Con el objetivo de recuperar la iniciativa política y legislativa tras la pausa generada por el Mundial de Fútbol 2026, el Gobierno nacional reunió este martes a la Mesa Política en la Casa Rosada para delinear la estrategia del segundo semestre. El encuentro, encabezado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, tuvo como eje la reactivación del Congreso y la construcción de consensos que permitan avanzar con las principales reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo.
Durante casi dos horas, los principales referentes de La Libertad Avanza analizaron el escenario parlamentario y definieron los lineamientos para intentar destrabar proyectos que permanecen pendientes tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. La reunión reunió al jefe de Gabinete, Diego Santilli; al ministro de Economía, Luis Caputo; al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; a la senadora Patricia Bullrich; al asesor presidencial Santiago Caputo y a otros integrantes del gabinete político.
El diagnóstico compartido por el oficialismo es que la segunda mitad del año será determinante para consolidar el programa de reformas económicas e institucionales que el Gobierno considera centrales para profundizar su esquema de estabilización y modernización del Estado. Por ello, la estrategia combinará negociación política, acuerdos con gobernadores y una agenda parlamentaria escalonada.
Entre las iniciativas consideradas prioritarias figuran la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, modificaciones al régimen de Zona Fría, cambios vinculados a la protección de la propiedad privada y la denominada Inocencia Fiscal II, un proyecto orientado a introducir nuevas modificaciones en materia tributaria y de administración fiscal.
La intención del Ejecutivo es que estas propuestas comiencen a debatirse una vez finalizado el receso invernal, período en el que el Gobierno buscará fortalecer los acuerdos necesarios para superar la fragmentación parlamentaria que caracteriza al Congreso desde el inicio de la gestión.
Además del frente legislativo, la Mesa Política también avanzó sobre la planificación electoral de cara a 2027. El oficialismo entiende que la construcción territorial y la articulación con las provincias serán factores decisivos tanto para la aprobación de las reformas como para consolidar su proyecto político en el mediano plazo.
En ese marco, Diego Santilli confirmó que continuará la ronda de reuniones con gobernadores para formalizar convenios vinculados a obras de infraestructura y fortalecer la coordinación institucional con las provincias. Entre los próximos encuentros figuran autoridades de Santa Fe, Catamarca y Santiago del Estero, con una agenda que incluye el traspaso de obras viales, proyectos de acueductos y nuevas plantas potabilizadoras.
La estrategia refleja un cambio de enfoque respecto de los primeros meses de gestión. Si inicialmente el Ejecutivo priorizó los instrumentos administrativos y regulatorios para avanzar con parte de su programa, ahora el énfasis vuelve a concentrarse en la construcción de mayorías legislativas que otorguen mayor estabilidad jurídica a las reformas estructurales.
El cronograma previsto por el Gobierno comenzará a acelerarse esta misma semana. El ministro de Economía, Luis Caputo, presentará el proyecto de ley Inocencia Fiscal II, que será enviado a la Cámara de Diputados, mientras que el presidente Javier Milei anunciará la próxima semana la propuesta de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, considerada una de las iniciativas económicas más relevantes del segundo semestre.
Para el oficialismo, el desafío ya no pasa únicamente por diseñar reformas, sino por construir los consensos políticos necesarios para convertirlas en ley. En un Congreso sin mayorías propias, la negociación con gobernadores, bloques provinciales y sectores dialoguistas vuelve a convertirse en una pieza central para sostener la agenda de transformación impulsada por la Casa Rosada.
El Gobierno nacional sufrió un nuevo revés legislativo al no conseguir los votos necesarios para aprobar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Ante la falta de consensos, el oficialismo solicitó postergar nuevamente el debate, que quedó reprogramado para el próximo 6 de agosto, luego del receso invernal.
Se trata de la cuarta oportunidad en la que el proyecto, impulsado por el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, llega al recinto sin lograr ser tratado. La iniciativa había obtenido dictamen el 20 de mayo, pero desde entonces el oficialismo no consiguió consolidar una mayoría suficiente para su aprobación.
El cuarto intermedio fue solicitado por la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, quien pidió que la sesión continúe el 6 de agosto con este proyecto como uno de los principales temas del orden del día. La moción fue aprobada por 62 votos afirmativos, tres negativos y una abstención.
Nuevas diferencias con las provincias
Las negociaciones volvieron a trabarse en las horas previas a la sesión. Según trascendió, el dictamen ya acumulaba quince modificaciones y persistían diferencias entre el oficialismo y bloques aliados respecto de aspectos centrales de la iniciativa.
Uno de los principales reclamos apuntaba a incorporar una cláusula que habilitara a las provincias a establecer un régimen jurídico propio para regular la venta de tierras a extranjeros, una propuesta que finalmente no fue aceptada por La Libertad Avanza.
Entre las observaciones planteadas por representantes de Misiones también figuró la eliminación del mecanismo de “silencio administrativo” o “silencio positivo”, criterio que implicaba considerar aprobados determinados trámites por el solo transcurso del tiempo sin respuesta del Estado. La postura impulsada desde la provincia proponía preservar la intervención expresa de las administraciones provinciales en materias vinculadas a sus competencias.
Además, se promovió reforzar el reconocimiento del dominio provincial sobre los recursos naturales y establecer restricciones para impedir la adquisición de tierras por parte de Estados extranjeros o sociedades con participación estatal.
La lupa estaba puesta en los senadores misioneros, después de un exhorto público de la Red de Mujeres del Movimiento -alineada con el gobernador Hugo Passalacqua- que reclamaba a Carlos Arce, Sonia Rojas Decut y Martín Göerling -pro libertario- que rechacen la ley por entender que avanza sobre soberanía y recursos naturales que son de propiedad primigenia de las provincias.
Los tres dieron quórum, pero no tuvieron que revelar cómo iban a votar ya que el propio oficialismo pidió postergar el tratamiento.
Una sesión con otros acuerdos
Antes de postergar el tratamiento del proyecto, el Senado sí avanzó con la aprobación de una serie de pliegos judiciales y ascensos diplomáticos. Entre ellos quedó confirmado el pliego del magistrado Víctor Pesino, cuya designación había sido cuestionada por la CGT debido a fallos relacionados con la reforma laboral y la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
Además, por unanimidad, la Cámara alta convirtió en ley el proyecto que declara a San Miguel de Tucumán como Capital Simbólica de la República Argentina, en reconocimiento a su papel histórico como sede de la Declaración de la Independencia del 9 de julio de 1816. La iniciativa fue aprobada con 67 votos afirmativos y sin votos negativos ni abstenciones.
Con este nuevo aplazamiento, el Gobierno suma otro capítulo de dificultades para reunir mayorías parlamentarias en uno de los proyectos que considera estratégicos dentro de su agenda de reformas.
El Gobierno nacional decidió sostener sin modificaciones la desregulación del mercado de la yerba mate, profundizando el conflicto con Misiones y con buena parte de los sectores que integran la actividad. Tras casi dos horas de reunión en la Secretaría de Agricultura de la Nación, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue categórico: el esquema establecido por el DNU 70/2023 continuará vigente y no se restituirán las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
La definición llegó luego de que representantes de la producción presentaran un documento técnico de 26 páginas elaborado por el director del INYM por la Producción Primaria, Roberto Ferreira, cuyo eje central fue demostrar, con estadísticas oficiales del propio organismo, que la eliminación de las herramientas regulatorias no generó mayor competencia ni mejores condiciones para productores y consumidores, sino un deterioro generalizado de la cadena.
Antes del encuentro, Ferreira había anticipado cuál sería el planteo del sector. “El mandato que traigo de parte de los productores es la devolución de todas las facultades del INYM”, sostuvo al explicar que la crisis económica que atraviesan miles de productores exige recuperar mecanismos que permitan equilibrar el funcionamiento del mercado.
La reunión congregó a un representante de cada uno de los sectores que integran el directorio del INYM. Participaron Carlos Czajkowski por las cooperativas; Ricardo Maciel por el Gobierno de Misiones; Carmelo Rojas por la UATRE; Luis Konopacki por los secaderos; Rubén Henrikson por la industria; Rodrigo Correa, presidente del Instituto; además del propio Ferreira. Del lado del Gobierno nacional estuvieron Sturzenegger, el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.
Durante la exposición, Ferreira describió una situación económica crítica para el primer eslabón de la cadena. Explicó que actualmente el productor recibe entre 200 y 270 pesos por kilogramo de hoja verde, mientras que los costos de producción rondan los 450 pesos. A esa brecha se suma otra dificultad: gran parte de las operaciones continúa realizándose mediante cheques diferidos, lo que agrava los problemas financieros de los establecimientos.
Según el informe presentado, la pérdida de ingresos para el sector primario implica que dejan de circular alrededor de 250.000 millones de pesos por año en las economías regionales de Misiones y Corrientes, con efectos directos sobre el comercio, los servicios y el empleo vinculado a la actividad yerbatera.
Uno de los principales argumentos expuestos por la producción fue que la crisis no puede atribuirse a un exceso de oferta. Los registros históricos del INYM muestran que el ingreso de hoja verde pasó de 800 millones de kilos en 2015 a 889 millones en 2025, una variación considerada insuficiente para explicar el desplome de los precios.
También se señaló que el stock de yerba mate canchada se redujo respecto de años anteriores y que, lejos de producirse un desborde productivo, las exportaciones continúan mostrando un saldo positivo. En 2025 se exportaron 58 millones de kilos mientras se importaron 10 millones, situación que, según Ferreira, evidencia además un crecimiento de la presencia de yerba proveniente de países vecinos en el mercado argentino.
El documento técnico intentó refutar otro de los fundamentos utilizados por el Gobierno para justificar la desregulación: que la libre competencia reduciría el precio para los consumidores. Según el trabajo presentado, ocurrió exactamente lo contrario. Mientras el valor pagado al productor cayó abruptamente, los precios en góndola no registraron una reducción equivalente y el consumo interno descendió hasta ubicarse entre los niveles más bajos de los últimos años.
Para los representantes del sector primario, esa diferencia revela una mayor concentración de la renta dentro de la cadena comercial. El informe sostiene que unos 12.500 productores negocian con un número reducido de grandes secaderos e industrias integradas verticalmente, que compran la materia prima, la industrializan, comercializan el producto terminado y poseen capacidad para influir tanto sobre el precio de compra como sobre el valor final al consumidor.
Esa asimetría, sostuvieron, quedó agravada luego de que el DNU 70/2023 eliminara las facultades del INYM para fijar precios de referencia y regular distintos aspectos del funcionamiento del mercado.
La respuesta del Gobierno nacional fue cerrar cualquier posibilidad de revisión. El ministro del Agro de Misiones, Facundo López Sartori, quien siguió de cerca el resultado del encuentro, resumió la posición oficial al afirmar que Sturzenegger defendió “con orgullo” la desregulación y descartó cualquier modificación al esquema vigente, pese a los indicadores presentados por la producción.
La reunión también dejó al descubierto una marcada fractura política e institucional dentro de la propia cadena yerbatera.
Mientras cooperativas, productores, secaderos, trabajadores rurales y el Gobierno de Misiones coincidieron en reclamar la recuperación de las facultades regulatorias del INYM, otros sectores respaldaron expresamente la continuidad del modelo impulsado por la administración de Javier Milei.
Entre quienes defendieron la desregulación estuvieron la representante del Gobierno de Corrientes, Mariel Gabur; el presidente del Instituto, Rodrigo Correa, acompañado por su asesor legal Esteban Aquino; y el diputado nacional por Misiones de La Libertad Avanza, Adrián Núñez, quien sostuvo que las consecuencias económicas que atraviesa el sector deben ser abordadas por el Gobierno provincial y no mediante una revisión del esquema nacional.
Esa postura generó un fuerte malestar entre los representantes de la producción, que interpretaron el gesto como la defensa de un modelo que fortaleció el poder de negociación de los grandes compradores de materia prima.
El resultado del encuentro deja un escenario de alta tensión para una de las principales economías regionales del país. Con la decisión de la Nación de mantener intacta la desregulación, los reclamos de productores, cooperativas y gobiernos provinciales continúan sin respuesta, mientras la discusión sobre el futuro del mercado yerbatero vuelve a trasladarse al plano político e institucional.
Hay contrastes que pueden parecer sutiles, pero dicen demasiado desde dónde se piensa y se hace política y cómo esas diferencias impactan en la vida cotidiana.
El debut del reemplazante de Manuel Adorni, eyectado en medio de un escándalo de corrupción, sirvió para refrescar la memoria del decálogo de la gestión de Javier Milei: Adrián Ravier, terminó por explicitar una de las bases filosóficas del programa económico al remarcar que el ajuste no es una consecuencia indeseada, sino una herramienta deliberada para modificar el comportamiento de la sociedad. Al justificar que las tarifas deben duplicarse hasta reflejar los “precios de mercado”, sostuvo que el usuario deberá “abrigarse más que prender el gas” o resignar consumo porque “no hay almuerzo gratis“. En esa lógica, el Estado deja de concebir a los servicios públicos como un instrumento de equidad o desarrollo y traslada íntegramente el costo a cada individuo, bajo la premisa de que quien recibe el servicio debe pagarlo sin subsidios. Incluso admitió que las tarifas seguirán aumentando por encima de la inflación como parte de una “corrección gradual”. La sinceridad del planteo despeja cualquier duda: el objetivo no es únicamente ordenar las cuentas públicas, sino redefinir el contrato social sobre el que se construyó durante décadas el acceso a servicios esenciales en la Argentina.
El desdén de Ravier sigue la línea argumental del propio Milei. “A vos te daban dos planes sociales, pero uno se lo quedaba un gerente de la pobreza. Entonces, fíjate esto, nosotros sacamos a los intermediarios, eso generó unos problemas muy fuertes al inicio y además duplicamos en términos reales, es decir, por encima de la inflación ese monto. Con lo cual, la persona que lo recibe, digamos, de repente recibió cuatro veces más. De alguna manera es como que nosotros pudimos sacar 14 millones de personas de la pobreza”.
La frase presidencial combina una denuncia atendible -la existencia de intermediaciones opacas en la política social- con una conclusión discutible: que esa corrección administrativa permitió “sacar 14 millones de personas de la pobreza”. Milei presenta el problema como si la pobreza dependiera casi exclusivamente de quién distribuye el plan social y no de salarios, empleo, inflación, tarifas, alquileres, alimentos y caída del consumo. Todos esos indicadores están en negativo durante su gestión.
El contrato social resquebrajado tiene un enorme impacto en el territorio, ese que miran sin sensibilidad en las oficinas de Buenos Aires. Por eso cobran relevancia las acciones que se toman en las provincias para proteger a sus ciudadanos. La suba de tarifas endeudó a miles de familias, que hoy no tienen cómo enfrentar el colapso de sus finanzas. Lejos de desentenderse, el Gobierno de Misiones decidió extender durante todo julio el programa de refinanciación de deudas acordado con Banco Macro, incorporando además nuevos beneficiarios y flexibilizando las condiciones de acceso.
El anuncio fue realizado por el gobernador Hugo Passalacqua, quien confirmó la continuidad de la operatoria especial destinada a trabajadores públicos provinciales y municipales, jubilados, pensionados y retirados provinciales. La principal novedad es que, por primera vez, también podrán acceder al beneficio los jubilados y pensionados de ANSES, que dependen del Estado nacional.
Esa misma lógica se traslada a las obras públicas y el acceso a servicios esenciales, que fueron dejados de lado por el Estado nacional. Las rutas nacionales están siendo reparadas -y mejoradas- con fondos provinciales y aún con escasos recursos, la prioridad es la cercanía con el vecino.
En ese escenario se mueve con soltura Passalacqua, quien hace del mano a mano una cualidad de gestión y su principal activo en momentos en que comienza a definirse el futuro político que lo tiene como protagonista central de cara a 2027.
El movimiento que diseña Passalacqua no desdeña edades y valora la experiencia. Sabe que hará falta mucha paciencia y un trabajo de orfebre para la construcción de un nuevo tiempo que contenga e incluya. Y esa visión está despertando una enorme adhesión, dentro de lo que fue la Renovación y también por fuera, con dirigentes y actores políticos y empresariales que coinciden con sus posiciones.
Passalacqua está marcando su ritmo político. Renunció formalmente al aporte partidario a Encuentro Misionero -el espacio que venía a reemplazar a la caduca Renovación- y lo mismo hicieron funcionarios y dirigentes de primera línea. Pero va más allá en la diferenciación. Ordenó un plan para resolver los litigios pendientes de dos privatizaciones emblema de los 90 -el ex banco Provincia y el Instituto del Seguro- y puso fin al cobro anticipado de Ingresos Brutos en los controles de ingreso a Misiones, el fin de la mal llamada Aduana Paralela. También decidió recuperar el hotel de Turismo del Instituto de Previsión Social, que estaba en manos del grupo Bagú, en una fallida concesión que terminó en desbandada, maniobras fraudulentas y un tendal de deudas. La prioridad, marcó, fue cuidar el activo provincial y la integridad de los trabajadores.
Pero quizás el dato más saliente es que después del escándalo del streaming porteño Blender, que despidió a buena parte de su equipo en medio de trascendidos de vínculos financieros con Misiones, a través de holding empresarial que opera la aplicación Alegramed en el Parque de la Salud de Misiones, en la Gobernación se trabaja en la búsqueda de alternativas para desarmar la concesión y destinar esos recursos al servicio de salud.
El ministro de Desarrollo Social, Fernando Meza, quien iba a ser candidato a intendente de Posadas por Encuentro Misionero, sorprendió el viernes con una definición: “Voy a trabajar para que Hugo Passalacqua sea reelecto gobernador porque es el mejor hombre para transitar este tiempo distinto, mostrando la cercanía y templanza que necesita nuestra sociedad”, afirmó.
”No necesitamos un gobierno que prometa un final feliz; necesitamos un gobierno que se ocupe de cuidar, proteger y respetar a nuestro pueblo. Gobernar es priorizar y hoy necesitamos priorizar con racionalidad el cuidado de los sectores más desprotegidos. La situación social exige un gobierno que escuche, que camine los barrios y que esté cerca de la gente, conociendo de primera mano sus necesidades”, expresó.
La gestión de Passalacqua se distingue por el equilibrio económico con la prioridad puesta en generar soluciones. No es de ahora. Ya supo lidiar con otras crisis económicas nacionales desde su primer mandato. Ahí nacieron los Ahora, con el debut del Ahora Pan, que logró morigerar los aumentos que comenzaban a hacerse insoportables en el ocaso del gobierno de Mauricio Macri. Pequeñas medidas que impactan en la vida cotidiana.
Ahora tiene que lidiar con las consecuencias de la desregulación yerbatera, un deseo de Macri que Milei hizo realidad. Y aunque sabe que la solución a la crisis de la producción no depende de herramientas provinciales, es constante la búsqueda de alivio. Hace unas horas recibió en Casa de Gobierno a representantes de empresas y cooperativas yerbateras de Misiones que fueron distinguidas en el primer Mundial de la Yerba Mate que se realizó en Buenos Aires. Durante el encuentro presentó una línea de créditos por más de $200 millones destinada al crecimiento de estas empresas y cooperativas.
La línea de créditos contará con requisitos flexibles y permitirá financiar inversiones en compra de materia prima, packaging, ampliación de la capacidad productiva, logística de comercialización y otras mejoras orientadas a responder al incremento de la demanda y consolidar la presencia de las marcas misioneras en nuevos mercados. “La yerba mate está en la profundidad de nuestra historia como misioneros, nos sigue apoyando, proyectando y representando como misioneros”, agregó.
Mientras la Provincia se ocupa, Nación desprecia el reclamo de los productores y desdeña los datos que ponen en evidencia el fiasco de la desregulación. En su breve paso por Misiones este sábado, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ratificó que no hay ninguna posibilidad de revisar el dogma libertario. “Nuestra agenda es desregular, o sea, esto lo ha de haber explicado hasta el cansancio Adrián (Núñez), Diego (Hartfield), Maura (Gruber). Sabemos la postura que tenemos sobre el tema. Nosotros creemos que abriendo el comercio, generando más exportaciones, no tiene que intervenir el Estado. A la larga no tiene que intervenir el Estado, va a ser lo más beneficioso, por más que la transición por ahí un poco cueste, va a ser lo más beneficioso”, remarcó Menem, echando por tierra la posibilidad de que la reunión a la que accedió Federico Sturzenegger para el miércoles, sirva para provocar algún cambio.
No alcanza simplemente con “creer”. Los datos marcan lo contrario. Entre enero y mayo reflejan una caída simultánea en la producción, consumo y exportaciones. El resultado es una contracción general del mercado que confirma las advertencias que vienen realizando productores, cooperativas e industrias sobre el deterioro de la cadena. La combinación de menores ventas internas y exportaciones en retroceso impactó directamente sobre el volumen total comercializado por la cadena. Entre enero y mayo de 2026, las salidas de molino destinadas al mercado interno y al exterior sumaron 131,90 millones de kilos. En igual período de 2025 habían alcanzado 135,79 millones de kilos.La diferencia es de 3,89 millones de kilos, equivalente a una caída cercana al 2,9% interanual.
Menem exteriorizó la plataforma electoral de la Libertad Avanza para Misiones. Formó parte de la comitiva de Karina Milei, quien en Posadas confirmó que trabajará por la reelección de su hermano, campaña que se lanza apenas unas horas después de que despidieran con honores a Manuel Adorni, en medio de un escándalo de corrupción que todavía no tiene escrito su final.
La desregulación yerbatera es uno de los pilares del plan para Misiones. Los otros serán diseñados por el equipo de directores académicos de la “Escuela” presentada por Karina. Ese equipo está integrado por Gerardo Alonso Schwarz, quien ya había trabajado en la plataforma de Patricia Bullrich, Eduardo Cazenave, Daniel Ricardo García -abogado y especialista en derecho tributario- y el abogado peronista Martín Ayala. Valeria Soczyuk (¿candidata a vice?) será la “coordinadora” de la Escuela.
Los nombres de dirigentes de otros partidos no deben sorprender. El gabinete de Milei es hoy una colección de funcionarios con larga tradición. De la promesa de ponerle fin a la casta a nutrirse de ella. El nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, tiene origen peronista y viene del PRO, lo mismo que Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno. Federico Sturzenegger es el de mayor “trayectoria”, con pasado en la alianza radical y Cambiemos, curriculum que compartía con la ahora senadora Patricia Bullrich, quien se inició como montonera, pasó por la alianza y Cambiemos, antes de ser ministra de Milei y ahora posible rival interna. Su sucesora en Seguridad Alejandra Monteoliva también es del PRO, lo mismo que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Casi el segundo tiempo que prometía Macri.
Pero como en aquel primer tiempo, el deterioro social y económico comienza a ser un factor político clave.
Si el Gobierno apuesta a que la desaceleración de la inflación alcance para sostener el respaldo político, las encuestas comienzan a mostrar que esa ecuación perdió eficacia. La inflación sigue siendo la principal preocupación de los argentinos, pero ya no monopoliza el humor social. Una encuesta nacional de Management & Fit revela que la desaprobación de la gestión de Milei alcanzó el 58,2%, el nivel más alto desde el inicio de su mandato, mientras que la aprobación cayó al 37,3%. Más significativo aún es el cambio de prioridades: la corrupción escaló hasta convertirse en el segundo problema que más preocupa a la sociedad, apenas por detrás de la inflación, y siete de cada diez consultados sostienen que el escándalo Adorni afecta su confianza en el Gobierno.
El dato resulta especialmente revelador porque coincide con una economía que, aunque exhibe una inflación en descenso, todavía no logra traducir esa mejora macroeconómica en una recuperación palpable del bienestar cotidiano. Más del 84% de los encuestados admite haber modificado sus hábitos de consumo durante el último año; la mayoría postergó compras, redujo el consumo de carne o reemplazó productos por opciones más económicas. La dificultad para llegar a fin de mes y los bajos ingresos continúan encabezando las preocupaciones personales, mientras cuatro de cada diez argentinos califican negativamente su situación económica. La estabilidad de los precios, por sí sola, dejó de ser suficiente cuando el bolsillo sigue sin percibir alivio.
Sin embargo, el panorama político conserva una paradoja que explica buena parte de la fortaleza del oficialismo. Pese al desgaste de la gestión y al aumento del malestar social, la oposición todavía no consigue consolidar una alternativa competitiva. Un 41,4% de los consultados votaría por alguna forma de continuidad del actual Gobierno -aunque la mayoría reclama cambios en la política económica-, mientras dos tercios aseguran que volverían a votar igual que en 2023. Es un respaldo menos entusiasta y más condicionado que hace un año, pero suficiente para demostrar que el principal desafío de Milei ya no es únicamente sostener la baja de la inflación: es reconstruir la confianza antes de que el desgaste económico y los cuestionamientos éticos terminen erosionando el activo político que aún conserva.
Ese es el escenario de cara a 2027. Sin liderazgos claros en la oposición y con un Gobierno nacional que se desentiende de la suerte de las provincias.
En ese camino, una encuesta de MRVT Consultora, revela que Passalacqua consolida un contundente 62% de imagen positiva. El informe explica cómo las medidas microeconómicas clave de fin de junio (eliminación del cobro anticipado de Ingresos Brutos en Ruta, programas Ahora y exenciones a billeteras virtuales) blindaron su gestión frente a la crisis nacional.
En marcado contraste, la imagen negativa de Milei trepó al 64% y su positividad cayó al 32% (un diferencial neto de -32 puntos), arrastrada por el impacto de las tarifas y el ajuste.
Otro dato es el “Fin de la Neutralidad”: el segmento de indecisos cayó a su mínimo histórico (4%), volcándose directo hacia la desaprobación de la gestión nacional.
El presidente Javier Milei reunió este miércoles en Casa Rosada a los bloques de diputados y senadores de La Libertad Avanza para definir la hoja de ruta legislativa del segundo semestre y anunció uno de los proyectos económicos más ambiciosos de su gestión: una reforma integral de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el objetivo de impedir que la autoridad monetaria vuelva a financiar al Tesoro mediante emisión de dinero.
La iniciativa, que el mandatario elabora junto a equipos del Ministerio de Economía y del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, apunta a consolidar institucionalmente uno de los pilares del programa económico libertario: eliminar la asistencia monetaria al déficit fiscal y restringir las funciones del Banco Central a la preservación del valor de la moneda.
La propuesta retoma conceptos que Milei expuso recientemente en la Fundación Faro, donde cuestionó el rol que adquirió el BCRA tras la reforma impulsada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Según la visión del Presidente, aquella modificación transformó a la entidad en un instrumento de política económica al ampliar sus objetivos y flexibilizar los mecanismos para asistir financieramente al Estado.
El cambio más relevante de aquella reforma fue la modificación del artículo 3 de la Carta Orgánica. Hasta entonces, la misión primaria del Banco Central era “preservar el valor de la moneda”. Desde 2012, ese mandato fue reemplazado por un esquema de objetivos múltiples que incorporó la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social, ampliando el margen de intervención de la autoridad monetaria.
Para el oficialismo, esa redefinición institucional terminó habilitando un uso recurrente de la emisión monetaria como mecanismo de financiamiento del gasto público. En particular, cuestiona la flexibilización de los Adelantos Transitorios previstos en el artículo 20, herramienta mediante la cual el Banco Central pudo transferir recursos al Tesoro cuando éste enfrentaba restricciones de financiamiento.
Desde la óptica del Gobierno, esa dinámica fue uno de los factores estructurales que alimentaron décadas de inflación crónica, pérdida del poder adquisitivo y deterioro de la moneda nacional. “Por cualquier motivo podía emitirse dinero”, sostuvo Milei en su exposición, donde además insistió en que el Banco Central debe recuperar exclusivamente la función de defender el valor del peso.
La reforma buscará, en consecuencia, restringir severamente la capacidad del BCRA para financiar al sector público y reforzar su misión como autoridad monetaria independiente. Aunque el Gobierno aún no difundió el texto definitivo del proyecto, en la Casa Rosada admiten que la intención es revertir buena parte de las modificaciones introducidas hace catorce años y otorgar un marco legal permanente al esquema de disciplina monetaria que actualmente aplica el Ministerio de Economía.
Una agenda legislativa que combina reformas económicas y políticas
El encuentro fue convocado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien además presentó las prioridades parlamentarias para los próximos meses y agradeció a los legisladores oficialistas por el respaldo a las iniciativas impulsadas desde el Ejecutivo.
Además de la reforma del Banco Central, el Gobierno buscará avanzar con una amplia reforma política, modificaciones al régimen de Zona Fría y cambios al proyecto de Inocencia Fiscal elaborado por el Ministerio de Economía.
En materia electoral, el oficialismo pretende eliminar las PASO obligatorias, incorporar definitivamente el criterio de Ficha Limpia, flexibilizar el financiamiento privado de campañas, modificar aspectos de la boleta única y eliminar la obligatoriedad del debate presidencial.
Respecto del régimen de Zona Fría, la intención oficial es focalizar los subsidios al gas natural únicamente en los hogares vulnerables de las provincias incorporadas en 2021, mientras que la Patagonia, la Puna y Malargüe conservarían el beneficio pleno.
En paralelo, Economía impulsa modificaciones al régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias para ampliar el universo de contribuyentes alcanzados y facilitar la formalización patrimonial.
Consolidar el programa económico por vía legislativa
La decisión de avanzar sobre la Carta Orgánica del Banco Central refleja la intención del Gobierno de transformar en legislación permanente los principales ejes de su programa económico. Si durante el primer año y medio de gestión el ajuste fiscal, la eliminación del financiamiento monetario y la desaceleración inflacionaria se apoyaron principalmente en decisiones administrativas y de política económica, ahora la estrategia apunta a blindar esos cambios mediante reformas legales que dificulten una eventual reversión por futuras administraciones.
En ese marco, la modificación del funcionamiento del BCRA aparece como una de las reformas institucionales más profundas que buscará impulsar el oficialismo en el Congreso, junto con los cambios políticos y tributarios que integran la agenda legislativa para el segundo semestre. La apuesta de Milei es convertir el equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria en principios permanentes del sistema económico argentino, limitando por ley la utilización de la emisión como herramienta de financiamiento del Estado.
