo el sector. Habrá que ver quienes sobreviven en el mediano plazo. 

En el sector forestal también se siente pleno el cambio de época económica. Por la caída del mercado interno y externo, en Corrientes y Entre Ríos los aserraderos están de remate. Acon Timber, el aserradero más grande del país, recién instalado en la vecina provincia vecina, dejó de exportar por el dólar bajo y la escasa rentabilidad. En Misiones, donde desde hace unos años se regula el precio de la materia prima, las empresas se mantienen en funcionamiento, aunque también sufren por las bajas ventas. Las quejas empresariales por los impuestos aquí no encuentran eco: en Corrientes no hay precio mínimo de la materia prima. El factor externo, el plan “guazaratí” económico, influye mucho más de lo esperado, aunque la economía de Misiones se mantiene por encima de las demás provincias de la región, con algunas señales claras de reactivación. En enero se patentaron 861 cero kilómetro, lo que significa un aumento del 92,6% en comparación con el mismo mes del año pasado. En términos mensuales, el crecimiento fue del 209,7% respecto a diciembre de 2024. 

De todos modos, el presidente Javier Milei goza de una imagen positiva que se mantiene -la última encuesta de CEOP arroja quizás una luz amarilla, con un empate técnico entre quienes lo desaprueban (48,7 contra 48 de imagen positiva) y una proyección negativa- y que le permite tallar en las negociaciones políticas de cara a las elecciones. El Cambiemos residual se debate entre encolumnarse en silencio o jugar en soledad y mantener identidad. De cualquier modo, el partido encabezado por Macri ha perdido centralidad y ya no es una “opción ganadora” ante un mileísmo que tiene una base electoral similar. El desbande en la alianza es inevitable: los dirigentes quieren salvar la ropa, aunque en las fuerzas del cielo no son del todo bienvenidos. En Misiones, la relación con la Renovación es más fiable que cualquier acuerdo con lo que queda de Cambiemos. En definitiva, el modelo de gestión económica exhibe resultados que se parecen mucho a los objetivos trazados por Milei.

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Polémica tasa de Carnaval en Concepción de la Sierra: comercios deben pagar hasta 181.500 pesos por día

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El Concejo Deliberante de Concepción de la Sierra, gobernado por el intendente Hugo Humeniuk, de Activar, decidió cobrar una polémica tasa de “Carnaval” a los comercios locales. La medida busca “cubrir los costos del evento”, pero ha generado un fuerte rechazo entre los comerciantes locales, quienes consideran que esta carga adicional podría afectar sus finanzas, ya que un bar debería pagar hasta 181.500 pesos por día. 

La nueva ordenanza establece que los comercios ubicados en la avenida Barrufaldi, donde se llevará a cabo el Carnaval, deberán pagar un monto adicional  para operar durante el evento.

  • Bares, restaurantes y confiterías: 1.100 unidades tributarias (U.T.) por día. Equivale a 181.500 pesos. 
  • Otros comercios en la zona: 550 U.T. por día.
  • Vendedores ambulantes dentro del corsódromo: También deberán pagar, aunque solo podrán comercializar productos específicos como artesanías y juguetes.

Según la administración municipal, esta tasa servirá para costear servicios como seguridad, limpieza e iluminación. No obstante, muchos comerciantes advierten que esta medida supone una carga extra que puede afectar la rentabilidad de sus negocios en un momento clave para el turismo local.

El intendente Humeniuk y el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Pawluk, pertenecen a Activar, liderado por Pedro Puerta, el partido envuelto en el escándalo de pedofilia del ex diputado Germán Kiczka. 

En el municipio, algunos sectores han señalado que la medida responde más a decisiones políticas que a una necesidad real de financiamiento. “Si no hacemos el esfuerzo entre todos, esto no avanza. En un contexto económico difícil, todos los sectores debemos hacer un esfuerzo para eficientizar la gestión, sea pública o privada. Pero el esfuerzo debe ser parejo, del conjunto”, cuestionó Alejandro Haene, reconocido consultor de empresas y uno de los dirigentes reconocidos del sector comercial. 

Además,  la ordenanza se suma a otras críticas que la gestión municipal ha recibido por la falta de transparencia y el impacto de sus políticas en el comercio local. La preocupación principal radica en que los pequeños negocios, que dependen de la afluencia de visitantes en eventos como el Carnaval, puedan verse perjudicados por este tipo de tributos adicionales.

Los comerciantes deberán abonar la tasa antes del inicio del evento en la Tesorería Municipal o por otros medios habilitados. En caso de suspensión por mal clima, el pago se considerará válido para la siguiente fecha.

El incumplimiento puede derivar en sanciones como  intereses resarcitorios o incluso la ejecución administrativa o  judicial de la deuda, lo que ha generado incertidumbre entre los empresarios locales.

Mientras el municipio justifica la tasa como una forma de financiar los costos del Carnaval, los comerciantes temen que estas medidas terminen afectando la actividad económica de la localidad.

En un contexto en el que muchos negocios dependen de eventos turísticos para sostenerse, la implementación de nuevos tributos podría generar más perjuicios que beneficios.

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