Los primeros 20 días de la gestión de Oscar Herrera Ahuad ya tienen una marca registrada, con una gestión que marcha a un ritmo frenético, casi sin pausas. El Gobernador no se guardó nada para el 2020 que se inicia en las próximas horas. Apenas comenzó la semana, presentó una moratoria fiscal, junto al flamante director de Rentas, el joven Rodrigo Vivar, que marca el pulso del modelo que pretende imponer: una economía humanizada y más cercana a quien es, en definitiva, el que genera los recursos. La amplia moratoria abarca todos los impuestos y permanecerá abierta hasta abril, con lo que se pretenden recuperar 600 millones de pesos de deuda y, sobre todo, permitir que las Pymes y pequeños contribuyentes, se pongan al día. Se busca cambiar la imagen de un fisco persecutorio por uno más amistoso.
En el modelo de la Renovación, la política fiscal es un pilar fundamental que ha permitido que la Provincia salga casi indemne y sin endeudarse, de una crisis que todavía persiste. La economía está sólida y el Gobierno cuenta con recursos para sostener el andamiaje. No es casualidad que el Gobernador haya anunciado el pago de un bono para los estatales de cinco mil pesos en dos cuotas entre enero y febrero. Es dinero del Estado pero que vuelve en actividad económica y consumo.
Los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos muestran que Misiones, durante octubre tuvo ventas en supermercados por un total de 1.032,2 millones, lo que implica un incremento a precios corrientes de 66,1 por ciento; mientras que, comparado con septiembre, un 10,8. A precios constantes (para medir la evolución en términos reales), las ventas crecieron 7,3 por ciento. De ese modo, los supermercados de Misiones tuvieron el crecimiento más alto de todo el país tanto a precios corrientes como constantes.
Al igual que la semana anterior, la agenda incluyó nueva tanda de reuniones con la primera línea del gobierno de Alberto Fernández. Con Alejandro Vanoli, nuevo titular de la Anses, analizó la deuda de Nación por la caja previsional. Junto a Sebastián Oriozabala, se reunió con Luis Basterra, ministro de Agricultura de la Nación, para analizar algunos sectores del agro misionero: tabaco, planes forestales, sistemas de financiamiento para cosecha de Yerba Mate y té, ganadería y “el compromiso de trabajar para fortalecer a los actores de las cadenas agroindustriales de la provincia”. La situación de los tareferos fue analizada en particular con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en un encuentro que también tuvo como protagonista a la ministra de Trabajo de Misiones, Silvana Giménez.
La semana cerró con la visita de Matías Lammens, el primer ministro del nuevo gobierno que visita Misiones. El titular de la cartera de Turismo y Deportes quedó impactado por el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo y el Centro de Convenciones y aseguró que la Argentina debe mirar a Misiones como ejemplo de políticas de Estado que redundan en resultados positivos para todo el país.
Lammens garantizó el respaldo de la Nación para la continuidad de los vuelos low cost, que fueron fundamentales para que las Cataratas superaran las 1,6 millones de visitas -se espera cerrar el año con 1.650.000-. El turismo es una actividad fundamental para la economía de Misiones, con un movimiento de 14 mil millones de pesos y 24 mil empleos directos e indirectos.
El ex presidente de San Lorenzo también prometió respaldar a la Provincia en la pulseada con Air Europa, para conseguir la continuidad del vuelo Madrid-Cataratas, pero al mismo tiempo, fue por más y sostuvo que hay que apuntar a conseguir un vuelo directo entre Chile y Puerto Iguazú. Herrera Ahuad también negocia con Estados Unidos un vuelo San Antonio-Cataratas.
Pero el mismo viernes y casi a la misma hora, se dio otro hecho trascendente pensando en la Misiones de dentro de diez o quince años. El Gobernador, junto a Paolo Quintana, flamante ministro de Energía, presentó el plan estratégico que buscará implementar durante su gestión.
Al igual que Vivar, Quintana debutó con alta exposición. Con solvencia, fue detallando el plan diseñado que contempla nuevas líneas, redes, el aprovechamiento de biomasa -abundante en Misiones- y el fomento del uso de gas, que es más barato que el combustible fósil y genera menor contaminación.
Es un plan a mediano plazo, para el que habrá que buscar financiación, pero que apunta a una industria que, si se recupera, demandará más energía. La apuesta máxima es conseguir los recursos necesarios para la extensión del gasoducto hasta Misiones, un anhelo eterno que será el broche de oro para cualquier gestión.
Lejos de un “tiempo de adaptación”, Herrera Ahuad se muestra activo en la búsqueda de soluciones y la financiación para el gasoducto es una de sus obsesiones.
El fin de año encuentra a la Argentina en una calma impensada hasta hace unos meses. La economía, que sigue en terapia intensiva, por lo menos no se agravó más y las primeras decisiones políticas del nuevo Gobierno apuntan a una normalidad de la que el país carecía. El contraste es necesario porque hace al todo. Apenas asumido Mauricio Macri eliminó todos los controles de cambio y después borró las retenciones. Resultado, la Argentina se quedó sin dólares ni recursos y comenzó la lenta pero inexorable crisis que después derivó en el endeudamiento más rápido y abultado de la historia.
La ley de Reactivación Productiva Para una Argentina Inclusiva y Solidaria va en sentido contrario: un impuesto a la compra de divisas, con excepciones necesarias para la compra de pasajes para viajes a países limítrofes y distinta para la adquisición de algunos servicios digitales, apunta a frenar la sangría de dólares, fomentar el ahorro en pesos y que quienes más tienen, más paguen.
Llamativamente, es la oposición, hasta hace 20 días en el Gobierno, la que habla de “impuestazos”, cuando lo que se intenta es corregir variables del desastre económico que todavía sigue mostrando consecuencias abrumadoras, pero que se pueden condensar en dos o tres ejemplos: pobreza del 40 por ciento, desempleo del 12 por ciento y una inflación del 55 por ciento. Hace dos años, un 28 de diciembre, algunos marcan como el inicio de la caída, cuando el entonces superpoderoso Marcos Peña echaba por tierra las metas de inflación que había fijado el Banco Central. Sobrevinieron una corrida cambiaria, suba del riesgo país, sobreendeudamiento y una inflación desbocada. Desde entonces, la credibilidad del Gobierno fue dando tumbos y el resultado fue la derrota electoral en primera vuelta.
El nuevo Gobierno tiene que lidiar con las consecuencias del rumbo tomado por Mauricio Macri. Las primeras medidas buscan corregir, parchar y acomodar piezas rotas. Tiene a favor que las expectativas están puestas en la reactivación económica antes que en otras demandas. Mover la rueda es fundamental para poder atacar después otros problemas de fondo, pero sin empleo y sin actividad, poco podrá modificarse de la triste realidad del 40 por ciento de los argentinos en la pobreza.
Los sectores que se oponen a las decisiones anunciadas por Alberto Fernández son, precisamente, los mayores ganadores del modelo de Cambiemos. La patria sojera busca cobijo en la alianza que tiene a Macri como un espectador en vacaciones.
El impuesto de 30 por ciento a la compra de pasajes al exterior y a los consumos y gastos con tarjeta realizados en otros países, la vuelta de las retenciones y la reforma fiscal en Buenos Aires, busca conseguir recursos en el sector más acomodado de la sociedad. De ahí la lógica de solidaridad: quien tiene capacidad para viajar al exterior, puede hacer un aporte por los que menos tienen, sostener el sistema previsional y aportar a la construcción de viviendas. El cepo hard, como lo denomina la prensa porteña, incorpora esta vez algunas excepciones para la economía de frontera y el turismo: los viajes pagados en pesos en agencias no tributarán el recargo, lo mismo que los viajes vía terrestre a países vecinos. Tiene lógica, aunque en el excel figuren igual, no son idénticos los recursos de quien viaja a Camboriú durante 24 horas en un ómnibus, que quien realiza un paseo de compras en un shopping de Miami.
Un estudio del Centro de Economía Política Argentina, revela que la salida de dólares por el rubro Turismo y Viajes acumula US$ 6.391 millones en los últimos 12 meses, alcanzando unos US$ 500 millones mensuales.
De ese valor, cerca del 40% son pagos locales por consumos con tarjetas, a través de servicios y plataformas como Netflix, Spotify, Airbnb (con un recargo del 8%) y compras en el servicio Puerta a Puerta (por caso, vía Amazon).
La relevancia de estos gastos al interior de la cuenta Turismo y Viajes (lo cual se determina por una estimación realizada desde el Banco Central) explica la aplicación del 30% del impuesto también en estos casos. Cabe agregar que las personas que viajaron al exterior por turismo y ocio en el último año, considerando sólo las salidas desde los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, fueron sólo el 4% de la población argentina, por lo que se trata de un impuesto que afecta a una porción muy minoritaria de la población. Ese 4% contiene incluso pasajeros que han viajado repetidamente más de una vez en el año, lo que todavía implica un menor impacto de la medida.
De todos modos, la grieta está intacta. Muchos de quienes no votaron al Gobierno están en asamblea permanente y en Buenos Aires, Cambiemos se mostró como el garante de sus votantes al frenar una reforma fiscal que pretendía cobrar más a quienes tienen más propiedades. “Impuestazo”, se justifican en la provincia que María Eugenia Vidal dejó con una enorme deuda en dólares y con una de las pobrezas más altas de la Argentina.
“El 75 por ciento de aumento de impuestos en Buenos Aires no fue aceptado por Juntos por el Cambio. Defender nuestros principios y lograr acuerdos razonables, chocó contra la intransigencia del gobierno de la Provincia. Diálogo, no escribanía es el camino. Felicitaciones a nuestros representantes”, celebró Patricia Bullrich, la combativa presidenta del PRO, hasta hace pocos días ministra de Seguridad de un Gobierno que dejó tarifazos del más del mil por ciento en los servicios públicos.
Pero ¿de dónde salió el escandaloso “impuestazo” del 75 por ciento? “Del impuesto Inmobiliario Rural, donde la suba de 75 por ciento en realidad aplicaría solamente sobre los/as contribuyentes con una superficie mayor a 2.000 hectáreas y una valuación fiscal mayor a $3.000.000”, explica la economista Julia Strada.
De los 300 mil propietarios que pagan el impuesto inmobiliario, sobre 18 millones de habitantes de Buenos Aires, apenas unos 200 serían los únicos alcanzados por el aumento de hasta el 75%. El 50 por ciento de los propietarios (que son 2,2 millones) tendría un aumento menor a mil pesos en todo el año, algo así como 80 pesos al mes. Para las propiedades de menor valor, los aumentos serían del 15% al 35%, muy por debajo de la inflación, lo que revela progresividad y, nuevamente, solidaridad.
