La Libertad Avanza

El Senado activó pliegos judiciales y avanzó con la candidatura de Ruth Ponce de León para el Tribunal Federal de Posadas

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El Senado avanzó este martes con el tratamiento de cerca de 80 pliegos judiciales impulsados por el Gobierno nacional, en una negociación política que involucró al oficialismo y a sectores dialoguistas del PRO, la UCR y bloques provinciales. Entre las postulaciones incluidas aparece la de la misionera Ruth María Ponce de León, propuesta para ocupar el cargo de jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas.

La movida representa uno de los acuerdos institucionales más amplios que logró hasta ahora La Libertad Avanza en la Cámara alta en materia judicial. El oficialismo obtuvo dictámenes favorables en la Comisión de Acuerdos luego de incorporar decenas de cargos reclamados por provincias y fueros federales del interior del país.

El pliego de Ponce de León quedó así habilitado para avanzar hacia la etapa de acuerdos legislativos, dentro de un paquete que incluye jueces, fiscales, defensores oficiales y camaristas para distintas jurisdicciones federales.

La negociación política se aceleró luego de que el Gobierno enviara alrededor de cincuenta nuevos pliegos vinculados a juzgados federales del interior. Esa decisión permitió que bloques opositores dialoguistas acompañaran los despachos que estaban pendientes desde audiencias anteriores.

En la práctica, el oficialismo logró consolidar una mayoría circunstancial para avanzar con designaciones estratégicas en la estructura judicial federal, un terreno históricamente sensible por su impacto institucional y político.

Dentro de ese esquema también se destacó la audiencia pública de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, postulado para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Su exposición concentró parte de la atención política de la jornada y funcionó como señal de acercamiento entre sectores del oficialismo y el entramado judicial federal.

Qué implica el avance del pliego para Misiones

La postulación de Ruth María Ponce de León se vincula directamente con el Tribunal Oral Federal de Posadas, órgano clave en causas federales vinculadas a narcotráfico, delitos económicos y criminalidad compleja en la región.

Aunque el texto base no detalla vacantes específicas ni tiempos de cobertura, el avance del pliego aparece en un contexto donde el Gobierno busca acelerar nombramientos en tribunales federales estratégicos del interior.

Para Misiones y el NEA, el movimiento tiene peso institucional porque los tribunales federales cumplen un rol central en una región atravesada por dinámicas fronterizas, comercio internacional y delitos transnacionales.

La inclusión de cargos para Chaco, Corrientes, Formosa, Salta y Misiones también refleja una lógica de distribución territorial en la negociación parlamentaria, un reclamo que sectores dialoguistas venían sosteniendo frente a la concentración de designaciones en Buenos Aires.

La Justicia federal volvió al centro de la negociación política

El tratamiento conjunto de más de 80 pliegos exhibe un dato político relevante: aun con minoría parlamentaria, el oficialismo consiguió articular acuerdos para intervenir en la conformación del mapa judicial federal.

La estrategia incluyó habilitar nombramientos en distintas provincias y fueros, una señal orientada a contener demandas de gobernadores, senadores provinciales y sectores judiciales que reclamaban cobertura de vacantes.

En paralelo, el debate volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre los mecanismos de selección de magistrados y el nivel de discrecionalidad en los concursos judiciales. Durante la audiencia, Emilio Rosatti sostuvo que existen distintos proyectos para modificar el sistema y “bajar la discrecionalidad” en las designaciones.

Aunque los dictámenes ya fueron habilitados en comisión, el proceso aún depende de futuras sesiones del Senado para convertir las postulaciones en designaciones efectivas.

La próxima etapa será observar si el oficialismo logra sostener la misma mayoría circunstancial en el recinto y cómo impacta esa negociación en otras discusiones legislativas abiertas entre el Gobierno y la oposición dialoguista.

En el caso de Misiones, la evolución del pliego de Ruth María Ponce de León quedará ligada a esa dinámica política nacional, en un escenario donde la Justicia federal continúa siendo uno de los espacios de mayor sensibilidad institucional y de disputa de poder.

El listado completo de los nuevos pliegos judiciales:

Ana María Busleiman para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca.

Sebastián Pedro Ruiz para juez del Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, Chubut.

Fernando Gabriel Alcaraz para fiscal federal de la Unidad Fiscal Mendoza.

Maximiliano Alberto Leandro Callizo para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58 de la Capital Federal.

Sergio Alejandro Echegaray para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44 de la Capital Federal.

Juan Manuel Cabral para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala K.

Albertina Anatonia Caron para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19 de la Capital Federal.

Pedro Manuel Crespo para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 28 de la Capital Federal.

Sebastián Rodrigo Ghersi para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 45 de la Capital Federal.

Patricio Nicolás Sabadini para fiscal federal de la Unidad Fiscal de Resistencia, Chaco.

Santiago José Martín para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Buenos Aires.

Santiago French para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.

Amanda Espino para defensora pública oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 7.

Evangelina María Lasala para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal.

José María Abram Luján para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 110 de la Capital Federal.

Pilar Fernández Escarguel para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 109 de la Capital Federal.

Hugo Daniel Froy para fiscal federal de la sede fiscal descentralizada de Paso de los Libres, Corrientes.

Juan Tomás Rodríguez Ponte para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, Buenos Aires.

Santiago Villagrán para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°19 de la Capital Federal.

Paula Vanesa Romeo para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal.

Julio César di Giorgio para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10 de la Capital Federal.

Juan Carlos Riccardini para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y N° 9 de la Capital Federal.

Ángel Roger Luna Roldán para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.

María Virginia Ise para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco.

Juan Marcelo Burella Acevedo para fiscal federal de la Unidad Fiscal de Corrientes.

Ruth María Ponce de León para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, Misiones.

Pablo Roberto Toledo para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.

Claudio Fabián Loguarro para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala III.

Diego Fernando Manauta para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala V.

Diego Javier Tula para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala II.

Marina Edith Pisacco para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VI.

María Claudia Jueguen para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala X.

Víctor Arturo Pesino para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VIII.

Leopoldo Jorge Rago Gallo para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de San Juan.

Matilde Evangelina Ballerini para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala B.

Pedro Mariano Rebollo para fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, Entre Ríos.

Natalia Cecilia Crede para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 3.

María Ángeles Ramos para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 4.

Santiago Roldán para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 2.

Gustavo Alejandro Roque Cultraro para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 10 de la Capital Federal.

Bernardo María Rodríguez Palma para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, Buenos Aires.

Fernando Carlos Damián Pascual para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 41 de la Capital Federal.

Mariana Salduna para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25 de la Capital Federal.

Vanesa Silvana Alfaro para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16 de la Capital Federal.

Bárbara Rastellino para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 27 de la Capital Federal.

Javier Rodrigo Pereyra para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal.

Agustín Raúl Rubiero para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala D.

Alicia Isabel Braghini para vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala III.

Florencia Inés Córdoba para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 66 de la Capital Federal.

Lucila Califano para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 9 de la Capital Federal.

Hernán Enrique Figueroa para defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Defensoría N° 2.

Germán Luis Artola para defensor público oficial adjunto ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 11.

Nuria Saba Sardañons para defensora pública oficial adjunta ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 15.

José Nicolás Celestino Chumbita para defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja.

Sofía Beatriz del Milagro Martín para defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Santiago del Estero.

Maximiliano Eduardo Nicolás para defensor público de menores e incapaces ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 4.

María Laura Irastorza para defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Río Negro.

María Esther Pinos para defensora pública oficial federal del interior del país con asiento en la ciudad de Formosa.

Ana Clarisa Galán Muñoz para defensora pública oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal, Defensoría N° 3.

Maximiliano Abel Chávez, Andrea Cristina Di Gregorio, Agustín García Fauré, Gabriel Andrés Marnich, José Eduardo Di Lena y Fernando Gabriel Saraboso, conjueces de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

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Casanello levantó el secreto fiscal y bancario del hermano de Adorni por presunto enriquecimiento ilícito

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El juez federal Sebastián Casanello ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial Manuel Adorni y actual diputado bonaerense de La Libertad Avanza, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito que impulsa el fiscal Guillermo Marijuan.

La resolución judicial incluye una batería de medidas para reconstruir la evolución patrimonial del legislador provincial, entre ellas la verificación de un crédito hipotecario por 60 millones de pesos, la compra del 50% de un vehículo y un incremento patrimonial estimado en 84% en apenas un año. También se solicitaron sus declaraciones juradas a la Oficina Anticorrupción.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien advirtió presuntas inconsistencias en el patrimonio declarado por Francisco Adorni desde su desembarco en la función pública, primero como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF).

En las últimas elecciones, Francisco Adorni obtuvo una banca en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y se incorporó al bloque de La Libertad Avanza.

El expediente tramita en el Juzgado Federal N°6, originalmente a cargo de Daniel Rafecas, aunque esta semana fue subrogado por Casanello, quien avanzó con las primeras medidas patrimoniales.

Por su parte, Manuel Adorni también enfrenta otra investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, aunque el fiscal aclaró que esa causa no forma parte de este expediente, ya que se encuentra bajo la órbita del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita.

En un dictamen de 19 páginas, Marijuan precisó que la pesquisa se concentrará exclusivamente sobre Francisco Adorni. Como primer paso, convocó a Pagano para ratificar formalmente la denuncia y dispuso el cruce de información en organismos nacionales, provinciales y municipales.

Entre los pedidos más sensibles figura el requerimiento a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que deberá informar declaraciones juradas, pagos, bienes registrables, regímenes de facturación y eventuales sanciones aduaneras desde 2020 hasta la actualidad. También deberá precisar si el dirigente adhirió a algún régimen de sinceramiento fiscal.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Inmueble y el Registro bonaerense deberán informar sobre propiedades, impuestos activos, operaciones realizadas y titularidad de bienes.

El Banco Central también recibió un pedido de información reservado para que releve cuentas bancarias, depósitos, transferencias, movimientos en efectivo, tarjetas, cajas de seguridad, plazos fijos, compra de divisas y tenencias financieras a nombre del legislador.

En paralelo, el Banco Provincia deberá ampliar la información sobre el crédito hipotecario detectado en la denuncia, detallando cronograma de pagos, refinanciaciones, saldos y toda la documentación respaldatoria.

La Justicia también pidió informes a Migraciones sobre salidas del país, a la Inspección General de Justicia sobre participación en sociedades comerciales y a la Unidad de Información Financiera (UIF), que deberá elaborar un informe patrimonial, financiero y societario integral.

Además, Marijuan solicitó al fiscal Pollicita una certificación sobre la causa que involucra a Manuel Adorni para determinar si Francisco Adorni aparece mencionado en ese expediente y bajo qué carácter.

La investigación recién comienza, pero la decisión de levantar el secreto fiscal y bancario marca un avance de peso en una causa que puede tener alto impacto político dentro del oficialismo libertario.

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Milei enfrenta su peor umbral político: 71,2% cree que hace falta un cambio de gobierno

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El gobierno de Javier Milei ingresó en mayo de 2026 en una zona de desgaste político estructural. No se trata ya de una oscilación coyuntural de la opinión pública ni de un mal mes aislado, sino de una consolidación de tendencia: la desaprobación nacional alcanza el 64,5%, mientras que apenas el 34,3% aprueba la gestión libertaria. En paralelo, siete de cada diez argentinos consideran que hace falta un cambio de gobierno, un dato que en cualquier otro contexto sería leído como una señal de crisis terminal. Sin embargo, la singularidad del escenario argentino reside en que ese rechazo no se traduce todavía en una alternativa consolidada.

Así lo muestra el último informe “Domingo de Datos” de la consultora Zuban & Córdoba, elaborado entre el 25 de abril y el 1 de mayo sobre una muestra nacional de 2.000 casos, con un margen de error de +/- 2,19% y un nivel de confianza del 95% .

La encuesta revela una administración que perdió iniciativa política, pero también una oposición que aún no logra apropiarse del descontento social.

El principal dato del relevamiento es que la desaprobación presidencial se sostiene en un piso alto y persistente. Milei registra 64,5% de rechazo contra 34,3% de aprobación, prácticamente sin señales de recuperación respecto de meses anteriores. La serie comparada muestra que desde octubre de 2025 el oficialismo fue perdiendo respaldo de manera sostenida: pasó de 37,1% de aprobación a apenas 34,3%, mientras la desaprobación saltó de 62,8% a 64,5%.

A mitad de mandato, esos números colocan a la administración libertaria en una zona históricamente delicada para cualquier oficialismo argentino. 

La fractura de género

Uno de los datos más contundentes del informe aparece en la segmentación por género. Entre los hombres, Milei conserva una aprobación de 38,5%, con una desaprobación de 59,4%. Pero entre las mujeres el rechazo escala a 69,5%, mientras la aprobación cae a apenas 30,1%.

Casi siete de cada diez mujeres desaprueban la gestión y ocho de cada diez creen que hace falta un cambio de gobierno. Ese segmento aparece como el principal límite electoral del oficialismo hacia 2027. Sin recuperar terreno allí, La Libertad Avanza difícilmente pueda ampliar su techo político.

No se trata de un fenómeno nuevo, pero sí de uno cada vez más consolidado: el voto femenino se convirtió en el principal termómetro del desgaste presidencial.

La erosión no alcanza sólo a Milei, sino al conjunto del armado libertario. En el ranking de imagen de dirigentes nacionales, Patricia Bullrich aparece paradójicamente como la mejor posicionada dentro del universo oficialista, con 37,3% de imagen positiva y 55,5% negativa. El propio Javier Milei tiene 34,8% positiva y 60,6% negativa.

Más abajo aparecen Karina Milei, con 20,3% positiva y 66,3% negativa, y Manuel Adorni, quien exhibe uno de los peores registros del tablero: apenas 16,5% de imagen positiva frente a 72,1% negativa.

El dato de Adorni es particularmente relevante porque simboliza algo más profundo: el desgaste ya no es exclusivamente presidencial, sino también comunicacional. El vocero, que fue una de las piezas centrales del relato libertario, pasó de ser activo político a pasivo electoral.

La pregunta más política del estudio es directa: “¿Hace falta un cambio de gobierno en Argentina?

La respuesta es contundente: 71,2% dice que sí, apenas 21% está en desacuerdo y 7,8% no sabe.

Pero que exista una mayoría favorable a un cambio no significa que exista claridad sobre quién debería protagonizarlo.

La demanda de reemplazo es mucho más fuerte que la oferta de representación.

Entre mujeres, ese acuerdo sube a 76,9%; entre hombres, a 65,1%. La brecha vuelve a confirmar que el rechazo femenino es el principal problema político del oficialismo.

Incluso entre quienes votaron a Milei en el ballotage aparece una señal de alerta.

Ante la frase “Voté a Milei y me defraudó”, el 40,1% de sus propios votantes dice estar de acuerdo, mientras 49,7% está en desacuerdo .

Cuando cuatro de cada diez votantes propios reconocen decepción, el problema deja de ser opositor y pasa a ser identitario.

El peronismo lidera, pero sin hegemonía

En el escenario electoral presidencial 2027, el PJ/Fuerza Patria aparece primero con 28,4%, seguido por La Libertad Avanza con 22,1%. El PRO obtiene 5,4%, la izquierda 5,1%, la UCR 4,1%, el espacio de Victoria Villarruel 3,5% y las alianzas provinciales 3%. Sin embargo, el dato más alto después del peronismo es otro: 27,2% no sabe aún a quién votaría. Ese “no sabe” es hoy el verdadero territorio en disputa.

En un segundo escenario, con una alianza UCR-PRO-partidos provinciales consolidada, el PJ sube a 31,7%, La Libertad Avanza llega a 23,9%, esa coalición opositora marca 9,5% y el no sabe se mantiene altísimo en 30,5% .

En potencialidad de voto, Axel Kicillof aparece con el mejor desempeño: 44,1% dice que lo votaría, contra 43,8% que nunca lo haría. Sergio Massa registra 34,6% de intención favorable y Patricia Bullrich 32,4%.

Javier Milei, en cambio, exhibe un dato preocupante: sólo 31,4% dice que lo votaría nuevamente, mientras 57,2% asegura que no lo votaría .

La fotografía de mayo no muestra todavía un reemplazo político definido, pero sí una certeza social: una mayoría creciente ya no quiere continuidad.

La administración Milei enfrenta una doble dificultad: perdió aprobación y todavía no encuentra un nuevo relato que compense el deterioro económico, la caída del salario, el desgaste institucional y la frustración de parte de su propio electorado.

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El oficialismo avanzó con la firma del dictamen de la ley Hojarasca en Diputados

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Con polémica por la falta de debate, el oficialismo logró hoy de manera exprés la firma del dictamen de mayoría del proyecto de ley “Hojarasca”, una iniciativa concebida por el ministro de Modernización y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que apunta a barrer con decenas de normas y regulaciones burocráticas que considera vetustas y obsoletas.

Detrás del pintoresco nombre del proyecto con que el proyecto fue bautizado existe el interés concreto de limpiar el digesto legislativo argentino de todas sus impurezas o excesos normativos.

Durante meses, la cartera liderada por Sturzenegger se dedicó a peinar exhaustivamente todo el digesto normativo vigente en nuestro país desde 1864 a la fecha, y presentó una iniciativa en 2024, que por no haberse tratado perdió estado parlamentario: en este segundo intento va por la revancha.

Con el dictamen de mayoría ya validado, la intención del oficialismo es tratarla durante una sesión a principios de mayo, luego de la esperada presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para el informe de gestión del 29 de abril. 

En el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, explicó que las normas que se buscan derogar se clasifican en seis grupos.

Se encuentran aquellas que se pretenden suprimir por haberse cumplido su objeto, aquellas que limitan la libertad individual y restringen el derecho de propiedad, aquellas que suponen trámites inútiles, otras regulaciones que quedaron obsoletas por nuevas tecnologías, o por haber cambiado las circunstancias geográficas, sociales, económicas o por la sanción de leyes posteriores, normas que definen obligaciones para instituciones que ya no existen, y aquellas que crean organismos con financiamiento público.

A su turno, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, explicó que el objetivo de la iniciativa para barrer “legislación obsoleta” es “el ordenamiento normativo”. 

“Así como es conocido que hemos tenido en la historia de nuestro país un problema de inflación monetaria también en el ámbito legislativo tenemos un severo problema de inflación normativa”, indicó.

Y agregó que sumando leyes, decretos y resoluciones ministeriales “se contabilizan más de un millón de normas”. 

Desde luego uno de los objetivos de la desregulación es ordenar eso porque tiene un gran costo. El primer costo es para el ciudadano”, señaló.

También enfatizó que existe un “costo fuerte” para la administración pública porque “hay un problema de aplicación” de leyes que perdieron sentido práctico y que ya no son ejecutables.

Además apuntó que “hay organismos y estructuras que se crearon a partir de esas leyes que ya no cumplen ninguna función”.

A su entender, “este ordenamiento normativo es tan necesario para la certeza de los argentinos en qué normas les rige y para la certezas de los órganos de la administración para saber qué normas aplicar”.

Cacace aclaró que el de La Libertad Avanza no es el primer gobierno que se dedica a depurar el digesto jurídico, ya que es una tarea que encaró la gestión de Carlos Menem, que continuó Fernando de la Rúa y que retomaron años después los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Disconforme con la celeridad con la que el oficialismo cerró el debate, el diputado nacional de Unión por la Patria Diego Giuliano, planteó además que es “extraño que en este momento del país estemos discutiendo la hojarasca”.

Si bien reconoció que dentro del paquete de normas que el Poder Ejecutivo pretende derogar decenas de normas que quedaron obsoletas, como la ley de azotes, o el pago del impuesto a los sellos por la conscripción, advirtió que hay otras derogaciones que tocan temas “sensibles” y requieren de un abordaje más profundo, consultando a los sectores involucrados.

Lo presentan como una tarea de limpieza normativa, de una depuración de normas obsoletas, pero estamos frente a una intervención de mayor alcance del Poder ejecutivo que incide sobre el modelo del Estado y las prácticas y orientación del Estado”, subrayó el legislador massista.

“Por otro lado, han dejado pasar leyes que sí deberían haber sido analizadas para su derogación. Dejaron vigente la ley de telégrafos de la presidencia de Avellaneda, en tiempos de la Inteligencia Artificial”, criticó, y lamentó que desde el Gobierno hayan hecho “un dispendio de la administración”.

Según denunció Giuliano, “quieren tocar temas sensibles que tienen que ver con la educación, la salud y la cultura”, y además “han incorporado otras normas que merecen ser analizados con mayor seriedad, como la cuestión cartográfica”.

También reprochó que se busque derogar la ley de producción pública de medicamentos, que reduce costos del sistema sanitario y garantiza el acceso a los medicamentos”, y también se pretenda eliminar la norma sobre control sanitario de la lepra, cuando existen “300 a 400 casos” de esa enfermedad en la última década.

Otros temas que despertaron la advertencia del legislador de Unión por la Patria son la derogación de la ley de apicultura y del Consejo Federal de Juventud.

Sin dudas, uno de los puntos que más controversia durante el debate fue la intención del Gobierno de derogar la ley 11.380 que autoriza al Banco Nación a otorgar prestamos especiales a cooperativas y establece beneficios tributarios a ese tipo de entidades.

Al tomar la palabra, la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman consideró que “solamente con un termo en la cabeza se puede levantar la mano para aprobar una ley de este tipo”. 

“Ante todo es una muestra de autoritarismo total hacer estas modificaciones sin consultas mediante”, siguió, y agregó que “esta ley lejos está de tener una implicancia menor” ya que “ataca la salud, las cooperativas y la cultura”, entre otros sectores.__IP__

La diputada de La Libertad Avanza Patricia Vásquez confirmó que “la decisión es ésta” y lamentó que no se puedan “poner de acuerdo porque el más mínimo sentido común nos tendría que ayudar a no tener leyes en desuso”.

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Dante Gebel aterriza en Argentina y activa su armado político rumbo a 2027

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Dante Gebel llegó a la Argentina y puso en marcha una agenda política que apunta directamente a 2027. El pastor, empresario e influencer encabezará en los próximos días reuniones con su mesa chica para avanzar en la consolidación de su eventual candidatura presidencial, en el marco de su espacio “Consolidación Argentina”.

El movimiento ocurre en un momento de fragmentación política y reconfiguración de liderazgos. No es un dato aislado: su irrupción introduce una nueva variable en el escenario electoral y abre una pregunta que empieza a inquietar tanto al oficialismo como a sectores del peronismo. ¿Puede capturar una porción del electorado que hoy sostiene o disputa el Gobierno?

Un armado híbrido entre política, sindicalismo y territorio

El primer paso de Gebel en el país será una reunión en el conurbano bonaerense con su círculo de confianza, donde convergen dirigentes sindicales, exreferentes de La Libertad Avanza y actores del mundo empresario y religioso. Ese núcleo no es casual: expresa la lógica de construcción que impulsa el espacio, apoyado en una red que cruza estructuras tradicionales con nuevos canales de influencia social.

El armado ya había tenido un anticipo en reuniones previas en el exterior, donde se delineó un diagnóstico crítico sobre la situación social y económica. Ese diagnóstico funciona como punto de partida político: caída del consumo, deterioro del empleo y tensiones en el entramado productivo.

En paralelo, el espacio busca capitalizar dos fenómenos: la dispersión del peronismo, sin liderazgo unificado, y el desencanto de sectores que acompañaron a Javier Milei. A eso suma un activo propio: la base social vinculada al crecimiento del culto evangélico, con fuerte presencia en zonas urbanas y sectores de mayor vulnerabilidad.

Un nuevo actor en la disputa por el voto blando

El avance de Gebel empieza a generar efectos concretos en la correlación de fuerzas. En La Libertad Avanza, la posibilidad de una candidatura competitiva activa alertas por la eventual fragmentación del voto que respaldó al oficialismo en 2023. Ese electorado, heterogéneo y menos ideologizado, aparece como el principal objetivo del nuevo espacio.

Pero el impacto no se limita al oficialismo. También en el peronismo se registran movimientos defensivos, en un contexto donde distintos actores buscan recomponer vínculos con sectores religiosos y territoriales. La disputa ya no es solo partidaria: se traslada a redes sociales, estructuras intermedias y espacios de contención comunitaria.

Además, el interés de sectores empresarios y dirigentes provinciales sugiere que la construcción de Gebel intenta proyectarse más allá de un fenómeno testimonial. La articulación con gobernadores, intendentes y actores del “círculo rojo” apunta a darle volumen político y viabilidad electoral.

Un proyecto en formación y un calendario que presiona

El cronograma también forma parte de la estrategia. Durante su estadía en el país, Gebel mantendrá reuniones con referentes políticos, empresarios y líderes religiosos, mientras prepara un acto masivo previsto para diciembre en el estadio de River Plate. Ese evento podría convertirse en el primer gesto explícito hacia una candidatura presidencial.

Por ahora, el armado se mueve en una zona intermedia: combina señales políticas con una narrativa de outsider que evita definiciones formales. Esa ambigüedad le permite crecer sin quedar atrapado en las lógicas tradicionales, pero también deja abierta la incógnita sobre su consolidación real.

El tablero empieza a moverse. La irrupción de un actor con base social propia, vínculos sindicales y proyección política redefine las variables de cara a 2027. Lo que aún está en discusión es si se trata de una construcción con capacidad de disputar poder o de un fenómeno que depende de la evolución de las tensiones actuales.

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