La Libertad Avanza

Crisis de la producción yerbatera: sin libertarios, diputados buscan respuestas alternativas

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En un contexto de caída de precios, pérdida de rentabilidad e incertidumbre en toda la cadena productiva, el presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Sebastián Horacio Macias, reunió, a pedido del PAyS, este lunes 26 de enero a una mesa de diálogo extraordinaria con los diputados provinciales para abordar la crisis del sector yerbatero y evaluar herramientas legislativas y políticas. La ausencia de La Libertad Avanza (que fue invitada y estaba al tanto de la reunión) fue el dato político central de la jornada.

El encuentro se realizó en el edificio anexo de la Legislatura Misionera y tuvo como objetivo abrir un espacio institucional de debate frente a los efectos de la desregulación nacional del mercado yerbatero, una medida que impactó de manera directa en pequeños productores, cooperativas y actores industriales de la provincia. La convocatoria buscó construir un diagnóstico común y comenzar a delinear alternativas desde el ámbito legislativo provincial.

Una mesa de diálogo ante la caída de precios y la pérdida de rentabilidad

Durante la reunión, cada bloque y representante contó con un espacio de locución para exponer su mirada sobre el escenario actual del sector. El intercambio permitió detallar la profundidad de la crisis yerbatera, marcada por precios deprimidos, pérdida de rentabilidad y una creciente incertidumbre en la cadena productiva, factores que encendieron alertas en toda la provincia y demandan una respuesta política coordinada.

“El sector yerbatero se ha visto afectado por la desregulación del precio y otras medidas. Desde la Legislatura abordamos esta agenda para abrir espacios de diálogo, que amplíen la propuesta para ser parte de las soluciones, con todos en la mesa”, expresó Macias al término del encuentro. El presidente de la Cámara remarcó además que la iniciativa apunta a sumar actores más allá del ámbito legislativo, con el fin de enriquecer las herramientas que se comiencen a analizar.

La crisis del mercado yerbatero se consolidó así como uno de los temas centrales de la agenda política e institucional de Misiones, en un contexto de fuerte preocupación social y productiva, especialmente en las zonas donde la actividad constituye la principal fuente de ingresos.

Participación plural y un dato político: la ausencia de La Libertad Avanza

De la mesa participaron representantes de casi todo el arco parlamentario provincial. Estuvieron presentes Alejandro Arnold, Arabela Soler y Juan José Szychowski, del Frente Renovador de la Concordia; Héctor “Cacho” Bárbaro, Cristian Castro y Elvani Göring, del PAyS; Walter Ríos, de Por la Vida y los Valores; Analía Labandoczka, del PRO; Santiago Koch, de la UCR; Juan Ahumada, ex Activar; y Ramón Amarrilla, de Algo Nuevo por la Dignidad de los Trabajadores.

Desde La Libertad Avanza, en tanto, informaron que “no fueron notificados de la reunión” y no enviaron representantes. La ausencia del espacio libertario fue leída como un dato político relevante, en momentos en que la desregulación impulsada a nivel nacional es señalada como uno de los factores centrales detrás de la crisis que atraviesa el sector.

La presencia del resto de los bloques permitió avanzar en un diagnóstico compartido sobre la situación del mercado yerbatero y las consecuencias que el nuevo escenario económico tiene sobre productores primarios, cooperativas y economías locales.

Agenda abierta y próximos pasos legislativos

Desde el Frente Renovador de la Concordia remarcaron la necesidad de sostener el diálogo institucional y de defender a los productores misioneros frente a los efectos de la desregulación. La mesa de trabajo que se inició este lunes fue definida como el primer paso de un proceso que continuará en el corto plazo.

Según se informó oficialmente, la mesa volverá a reunirse “a la brevedad” para avanzar de manera responsable en la definición de una agenda legislativa específica sobre la temática. El objetivo es que las conclusiones del debate se traduzcan en iniciativas políticas y legislativas que permitan amortiguar el impacto de la crisis yerbatera y aportar previsibilidad a una de las actividades productivas más relevantes de la provincia.

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Concejal libertaria trató a forestales de “esclavistas” y de ser “40 años subsidiados”

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Las declaraciones de la concejal libertaria María Elena Fernández desataron una fuerte reacción en el sector foresto–industrial de Misiones, uno de los más afectados por la recesión, la caída del empleo y la apertura de importaciones. Desde su cuenta personal de Facebook, la edil calificó a los forestales como “esclavistas” y sostuvo que estuvieron “40 años subsidiados”, en referencia a la Ley 25.080, en el marco de un debate público sobre la situación crítica de la actividad.

El episodio ocurrió luego de que el ingeniero forestal Nicolás Ocampo reclamara al diputado nacional Diego Hartfield la gestión de medidas concretas para aliviar la crisis del sector: reducción del IVA, menores costos energéticos y de combustibles, y algún tipo de regulación frente al ingreso de productos importados. Lejos de responder con argumentos técnicos o productivos, Fernández optó por una descalificación generalizada que rápidamente se viralizó entre empresarios, trabajadores y técnicos del complejo foresto–industrial.

Los dichos que encendieron la indignación del sector

Las expresiones de la concejal se publicaron como comentarios en una red social y fueron atribuidas a su cuenta personal. “40 años fueron subsidiados y beneficiados con créditos fiscales por ley 25.080 y lloran. No fue suficiente regalarle 40 años para que sean rentables”, escribió Fernández. En otro mensaje profundizó el tono: “500 pymes dudo. Mano de obra esclava sí creo”. Y completó con una acusación aún más dura: “Unos pocos vivos se enriquecieron y quieren seguir con su fiesta”.

Las frases circularon rápidamente en grupos vinculados a la actividad forestal, acompañadas por capturas de pantalla, y cayeron “como una bomba” en una industria que atraviesa uno de sus momentos más delicados. Si bien hasta el momento no hubo pronunciamientos institucionales formales, el malestar es generalizado en un entramado productivo que combina grandes empresas con cientos de pymes familiares, aserraderos y cooperativas del interior provincial.

La polémica también adquirió un costado político. Dentro del propio espacio de La Libertad Avanza, la fuerza a la que pertenece Fernández, existe una referente del sector forestal con representación nacional: Maura Gruber, electa diputada nacional como segunda en la lista encabezada por Hartfield. Esa contradicción no pasó desapercibida entre los actores de la actividad.

Un sector golpeado por la recesión y la apertura de importaciones

Las declaraciones se produjeron en un contexto económico adverso para la foresto–industria misionera. El sector enfrenta caída de ventas, pérdida de competitividad frente a productos importados, tarifas energéticas en alza, altos costos logísticos y una presión impositiva que no distingue entre grandes grupos y pequeñas pymes. A esto se suma la condición de provincia de frontera, con competencia directa de Paraguay y Brasil, donde los costos internos son significativamente más bajos.

El planteo original de Ocampo apuntaba justamente a la falta de “igualdad de condiciones” para competir. “Todos quieren competir, pero en igualdad de condiciones”, fue el eje de su reclamo, en referencia a un escenario donde la apertura importadora se combina con costos internos elevados y una macroeconomía recesiva.

Desde el sector recuerdan además que la Ley 25.080 de promoción forestal, mencionada por Fernández, fue concebida como una herramienta para fomentar inversiones de largo plazo en una actividad cuyos ciclos productivos se miden en décadas. Lejos de ser un “regalo”, sostienen que la norma nunca logró blindar a la actividad frente a la volatilidad macroeconómica, las crisis recurrentes ni la ausencia de políticas industriales sostenidas.

Impacto de la controversia

El malestar no se limita al contenido de los dichos, sino también al rol institucional de quien los emitió. Como concejal de Posadas, capital provincial, las expresiones de Fernández fueron interpretadas como una señal política que desprecia al entramado productivo misionero y a los miles de trabajadores que dependen directa o indirectamente de la foresto–industria.

Al hablar de “mano de obra esclava” y de una supuesta “fiesta” empresarial, la edil colocó en un mismo plano a grandes grupos y a pequeñas unidades productivas que hoy reducen turnos, suspenden personal o directamente cierran sus puertas para sobrevivir. En un contexto de recesión nacional, derrumbe del consumo, despidos y cierre de fábricas, el episodio profundiza una grieta entre el discurso político y la realidad de los sectores productivos regionales.

Para los forestales misioneros, la polémica excede una opinión aislada en redes sociales. Se trata de un ataque directo a un sector estratégico para la economía provincial, que hoy pelea por sostener el empleo, la inversión y la producción en un escenario cada vez más hostil. La controversia se suma así a una serie de cruces públicos que reflejan un clima social y económico crecientemente tenso en Misiones y en el país.

Fuente MisionesOpina

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Santilli avanza con la reforma laboral y consigue el aval político de Chaco

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En una señal política clave para la agenda legislativa del Gobierno, el ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió este lunes en Chaco con el gobernador Leandro Zdero, quien expresó su apoyo explícito a la reforma laboral que impulsa La Libertad Avanza (LLA) y que comenzará a tratarse en el Senado a principios de febrero. El encuentro se inscribe en la estrategia oficial para asegurar votos provinciales y avanzar con un proyecto que el Ejecutivo considera central para bajar el Riesgo País, sostener el equilibrio fiscal y modernizar el mercado de trabajo.

“Si miramos la reforma laboral y hacia dónde quiere ir el país, que es bajar el Riesgo País y equilibrio fiscal, sinceramente estamos en sintonía”, afirmó Zdero tras la reunión, al tiempo que remarcó que “aportar a una nueva ley laboral es importante porque las recetas del pasado nos llevan a los mismos resultados de siempre”.

Reforma laboral y alineamientos políticos: el respaldo chaqueño

La reunión se desarrolló en la sede del Ejecutivo provincial y forma parte de la ronda de encuentros federales que Santilli activó para consolidar respaldos entre los gobernadores, con el objetivo de que los legisladores que les responden acompañen el proyecto en el Congreso. La iniciativa, definida por el oficialismo como de “modernización laboral”, enfrenta resistencias del sindicalismo y del peronismo, pero suma adhesiones entre mandatarios provinciales aliados.

Desde el entorno oficial se informó que ambos funcionarios “conversaron sobre la importancia de que se apruebe la Ley de Reforma Laboral para modernizar el mercado de trabajo, fomentar la creación de empleo y acompañar el desarrollo productivo del país y las provincias”. En esa línea, Santilli sostuvo que “no creo que ningún gobernador pueda estar en contra de una reforma laboral en la Argentina” y subrayó que el cambio normativo “va a dinamizar sectores claves” como energía, minería, agro e industria del conocimiento, con impacto directo en la generación de empleo.

Zdero, por su parte, definió a la reforma como una herramienta central para recuperar competitividad y generar empleo formal, al considerar que permitirá adecuar normas pensadas para otra realidad productiva. “Necesitamos reglas que acompañen a quienes quieren invertir, incorporando flexibilidad, capacitación y modernización”, completó.

Estrategia legislativa y agenda federal del Gobierno

El desembarco de Santilli en Chaco fue la segunda parada del rally federal que el ministro del Interior inició tras la aprobación del Presupuesto 2026, con la intención de replicar el método de negociación política que le permitió al Gobierno reunir los votos necesarios en el plano legislativo. La semana pasada, la gira había comenzado en Chubut, con una visita al gobernador Ignacio Torres.

La agenda oficial continuará esta semana con nuevas escalas: el miércoles, Santilli volverá a Chubut para monitorear la lucha contra los incendios forestales; el jueves, viajará a Mendoza para reunirse con Alfredo Cornejo. Además, este martes recibirá en la Casa Rosada al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, un mandatario de perfil opositor que mantiene diálogo con la administración nacional.

En el plano chaqueño, el respaldo de Zdero tiene un valor político adicional. El gobernador radical selló un acuerdo electoral con LLA, con el que lograron imponerse tanto en comicios nacionales como provinciales. En ese contexto, el oficialismo espera contar con el acompañamiento de los senadores Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider, representantes de Chaco en la Cámara alta.

Durante la reunión también participaron el secretario de Interior, Gustavo Coria; la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño; el secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutiérrez; el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Julio Ferro; y el diputado nacional Guillermo Agüero.

Repercusiones económicas y reclamos provinciales

Además del debate laboral, Zdero aprovechó el encuentro para poner sobre la mesa reclamos estructurales de la provincia. Habló de un “cambio de matriz para dinamizar la economía de Chaco”, pidió la reprogramación de la deuda heredada para encaminar un trabajo conjunto con Nación y agradeció la obra del acueducto del norte, financiada por el Gobierno nacional por $80.000 millones. También planteó la situación de las rutas y la necesidad de avanzar en un segundo puente Resistencia–Corrientes.

Desde la Casa Rosada, Santilli enfatizó las “profundas coincidencias” con Zdero para promover empleo privado genuino, al que definió como un factor clave para ordenar las cuentas públicas, y aseguró que la reforma laboral y el nuevo esquema productivo forman parte de una misma estrategia.

En paralelo, el próximo encuentro con Sergio Ziliotto tendrá un eje distinto. En La Pampa aclararon que no prestarán respaldo a la reforma laboral, al considerarla “una reforma impositiva encubierta” que impacta sobre el Impuesto a las Ganancias y podría restarle a la provincia entre $20.000 millones y $35.000 millones anuales. El diálogo con Nación, en ese caso, se concentra en la deuda previsional, estimada en $62.500 millones en el acuerdo inicial —con un primer pago de $2.500 millones y 12 cuotas mensuales de $5.000 millones desde enero de 2026—, mediado por la Corte Suprema.

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El Ejecutivo demora la reforma laboral ante la falta de apoyos y la presión sindical

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El Gobierno nacional decidió postergar el debate de la reforma laboral y trasladarlo para febrero de 2026, en una jugada política orientada a asegurar respaldos legislativos y evitar que la iniciativa se convierta en una nueva herramienta de presión de los gobernadores en plena negociación presupuestaria, según la consultora Ecolatina. La decisión se tomó luego de las complicaciones surgidas durante la discusión del Presupuesto, que dejaron en evidencia dudas sobre el acompañamiento de aliados clave, especialmente en el Senado, y un escenario de alta fragilidad política para avanzar con cambios estructurales en el mercado de trabajo.

La postergación busca descomprimir el frente legislativo y ganar tiempo en un contexto donde no existe una voluntad firme de acompañamiento por parte de los aliados circunstanciales, lo que llevó a La Libertad Avanza (LLA) en el Senado a recalibrar su estrategia y evitar una derrota o un costo político innecesario.

Presupuesto, gobernadores y reforma laboral: un delicado equilibrio político

La discusión del Presupuesto actuó como detonante de la decisión oficial. Según el análisis interno del Ejecutivo, avanzar en paralelo con la reforma laboral hubiera expuesto al Gobierno a una doble negociación con los gobernadores, que podrían haber utilizado su apoyo —o su rechazo— a la iniciativa laboral como moneda de cambio adicional en la puja por recursos y partidas presupuestarias.

En ese marco, el Gobierno evaluó que el debate laboral podía quedar rehén de las tensiones fiscales y políticas, debilitando su capacidad de ordenar mayorías estables. La ausencia de señales claras de acompañamiento por parte de los gobernadores aliados terminó de inclinar la balanza hacia la postergación.

Con este movimiento, el oficialismo busca recomponer condiciones políticas, reducir el margen de presión externa y encarar la discusión laboral en un momento de mayor previsibilidad parlamentaria.

CGT en la calle y disputa por el contenido de la reforma

La decisión del Ejecutivo coincidió temporalmente con una movilización de la CGT a la Plaza de Mayo, organizada como una demostración de fuerza para forzar una negociación sobre los contenidos de la reforma laboral. La central sindical activó una estrategia múltiple para intentar frenar o moderar los cambios: protesta en la calle, diálogo con bloques aliados en el Congreso y la advertencia de recurrir a la Justicia en caso de que la reforma sea sancionada.

Desde la CGT descuentan que no es viable frenar la totalidad de la ley, pero apuntan a bloquear o atenuar los artículos que consideran más perjudiciales para los trabajadores. La postergación del debate amplía el margen de maniobra sindical y fortalece el trabajo de lobby sobre los sectores dialoguistas.

El Congreso como campo de disputa: aliados, rechazos y bloques clave

Con el nuevo calendario, el escenario legislativo aparece más definido. El oficialismo y sus aliados más afines a la reforma, en particular el PRO, mantienen su respaldo al proyecto. En el extremo opuesto, el peronismo opositor ratifica su rechazo.

La verdadera disputa, tanto para el Gobierno como para la CGT, se concentra ahora en los bloques dialoguistas y en los gobernadores, que se consolidan como los árbitros del debate. Allí se jugará la posibilidad de sancionar la reforma, modificarla sustancialmente o bloquear sus puntos más sensibles.

La postergación, lejos de clausurar el conflicto, lo traslada en el tiempo y lo intensifica en términos de negociación política, en un año donde la agenda legislativa seguirá atravesada por tensiones fiscales, reformas estructurales y disputas de poder entre Nación, provincias y actores sociales.

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Presupuesto 2026: La Libertad Avanza logró aprobar el capítulo más polémico con apoyo peronista

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Tras dos años sin Ley de Presupuesto, el Senado sancionó el Presupuesto 2026 con una mayoría amplia y transversal, que incluyó votos peronistas, radicales y provinciales, y dejó firme el controvertido artículo 30 del Capítulo II. La iniciativa del Poder Ejecutivo obtuvo 45 votos afirmativos, 25 negativos y 1 abstención, consolidando la primera ley de gastos y recursos aprobada durante la gestión de La Libertad Avanza y despejando un frente clave para la gobernabilidad fiscal.

La atención estuvo puesta en el Capítulo II, que establece derogaciones a normas de educación, ciencia, tecnología y defensa. Pese a los cuestionamientos, el oficialismo logró sostenerlo sin cambios, evitando que el proyecto regresara a la Cámara de origen y acelerando su sanción definitiva.

Una mayoría construida con acuerdos y votos peronistas clave

El resultado fue posible tras negociaciones contrarreloj encabezadas por la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, quien cerró acuerdos con senadores que responden a gobernaciones para preservar el capítulo más cuestionado del texto. La estrategia apuntó a blindar el proyecto en el Senado y evitar dilaciones legislativas.

Dentro de los 45 votos positivos se contaron los 20 integrantes de La Libertad Avanza, los miembros de la Unión Cívica Radical, 3 del Pro, 2 misioneros del Frente Renovador de la Concordia Social, 2 santacruceños, además de Carlos “Camau” Espínola, Edith Terenzi, Luis Juez, Beatriz Ávila, Julieta Corroza y Flavia Royón.

La novedad política fue el acompañamiento de tres senadores peronistas del bloque Convicción Federal, integrante del interbloque Popular, que votaron a favor tanto en la general como en el Capítulo II: Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada. Ese respaldo resultó decisivo para consolidar la mayoría y dejó expuestas tensiones internas en el peronismo.

En contraste, la senadora Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, se abstuvo en la votación general y en todas las particulares.

El Capítulo II y el artículo 30: el núcleo de la controversia

La votación del Capítulo II fue la única que mostró una diferencia significativa respecto del resto del tablero: 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones. Allí quedó firme el artículo 30, que dispone la derogación de normas consideradas sensibles por amplios sectores de la oposición.

En concreto, el artículo establece la derogación del artículo 9 de la Ley de Educación Nacional; de los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; del artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional; y del inciso 1 del artículo 4 de la Ley 27.565, que creó el Fondo Nacional de la Defensa.

A favor del Capítulo II votaron el oficialismo, la mayoría del radicalismo, el Pro, bloques provinciales y los tres integrantes de Convicción Federal mencionados. En contra se pronunciaron los 21 senadores del bloque Justicialista, los 2 del Frente Cívico de Santiago del Estero, Fernando Salino y Fernando Rejal por Convicción Federal, y los radicales Maximiliano Abad y Flavio Fama. Las abstenciones correspondieron nuevamente a Julieta Corroza y Alejandra Vigo.

Impacto político e institucional de la sanción

La aprobación del Presupuesto 2026 cierra un ciclo de dos años sin ley de gastos y recursos, un escenario que había condicionado la previsibilidad fiscal y el debate parlamentario. Para el oficialismo, la sanción representa un respaldo institucional clave y una señal de fortaleza política al lograr articular mayorías más allá de su propio bloque.

Al mismo tiempo, la derogación de normas vinculadas a educación, ciencia y defensa anticipa reacciones críticas de sectores académicos, científicos y sindicales, así como nuevos debates políticos sobre el alcance del ajuste y la reasignación de prioridades presupuestarias. En el plano legislativo, el voto dividido del peronismo y las diferencias dentro del radicalismo reconfiguran el mapa de alianzas para los próximos debates económicos.

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