Lava Jato

La Corte autorizó la detención del expresidente Lula da Silva

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El máximo tribunal de Brasil rechazó este jueves por la madrugada dar curso al pedido de habeas corpus presentado por la defensa del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva para no ingresar a la cárcel mientras apela una sentencia de 12 años por corrupción, un fallo que podría afectar la estabilidad del país antes de las elecciones de octubre. Ahora, el juez Sergio Moro podría pedir su arresto y el líder pasar las próximas instancias apelatorias detenido.
Lula encabeza las encuestas electorales a pesar de su condena y de varias acusaciones de corrupción adicionales que esperan juicio. La decisión del Supremo Tribunal Federal de permitir que una corte de menor instancia obligue al exmandatario a comenzar a cumplir su sentencia podría arruinar su candidatura y generar protestas en un momento de tensiones elevadas en el país. 

Diez horas después de iniciada la sesión, cinco jueces habían votado contra Lula y cinco a su favor y el peso del voto definitorio recayó sobre la presidenta de la Corte Carmen Lucia, quien optó por rechazar la presentación del expresidente. 
El juez Gilmar Mendes, quien votó en favor de la petición de Lula de no ingresar a prisión, argumentó que la corte no podía tomar decisiones con base en la opinión pública. 
“Si una corte cede (ante la presión), bien podría no existir”, dijo Mendes. 
El juez Luis Roberto Barros argumentó que la integridad del sistema judicial está en juego. 
“Un sistema penal que no trabaja con una efectividad mínima favorece el desarrollo del instinto de hacerse justicia por propia mano”, afirmó Barros, quien votó contra la petición. 
La jueza Rosa Weber, que según analistas legales podría ser crucial porque hay muchas dudas en torno a su posición frente al asunto, votó contra Lula. 
El general Eduardo Villas Boas publicó dos tuits el martes por la noche que muchos interpretaron como una forma de presionar a los 11 jueces del Supremo Tribunal Federal y una amenaza velada de intervención. Dichas preocupaciones son tomadas en serio en un país que tuvo una dictadura militar de 1964 a 1985. 
“En la situación actual de Brasil, vale la pena preguntar a nuestras instituciones y a la gente quién está realmente pensando en lo que es mejor para el país y las generaciones futuras, y a quién está preocupado sólo en su interés personal”, escribió en un tuit. 
En el otro, Villas Boas dijo que compartía la ansiedad de la gente y “repudiaba la impunidad”. 
Lula, que gozó de una inmensa popularidad tras dos mandatos como presidente entre 2003 y 2010, se ha convertido en un personaje polémico en medio de un escándalo de corrupción que ha sacudido a Brasil en los últimos años y ha enfurecido al ciudadano promedio contra la clase política. 
El exmandatario fue declarado culpable el año pasado por ayudar a una empresa constructora a lograr contratos a cambio de la promesa de que recibiría un apartamento en la playa. El encargado de dictar la sentencia fue el juez Sergio Moro, responsable de los casos derivados de la Operación Autolavado, el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil. Muchos consideran a Moro un héroe, mientras que sus detractores lo acusan de ser partidista. 
Lula siempre ha defendido su inocencia, y ha argumentado que este caso, como otros cargos de corrupción pendientes de juicio, son intentos para mantenerlo fuera de la carrera presidencial. 
Sin embargo, Lula sufrió un revés en enero, cuando una corte de apelaciones ratificó la condena relativa al mencionado apartamento. Los tres magistrados que revisaron el caso ampliaron incluso la sentencia a 12 años y un mes. 
Aunque el exmandatario puede interponer más recursos, la ley brasileña podría obligarlo a empezar a cumplir su pena, como han ordenado Moro y los otros magistrados. 
Los abogados de Lula sostienen que su cliente tiene el derecho constitucional de permanecer en libertad hasta agotar todas las apelaciones posibles. Sin embargo, en un caso no relacionado de 2016, el alto tribunal discrepó con ese argumento, y dictaminó que un condenado debería empezar a cumplir su sentencia tras la denegación de la primera apelación. 
Lula no ha dejado de hacer campaña durante toda su batalla legal, criticando a sus detractores y prometiendo no rendirse. La semana pasada, durante una escala en el estado sureño de Paraná, donde Moro lo declaró culpable, dos de los autobuses de su comitiva fueron alcanzados por disparos, que no dejaron heridos.

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Lula, el líder latinoamericano más importante del Siglo XXI, a punto de ir a prisión

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Por Erick Closs. Luis Inácio Lula da Silva vive, quizás, los días más inciertos de su vida: entre una inminente detención y la posible victoria en las elecciones presidenciales de Brasil. Cabe destacar que de acuerdo a la Ley “Ficha Limpa”, si queda firme la confirmación y el aumento de la condena a 12 años y un mes de prisión emitida por TRF-4 (Tribunal Regional Federal Número 4), el líder del Partido de los Trabajadores (PT) no podrá presentarse nuevamente como candidato a presidente de la República Federativa de Brasil en este 2018.
Cronología de la Causa del Triplex en la ciudad balnearia de Guaruja (SP)
En el año 2003, la Cooperativa Habitacional de los Bancarios de San Pablo (Bancoop), anunció la construcción de un condominio en Guaruja. Dos años después, Marisa Letícia, esposa de Lula, adquirió uno de los departamentos, el cual se comprometió a abonarlo en cuotas. 
En el año 2009, Bancoop, ante la imposibilidad de terminar el condominio, lo transmitió a la empresa constructora OAS. Luego de esta operación, Marisa Letícia decidió suspender el pago de las cuotas, por lo que también suspendió la opción de compra, pero según el Ministerio Publico Fiscal, esto no fue tan así, ya que la empresa OAS le reservó en secreto al matrimonio presidencial un inmueble distinto al que la primera dama estaba pagando. Un año después, una investigación de la Rede O Globo, dio a conocer que el matrimonio, supuestamente, era dueño de un inmueble en el Edificio Solaris pero todavía no se sabía qué unidad les correspondía. En el 2014, Lula visitó el inmueble con el presidente de OAS, Leo Pinheiro. Durante este encuentro hubo una foto tomada en secreto, la que fue difundida posteriormente por los medios brasileños.
En el año 2015, el Instituto Lula informó que el matrimonio había desistido de la opción de compra. Pero en el mismo año, el Ministerio Publico de San Pablo inició una investigación sobre la transferencia del condominio de Bancoop a OAS. A partir de esta decisión empezaron a saltar las irregularidades del caso. La Policia Federal de Brasil comenzó a investigar a Lula por corrupción pasiva y lavado de dinero, por ello, realizo una pericia caligráfica sobre uno de los recibos del departamento presidencial, la que determinó que el número de departamento del matrimonio estaba adulterado. 
En el año 2016, el Ministerio Publico Fiscal denunció que Lula recibió el departamento y su posterior remodelación por parte de la constructora  OAS en concepto de dádivas, como parte de una red de corrupción en la cual el ex presidente usaba sus influencias para la contratación de OAS por la petrolera estatal Petrobras. Este plan criminal, en el que habían otros actores, recibió el nombre de “Lava Jato”. Por esta razón, la cuestión del Triplex de Guaruja recayó en el Juzgado Criminal Federal de la Ciudad de Curitiba, a cargo del juez Sergio Moro, quien en Julio de 2017 condenó a Lula a 9 años y medio de cárcel, basando su decisión principalmente en el testimonio del arrepentido Leo Pinheiro, presidente de OAS, quien redujo su pena gracias al acuerdo que logró con la justicia brasileña para delatar a otros implicados en casos de corrupción. La defensa del líder del PT, a cargo del abogado Cristiano Zanin Martins buscó la nulidad del proceso y la consecuente absolución de Lula, fundamentando su estrategia en la falta de pruebas fehacientes: “pedimos la nulidad del proceso y la sentencia”, sostuvo Martins. Además agregó que “el triplex no es del ex presidente Lula. Pertenece a la empresa OAS, como consta en el registro de inmuebles. La familia nunca recibió la llave, y no pasó un día allí”. Lo cierto es que no hay ningún documento que pueda confirmar que el polémico triplex era de familia presidencial o que fue reservado para ellos. 
Este Miércoles, la sala octava del Tribunal Regional Federal Número 4 ratificó la condena al ex presidente Lula por unanimidad. Además los jueces aumentaron la pena de 9 años y medio a 12 años y un mes de prisión. João Pedro Gebran Neto, Leandro Paulsen y Victor Laus consideraron que la vinculación está probada aunque no haya documentos que lo acrediten, porque el acusado no podía ignorar la trama de corrupción que se gestaba en el llamado caso “Lava Jato”. El relator, Gebran Neto, además consideró que los indicios no deben ser tenidos en cuenta como pruebas menores. En la jerga judicial, lo importante es la convicción del juez, el cual se encarga de darle la importancia que corresponde a cada prueba que se encuentra bajo su expediente. Evidentemente, los jueces que intervinieron en la causa, le dieron mucha importancia a los indicios.
Por orden del Juez Federal, Ricardo Leite, Lula tiene prohibido salir del país. 
La realidad es que en la causa por la cual está siendo condenado, hay muchos indicios y pocas pruebas, por eso el interés de los juristas a nivel global.
El futuro de Lula 
Por lo menos, en lo que se refiere a su carrera presidencial, se ve oscuro: la decisión de TRF-4, tribunal colegiado, gatilla la Ley “Ficha Limpa”, por lo que Luis Inácio Lula da Silva se vería imposibilitado de presentarse como candidato a presidente. Su defensa puede pedir al tribunal aclaraciones sobre el fallo, pero la decisión no puede revertirse. ¿Cómo sigue su camino? 
-La defensa tiene 15 días para interponer un recurso ante el Supremo Tribunal de Justicia (instancia previa al STF), el cual va a discutir el mérito de la acción o su nulidad. Luego de la decisión del STJ, la defensa también tiene 15 días para interponer un recurso ante el Superior Tribunal Federal, el cual sólo puede decidir sobre si las leyes federales fueron correctamente aplicadas o si hubo errores en el proceso; en el primer caso la decisión será definitiva y en el segundo, el proceso volverá a primera instancia. La tramitación de estos recursos no tiene un plazo establecido, por lo que esta sería una vía incierta para la carrera presidencial del ex presidente. 
-Lula podría iniciar su campaña gracias a una medida cautelar del Tribunal Supremo Electoral. El plazo para que se inscriban las candidaturas comienza el 20 de julio y termina el 15 de agosto. En el caso de que su candidatura fuera impugnada, el PT tiene la posibilidad de reemplazarlo hasta veinte días antes de las elecciones del 7 de Octubre. Si el ex presidente continua en la campaña electoral y gana las elecciones, su futuro va a depender de si la sentencia queda firme antes de que la justicia electoral reconozca que se encuentra en condiciones de asumir: en este caso, Lula se vería imposibilitado para ocupar la presidencia por lo cual asumiría su vicepresidente; o en el supuesto de que la sentencia quede firme después de que se le reconozca que está en condiciones de asumir, Lula llegaría a la presidencia y cumpliría su mandato sin mayores sobresaltos, ya que la Constitución Brasileña dice que un presidente no puede responder por crímenes cometidos previos al ejercicio de su cargo. El reconocimiento de la justicia electoral normalmente se da a mediados de Diciembre. 
Por lo pronto, Luis Inácio Lula da Silva dice ser inocente. En sus discursos posteriores a la resolución del tribunal, prometió seguir luchando por los más pobres y por la memoria e imagen de su difunta esposa, Marisa Leticia, salpicada por los casos de corrupción. Aunque sabe de cuestiones complicadas, Lula se encuentra una vez más frente a una encrucijada.

 
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Lula da Silva encabeza las encuestas en Brasil

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Una corte de apelaciones brasileña dijo que el 24/02/17 decidirá sobre una apelación del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva contra una condena por corrupción que podría marginarlo de la carrera presidencial del 2018. El índice bursátil brasileño Bovespa trepó al conocerse la noticia, reportada inicialmente en el sitio en internet del periódico Folha de S.Paulo, y cerró con una ganancia de un 1,4%. Se cree que el expresidente Lula ganaría elecciones en Brasil con el 35% de los votos, por encima de su rival del Partido Social Cristiano, Jair Bolsonaro.

Los inversores consideraban que una demora en la decisión del tribunal hasta el próximo 2018 le otorgaría al expresidente de izquierda más tiempo para consolidarse como el favorito de la campaña, lo que dificultaría a los jueces impedir su candidatura.

El juicio que podría ratificar la condena de 9 años y medio de cárcel contra el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por corrupción se celebrará el 24/01.

Ese día se celebrará “una única sesión” en la que los 3 jueces que estudian el caso del expresidente emitirán su voto, precedido de las aportaciones del Ministerio Público (la acusación) y los abogados del exmandatario.

“Por lo que hemos visto en estos proceso, las partes no acostumbran participar”, explicó la asesoría de comunicaciones del tribunal.

Lula fue condenado en julio 2017 por el juez anticorrupción Sérgio Moro, de Curitiba (sur), a 9 años y medio de cárcel, como beneficiario de un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá (Sao Paulo), ofrecido por la constructora OAS a cambio de su influencia para obtener contratos en Petrobras.

El ex mandatario de izquierda (2003-2010), que enfrenta otros 6 procesos, niega cualquier hecho de corrupción y denuncia una persecución judicial para impedir que vuelva al poder y neutralizar a su fuerza política, al Partido de los Trabajadores (PT, izquierda).

Aunque es probable que el juicio finalice ese mismo día también podría darse suceder que uno de los magistrados pida más tiempo para analizar el caso, lo que retrasaría la sentencia definitiva.

Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) fue condenado en 1ra instancia por el juez de la Operación Lava Jato Sérgio Moro a 9 años y medio de cárcel por corrupción pasiva y blanqueo de dinero.

El juez consideró que el expresidente Lula (2003-2011) recibió un apartamento en Guarujá (Sao Paulo, sureste) de manos de la empresa constructora OAS como forma de soborno y agradecimiento por su intercesión en la trama corrupta de Petrobras

No obstante esa sentencia no es firme y deberá ser validada por el citado tribunal de Porto Alegre para que Lula, en caso de que se confirme, entre en prisión.

En cualquier caso los analistas de derecho no se ponen de acuerdo sobre si esa sentencia equivaldría a su entrada inmediata en la cárcel, puesto que pueden caber recursos al Tribunal Superior de Justicia o al Tribunal Supremo Federal.

Una sentencia firme contra Lula, en cualquier caso, sería un impedimento a las intenciones ya manifestadas por el expresidente de concurrir como candidato en las elecciones de octubre de 2018.

Por otro lado, según una encuesta difundida el sábado 9/12 por Datafolha, el líder del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, se haría con el 34% de los votos en la 1ra vuelta de l as elecciones.

El sondeo, que fue realizado mediante 2765 entrevistas entre el 29 y el 30/11, en 192 ciudades brasileñas, también indica que el izquierdista Lula da Silva saldría electo en cualquier escenario de una eventual 2da vuelta.

En esta simulación, el 46% de los entrevistados manifestaron que no saben por quien votarán en 2018, mientras que el 19% se inclinó por la opción Nadie.

Entre los otros políticos que fueron propuestos en el sondeo de opinión está la ex candidata y líder ambientalista, Marina Silva, en 3er lugar, seguida del gobernador de Sao Paulo, Gerardo Alckmin, y el ex gobernador de Ceará, Ciro Gomes.

Además, tanto Lula da Silva como Marina Silva han cri ticado duramente la reformas de corte liberal realizadas por parte del actual Gobierno, presidido por Michel Temer, quien asumió las riendas del país hace un año tras la destitución de la entonces presidenta, Dilma Rousseff, también del PT y considerada como ahijada política del expresidente.

Por su parte, la 8va sala del Tribunal Regional de la 4ª Región (TRF4), con sede en la ciudad de Porto Alegre, decidirá si ratifica o no la condena que le fue impuesta al exmandatario en primera instancia, lo que puede impedir su eventual candidatura para las elecciones presidenciales de octubre de 2018.

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Temer eludió la destitución: el Congreso brasileño rechazó la denuncia por corrupción

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El Congreso de Brasil rechazó esta jornada que el presidente Michel Temer sea sometido a juicio por cargos penales de corrupción vinculados con el caso “Lava Jato”.

Al menos 159 diputados votaron a favor de Temer, lo que, sumado a 13 ausencias, impidió antes del final de la votación la mayoría de dos tercios (342 de 513) necesaria para que la Cámara autorice que el Tribunal Supremo suspenda a Temer por 180 días para que sea juzgado por una denuncia de que se benefició de sobornos.

La votación continuaba aún, tras una maratónica jornada marcada por virulentos ataques entre las bancadas oficialistas y las de la oposición. Varios diputados gritaron consignas de “Fora Temer” (“Fuera Temer”) al emitir su voto en el hemiciclo.

Una derrota para el presidente era considerada de antemano como improbable, ya que éste cuenta aún con numerosos aliados parlamentarios.

La votación en el Congreso era vista como el último escollo para que el líder conservador consiga mantener el mandato que heredó el año pasado tras la destitución de su predecesora, su ex aliada política Dilma Rousseff, y que finaliza el 31 de diciembre de 2018.

El Gobierno de Temer está arrinconado desde que salió a la luz el escándalo de corrupción a mediados de mayo, cuando se dio a conocer una denuncia del empresario Joesley Batista, dueño del gigante del sector de la carne JBS.

Entre otras pruebas, Batista entregó a la Justicia un audio grabado a escondidas de una conversación suya con Temer, en la que el presidente parece avalar el pago de coimas a políticos.

En junio, la fiscalía denunció formalmente al mandatario por corrupción pasiva, lavado de activos y asociación criminal. Al tratarse de un jefe de Estado, el Congreso tenía que levantar la inmunidad de Temer para que éste pueda ser juzgado.

En junio, el Tribunal Superior Electoral había evitado ya la anulación del mandato presidencial. Aunque no estaba vinculado con la denuncia de corrupción, el juicio por supuestas irregularidades en la elección de Temer en 2014 (entonces como vicepresidente de Rousseff) era vista como una posible salida a la grave crisis institucional.

El caso de Temer está enmarcado en la megacausa “Lava Jato” (“Lavado de autos”), que desató una ola de escándalos en torno a casi toda la clase política brasileña hace tres años. La Justicia acusa a decenas de políticos de haber aceptado sobornos de empresas interesadas en hacer negocios con la petrolera estatal Petrobras.

La victoria de Temer en el Congreso no implica ahora una salida a la crisis política en el gigante sudamericano, que pone en peligro la tímida recuperación económica tras dos años de una profunda recesión.

El Producto Interno Bruto brasileño se contrajo en un acumulado del -7,4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2015 y 2016.

Cuestionado desde que asumió el cargo tras la controvertida destitución de Rousseff, Temer cuenta actualmente apenas con un cinco por ciento de apoyo entre la población.

El fiscal general, Rodrigo Janot, ya ha sugerido que presentará más denuncias contra el presidente. Muchos analistas consideran por eso que la inestabilidad política acompañará a Brasil al menos hasta el final del mandato de Temer.

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Juez de Perú encarceló al exmandatario Humala y a su esposa por Odebrecht

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La Justicia peruana ordenó este jueves el ingreso en prisión del expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, mientras se les juzga por lavado de activos y asociación para delinquir, con lo que ya son dos los exmandatarios peruanos con pedido de cárcel por el caso Odebrecht. 

El juez Richard Concepción Carhuancho decretó 18 meses de prisión provisional para el ex mandatario y su esposa, investigados por la presunta recepción de 3 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht para la campaña electoral de 2011 y de dinero “ilícito” procedente de Venezuela para la campaña de 2006.

Apenas se conoció el pedido de captura y prisión para Humala, el ex mandatario y su esposa se dirigieron desde su hogar a la sede del tribunal, en donde se espera que serán derivados a un penal para esperar allí el juicio. 

Inmediatamente los abogados defensores de Humala y Heredia, Wilfredo Pedraza y Julio César Espinoza, respectivamente, anunciaron que apelarán la decisión, que consideraron “arbitraria”. El exmandatario, antes de dirigirse al tribunal, cuestionó por twitter la decisión del magistrado.


Con esta decisión, Humala se une al expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), prófugo en los EE.UU de la Justicia peruana acusado de haber recibido 20 millones de Odebrecht para facilitar sus negocios en el país, en la lista de mandatarios peruanos salpicados por la corrupción.

También será el segundo expresidente peruano encarcelado en el país, tras Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por varios casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos cometidos bajo su mandato.

El juez Concepción aceptó el pedido de la fiscalía de encarcelar a la pareja, decisión que consideró “idónea, necesaria y proporcional” para garantizar su presencia en el juicio que se seguirá en su contra.

Según el magistrado existe “un alto grado de probabilidad” de que ambos hayan cometido los delitos de los que se les acusa. 

El juez apuntó que con las nuevas pruebas que aportó la fiscalía confluyeron diversos criterios como la gravedad de la pena, la magnitud del daño causado, y la pertenencia a una organización criminal en el caso del exmandatario para justificar la sentencia.

Según las pruebas esgrimidas, Humala ya habría intentado manipular la acción de la justicia a través de presiones a testigos, y que eso le habría valido para salir absuelto en otros juicios como el que se siguió por el caso Madre Mía.

En cuanto a Heredia, el juez Concepción afirmó que la prisión preventiva evitará que pueda obstaculizar la acción probatoria y que se sustraiga de la acción de la Justicia, algo que a su juicio había intentado hacer al conseguir “de favor” un empleo en Ginebra en el Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), al que posteriormente renunció.

Según dijo, ese empleo se debió a la vinculación con Odebrecht, con el Partido de los Trabajadores del expresidente brasileño Lula da Silva y con el director de la organización José Graziano, próximo al ex mandatario brasileño.

El magistrado también consideró como “elementos de convicción” las declaraciones de testigos que afirmaron que Heredia y Humala había recibido dinero de la embajada de Venezuela para su campaña electoral en 2006.

“Existe un alto grado de probabilidad de que han recibido dinero de Venezuela, dos personas han presenciado que sacaban maletas con billetes de la embajada”, y el tesorero del partido, Ilan Heredia, también recibía dinero del extranjero en mochilas, indicó Concepción.

Para la campaña del 2011, de acuerdo a la investigación fiscal, se les atribuye haber recibido dinero de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS que habrían colocado en la campaña presidencial, después de haber simulado aportes individuales a su partido.

“Comienzan a cerrarse los vacíos que se tenían inicialmente, Odebrecht viene y dice que OH es Ollanta Humala”, afirmó el juez, en referencia a las anotaciones del sentenciado dueño de la constructora sobre quienes recibieron los sobornos de esta compañía.

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