La Libertad Avanza

La oposición impuso cronograma en Diputados para avanzar con el debate de endeudamiento y morosidad

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La Cámara de Diputados dio este miércoles un paso político para instalar en la agenda parlamentaria dos asuntos de fuerte impacto social: el creciente endeudamiento de las familias argentinas y la prórroga de la emergencia en discapacidad.

Aunque finalmente hubo un amplio consenso para establecer las fechas de tratamiento, la convocatoria fue impulsada por bloques opositores que buscaban garantizar que ambas discusiones llegaran efectivamente a las comisiones y tuvieran una fecha concreta para dictamen. El oficialismo bajó al recinto y acompañó los emplazamientos.

Uno de los protagonistas de esa construcción parlamentaria fue el diputado nacional por Misiones Oscar Herrera Ahuad, presidente del bloque Argentina Federal, quien puso el foco en una nueva etapa del Congreso marcada por la defensa de intereses sociales y provinciales.

“Sobre todo está la convicción de esta nueva etapa de defender los intereses comunes de la sociedad. Por eso, con mucha determinación, fuimos impulsores de la sesión para que el Gobierno nacional, que se negaba a hablar de estos temas, pueda ponerlos en agenda”, señaló Herrera Ahuad.

Para el legislador misionero, la sesión permitió además exponer los problemas que persisten en la aplicación de la emergencia en discapacidad.

“Pudimos demostrar que no se cumple la ley de emergencia en discapacidad y que es necesario rediscutirla”, afirmó.

Pero Herrera Ahuad puso especial énfasis en el sobreendeudamiento de los hogares, un fenómeno que dejó de estar asociado únicamente al acceso al consumo para convertirse, según planteó, en un mecanismo utilizado por muchas familias para cubrir gastos básicos.

“El problema del endeudamiento no es solo un problema de privados, sino que son familias enteras en la Argentina que se siguen endeudando para poder comer y pagar los servicios. Por eso entendemos que fue importantísimo que hayamos tomado la iniciativa”, sostuvo.

La dimensión que adquirió el problema queda reflejada en el propio Congreso: existen más de medio centenar de proyectos relacionados con el endeudamiento familiar.

Diputados resolvió que las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor realicen reuniones informativas los martes 15 y 22 de septiembre, mientras que el 29 de septiembre quedó establecido como fecha para emitir dictamen. Los encuentros serán a las 14.

El emplazamiento fue aprobado por 249 votos afirmativos, uno negativo y ninguna abstención. Además, se decidió quitar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda del giro de los proyectos, una modificación celebrada por La Libertad Avanza bajo el argumento de que los dictámenes no podrán implicar nuevos gastos públicos.

Durante el debate, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, dimensionó el fenómeno al señalar que cerca de 20 millones de argentinos estarían atravesando algún tipo de situación de endeudamiento con distintos acreedores.

La explicación que planteó en el recinto coincide con el eje marcado por Herrera Ahuad: una parte del endeudamiento ya no responde a la compra de bienes durables o consumos extraordinarios, sino a la insuficiencia de los ingresos familiares frente a los gastos cotidianos.

Pablo Juliano, de Provincias Unidas, pidió justamente sacar el fenómeno de la caricatura de quien “se endeudó para comprar una TV” y aseguró que todos los proyectos presentados sobre la problemática serán considerados en las comisiones.

Discapacidad: unanimidad y fecha para dictamen

El segundo eje de la sesión fue la prórroga por un año de la emergencia en discapacidad, actualmente prevista hasta fines de 2026.

El emplazamiento fue aprobado por 249 votos afirmativos, sin votos negativos ni abstenciones. Las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda deberán reunirse los miércoles 16 y 23 de septiembre a las 12, con el objetivo de emitir dictamen en la segunda reunión.

Durante el debate se expusieron datos sobre la situación del sistema. El diputado Juan Marino sostuvo que desde enero de 2024 se iniciaron 90.791 trámites para altas de pensiones no contributivas por discapacidad y solamente se resolvieron 10.374, equivalentes al 11,4%.

También planteó la existencia de una deuda cercana a los $70.000 millones con prestadores, además de cuestionamientos por la ejecución de partidas destinadas al sistema. Desde el oficialismo, en cambio, defendieron el trabajo de la Comisión de Discapacidad y aseguraron que existe voluntad de discutir una solución permanente.

Una nueva geometría parlamentaria

La sesión también volvió a exhibir la modificación de los equilibrios dentro de Diputados. El quórum se alcanzó a las 12.07 con 135 legisladores y fue construido por una extensa combinación de bloques: Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal, Frente de Izquierda, Elijo Catamarca, Independencia, Producción y Trabajo, Coalición Cívica, Encuentro Federal, MID, La Neuquinidad, Primero San Luis, Defendamos Córdoba y Coherencia.

En ese mapa, Argentina Federal, conducido por Herrera Ahuad, busca consolidarse como una expresión de las provincias capaz de construir mayorías variables en temas económicos, productivos y sociales.

La discusión por el sobreendeudamiento familiar encaja precisamente en esa agenda. El Congreso todavía está lejos de definir cuál será la respuesta legislativa, pero la sesión dejó establecido algo que hasta hace pocas semanas no estaba garantizado: habrá debate, habrá fechas de comisión y habrá un dictamen sobre un problema que atraviesa a millones de hogares argentinos.

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Córdoba: el peronismo ganó en Marcos Juárez, “el kilómetro cero” del macrismo

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El peronismo consiguió una victoria pequeña en términos territoriales, pero de enorme peso simbólico. Ganó la intendencia de Marcos Juárez, la ciudad del sudeste cordobés considerada el “kilómetro cero” de Cambiemos y donde no lograba imponerse en una elección municipal desde 1973.

El vencedor fue Germán Font, un dirigente de perfil local y cercano al gobernador Martín Llaryora, que compitió con el sello Generación MJ y obtuvo alrededor del 46 por ciento de los votos, con más del 90 por ciento de las mesas escrutadas.

El resultado rompe una continuidad política de más de medio siglo y, sobre todo, modifica el color político de una ciudad cargada de significado para la oposición al peronismo. Fue precisamente en Marcos Juárez donde, en 2014, comenzó a tomar forma la sociedad electoral entre el PRO y la Unión Cívica Radical que posteriormente desembocaría en Cambiemos y llevaría a Mauricio Macri a la Presidencia en 2015.

Doce años después, el escenario fue completamente diferente.

Font consiguió concentrar el voto alrededor de una propuesta local, mientras que el espacio no peronista llegó dividido en distintas expresiones. Pedro Dellarossa, exintendente y uno de los dirigentes identificados con el ciclo político iniciado una década atrás, quedó segundo con alrededor del 20 por ciento. Gerardo Pasquali terminó tercero, con entre 16 y 17 por ciento.

En total hubo siete listas en competencia.

La fragmentación fue una de las claves del resultado. No hubo una coalición nacional capaz de ordenar detrás de una candidatura única a los distintos sectores opositores y La Libertad Avanza tampoco consiguió instalar una alternativa competitiva en la ciudad.

Del nacimiento de Cambiemos al regreso del peronismo

Marcos Juárez ocupa un lugar particular en la historia política reciente de la Argentina.

En septiembre de 2014, la victoria de Dellarossa fue celebrada por dirigentes del PRO y la UCR como el laboratorio de una alianza que todavía no tenía alcance nacional. Aquella noche quedó incluso asociada al cántico “se siente, se siente, Mauricio presidente”, cuando la candidatura presidencial de Macri comenzaba a tomar forma.

La experiencia cordobesa terminó siendo un anticipo. Meses después nació formalmente Cambiemos y en diciembre de 2015 Macri llegó a la Casa Rosada.

Por eso, la derrota del espacio que gobernó Marcos Juárez durante ese ciclo tiene un contenido político que supera las dimensiones de una ciudad de alrededor de 30 mil habitantes.

Sin embargo, el resultado admite matices. No hubo una confrontación directa entre peronismo, macrismo y libertarios bajo sus respectivas marcas nacionales, sino una elección profundamente municipalizada, con sellos locales y una oposición dispersa.

El propio Font compitió bajo la denominación Generación MJ y no con la boleta formal del oficialismo provincial cordobés. Aun así, su cercanía con Llaryora es explícita y el gobernador salió rápidamente a celebrar el triunfo.

Font confirmó además que habló con el mandatario provincial después de conocerse el resultado y que fue convocado a una reunión para comenzar a trabajar sobre la transición.

Una elección con baja participación

Otro dato relevante fue la caída de la participación electoral.

Sobre un padrón cercano a 24.800 electores habilitados, concurrió a las urnas aproximadamente el 62 por ciento. En 2022 había votado cerca del 69 por ciento del padrón.

La menor asistencia acompañó una campaña con un tono mucho más local que nacional, pese a la carga política que históricamente adquirieron las elecciones de Marcos Juárez.

La ciudad eligió a su intendente en comicios desdoblados de las elecciones provinciales y nacionales, de acuerdo con lo establecido por su Carta Orgánica.

Font asumirá el 10 de diciembre y quedará al frente de uno de los principales centros productivos del sudeste cordobés, una ciudad estrechamente vinculada con el agro, la agroindustria y la fabricación de maquinaria agrícola.

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El Senado avanza con una nueva ley de biocombustibles hasta 2036

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El Senado dio un paso clave hacia un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles. Un plenario de comisiones emitió dictamen de mayoría sobre una iniciativa impulsada por Patricia Bullrich, con respaldo de La Libertad Avanza y bloques dialoguistas, que eleva los porcentajes obligatorios de mezcla de bioetanol y biodiésel y extiende hasta 2036 un régimen de transición para las empresas del sector.

El acuerdo establece que el corte de bioetanol pasará del actual 12% al 15% después de un año de vigencia de la nueva norma, mientras que el biodiésel subirá del 7,5% al 10% en el mismo período. El proyecto también incorpora límites a la participación de cada empresa para evitar una concentración excesiva del mercado y busca otorgar un horizonte regulatorio de 15 años.

El avance representa una señal política para las provincias vinculadas a la producción de biocombustibles. El bioetanol tiene como principales materias primas la caña de azúcar y el maíz, con fuerte presencia productiva en Tucumán, Salta y Jujuy, mientras que la industria del biodiésel tiene un núcleo relevante en Santa Fe a partir del procesamiento de aceite de soja.

Un nuevo mapa para el biodiésel

El dictamen mantiene inicialmente un corte obligatorio de biodiésel del 7,5% para todo gasoil o diésel oil comercializado en el país. A partir de los 12 meses de la sanción de la ley, ese porcentaje subiría al 10%.

El esquema establece además dos segmentos de empresas: las integradas, que pueden participar en distintas etapas de la cadena productiva, y las no integradas. Para estas últimas se fija inicialmente un cupo equivalente al 6,5% del mercado total.

Ese porcentaje tendrá una reducción progresiva: será del 5,5% en 2029, del 5% en 2030 y del 3% en 2031. Desde 2032, el 7% podrá ser comercializado entre todas las firmas, de acuerdo con el esquema previsto en el dictamen.

El proyecto incorpora además un límite para evitar que una compañía concentre una porción dominante del mercado. Según lo planteado durante el debate, ninguna empresa podrá acceder a más del 10% del cupo correspondiente al segmento de las no integradas.

La discusión, sin embargo, dejó una tensión sectorial sin resolver. Las pymes elaboradoras de biodiésel rechazan el nuevo esquema porque pretenden conservar el 7,5% de participación que actualmente tienen asignado y cuestionan la reducción progresiva de su espacio dentro del mercado.

Por ese motivo, el senador peronista Fernando Salino anticipó la presentación de un dictamen de minoría, con el argumento de que la propuesta no contempla el reclamo de las pequeñas y medianas empresas del sector.

Bioetanol: 15% y competencia por el cupo

Para el bioetanol, el proyecto plantea mantener durante un año el corte obligatorio del 12% y luego llevarlo al 15%. La composición de ese porcentaje preservará la participación de las dos principales materias primas: 6% de bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar y 6% proveniente del maíz.

El 3% restante quedará destinado a un esquema de competencia, según explicó la senadora salteña Royón durante el debate.

La arquitectura busca evitar que el incremento del corte se traduzca automáticamente en una concentración de los negocios en los actuales grandes proveedores. Por eso, el proyecto incorpora reglas sobre cupos y participación empresarial.

La senadora Beatriz Ávila consideró que el dictamen constituye un avance trascendente porque la legislación vigente había quedado desactualizada. También destacó que el nuevo esquema incorpora previsibilidad durante 15 años, declara la actividad de interés público, contempla beneficios impositivos y permite que las provincias puedan incrementar los cupos.

El límite a la concentración, en el centro del acuerdo

Uno de los puntos políticos y económicos más relevantes del dictamen es la incorporación de límites a la concentración. El texto establece que ninguna empresa podrá concentrar más del 20% del volumen correspondiente, mientras que para el segmento de compañías no integradas del biodiésel se establece un límite específico del 10% del cupo.

La discusión sobre la estructura del mercado no es secundaria. El aumento de los cortes obligatorios amplía de manera automática la demanda de biocombustibles, por lo que la distribución de esos nuevos volúmenes puede determinar quién captura el crecimiento generado por la nueva regulación.

Para las empresas, el horizonte hasta 2036 busca reducir la incertidumbre regulatoria y permitir decisiones de inversión de mayor plazo. Para las pymes, en cambio, el punto crítico será la forma en que se distribuyan los cupos durante la transición.

La propuesta, por lo tanto, intenta resolver dos objetivos simultáneos: aumentar el uso de biocombustibles y evitar que el crecimiento regulado de la demanda quede concentrado en pocos jugadores.

Exenciones y una discusión que llegó al gasoil patagónico

El dictamen también contempla excepciones al corte obligatorio de biodiésel. Quedan alcanzados por ellas los combustibles destinados a embarcaciones fluviales y marítimas, minería, primeros llenados, gasoil antártico, formulación de lodos de perforación en yacimientos y centrales eléctricas, además de determinadas zonas frías patagónicas.

Durante el debate, el senador Agustín Coto planteó precisar qué debe entenderse por “zonas frías patagónicas” y propuso utilizar como referencia la normativa IRAM, debido a que el combustible mezclado puede presentar dificultades operativas bajo temperaturas extremadamente bajas. El planteo fue aceptado por los demás senadores.

La autoridad de aplicación también conservará la posibilidad de modificar excepcionalmente el porcentaje obligatorio mediante una resolución fundada, cuando existan situaciones comprobadas de escasez que puedan afectar el abastecimiento interno o razones técnicas y de calidad que lo justifiquen.

Una señal para las provincias productoras

El consenso alcanzado en comisiones tiene además una dimensión federal. La ampliación del mercado de bioetanol puede beneficiar a las cadenas productivas vinculadas con la caña de azúcar y el maíz, mientras que el nuevo esquema de biodiésel impactará especialmente sobre la industria aceitera y los establecimientos productores de Santa Fe.

Por eso, el acompañamiento de legisladores de distintos espacios adquiere una lectura que excede el debate energético. Royón, el radical Flavio Fama, Beatriz Ávila, Alejandra Vigo, Carlos Espínola y Carolina Moisés respaldaron el dictamen, aunque Moisés lo hizo con disidencia parcial.

La aprobación del dictamen no implica todavía la sanción de la nueva normativa. El próximo desafío será trasladar el acuerdo alcanzado en comisión al recinto, donde deberán resolverse las diferencias que permanecen abiertas, en particular la situación de las pymes de biodiésel.

El Gobierno logró así una primera convergencia con sectores dialoguistas alrededor de una reforma que combina mayor demanda obligatoria, reglas contra la concentración y un horizonte regulatorio extendido. La discusión pendiente será determinar si ese nuevo mercado consigue distribuir los beneficios de la expansión entre grandes empresas, pymes y las provincias que aportan las materias primas.

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Milei condicionó su reelección a los resultados y rechazó flexibilizar la economía

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El presidente Javier Milei reconoció que el futuro electoral de La Libertad Avanza dependerá de su capacidad para mostrar resultados concretos y descartó cualquier flexibilización de la política fiscal o monetaria con el objetivo de mejorar sus chances de reelección. “Si nosotros no mostramos resultados se hace difícil acompañar”, admitió durante el cierre del evento “Vientos de Cambio”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso en el hotel Sheraton de Retiro.

La definición expone uno de los principales desafíos políticos del Gobierno hacia 2027: sostener el programa económico mientras busca que la estabilización se traduzca en mejoras visibles para los hogares y en una recuperación que pueda consolidarse en el tiempo. Milei sostuvo que distintos sectores le reclaman moderar la política fiscal y monetaria para llegar mejor posicionado a las elecciones, pero aseguró que no seguirá ese camino.

“Nosotros no vamos a hacer eso, no vamos a flexibilizar. Nuestra política fiscal no se negocia, y tampoco la monetaria, porque no vamos a parar hasta terminar de derrotar la inflación”, afirmó. Para el Presidente, la consistencia del programa constituye también su principal activo electoral. “Al populismo no se le gana haciendo populismo. No hay sustituto para las buenas políticas”, sostuvo.

En paralelo, Milei planteó un escenario electoral favorable para el oficialismo. Aseguró que espera repetir en octubre un resultado similar al de la última elección y proyectó que una victoria permitiría a La Libertad Avanza alcanzar la mayoría en Diputados y quedar a dos bancas de la mayoría en el Senado. “Yo confío en los argentinos y creo que vamos a ganar”, afirmó.

El punto central de su exposición, sin embargo, estuvo en la relación entre gestión y respaldo político. El mandatario reconoció que las ideas necesitan traducirse en resultados para sostener el acompañamiento social y defendió la necesidad de combinar “batalla cultural”, capacidad política y gestión. En su lectura, la política económica no puede separarse de la construcción electoral porque el Gobierno debe demostrar que su programa produce efectos concretos.

Milei utilizó buena parte de su discurso para repasar los indicadores que considera más favorables de su administración y compararlos con los resultados de gobiernos anteriores. El primer eje fue la inflación. Según los datos expuestos por el Presidente, el IPC pasó de una tasa del 3% al comienzo de la gestión de Néstor Kirchner a 8,5% al finalizarla; durante las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner pasó de 8,5% a 26,9%; con Mauricio Macri, de 25,9% a 53,85%; y durante la administración de Alberto Fernández, de 53,8% a 211,4%.

Sobre su propia gestión, Milei afirmó que la inflación se redujo un 85%, al pasar del 211,4% al 30% en los dos años y medio considerados en su exposición. El dato ocupa un lugar central en la estrategia oficial porque la desaceleración de los precios constituye uno de los resultados más directamente perceptibles por la población, aunque su impacto sobre el poder adquisitivo depende también de la evolución de salarios, empleo, tarifas y otros componentes del gasto familiar.

El Presidente también puso el foco en la pobreza. Recordó que la tasa había alcanzado el 53% en el primer semestre de 2024 y destacó su descenso al 28% en el segundo semestre de 2025. A partir de esa comparación, sostuvo que las políticas aplicadas por su administración permitieron sacar a 14 millones de personas de la pobreza.

En materia de actividad, Milei afirmó que la economía argentina acumulaba 12 años consecutivos sin crecimiento cuando asumió La Libertad Avanza. Para su primer mandato proyectó una expansión acumulada del PBI del 17% si se cumplen las hipótesis de mercado utilizadas por su Gobierno. Según planteó, ese crecimiento permitiría además elevar el PBI per cápita y superar el ritmo de expansión de la OCDE.

El tercer eje fue el mercado laboral. Milei contrastó la reducción del empleo público con la generación de puestos en el sector privado. Según sus cifras, el Estado redujo más de 70.000 empleados mientras que el sector privado incorporó más de 600.000 trabajadores. La comparación forma parte de la narrativa económica oficial: achicar el peso del Estado y ampliar el empleo privado aparecen como dos caras de un mismo proceso de transformación.

El desafío para el Gobierno será convertir esas variables agregadas en una percepción sostenida de mejora. La inflación puede desacelerarse y la pobreza puede reducirse, pero la consolidación política del programa dependerá de que la recuperación alcance al empleo, los ingresos y el consumo sin comprometer el equilibrio fiscal que Milei presenta como condición innegociable.

Ese punto resulta especialmente relevante de cara a las elecciones. El propio Presidente admitió que el acompañamiento no está garantizado por la sola estabilización macroeconómica. La sociedad deberá percibir resultados suficientes para volver a respaldar el rumbo. En términos políticos, la ecuación que enfrenta el oficialismo combina estabilidad, crecimiento y capacidad de transformar esos indicadores en bienestar cotidiano.

Milei también vinculó su proyecto con un cambio político regional y celebró el avance de gobiernos de derecha en América Latina. En ese marco, proyectó incluso una eventual victoria de ese espacio político en Brasil y presentó el proceso como parte de una transformación más amplia del mapa político continental.

La apuesta oficial queda así definida: preservar el equilibrio fiscal y monetario aun durante el ciclo electoral y competir políticamente con los resultados de la gestión. La pregunta que queda abierta no es solamente si el Gobierno podrá sostener sus metas, sino si la mejora de los indicadores macroeconómicos tendrá suficiente profundidad y duración para convertirse en una recuperación económica que la mayoría de los hogares pueda reconocer en su vida diaria.

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Milei estudia candidatos para la Corte Suprema

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El Gobierno de Javier Milei volvió a poner a la Corte Suprema en el centro de la agenda política. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó que el Presidente está “estudiando candidatos” para cubrir las vacantes del máximo tribunal y anticipó que enviará los pliegos al Congreso cuando considere que sea el momento adecuado.

La definición abre una negociación que excede la conformación de la Corte. En un Senado donde el oficialismo necesita construir acuerdos para alcanzar los dos tercios requeridos para aprobar a los candidatos, la discusión puede convertirse en una nueva instancia de negociación con gobernadores y bloques opositores. Al mismo tiempo, amenaza con profundizar las diferencias dentro del peronismo, que viene atravesando una disputa sobre su estrategia frente al Gobierno y el Poder Judicial.

“Es una realidad que la Corte está incompleta. Es una deuda que hay que cumplir, hay que cubrir la Corte. ¿Cuándo? La decisión la tomará el Presidente”, afirmó Mahiques en una entrevista con A24. El funcionario sostuvo además que Milei “está estudiando candidatos” y que enviará los pliegos al Senado cuando considere que estén dadas las condiciones.

Mahiques también descartó, al menos por ahora, que exista una decisión presidencial para ampliar el número de integrantes del máximo tribunal. “Hasta las últimas veces que hablé con el Presidente, no”, respondió al ser consultado sobre esa posibilidad. La precisión deja abierto un escenario político que ya genera especulaciones, pero que no forma parte de la definición oficial comunicada hasta el momento.

La Corte funciona actualmente con tres integrantes: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La salida de Juan Carlos Maqueda y Elena Highton dejó dos vacantes que el Gobierno todavía debe cubrir mediante el mecanismo constitucional que exige el acuerdo del Senado.

El antecedente inmediato condiciona la negociación. En 2025, los candidatos Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla no lograron superar el proceso de aprobación en la Cámara alta. Ese fracaso mostró los límites del oficialismo para construir por sí solo las mayorías necesarias y convirtió la designación de jueces de la Corte en una negociación política de primer orden.

Ahora el Gobierno enfrenta nuevamente ese problema, pero con una variable adicional: el peronismo llega a la discusión atravesado por una fuerte disputa interna sobre cómo relacionarse con el oficialismo y con la Justicia.

La controversia se profundizó después del aval del bloque peronista en el Senado a la mayoría de los pliegos judiciales enviados por Milei, con la excepción del correspondiente a Pablo Bertuzzi. La decisión generó cuestionamientos dentro del propio espacio y expuso la dificultad para establecer una conducción política unificada frente a las iniciativas del Gobierno.

La explicación de la senadora Juliana Di Tullio, quien habló de “decisiones políticas institucionales del Senado”, tampoco logró cerrar la discusión interna. El punto de fondo no es solamente qué jueces obtienen acuerdo, sino qué tipo de relación pretende construir el peronismo con el Poder Judicial durante los próximos años.

En ese tablero, el factor Cristina Kirchner conserva peso político. Dentro del peronismo circula la interpretación de que parte de las decisiones adoptadas en el Senado estuvieron vinculadas con la necesidad de alcanzar acuerdos en otros ámbitos institucionales, entre ellos el Consejo de la Magistratura. Esa lectura convive con otra discusión más profunda: si el PJ debe mantener una confrontación abierta con los tribunales o avanzar hacia una estrategia de mayor negociación.

La eventual llegada de los pliegos para la Corte puede condensar todas esas tensiones. A diferencia de otros nombramientos judiciales, la composición del máximo tribunal tiene efectos sobre cuestiones de alta sensibilidad institucional, económica y política. Por eso, cada candidatura puede convertirse en moneda de cambio dentro de una negociación mucho más amplia.

Para Milei, conseguir los acuerdos implica construir una mayoría que hoy no controla. Para el peronismo, en cambio, supone definir cuánto está dispuesto a negociar con el Gobierno y bajo qué condiciones. El PRO y otros espacios opositores también quedan involucrados, porque una eventual designación requiere articular intereses que atraviesan las fronteras partidarias.

La discusión adquiere además una dimensión federal. Si el oficialismo necesitara ampliar su base de acuerdos en el Senado, los gobernadores podrían adquirir un papel relevante en la negociación política. El Poder Judicial, en ese escenario, dejaría de ser solamente una discusión sobre nombres para convertirse en un componente de las relaciones entre la Casa Rosada, las provincias y las distintas fuerzas parlamentarias.

El desafío para el Gobierno será evitar que el proceso vuelva a quedar atrapado en una disputa de nombres sin capacidad para construir consenso. Para el peronismo, el dilema será todavía más complejo: definir una estrategia común frente a una agenda judicial que puede condicionar buena parte de la política argentina durante los próximos años.

La Corte vuelve así al centro de la escena antes incluso de que Milei envíe los nuevos pliegos. La decisión sobre quiénes ocuparán las vacantes puede convertirse en una de las negociaciones institucionales más importantes del segundo tramo del mandato y, al mismo tiempo, en una nueva prueba para un peronismo que todavía busca ordenar sus liderazgos y fijar una posición común frente al Gobierno.

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